Frente a este diagnóstico, “repensar en nuevo sistema jurídico, que involucra tanto a operadores como a una nueva normativa, es prioridad para el ejercicio del derecho a la justicia del ciudadano que también debe ser para los gobernantes”, coinciden la jurista de materia penal María Teresa Montaño F. y el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (Icalp), Isrrael Centellas. Sin embargo, para el director de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Eusebio Gironda, nada cambiará.
En criterio de Montaño, las leyes y códigos bolivianos están mal elaborados, al menos en el ámbito penal, porque no tienen concepción de la realidad nacional, lo que no desdice derechos universales ni internacionales, que permitan entender las causas de los delitos y desarrollar políticas preventivas.
“Los abogados en el ejercicio de la profesión no tienen las garantías de uno de los derechos más importantes como es el de la defensa. Penosamente, en Bolivia se presume la culpabilidad, se carece de análisis, por mucho que todas las pruebas fueran idóneas en juicio estas no son consideradas” remarcó la jurista a tiempo de cuestionar a los operadores de justicia que les es más fácil “sentenciar que analizar y valorar”. “El emblemático caso bebé Alexander, disecciona esta realidad en cada uno de sus aspectos”, señaló.
SISTEMA CORROMPIDO
Desde el análisis de Israel Centellas (Icalp), el sistema jurídico boliviano está corrompido, todo el andamiaje para el ejercicio del Derecho debe ser reconstruido de forma colectiva, desde el propio Estado, con el aporte de los abogados, todos los involucrados y desde la misma sociedad.
“Es así de crítica la situación, ha tocado aspectos normativos, culturales, hasta de principios. El Estado debe invertir importantes recursos y esa decisión debe ser tomada lo antes posibles. El caso del médico Fernández (bebé Alexander) no es el único hay cientos de Jhierys. Si no hay unos pesitos para el oficial de diligencias el caso no avanza. Necesitamos generar nuevos mecanismos”, apuntó Centellas.
Bajo la actual lógica del sistema judicial boliviano, a decir de Montaño, los jueces tiene premura de responder a quiénes les dan órdenes y carentes de toda valoración muchas veces a una sociedad morbosa.
“Los juzgados parecen centros de agresión psicológica donde no se evalúan pruebas de cargo y descargo, salvando excepciones. Si los jueces no reciben el dinero que solicitan los envían a la cárcel con detención preventiva. Los jueces y fiscales se miden en porcentajes con relación a los litigantes y evalúan su condición socioeconómica y las influencias puedan tener.
En este contexto, la tarea más difícil dentro del sistema jurídico tiene que ver con la elección de jueces, en el que la injerencia política es un aspecto determinante.
NADA CAMBIARÁ
Por su parte, el jurista Eusebio Gironda asegura que “nada cambiará, y sustenta que el concepto de conjunto de normas no hace a la esencia de la justica”. “Es un ámbito de la convivencia humana que siempre ha estado en conflicto y hagan lo que hagan siempre va estar en conflicto, podría mejorar algo pero no se puede esperar más” explicó.
Bajo esta lógica señala que tanto “en el socialismo como en el capitalismo, en países desarrollados y subdesarrollados como el nuestro los operadores de justicia van a operar de la misma manera. Una cosa es lo que uno quiere y otra es la realidad”.
TERESA MONTAÑO
“La población litigante creció en proporciones que jamás se previó. Tiene que asignarse más jueces y según las autoridades nacionales no hay más presupuesto para el Poder Judicial. Los litigantes tienen que suplicar por atención”, remarcó la abogada penalista Teresa Montaño.
ISRAEL CENTELLAS
“La crisis del sistema judicial es estructural. La Cumbre de Justicia realizada por el Gobierno no ha resuelto nada, el problema toca aspectos normativos, culturales y hasta de principios”.
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