Wednesday, November 18, 2015
Video Mira video donde un juez pide $us 15 000 por una sentencia
El Ministerio de Transparencia dio a conocer un video donde el juez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos extorciona con $us 15.000 a la madre de un imputado por abuso deshonesto. Ante los ruegos de la misma, que entre sollozos relataba que solo había conseguido $ 2000 Barrientos responde que mínimamente “por su ayuda” debería depositar $3 000.
Reglamento Disciplinario 18 jueces son destituidos por corrupción en judicatura paceña
La representante departamental del Concejo de la Magistratura, Mónica Limachi, informó que en dos años se destituyó a 18 jueces, los que incurrieron en actos de corrupción, catalogados como delitos graves. Para agilizar el tratamiento de las demandas entró en vigencia el nuevo Reglamento Disciplinario para jueces y plantel administrativo de los juzgados.
Enfatizó que la mayoría de las demandas tienen que ver con las retardaciones de justicia, siendo que los litigantes requieren la culminación de los procesos judiciales en los juzgados de familia, civiles y penales.
Explicó que con el anterior reglamento los procesos demoraban hasta seis meses, por eso, por ejemplo, en La Paz se acumularon más de 1.800 procesos a cargos de los jueces disciplinarios.
El nuevo reglamento permitirá resolver las denuncias contra los jueces, secretarios, oficiales, auxiliares y funcionarios de derechos reales denunciados por corrupción, mora procesal y malos tratos en un tiempo máximo de dos meses.
A su juicio, existía la necesidad de redactar un nuevo reglamento que debe ser aplicado por los juzgados disciplinarios en sujeción a lo que establece la Ley 025.
Comentó que la legislación del Órgano Judicial establece multas económicas, suspensiones, amonestaciones escritas y destituciones por faltas graves, gravísimas y leves que hayan cometidos jueces y el resto de los servidores judiciales.
El nuevo reglamento fue adecuado a la Constitución Política del Estado, por lo que la suspensión de los servidores judiciales será sin goce de haberes.
A esos procesos se suman 130 denuncias contra funcionarios de distintos juzgados de las ciudades de La Paz y El Alto, informó Nataly Vargas, jueza disciplinaria.
NUEVO REGLAMENTO DISCIPLINARIO
La jueza del Juzgado Disciplinario Primero, Nataly Vargas, afirmó que el Nuevo Reglamento Disciplinario regula las faltas de los jueces y personal administrativos y el tiempo que debe durar un proceso, que debe ser de dos meses, con la sentencia ejecutoriada respectiva que amerite el caso, tomando en cuenta los delitos graves y leves.
Aclaró que los procesos iniciados con el reglamento 75/2013, no regirán con la norma actual, por lo cual se tiene el plazo de seis meses para la tener sentencia ejecutoriada para los funcionarios de los juzgados.
En cuanto a la totalidad de denuncias recibidas, el juez del Juzgado Disciplinario Segundo, Luis Fernández Ramos, mencionó que atendieron 1.800 denuncias, de las cuales tienen sentencia el 95 por ciento, entre las que resaltan los 18 jueces destituidos (faltas graves), el restante tuvo llamadas de atención, suspensiones de dos a seis meses, entre otros delitos leves.
Los litigantes deberán presentar medios probatorios (documentales, testificales, el lugar donde se puede encontrar el medio probatorio, entre otros) para hacer conocer su denuncia.
Enfatizó que la mayoría de las demandas tienen que ver con las retardaciones de justicia, siendo que los litigantes requieren la culminación de los procesos judiciales en los juzgados de familia, civiles y penales.
Explicó que con el anterior reglamento los procesos demoraban hasta seis meses, por eso, por ejemplo, en La Paz se acumularon más de 1.800 procesos a cargos de los jueces disciplinarios.
El nuevo reglamento permitirá resolver las denuncias contra los jueces, secretarios, oficiales, auxiliares y funcionarios de derechos reales denunciados por corrupción, mora procesal y malos tratos en un tiempo máximo de dos meses.
A su juicio, existía la necesidad de redactar un nuevo reglamento que debe ser aplicado por los juzgados disciplinarios en sujeción a lo que establece la Ley 025.
Comentó que la legislación del Órgano Judicial establece multas económicas, suspensiones, amonestaciones escritas y destituciones por faltas graves, gravísimas y leves que hayan cometidos jueces y el resto de los servidores judiciales.
El nuevo reglamento fue adecuado a la Constitución Política del Estado, por lo que la suspensión de los servidores judiciales será sin goce de haberes.
A esos procesos se suman 130 denuncias contra funcionarios de distintos juzgados de las ciudades de La Paz y El Alto, informó Nataly Vargas, jueza disciplinaria.
NUEVO REGLAMENTO DISCIPLINARIO
La jueza del Juzgado Disciplinario Primero, Nataly Vargas, afirmó que el Nuevo Reglamento Disciplinario regula las faltas de los jueces y personal administrativos y el tiempo que debe durar un proceso, que debe ser de dos meses, con la sentencia ejecutoriada respectiva que amerite el caso, tomando en cuenta los delitos graves y leves.
Aclaró que los procesos iniciados con el reglamento 75/2013, no regirán con la norma actual, por lo cual se tiene el plazo de seis meses para la tener sentencia ejecutoriada para los funcionarios de los juzgados.
En cuanto a la totalidad de denuncias recibidas, el juez del Juzgado Disciplinario Segundo, Luis Fernández Ramos, mencionó que atendieron 1.800 denuncias, de las cuales tienen sentencia el 95 por ciento, entre las que resaltan los 18 jueces destituidos (faltas graves), el restante tuvo llamadas de atención, suspensiones de dos a seis meses, entre otros delitos leves.
Los litigantes deberán presentar medios probatorios (documentales, testificales, el lugar donde se puede encontrar el medio probatorio, entre otros) para hacer conocer su denuncia.
Tuesday, November 17, 2015
EN BENI Y SANTA CRUZ DETECTAN QUE TIENE SERIAS FALLAS PROCEDIMENTALES
Asociaciones de notarios de Santa Cruz y Beni presentarán en las próximas horas la impugnación a la convocatoria para acceder a ser notarios de fe pública, por considerar que tiene serías falencias procedimentales que pondrían en riesgo la legalidad del trabajo de los futuros profesionales elegidos en el cargo.
La vicepresidenta de la Asociación Nacional de Notarios, Ross Mery Uriana, y los presidentes de las organizaciones de Santa Cruz, Víctor Hugo Rojas, y del Beni, Mirian Durán, señalaron que en las próximas horas plantearán un recurso contra la directora Nacional de Notarios por considerar que usurpó funciones al convocar a los profesionales abogados para que se presenten y accedan a una oportunidad de ocupar un cargo de notario de fe pública. “Esto es una irregularidad porque los que tienen la potestad para convocar a esos cargos son los directores regionales y no la nacional”, dijo la vicepresidenta de la asociación nacional.
Para el presidente de la asociación de notarios cruceños, Rojas, ésta es una seria irregularidad que se debe corregir porque, caso contrario, cualquier persona afectada por el trabajo de los futuros notarios podrían interponer un recurso y anular todo lo hecho al considerar que no está elegido legalmente.
Los tres dirigentes aseguraron que esta posición es compartida con sus pares de los otros departamentos, por lo que consideran que esa convocatoria debería anularse para no crear confusión.
La vicepresidenta de la Asociación Nacional de Notarios, Ross Mery Uriana, y los presidentes de las organizaciones de Santa Cruz, Víctor Hugo Rojas, y del Beni, Mirian Durán, señalaron que en las próximas horas plantearán un recurso contra la directora Nacional de Notarios por considerar que usurpó funciones al convocar a los profesionales abogados para que se presenten y accedan a una oportunidad de ocupar un cargo de notario de fe pública. “Esto es una irregularidad porque los que tienen la potestad para convocar a esos cargos son los directores regionales y no la nacional”, dijo la vicepresidenta de la asociación nacional.
Para el presidente de la asociación de notarios cruceños, Rojas, ésta es una seria irregularidad que se debe corregir porque, caso contrario, cualquier persona afectada por el trabajo de los futuros notarios podrían interponer un recurso y anular todo lo hecho al considerar que no está elegido legalmente.
Los tres dirigentes aseguraron que esta posición es compartida con sus pares de los otros departamentos, por lo que consideran que esa convocatoria debería anularse para no crear confusión.
Magistratura inició procesos a 45 jueces por irregularidades
El Consejo de la Magistratura informó que al menos 45 jueces son procesados por retardación de justicia y faltas graves y muy graves. Éstos fueron identificados tras los operativos sorpresa que realizó la entidad en las ciudades de La Paz y El Alto.
"En algunos (casos) inclusive estamos haciendo acciones penales por retardación de justicia. Algunos fueron directo a juicios con procesos abreviados, hay otros con faltas graves y gravísimas. Es un trámite, pero hasta el momento son 45 jueces a quienes se les sigue acciones penales tanto en La Paz como en El Alto”, informó la presidenta del Consejo de la Magistratura de La Paz, Mónica Limachi.
Los operativos comenzaron el 24 de septiembre en los juzgados de ambas ciudades tras denuncias presentadas por la ciudadanía. Se reportaron hechos irregulares y retardación de justicia por parte de los jueces.
Ante la cantidad de procesos, la Asociación de Magistrados de La Paz solicitó una reunión con la representante del Consejo de la Magistratura paceño para analizar mecanismos que disminuyan la retardación de justicia y la carga procesal.
Esta solicitud se la hizo después de que Limachi realizara, personalmente, los operativos sorpresa en juzgados de familia y en materia penal para recolectar pruebas de demoras injustificadas e incumplimiento de plazos en los procesos.
Uno de los casos, según relató Limachi, es el del juez Franz Zabaleta, que tiene 32 denuncias por retardación de justicia, faltas graves y muy graves.
Ante este hecho puntual, el Consejo de la Magistratura decidió trasladarlo del juzgado Cuarto de Instrucción en lo Cautelar de El Alto al juzgado de Chulumani, en Sud Yungas.
"El juez de El Alto ha sido transferido a Chulumani, se niega a cumplir la orden emanada del Consejo porque no le conviene. Tiene 32 procesos tanto disciplinarios como penales y ya sabemos de dónde vienen las amenazas”, denunció Limachi.
Esta alusión la hizo porque el 14 de octubre la representante del Consejo de la Magistratura de La Paz formalizó una denuncia ante el Ministerio Público por amenazas de muerte recibidas en su celular.
"Estamos presentando esta denuncia de manera escrita por amenaza de muerte que ha recibido mi persona y la comunicadora que es parte de mi equipo. Además, les vamos a dar la memoria (del celular) para que se realice el peritaje (correspondiente)”, enfatizó.
Otro caso fue la destitución definitiva de la jueza primera de Lucha Contra la Corrupción de La Paz, Cinthia Delgadillo.
"En algunos (casos) inclusive estamos haciendo acciones penales por retardación de justicia. Algunos fueron directo a juicios con procesos abreviados, hay otros con faltas graves y gravísimas. Es un trámite, pero hasta el momento son 45 jueces a quienes se les sigue acciones penales tanto en La Paz como en El Alto”, informó la presidenta del Consejo de la Magistratura de La Paz, Mónica Limachi.
Los operativos comenzaron el 24 de septiembre en los juzgados de ambas ciudades tras denuncias presentadas por la ciudadanía. Se reportaron hechos irregulares y retardación de justicia por parte de los jueces.
Ante la cantidad de procesos, la Asociación de Magistrados de La Paz solicitó una reunión con la representante del Consejo de la Magistratura paceño para analizar mecanismos que disminuyan la retardación de justicia y la carga procesal.
Esta solicitud se la hizo después de que Limachi realizara, personalmente, los operativos sorpresa en juzgados de familia y en materia penal para recolectar pruebas de demoras injustificadas e incumplimiento de plazos en los procesos.
Uno de los casos, según relató Limachi, es el del juez Franz Zabaleta, que tiene 32 denuncias por retardación de justicia, faltas graves y muy graves.
Ante este hecho puntual, el Consejo de la Magistratura decidió trasladarlo del juzgado Cuarto de Instrucción en lo Cautelar de El Alto al juzgado de Chulumani, en Sud Yungas.
"El juez de El Alto ha sido transferido a Chulumani, se niega a cumplir la orden emanada del Consejo porque no le conviene. Tiene 32 procesos tanto disciplinarios como penales y ya sabemos de dónde vienen las amenazas”, denunció Limachi.
Esta alusión la hizo porque el 14 de octubre la representante del Consejo de la Magistratura de La Paz formalizó una denuncia ante el Ministerio Público por amenazas de muerte recibidas en su celular.
"Estamos presentando esta denuncia de manera escrita por amenaza de muerte que ha recibido mi persona y la comunicadora que es parte de mi equipo. Además, les vamos a dar la memoria (del celular) para que se realice el peritaje (correspondiente)”, enfatizó.
Otro caso fue la destitución definitiva de la jueza primera de Lucha Contra la Corrupción de La Paz, Cinthia Delgadillo.
Para defenderse de acusaciones Ex funcionarios de la Fiscalía enjuiciarán a fiscal Palacios
Ocho ex funcionarios del Ministerio Público a quienes la actual fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios les agradeció sus servicios, asumirán acciones legales en contra de esta autoridad por haber sido mellados en su dignidad al ser acusados por presuntos actos de corrupción e incumplimiento de funciones.
Ayer por la mañana, los ex fiscales, Raúl Orozco y Richard Zepita; las ex asistentes legales, Daniela Peñafiel, Elga Zuleta y Roberto Flores; las ex auxiliares legales, Tatiana Moroco y Magalí Poma; y el ex asistente de contabilidad, Wilfredo Gutiérrez, ofrecieron una conferencia de prensa en el auditórium del Colegio de Abogados para decir su verdad sobre las acusaciones de la Fiscal de Distrito.
"Hacen referencia y alusión textual de que todos los funcionarios que fuimos retirados hemos sido despedidos por hechos de corrupción, por hechos que mellan la integridad personal y profesional de cada uno de los funcionarios públicos, por eso queremos aclarar y poner en duda esas aseveraciones realizadas por la fiscal departamental y el fiscal general (Ramiro Guerrero)", dijo el ex fiscal Orozco.
En la conferencia de prensa se mostraron los memorándums de agradecimiento emitidos por la fiscal Palacios, donde no se explica el porqué de ese accionar, aunque en conferencia de prensa efectuada el viernes por esta autoridad, mencionó que era para mejorar el trabajo en el Ministerio Público.
Explicaron los afectados que en ningún momento fueron objeto de algún proceso vinculados a hechos de corrupción como se informó a la población.
"Nuestras personas, muchos de nosotros jóvenes estamos al servicio de nuestra tierra y no puede ser que personas ajenas a la ciudad de Oruro, vengan a querer o tratar de embarrar la labor personal que tanto nos costó construir", añadió Orozco al afirmar que se tomarán acciones legales.
El ex fiscal Richard Zepita expresó su indignación por las declaraciones de la fiscal Palacios a las cuales calificó de no tener fundamento.
"Los memorándums son de agradecimiento y en ningún momento nos han procesado en tema disciplinario o penal. En todo caso tendría que haber un memorándum de destitución si nos hubieran encontrado como personas que hubiéramos realizado actos de corrupción", señaló.
Zepita se refirió al caso del Fondo Indígena, que tras pedir cárcel para el imputado Benigno Quispe, le llegó el memorándum de agradecimiento de servicios.
"Se ha vertido aseveraciones en el entendido que el suscrito estaría destituido desde fecha anterior (a la de entrega de su memorándum), casi una semana anterior como hacen referencia, pero si pueden observar el memorándum fue emitido con fecha 10 de noviembre, momento en el que fue aprehendido el señor Benigno Quispe Mamani, ex diputado (del MAS)", señaló.
Argumentó que las afirmaciones de la fiscal Palacios son inciertas y no tienen sustento legal, además de establecer que hubo injerencia política.
Por su parte, la ex asistente legal Elga Zuleta manifestó su indignación por las falsas acusaciones expresadas en medios de comunicación como los medios digitales de la Fiscalía General del Estado.
"También se dice que el doctor Orlando Riveros fue destituido del Ministerio Público, a la fecha todos tenemos conocimiento que el doctor Riveros está cumpliendo sus funciones en la Fiscalía General como fiscal superior", añadió.
Ayer por la mañana, los ex fiscales, Raúl Orozco y Richard Zepita; las ex asistentes legales, Daniela Peñafiel, Elga Zuleta y Roberto Flores; las ex auxiliares legales, Tatiana Moroco y Magalí Poma; y el ex asistente de contabilidad, Wilfredo Gutiérrez, ofrecieron una conferencia de prensa en el auditórium del Colegio de Abogados para decir su verdad sobre las acusaciones de la Fiscal de Distrito.
"Hacen referencia y alusión textual de que todos los funcionarios que fuimos retirados hemos sido despedidos por hechos de corrupción, por hechos que mellan la integridad personal y profesional de cada uno de los funcionarios públicos, por eso queremos aclarar y poner en duda esas aseveraciones realizadas por la fiscal departamental y el fiscal general (Ramiro Guerrero)", dijo el ex fiscal Orozco.
En la conferencia de prensa se mostraron los memorándums de agradecimiento emitidos por la fiscal Palacios, donde no se explica el porqué de ese accionar, aunque en conferencia de prensa efectuada el viernes por esta autoridad, mencionó que era para mejorar el trabajo en el Ministerio Público.
Explicaron los afectados que en ningún momento fueron objeto de algún proceso vinculados a hechos de corrupción como se informó a la población.
"Nuestras personas, muchos de nosotros jóvenes estamos al servicio de nuestra tierra y no puede ser que personas ajenas a la ciudad de Oruro, vengan a querer o tratar de embarrar la labor personal que tanto nos costó construir", añadió Orozco al afirmar que se tomarán acciones legales.
El ex fiscal Richard Zepita expresó su indignación por las declaraciones de la fiscal Palacios a las cuales calificó de no tener fundamento.
"Los memorándums son de agradecimiento y en ningún momento nos han procesado en tema disciplinario o penal. En todo caso tendría que haber un memorándum de destitución si nos hubieran encontrado como personas que hubiéramos realizado actos de corrupción", señaló.
Zepita se refirió al caso del Fondo Indígena, que tras pedir cárcel para el imputado Benigno Quispe, le llegó el memorándum de agradecimiento de servicios.
"Se ha vertido aseveraciones en el entendido que el suscrito estaría destituido desde fecha anterior (a la de entrega de su memorándum), casi una semana anterior como hacen referencia, pero si pueden observar el memorándum fue emitido con fecha 10 de noviembre, momento en el que fue aprehendido el señor Benigno Quispe Mamani, ex diputado (del MAS)", señaló.
Argumentó que las afirmaciones de la fiscal Palacios son inciertas y no tienen sustento legal, además de establecer que hubo injerencia política.
Por su parte, la ex asistente legal Elga Zuleta manifestó su indignación por las falsas acusaciones expresadas en medios de comunicación como los medios digitales de la Fiscalía General del Estado.
"También se dice que el doctor Orlando Riveros fue destituido del Ministerio Público, a la fecha todos tenemos conocimiento que el doctor Riveros está cumpliendo sus funciones en la Fiscalía General como fiscal superior", añadió.
Monday, November 16, 2015
Ministra recibe en El Alto denuncias por retardación de justicia
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó el domingo que su despacho recibió denuncias de retardación de justicia de los vecinos de Villa Dolores, en la ciudad de El Alto.
"En esta oportunidad el Ministerio de Justicia se hace presente con todos los servicios a favor de las personas de escasos recursos, que son víctimas de chicanerías y de retardación de justicia, donde hemos recepcionado denuncias", explicó, citada en un boletín institucional.
Informó en el marco de ese programa, su despacho recibe denuncias en los nueve departamentos junto a los Servicios Integrados de Justica Plurinacional, al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, al Servicio Plurinacional de Defensa Pública y al Registro Público de la Abogacía.
"En esta oportunidad el Ministerio de Justicia se hace presente con todos los servicios a favor de las personas de escasos recursos, que son víctimas de chicanerías y de retardación de justicia, donde hemos recepcionado denuncias", explicó, citada en un boletín institucional.
Informó en el marco de ese programa, su despacho recibe denuncias en los nueve departamentos junto a los Servicios Integrados de Justica Plurinacional, al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, al Servicio Plurinacional de Defensa Pública y al Registro Público de la Abogacía.
Thursday, November 12, 2015
Siendo Fiscal, Lazcano robaba mercadería de Zofra-Cobija para seducir mujeres
Abusar de la función pública, usando y malversando bienes y recursos del Estado para beneficio privado, es el origen y basamento de la corrupción funcionaria. Hace cuatro años, el entonces Fiscal del Distrito de Pando fue sorprendido robando de los galpones de la Zona Franca de Cobija mercadería incautada por la Aduana Nacional. Vladimir Lazcano regalaba esa mercadería robada a una novia suya. El ex Fiscal que se hallaba prófugo fue capturado el lunes en Sucre, y ahora deberá contar su historia de amor ante un Juez Cautelar. En esta trama de corrupción y seducción hay una lección que aprender para entender el valor de la transparencia en la gestión pública…
© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando
“Vengo a devolver estas cosas robadas que me regaló el Fiscal del Distrito como muestra del amor que decía sentir hacia mí; pero no estoy de acuerdo”, declaró públicamente la ciudadana Ada Barranco el 18 de marzo del 2011, al enterarse que su pretendiente Vladimir Lazcano Barrancos, el Fiscal, fue denunciado formalmente por irrumpir en los recintos aduaneros, abusando de su cargo y en las sombras de la noche, para robar mercadería incautada al contrabando que luego obsequiaba a su amada o vendía en el mercado negro de Puerto Evo.
Ada Barranco se presentó ante un Notario de Fe Pública en Cobija para devolver mediante inventario utensilios de cocina, electrodomésticos, perfumes, zapatos, ropa fina, osos de peluche y otros objetos que Lazcano sustraía románticamente de Zofra-Cobija. “Yo no sabía que todo esto era robado”, declaró la desilusionada Ada.
Según la noticia publicada entonces en el blog de Sol de Pando, el Fiscal fue sorprendido, filmado y fotografiado a bordo de un vehículo negro sin placa transportando televisores, ventiladoras, cajas de whisky, cigarros, parlantes, radios y una diversa mercadería que el Control Operativo Aduanero (COA) había decomisado y depositado en los galpones de Zofra-Cobija a los que Lazcano —en su condición de Fiscal del Distrito responsable de custodiar esos bienes incautados al contrabando— tenía acceso irrestricto con una copia de la llave del recinto aduanero en su poder.
Lazcano tenía previsto ir a Puerto Evo para negociar cigarrillos y venderlos, según reveló la avergonzada novia. También tenía el plan de abrir allí una tienda propia asociándose con un grupo de contrabandistas.
Al ser descubierto, tomó vacaciones y desapareció de Pando, hasta que el pasado lunes, cuatro años después, el prófugo fue capturado en la ciudad de Sucre, de donde provenía, y trasladado a Cobija para enfrentar un juicio por delitos que podrían condenarlo a 18 años de cárcel. En la audiencia de medidas cautelares fijada para las próximas horas en el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal de Cobija, se apersonará la Presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, como parte querellante junto al Ministerio Público.
Con Lazcano también están procesados dos ex funcionarios de Zofra-Cobija: el entonces director ejecutivo Marcos Vidovik y Roger Andrade que fue el asesor jurídico de la Zona Franca.
Voceros de la Gobernación de Pando manifestaron satisfacción por la detención de Lazcano y lo identifican como “un resabio del pasado que ya no tiene cabida en nuestro Departamento Autónomo”.
Sensación de impunidad que da el Poder
En sus juegos de seducción, Lazcano hacía gala de prepotencia e impunidad demostrando a su novia el discrecional poder que detentaba.
“Él me traía esos regalos que sacaba de la Zona Franca, me dijo que eran para mí, que él podía sacar todo lo que quisiera… Yo estaba confiada que era algo legal, me hizo creer que como Fiscal del Distrito tenía esas atribuciones hasta que me sorprendió la noticia de que todo eso era un robo y yo no puedo aceptar cosas robadas”, explicó Ada Barranco.
La novia dijo tener conocimiento de que Lazcano extrajo esos bienes de Zofra-Cobija en dos oportunidades. Pero también la joven fue testigo de que Lazcano abusaba de su cargo para extorsionar a comerciantes de Cobija imputándolos e incluso encarcelándolos para luego saquear las tiendas “clausuradas” por el mismo Fiscal del Distrito que las convertía en sus shoppings de uso personal.
“En una oportunidad me dijo que había hecho incautación de la tienda Halley. Me invitó a que vayamos a sacar. Me dijo te voy a llevar de compras a que te elijas poleras y lo que quieras. Pero la verdad es que no he ido. Eso fue después de que hubo la denuncia porque me dijo que llevó preso a un señor de la tienda Halley“, reveló Ada.
Comerciantes legalmente establecidos en la Zona Franca de Cobija y que afirman también haber sido extorsionados por Vladimir Lazcano, anunciaron a Sol de Pando que se constituirán en coadyuvantes del juicio contra el ex Fiscal del Distrito que mezcló obscenamente su función pública con sus intereses íntimos.
La lección es que cuando se rompe la delgada línea que separa la esfera pública de la esfera privada, nace la corrupción y muere la transparencia.
© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando
“Vengo a devolver estas cosas robadas que me regaló el Fiscal del Distrito como muestra del amor que decía sentir hacia mí; pero no estoy de acuerdo”, declaró públicamente la ciudadana Ada Barranco el 18 de marzo del 2011, al enterarse que su pretendiente Vladimir Lazcano Barrancos, el Fiscal, fue denunciado formalmente por irrumpir en los recintos aduaneros, abusando de su cargo y en las sombras de la noche, para robar mercadería incautada al contrabando que luego obsequiaba a su amada o vendía en el mercado negro de Puerto Evo.
Ada Barranco se presentó ante un Notario de Fe Pública en Cobija para devolver mediante inventario utensilios de cocina, electrodomésticos, perfumes, zapatos, ropa fina, osos de peluche y otros objetos que Lazcano sustraía románticamente de Zofra-Cobija. “Yo no sabía que todo esto era robado”, declaró la desilusionada Ada.
Según la noticia publicada entonces en el blog de Sol de Pando, el Fiscal fue sorprendido, filmado y fotografiado a bordo de un vehículo negro sin placa transportando televisores, ventiladoras, cajas de whisky, cigarros, parlantes, radios y una diversa mercadería que el Control Operativo Aduanero (COA) había decomisado y depositado en los galpones de Zofra-Cobija a los que Lazcano —en su condición de Fiscal del Distrito responsable de custodiar esos bienes incautados al contrabando— tenía acceso irrestricto con una copia de la llave del recinto aduanero en su poder.
Lazcano tenía previsto ir a Puerto Evo para negociar cigarrillos y venderlos, según reveló la avergonzada novia. También tenía el plan de abrir allí una tienda propia asociándose con un grupo de contrabandistas.
Al ser descubierto, tomó vacaciones y desapareció de Pando, hasta que el pasado lunes, cuatro años después, el prófugo fue capturado en la ciudad de Sucre, de donde provenía, y trasladado a Cobija para enfrentar un juicio por delitos que podrían condenarlo a 18 años de cárcel. En la audiencia de medidas cautelares fijada para las próximas horas en el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal de Cobija, se apersonará la Presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, como parte querellante junto al Ministerio Público.
Con Lazcano también están procesados dos ex funcionarios de Zofra-Cobija: el entonces director ejecutivo Marcos Vidovik y Roger Andrade que fue el asesor jurídico de la Zona Franca.
Voceros de la Gobernación de Pando manifestaron satisfacción por la detención de Lazcano y lo identifican como “un resabio del pasado que ya no tiene cabida en nuestro Departamento Autónomo”.
Sensación de impunidad que da el Poder
En sus juegos de seducción, Lazcano hacía gala de prepotencia e impunidad demostrando a su novia el discrecional poder que detentaba.
“Él me traía esos regalos que sacaba de la Zona Franca, me dijo que eran para mí, que él podía sacar todo lo que quisiera… Yo estaba confiada que era algo legal, me hizo creer que como Fiscal del Distrito tenía esas atribuciones hasta que me sorprendió la noticia de que todo eso era un robo y yo no puedo aceptar cosas robadas”, explicó Ada Barranco.
La novia dijo tener conocimiento de que Lazcano extrajo esos bienes de Zofra-Cobija en dos oportunidades. Pero también la joven fue testigo de que Lazcano abusaba de su cargo para extorsionar a comerciantes de Cobija imputándolos e incluso encarcelándolos para luego saquear las tiendas “clausuradas” por el mismo Fiscal del Distrito que las convertía en sus shoppings de uso personal.
“En una oportunidad me dijo que había hecho incautación de la tienda Halley. Me invitó a que vayamos a sacar. Me dijo te voy a llevar de compras a que te elijas poleras y lo que quieras. Pero la verdad es que no he ido. Eso fue después de que hubo la denuncia porque me dijo que llevó preso a un señor de la tienda Halley“, reveló Ada.
Comerciantes legalmente establecidos en la Zona Franca de Cobija y que afirman también haber sido extorsionados por Vladimir Lazcano, anunciaron a Sol de Pando que se constituirán en coadyuvantes del juicio contra el ex Fiscal del Distrito que mezcló obscenamente su función pública con sus intereses íntimos.
La lección es que cuando se rompe la delgada línea que separa la esfera pública de la esfera privada, nace la corrupción y muere la transparencia.
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