Tras la promulgación del nuevo Código de Sistema Penal se conformará una “comisión de seguimiento e implementación” de la nueva norma jurídica y estará integrada por instancias del Órgano Judicial, tres ministerios, el Legislativo y la Contraloría General del Estado, informó el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles.
La autoridad afirmó que dicha comisión se reunirá después del receso parlamentario.
“Tras el receso (de la Asamblea Legislativa) se realizará la primera reunión de coordinación y a partir de esa comisión es que se realice el cronograma y vamos a hacer el seguimiento, para que se cumplan las cuestiones de adecuación física de la justicia, el tema de la digitalización y la formación de los recursos humanos”, explicó Gonzales.
La Comisión de Seguimiento estará conformada por los ministerios de Justicia, Gobierno y Economía; el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Fiscal General del Estado.
El nuevo Código de Sistema Penal entrará en vigencia a partir de julio de 2019, puesto que después de su promulgación se dispuso 18 meses para su implementación.
DISPOSICIONES
Según las disposiciones transitorias del Código del Sistema Penal, la Comisión deberá trabajar en un Plan Nacional de Implementación, el cual contará con el diseño de modelos de gestión, elaboración de reglamentos, el reordenamiento de juzgados y fiscalía, la adecuación de herramientas tecnológicas e infraestructura física que garantice la operatividad de la nueva institucionalidad de la justicia penal.
En el plan de formación y especialización, la escuela de jueces y fiscales deberá estar a cargo de la capacitación de los servidores de la justicia, la cual estará constituida sobre la base de la especialización de los profesionales en Derecho.
SILVIA SALAME
Por otra parte, la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, manifestó a EL DIARIO que es necesario que en la capacitación de funcionarios al Sistema Judicial sean también tomados en cuenta los abogados, puesto que este tema fue una de las falencias del actual Código de Sistema Penal, por lo que no se ejecuta en su plenitud.
Al menos ocho meses antes de la vigencia de este nuevo Código deben adecuarse las normas orgánicas de la instancia judicial. Se organizarán los colegios de jueces de cada distrito judicial, con al menos 15 miembros; y las salas penales de cada tribunal departamental de justicia se convertirán en el colegio de impugnación de sentencias.
El Ministerio Público, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y la Policía de Investigación tienen que contar con un plan de reorganización de sus oficinas, que antes será aprobado por la Comisión de Seguimiento.
RECURSOS
La pasada semana, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) 2018, los recursos económicos para el Órgano Judicial es de Bs 953.919.671. Los recursos asignados para el 2017 fueron de Bs 796.918.064, para el que hubo el incremento de Bs 157.001.607. El recurso asignado a esta instancia no llega ni al 1% del Presupuesto General del Estado.
Gonzales aseguró que estos recursos garantizarán que la implementación de la nueva norma penal, a su criterio el incremento del presupuesto es significativo, a comparación de la gestión pasada.
La Dra. Salame manifestó que este porcentaje de presupuesto no es suficiente para mejorar las falencias en la justicia, mucho más con la puesta en vigencia de nuevas normas, por lo que el incremento de los recursos debe ser superior al 5%.
“Sin tomar en cuenta estas nuevas implementaciones, se había concluido que por lo menos se proceda al incremento del 5% en el presupuesto general, el Estado sólo asigna el 0.6% (…). Empero, con la aplicación de las nuevas normas el incremento debe ser mayor, porque se han incorporado tareas que no están consignadas en el presupuesto del órgano judicial”, explicó la jurista.
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