Los aspirantes a ser candidatos para ocupar un cargo en el Órgano Judicial y presten servicios en alguna entidad pública, castrense o de convenio con el Estado, deberán renunciar tres meses antes de las elecciones, es decir hasta julio de este año, dado que las elecciones para magistrados será el 22 de octubre próximo.
Esa es una de los requisitos que establece el Reglamento para la preselección de candidatos a autoridades del Órgano Judicial que aprobó ayer la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa.
MODIFICACIONES
En el Reglamento se tomaron en cuenta dos modificaciones: la primera está enmarcada en el artículo 9, donde se incorpora el art. 238 de la Constitución Política del Estado (CPE), en sus numerales 1,3,4, y 5, los que establecen quiénes pueden acceder a cargos públicos.
Los postulantes que hayan ocupado cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan convenios con el Estado y no hubiesen renunciado tres meses antes del día la elección, no podrán postular a estos cargos.
Tampoco podrán postularse a magistrados aquellos que hayan ocupado cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado tres meses antes de las elecciones.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía boliviana en servicio activo y los ministros que no hayan renunciado tras meses antes del día de la elección de los candidatos.
SIN CAMBIOS
En el proceso del análisis a detalle de cada uno de los artículos, los asambleístas de la oposición hicieron algunas observaciones; empero, estas no fueron tomadas en cuenta por la bancada del oficialismo.
“Este reglamento está consensuado con el Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas”, resaltó la presidenta de la Comisión Mixta Adriana Salvatierra, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
PLAZOS
Otra de las modificaciones en el reglamento está en el plazo para la presentación de los documentos de los postulantes.
La recepción de los documentos respectivos se realizará el primer día hábil después de la emisión de la convocatoria, en este caso, será a partir del dos de mayo, ya que la convocatoria será emitida de forma pública el 30 de este mes.
En el artículo 12 del Reglamento, se establece que estas postulaciones se presentarán en el plazo de 25 días, es decir hasta el 27 de mayo.
PROCESO DE CALIFICACIÓN
La calificación en la etapa de evaluación curricular tiene una ponderación de 40 puntos, los postulantes deberán tener un promedio de 26 puntos para quedar habilitados a la evaluación escrita, que tiene la calificación de 30 puntos y la fase de entrevistas que es de 30 puntos.
Dentro de este proceso, la delegación de los ocho representantes del sistema universitario tendrá plena participación.
La calificación de las entrevistas a los postulantes será netamente atribución de las comisiones de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.
“Estamos compartiendo del proceso de la evaluación, sin recaer en las solicitud de la bancada de oposición que consistía en delegar las atribuciones de la Asamblea Legislativa, que están descritas en el art 158, de la CPE. Esto pondría en riesgo la constitucionalidad de nuestros actos, no podemos delegar nuestras facultades”, destacó Salvatierra.
CONTROL
Acerca del acceso a las preguntas para la fase de la evaluación escrita, la diputada oficialista indicó que los postulantes podrán hacerlo minutos antes de que se inicie esta evaluación, para esto se pondrá en práctica un control con sistemas tecnológicos, como la aplicación del código QR (código de respuesta rápida).
El diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, indicó que esto no garantizará que los miembros de la comisión del sistema universitario puedan filtrar las preguntas a los candidatos pro- oficialistas.
“Lo que se pretende es consolidar un proceso de elección para garantizar el control del Tribunal Constitucional y las otras instancias, para perseguir a los que pensamos diferente”, sostuvo.
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