Hay Bs 3.000 millones que el Estado disputa en juicios

Las 92 instituciones públicas establecidas en el departamento de Santa Cruz, entre las que se incluye la Gobernación, los 55 municipios, una autonomía indígena, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y las entidades estatales descentralizadas, tienen 1.300 juicios activos en los que se disputan unos Bs 3.000 millones que el Estado busca recuperar. Así lo confirmó Aimoré Álvarez, director departamental de la Procuraduría General del Estado (PGE).


Álvarez precisó que se trata de procesos activos por supuestos delitos como contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y otros de cargos de corrupción, donde los recursos públicos se han visto afectados.


De acuerdo con la Procuraduría General del Estado, la Gobernación cruceña, que por su tamaño es una de las instituciones que más procesos tiene registrados, es también una de las instituciones que mayor cumplimiento ha dado al registro de estos procesos. Le siguen la Alcaldía cruceña y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), que también han seguido con los procedimientos a cabalidad.
Luis Fernando Roca, director jurídico de la Gobernación, señaló que la administración de Rubén Costas no ha tenido ningún inconveniente para anotar en este registro sus procesos y que cumplirá con los plazos. Sin embargo, no tenía a mano la cantidad de procesos en curso.
Se buscó la opinión de María Silvia Arispe, secretaria de Asuntos Jurídicos de Percy Fernández, pero no respondió.


Por su parte, Álvarez tampoco precisó la cantidad de procesos activos de la Gobernación, la Alcaldía o la universidad.

Sobre el ROPE
De acuerdo con el Decreto Supremo 2739, todos los abogados que defienden al Estado desde las instituciones públicas en las que trabajan tienen la responsabilidad de registrar los casos en el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE) de la Procuraduría General.


El sistema, puesto en vigencia el año pasado, establece que los abogados de las diferentes reparticiones deben registrar máximo hasta el 20 de abril los procesos que se llevan adelante, su estado de avance y las medidas que se tomaron para la recuperación de los recursos públicos en litigio.
“Es una obligación legal de los abogados del Estado que siguen procesos. De no hacerlo en el plazo, eso constituye una omisión que se puede catalogar como incumplimiento de deberes. Lógicamente, tendremos que iniciar procesos contra los abogados del Estado que incumplan y contra la máxima autoridad ejecutiva (MAE)”, explicó el director de la Procuraduría.


Indicó que con este mecanismo el procurador podrá fiscalizar el avance de los procesos, muchas veces perdidos por negligencia de los abogados