El Gobierno investiga al menos 15 abogados por delito de prevaricato, afirmó Marcelo Elío, viceministro de Régimen Interior y Policía. La autoridad explicó que hace más de dos meses se inició las investigaciones contra estos jueces y que en dos semanas se señalarán sus nombres y los delitos cometidos.
Según Elío, estos jueces dictaron resoluciones injustas en Santa Cruz, Cochabamba y Santa Cruz, en delitos de avasallamiento y otros, pese a no existir evidencia alguna en contra de uno de los querellantes.
“Vamos tener novedades, el Gobierno inició investigaciones a jueces en todo el país, pero sobre todo en Santa Cruz y Oruro, donde se produjeron casos de avasallamientos, robos y otros que fueron puestos a disposición de los administradores de justicia.
El Viceministro de Régimen Interior, advirtió con ejecutar acciones penales contra fiscales y jueces prevaricadores, como Marcelo Barrientos, quien fue filmado en su despacho cuando extorsionaba a una mujer que buscaba cambiar la tipificación de violación a estupro.
PROCESO. El juez Barrientos, denunciado por extorsionar 15.000 dólares a una mujer fue derivado a proceso administrativo por autoridades del Consejo de la Magistratura de La Paz.
Mónica Limachi, representante regional, intervino ayer las oficinas del Juez Anticorrupción y señaló que fue suspendido del cargo mientras dure el procesos, dos meses aproximadamente, y se dicte una resolución.
En tanto el afectado señaló que desconocía el hecho y que no solicitó los 15.000 dólares. Además recordó que la filmación no tiene valor legal porque fue obtenido de manera ilícita.
Thursday, November 19, 2015
Wednesday, November 18, 2015
El juez filmado pidiendo una coima negó haber incurrido en delito
El juez del Tribunal Anticorrupción de La Paz, Marcelo Barrientos, que aparece en un video donde se lo observa pidiendo un monto de dinero a la madre de un imputado para llevar el caso a juicio abreviado, negó el hecho. "Lógicamente un video no vendría ser una prueba, uno. Dos, quisiera ver el video para poder dar una interpretación más real y lógica. Haber pedido algún monto o exigencia, ¿bajo qué argumento?, si ya hay un auto (acción) de apertura, si ya está calificado el delito por violación, de qué tipo de beneficio podría hablar la persona (la madre)", dijo Barrientos a la red ATB.
Anunció que no renunciará a su cargo ni se excusará, pero que si está dispuesto a someterse a un proceso investigativo por ese caso.
El presidente de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, pidió de manera verbal y escrita la renuncia del juez Barrientos. "Al haber recibido una negativa suya a mi recomendación verbal, le reitero -por esta vía- que debería apartarse del cargo de Juez Técnico Anticorrupción para permitir que el caso quede esclarecido en las instancias correspondientes y nos permita nombrar a la brevedad al o la profesional responsable de esa instancia", dijo.
El Ministerio de Transparencia hizo público un video en el que se observa al juez Barrientos cuando extorsiona a la madre de un imputado, a quien le exige una coima para cambiar la tipificación del caso. En la conversación primero se hace mención a una cifra de 15.000 dólares, supuestamente para pagar también al fiscal del caso, y luego el juez señala: "Ya, lo dejaremos en 3.000 dólares, tienes que conseguir ese dinero".
Inician proceso disciplinario
El Consejo de la Magistratura informó hoy que se iniciará un proceso disciplinario al juez Barrientos, acusado de extorsión y filmado cuando trataba de timar entre 15.000 a una mujer que buscaba se califique a su hijo de acuerdo con el tipo penal en que incurrió.
"Estamos viniendo a verificar y controlar el despacho en razón a la denuncia de extorsión en los medios de comunicación, es un acto indebido y vamos a procesar conforme a las faltas gravísimas para una destitución", explicó la encargada distrital del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, al entregar la notificación. Informó que según el nuevo reglamento disciplinario, el juez disciplinario decidirá la suspensión del juez sin goce de haber y el fallo final se conocerá en un plazo de dos meses, lo que antes demoraba 6 meses.
"Por tratarse de un hecho 'flagrante' de corrupción la demanda penal se formalizó ante el Ministerio Público, porque no se puede tolerar, proteger ni encubrir a funcionarios judiciales denunciados por delitos de extorsión", sentenció Limachi. Por su parte, el juez dijo desconocer la procedencia del video y dijo que le enviaron el audiovisual por internet con fecha de febrero del 2015.
"Con la notificación del Consejo de la Magistratura asumiré mi defensa, donde demostrare mi inocencia del delito que se me acusa, de la supuesta extorsión, tomando en cuenta que el Tribunal como tal es colegida constituida por tres personas, entre esos los jueces técnicos", señaló.
Anunció que no renunciará a su cargo ni se excusará, pero que si está dispuesto a someterse a un proceso investigativo por ese caso.
El presidente de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, pidió de manera verbal y escrita la renuncia del juez Barrientos. "Al haber recibido una negativa suya a mi recomendación verbal, le reitero -por esta vía- que debería apartarse del cargo de Juez Técnico Anticorrupción para permitir que el caso quede esclarecido en las instancias correspondientes y nos permita nombrar a la brevedad al o la profesional responsable de esa instancia", dijo.
El Ministerio de Transparencia hizo público un video en el que se observa al juez Barrientos cuando extorsiona a la madre de un imputado, a quien le exige una coima para cambiar la tipificación del caso. En la conversación primero se hace mención a una cifra de 15.000 dólares, supuestamente para pagar también al fiscal del caso, y luego el juez señala: "Ya, lo dejaremos en 3.000 dólares, tienes que conseguir ese dinero".
Inician proceso disciplinario
El Consejo de la Magistratura informó hoy que se iniciará un proceso disciplinario al juez Barrientos, acusado de extorsión y filmado cuando trataba de timar entre 15.000 a una mujer que buscaba se califique a su hijo de acuerdo con el tipo penal en que incurrió.
"Estamos viniendo a verificar y controlar el despacho en razón a la denuncia de extorsión en los medios de comunicación, es un acto indebido y vamos a procesar conforme a las faltas gravísimas para una destitución", explicó la encargada distrital del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, al entregar la notificación. Informó que según el nuevo reglamento disciplinario, el juez disciplinario decidirá la suspensión del juez sin goce de haber y el fallo final se conocerá en un plazo de dos meses, lo que antes demoraba 6 meses.
"Por tratarse de un hecho 'flagrante' de corrupción la demanda penal se formalizó ante el Ministerio Público, porque no se puede tolerar, proteger ni encubrir a funcionarios judiciales denunciados por delitos de extorsión", sentenció Limachi. Por su parte, el juez dijo desconocer la procedencia del video y dijo que le enviaron el audiovisual por internet con fecha de febrero del 2015.
"Con la notificación del Consejo de la Magistratura asumiré mi defensa, donde demostrare mi inocencia del delito que se me acusa, de la supuesta extorsión, tomando en cuenta que el Tribunal como tal es colegida constituida por tres personas, entre esos los jueces técnicos", señaló.
Nueva norma acorta procesos disciplinarios contra los jueces
El Consejo de la Magistratura presentó un nuevo reglamento para acortar los procesos disciplinarios contra jueces y su personal subalterno. Se espera que los juicios que demoraban hasta seis meses se concluyan en sólo en dos.
"Antes, un proceso disciplinario podía durar entre cuatro a seis meses. Ahora, con este nuevo reglamento, estamos recortando los plazos a efectos de que una denuncia disciplinaria a lo mucho se resuelva en dos meses como máximo”, informó ayer uno de los tres jueces disciplinarios que existen en La Paz, Luis Fernández.
La nuevo reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental sustituye al anterior que fue aprobado en 2013. Ya entró en vigencia, indicó la representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, pero aún debe ser socializado.
Ahora los jueces disciplinarios, una vez admitida la denuncia dentro las 48 horas de su presentación, tendrán máximo 10 días para reunir todas las pruebas (antes el plazo era 40). Además, se especifican algunas medidas precautorias que pueden tomar, como la suspensión de funciones con goce de haberes del denunciado, el cambio de servidores o la intervención inmediata de los juzgados.
Con esta norma también se pretende reducir la sobrecarga procesal. En el departamento de La Paz existen sólo tres jueces disciplinarios para más de 200 jueces y aun más personal subalterno: secretarios, auxiliares, oficiales de diligencias, etc.
Desde 2012 se atendieron 1.800 casos que culminaron con la destitución de aproximadamente 18 jueces y unos 130 subalternos por faltas graves.
Según Fernández, de los 1.800 casos, un 95% fue cerrado, la mayoría fueron por retardación de justicia. Aunque se advirtió que la falta de personal y la sobrecarga procesal, que es una realidad, dificultan el cumplimiento de plazos de los operadores de justicia.
El nuevo reglamento se aplicará con las nuevas denuncias que se reciban en los juzgados disciplinarios, no es retroactivo, por lo que los casos pendientes deben resolverse con la vieja norma.
Para denunciar
Recepción Cualquier ciudadano que se sienta afectado por la mala actuación de un juez o el funcionario de un juzgado puede presentar su denuncia en los juzgados disciplinarios, ubicados en la calle Yanacocha, esquina Potosí, dentro del edificio antiguo del Palacio de Justicia.
Requisitos Para presentar una denuncia se requiere: la relación de los hechos (verbal o escrita), identificación del denunciado y pruebas del hecho (adjuntadas o mencionadas para que los investigadores las busquen).
"Antes, un proceso disciplinario podía durar entre cuatro a seis meses. Ahora, con este nuevo reglamento, estamos recortando los plazos a efectos de que una denuncia disciplinaria a lo mucho se resuelva en dos meses como máximo”, informó ayer uno de los tres jueces disciplinarios que existen en La Paz, Luis Fernández.
La nuevo reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental sustituye al anterior que fue aprobado en 2013. Ya entró en vigencia, indicó la representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, pero aún debe ser socializado.
Ahora los jueces disciplinarios, una vez admitida la denuncia dentro las 48 horas de su presentación, tendrán máximo 10 días para reunir todas las pruebas (antes el plazo era 40). Además, se especifican algunas medidas precautorias que pueden tomar, como la suspensión de funciones con goce de haberes del denunciado, el cambio de servidores o la intervención inmediata de los juzgados.
Con esta norma también se pretende reducir la sobrecarga procesal. En el departamento de La Paz existen sólo tres jueces disciplinarios para más de 200 jueces y aun más personal subalterno: secretarios, auxiliares, oficiales de diligencias, etc.
Desde 2012 se atendieron 1.800 casos que culminaron con la destitución de aproximadamente 18 jueces y unos 130 subalternos por faltas graves.
Según Fernández, de los 1.800 casos, un 95% fue cerrado, la mayoría fueron por retardación de justicia. Aunque se advirtió que la falta de personal y la sobrecarga procesal, que es una realidad, dificultan el cumplimiento de plazos de los operadores de justicia.
El nuevo reglamento se aplicará con las nuevas denuncias que se reciban en los juzgados disciplinarios, no es retroactivo, por lo que los casos pendientes deben resolverse con la vieja norma.
Para denunciar
Recepción Cualquier ciudadano que se sienta afectado por la mala actuación de un juez o el funcionario de un juzgado puede presentar su denuncia en los juzgados disciplinarios, ubicados en la calle Yanacocha, esquina Potosí, dentro del edificio antiguo del Palacio de Justicia.
Requisitos Para presentar una denuncia se requiere: la relación de los hechos (verbal o escrita), identificación del denunciado y pruebas del hecho (adjuntadas o mencionadas para que los investigadores las busquen).
Gobierno advierte duras acciones contra jueces y fiscales corruptos
El viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, advirtió el miércoles con ejecutar acciones penales "duras" contra fiscales y jueces prevaricadores como Marcelo Barrientos, quien fue denunciado por extorsionar 18.000 dólares, cuyas imágenes fueron mostrados a la prensa.
"Ejerceremos acciones penales muy duras en contra de los jueces prevaricadores y fiscales que en lugar de proteger los intereses del Estado y la sociedad, protegen a los delincuentes de organizaciones criminales", enfatizó.
Aseguró que se debe trabajar drásticamente en ese tema, por lo que se vienen realizando auditorías a varios jueces para tener "materia justiciable" y emitir procesos penales contra esos malos administradores de justicia.
La autoridad condenó al juez Barrientos, quien fue filmado cuando extorsionaba a un litigante, "timándole" primero 15.000 dólares y luego otros 3.000 dólares.
Elío consideró que la demanda instaurada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción ante la Fiscalía Departamental debe ser investigada a la brevedad.
Convocó a las víctimas de extorsión de fiscales y jueces a denunciarlos no solamente ante el Ministerio de Transparencia, sino ante el Viceministerio de Régimen Interior y Policía.
Indicó que así como el caso del juez Barrientos, existen otros en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Oruro.
"El robo de minerales en Huanuni existe todo un monstruo de operar que desarrolla el Fiscal asignado en complicad con el juez determinaron para los implicados delitos menores, cuando se trata de robo agravado", enfatizó.
Denunció que en este y otros casos hay una "suerte de protección judicial porque de por medio existe extorsión que se debe combatir y frenar ese tipo de hechos que hacen daño a la justicia.
"Ejerceremos acciones penales muy duras en contra de los jueces prevaricadores y fiscales que en lugar de proteger los intereses del Estado y la sociedad, protegen a los delincuentes de organizaciones criminales", enfatizó.
Aseguró que se debe trabajar drásticamente en ese tema, por lo que se vienen realizando auditorías a varios jueces para tener "materia justiciable" y emitir procesos penales contra esos malos administradores de justicia.
La autoridad condenó al juez Barrientos, quien fue filmado cuando extorsionaba a un litigante, "timándole" primero 15.000 dólares y luego otros 3.000 dólares.
Elío consideró que la demanda instaurada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción ante la Fiscalía Departamental debe ser investigada a la brevedad.
Convocó a las víctimas de extorsión de fiscales y jueces a denunciarlos no solamente ante el Ministerio de Transparencia, sino ante el Viceministerio de Régimen Interior y Policía.
Indicó que así como el caso del juez Barrientos, existen otros en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Oruro.
"El robo de minerales en Huanuni existe todo un monstruo de operar que desarrolla el Fiscal asignado en complicad con el juez determinaron para los implicados delitos menores, cuando se trata de robo agravado", enfatizó.
Denunció que en este y otros casos hay una "suerte de protección judicial porque de por medio existe extorsión que se debe combatir y frenar ese tipo de hechos que hacen daño a la justicia.
La Paz y El Alto La Magistratura destituye a 8 jueces
El Consejo de la Magistratura de La Paz informó que en lo que va de la presente gestión 8 jueces fueron destituidos de sus cargos por faltas graves y 45 están con procesos disciplinarios.
A esos procesos se suman 130 denuncias contra funcionarios de distintos juzgados de las ciudades de La Paz y El Alto, informó Nataly Vargas, jueza disciplinaria. "Aquellos funcionarios que han incurrido en faltas gravísimas han sido destituidos y sobre las demás denuncias se sigue un proceso de investigación", apuntó.
Resultado de operativos. Mónica Limachi Rosas, responsable del Consejo de la Magistratura en La Paz, indicó que los datos son resultado de los operativos de brigadas móviles que detectaron a 45 operadores de justicia en acciones irregulares y retardación de justicia. Los operativos se iniciaron el 24 de septiembre en juzgados de La Paz y El Alto./
A esos procesos se suman 130 denuncias contra funcionarios de distintos juzgados de las ciudades de La Paz y El Alto, informó Nataly Vargas, jueza disciplinaria. "Aquellos funcionarios que han incurrido en faltas gravísimas han sido destituidos y sobre las demás denuncias se sigue un proceso de investigación", apuntó.
Resultado de operativos. Mónica Limachi Rosas, responsable del Consejo de la Magistratura en La Paz, indicó que los datos son resultado de los operativos de brigadas móviles que detectaron a 45 operadores de justicia en acciones irregulares y retardación de justicia. Los operativos se iniciaron el 24 de septiembre en juzgados de La Paz y El Alto./
Ministerio Público y Defensa Acusan de prevaricato al Tribunal de Sentencia
Ante el rechazo del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, al incidente planteado por el Ministerio Público por limitar el número de testigos, las partes anunciaron demandas de prevaricato contra los jueces del caso Rózsa.
El fiscal Sergio Céspedes pidió copia legalizada del acta de la jornada de ayer, para demandar a las jueces ciudadanas Anastasia Calisaya y Sonia Mamani.
Mientras que el abogado Carlos Mariaca, defensor del acusado Hugo Paz Lavadenz, interpuso una demanda similar a la Fiscalía, pero contra los jueces técnicos Sixto Justo Fernández y Elena Gemio. Según las normas del derecho, la prevaricación, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Esto en el sentido, de que en la resolución del Tribunal rechazando el incidente procesal defectuoso, las jueces ciudadanas fueron las del voto disidente. El fiscal Céspedes adujo que Mamani y Calisaya, incumplieron la línea fijada del Tribunal de rechazar cualquier incidente. Mientras que Mariaca, explicó que los que incumplieron fueron Fernández y Gemio, ya que al haber empate en la resolución, el procedimiento era dar a favor de las partes.
Nuevo testigo. Por otro lado, al estar ausente el testigo Luis Hernán Rossel, exgerente del hotel Las Américas, el juez Fernández llamó en su lugar al exgerente del Hotel Buganvillas, Luis Eduardo Vega.
El fiscal Sergio Céspedes pidió copia legalizada del acta de la jornada de ayer, para demandar a las jueces ciudadanas Anastasia Calisaya y Sonia Mamani.
Mientras que el abogado Carlos Mariaca, defensor del acusado Hugo Paz Lavadenz, interpuso una demanda similar a la Fiscalía, pero contra los jueces técnicos Sixto Justo Fernández y Elena Gemio. Según las normas del derecho, la prevaricación, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Esto en el sentido, de que en la resolución del Tribunal rechazando el incidente procesal defectuoso, las jueces ciudadanas fueron las del voto disidente. El fiscal Céspedes adujo que Mamani y Calisaya, incumplieron la línea fijada del Tribunal de rechazar cualquier incidente. Mientras que Mariaca, explicó que los que incumplieron fueron Fernández y Gemio, ya que al haber empate en la resolución, el procedimiento era dar a favor de las partes.
Nuevo testigo. Por otro lado, al estar ausente el testigo Luis Hernán Rossel, exgerente del hotel Las Américas, el juez Fernández llamó en su lugar al exgerente del Hotel Buganvillas, Luis Eduardo Vega.
Se sugiere mayor acceso de mujeres a la justicia
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) emitió una serie de recomendaciones a Bolivia, entre ellas acelerar la creación de tribunales y cortes de justicia que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia sin ningún tipo de discriminación.
Las recomendaciones fueron hechas públicas por Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, en un almuerzo con periodistas de La Paz, donde se destacó que éste es un espacio importante para llegar a los trabajadores de la prensa, con el fin de que se sumen al esfuerzo de socializar las recomendaciones y que sean asumidas como tarea.
La representante señaló que las recomendaciones toman como base temas que el comité ha visto en un momento determinado, en el examen del 14 de julio de este año ante la Cedaw, pero señaló que sin duda hay otras áreas donde se está trabajando y se necesita trabajar más desde el Estado.
“Un tema central de las recomendaciones es la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la necesidad de reforzar los servicios con una mayor cobertura en el área rural”, dijo.
En ese marco, explicó que se llegó a saber que un poco más del 50 por ciento de todo el país tiene Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). “Eso es positivo, pero muchos municipios no los tienen y justamente ésa es una de las recomendaciones: asegurar la atención psicológica, social, legal, médica para las mujeres en todas las regiones por igual”, dijo.
Denis Racicot, representante en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dijo que desde la perspectiva del Estado se deben ver las recomendaciones de una forma positiva.
“Esas recomendaciones se inscriben en el clima de un diálogo interactivo de los mecanismos convencionales hacia los Estados”, dijo.
En ese marco, el diplomático señaló que dichas sugerencias son para incentivar al Estado a mejorar la protección de los derechos humanos, en este caso de las mujeres. “Esto coadyuvará al Estado a tener directivas y pautas para buscar mejores resultados”, finalizó.
Las recomendaciones fueron hechas públicas por Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, en un almuerzo con periodistas de La Paz, donde se destacó que éste es un espacio importante para llegar a los trabajadores de la prensa, con el fin de que se sumen al esfuerzo de socializar las recomendaciones y que sean asumidas como tarea.
La representante señaló que las recomendaciones toman como base temas que el comité ha visto en un momento determinado, en el examen del 14 de julio de este año ante la Cedaw, pero señaló que sin duda hay otras áreas donde se está trabajando y se necesita trabajar más desde el Estado.
“Un tema central de las recomendaciones es la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la necesidad de reforzar los servicios con una mayor cobertura en el área rural”, dijo.
En ese marco, explicó que se llegó a saber que un poco más del 50 por ciento de todo el país tiene Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). “Eso es positivo, pero muchos municipios no los tienen y justamente ésa es una de las recomendaciones: asegurar la atención psicológica, social, legal, médica para las mujeres en todas las regiones por igual”, dijo.
Denis Racicot, representante en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dijo que desde la perspectiva del Estado se deben ver las recomendaciones de una forma positiva.
“Esas recomendaciones se inscriben en el clima de un diálogo interactivo de los mecanismos convencionales hacia los Estados”, dijo.
En ese marco, el diplomático señaló que dichas sugerencias son para incentivar al Estado a mejorar la protección de los derechos humanos, en este caso de las mujeres. “Esto coadyuvará al Estado a tener directivas y pautas para buscar mejores resultados”, finalizó.
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