La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, anunció ayer que el Gobierno trabaja en una normativa para transparentar las actuaciones de administradores de justicia y que todo medio de grabación electrónica sirva de prueba.
"Creemos que necesitamos realizar ajustes a nuestra legislación y en eso estamos trabajando para que, por ejemplo, el denunciante de un hecho de soborno y cohecho esté exento de la responsabilidad penal si primero hace su denuncia contra la autoridad judicial o el servidor público", precisó, según ABI.
A propósito de la denuncia contra el juez Marcelo Barrientos, dijo que con los ajustes, cualquier medio electrónico de grabación servirá como indicio o prueba en la valoración dentro de un proceso penal, ligado a otros elementos.
Explicó que cualquier persona que sea objeto de petición de algún requerimiento de una autoridad, pueda en todo caso realizar la grabación, tomando recaudos para que dentro de la investigación se demuestre la autenticidad y las grabaciones no sean alteradas.
RECHAZO Marcelo Elío, viceministro de Régimen Interior, señaló que ya se habló sobre la instalación de cámaras en ambientes judiciales para transparentar el accionar de los operadores de justicia, pero fueron los mismos jueces quienes se opusieron a esta medida para ocultar hechos de corrupción.
"Se ha hablado bastante de eso, de las cámaras, pero quienes se han opuesto (y) han hecho revuelo son los mismos jueces, ahí está la realidad de que tienen realmente sus motivos y quieren ocultar sus actos de corrupción", manifestó Elío, según ANF.
Thursday, November 19, 2015
Consejo de la Magistratura destituye al juez Marcelo Barrientos que aparece en video extorsionando
La Sala Plena del Consejo de la Magistratura determinó el jueves la destitución inmediata de los jueces Marcelo Barrientos y Humberto Vizcarra, además de la secretaria del Tribunal Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz, implicados en un caso de extorsión a una litigante.
"No vamos a proteger a nadie y tampoco perderemos el tiempo en procesos burocráticos (...). Hoy la Sala Plena decidió la cesación inmediata, hoy mismo, del juez Marcelo Barrientos, del juez Humberto Vizcarra y de la secretaría de este juzgado", dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria.
"A los cinco consejeros no nos temblará la mano para poder erradicar de la Justicia la corrupción que hay", sentenció.
Barrientos y su entorno fueron denunciados por la extorsión de 15.000 dólares, una filmación destapó ese hecho.
Según el Consejo de la Magistratura, Barrientos fue elegido como juez a través de una convocatoria pública en el marco de la Ley 348, además fue funcionario de la Unidad de Transparencia de esta institución.
"No vamos a proteger a nadie y tampoco perderemos el tiempo en procesos burocráticos (...). Hoy la Sala Plena decidió la cesación inmediata, hoy mismo, del juez Marcelo Barrientos, del juez Humberto Vizcarra y de la secretaría de este juzgado", dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria.
"A los cinco consejeros no nos temblará la mano para poder erradicar de la Justicia la corrupción que hay", sentenció.
Barrientos y su entorno fueron denunciados por la extorsión de 15.000 dólares, una filmación destapó ese hecho.
Según el Consejo de la Magistratura, Barrientos fue elegido como juez a través de una convocatoria pública en el marco de la Ley 348, además fue funcionario de la Unidad de Transparencia de esta institución.
Acusan a jueces de Quillacollo y Punata por corrupción
Los juzgados de Quillacollo y Punata se encuentran en la mira del Consejo de la Magistratura por denuncias de corrupción.
Al menos dos jueces también son acusados por retardación de justicia y serán remitidos al Juzgado Disciplinario.
El representante distrital del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, informó ayer que la sala de Control y Fiscalización realizó controles minuciosos en ambos juzgados provinciales y en la oficina de Derechos Reales de Punata.
En Quillacollo se puso especial atención en el Juzgado Segundo Cautelar, donde se identificaron serias irregularidades como la demora en la atención de los memoriales, falta de conminatoria a fiscales en casos en los que los plazos están venciendo, entre otras.
Según Rocha, se trata de faltas disciplinarias que deben ser sancionadas.
En Punata también se observó demora en los procesos e indicios de corrupción. Mencionó el archivo de un proceso por feminicidio porque de por medio había un juicio de divorcio, “lo cual es inadmisible”.
Por otro lado, se llevó adelante la primera etapa de una auditoría en la oficina de Derechos Reales de Punata.
De acuerdo a los primeros resultados, se identificaron irregularidades tipificadas como delitos penales, cuyos responsables serán sometidos a procesos judiciales.
Según Rocha, se trata de acciones encaradas por el Consejo de la Magistratura para frenar la mora judicial y la corrupción en la administración de justicia.
Al menos dos jueces también son acusados por retardación de justicia y serán remitidos al Juzgado Disciplinario.
El representante distrital del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, informó ayer que la sala de Control y Fiscalización realizó controles minuciosos en ambos juzgados provinciales y en la oficina de Derechos Reales de Punata.
En Quillacollo se puso especial atención en el Juzgado Segundo Cautelar, donde se identificaron serias irregularidades como la demora en la atención de los memoriales, falta de conminatoria a fiscales en casos en los que los plazos están venciendo, entre otras.
Según Rocha, se trata de faltas disciplinarias que deben ser sancionadas.
En Punata también se observó demora en los procesos e indicios de corrupción. Mencionó el archivo de un proceso por feminicidio porque de por medio había un juicio de divorcio, “lo cual es inadmisible”.
Por otro lado, se llevó adelante la primera etapa de una auditoría en la oficina de Derechos Reales de Punata.
De acuerdo a los primeros resultados, se identificaron irregularidades tipificadas como delitos penales, cuyos responsables serán sometidos a procesos judiciales.
Según Rocha, se trata de acciones encaradas por el Consejo de la Magistratura para frenar la mora judicial y la corrupción en la administración de justicia.
Despiden a jueces y fiscal implicados en el 'videoextorsión'
El Consejo de la Magistratura decidió la destitución de los jueces, Marcelo Barrientos y Humberto Vizcarra del Tribunal Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz, filmados por una litigante realizando una extorsión por 15.000 dólares.
En este video, se puede advertir que una secretaria del juzgado controla los dispositivos que tenía la mujer para evitar una grabación. Luego, Barrientos habla con Vizcarra y alega que el fiscal Marín es el que pidió los 15 mil dólares.
“Hemos tomado la decisión de destituir en mérito a ese hecho flagrante que se ha visto por los medios de comunicación”, manifestó el consejero Wilber Choque.
En cuanto a la secretaria del juzgado implicada, Choque informó que el CM pedirá al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que se la destituya.
El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó que Félix Marín fue removido de su cargo ayer, pero por un proceso disciplinario distinto al caso de la coima.
“El doctor Marín ha sido destituido en su cargo, como emergencia de otro proceso disciplinario que se la había instaurado por la Fiscalía”, explicó.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, precisó que Marín fue alejado de su cargo “por supuestos cobros o dádivas”.
Rollano aclaró que, a pesar de ser alejado del Ministerio Público, Marín aún puede prestar su declaración sobre el caso de la coima.
La Fiscalía inició una investigación sobre el delito captado en video. Rollano informó que en este marco se ha procedido al secuestro del cuaderno de investigaciones de Marín y del expediente judicial del tribunal.
Oruro Fiscal General cuestionó trabajo de ex fiscal Riveros
El trabajo realizado por el ex fiscal de Distrito, Orlando Riveros, fue cuestionado ayer por el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, quien estuvo en esta capital para realizar una serie de tareas en el Ministerio Público, además de brindar una conferencia de prensa para aclarar temas polémicos de esta entidad.
Uno de ellos, fue el alejamiento del fiscal Riveros del cargo de fiscal de Distrito de Oruro. Guerrero indicó que el tema parte por la confianza y rememoró que cuando Riveros llegó a esta capital como autoridad fiscal, lo hizo con la intención de "limpiar" el Ministerio Público, sin embargo, dijo que después de más de un año y medio año de labor, aquel hecho no ocurrió.
"Si no hay esa mejora en Oruro, ¿qué hay que hacer? Pedirle su renuncia. Él era fiscal superior de carrera, y digo era, porque a partir de hoy (ayer) él no es fiscal de carrera y no pertenece al Ministerio Público. A partir de hoy (ayer) él ha dejado el Ministerio Público y no trabaja ni en la Fiscalía de Oruro, ni en la Fiscalía de Chuquisaca, ni en la General, ni en ningún lado", dijo.
Argumentó que a su despacho llegaron varias denuncias de corrupción en su contra, documentos que se procesan y fueron remitidos a la instancia disciplinaria y de Anticorrupción.
"No puedo afirmar, se presume la inocencia de la gente. No puedo afirmar, pero hay denuncias. Han llegado varias denuncias y permanentemente, y no solo me llegan a mí, sino también a autoridades legislativas, autoridades ejecutivas", señaló.
Durante la conferencia de prensa mostró un documento de denuncia de un supuesto consorcio de vocales, jueces, fiscales y abogados que le enviaron al Vicepresidente Álvaro García y con una copia a Guerrero, donde estarían involucrados varios fiscales del Ministerio Público de Oruro, entre ellos, el ex fiscal Riveros.
Guerrero señaló que se está evaluando y puede ser que no haya responsabilidad, pero si las hay, deberán defenderse los involucrados desde donde corresponda.
"Nosotros no nos fijamos caras, de quién entró, con quién entró, ni nada. Nosotros evaluamos el cumplimiento, el trabajo, el buen trato a la gente, el manejo de sus cuadernos de investigación. Si había gente privilegiada que gozaba de protección y que no hacía su trabajo amparado en eso, pues ya no hay esa protección y el que no quiere trabajar, se tiene que ir", señaló.
En horas precedentes se anunció que el ex fiscal departamental Orlando Riveros llegará a Oruro para verter su posición ante las denuncias del fiscal Guerrero.
Uno de ellos, fue el alejamiento del fiscal Riveros del cargo de fiscal de Distrito de Oruro. Guerrero indicó que el tema parte por la confianza y rememoró que cuando Riveros llegó a esta capital como autoridad fiscal, lo hizo con la intención de "limpiar" el Ministerio Público, sin embargo, dijo que después de más de un año y medio año de labor, aquel hecho no ocurrió.
"Si no hay esa mejora en Oruro, ¿qué hay que hacer? Pedirle su renuncia. Él era fiscal superior de carrera, y digo era, porque a partir de hoy (ayer) él no es fiscal de carrera y no pertenece al Ministerio Público. A partir de hoy (ayer) él ha dejado el Ministerio Público y no trabaja ni en la Fiscalía de Oruro, ni en la Fiscalía de Chuquisaca, ni en la General, ni en ningún lado", dijo.
Argumentó que a su despacho llegaron varias denuncias de corrupción en su contra, documentos que se procesan y fueron remitidos a la instancia disciplinaria y de Anticorrupción.
"No puedo afirmar, se presume la inocencia de la gente. No puedo afirmar, pero hay denuncias. Han llegado varias denuncias y permanentemente, y no solo me llegan a mí, sino también a autoridades legislativas, autoridades ejecutivas", señaló.
Durante la conferencia de prensa mostró un documento de denuncia de un supuesto consorcio de vocales, jueces, fiscales y abogados que le enviaron al Vicepresidente Álvaro García y con una copia a Guerrero, donde estarían involucrados varios fiscales del Ministerio Público de Oruro, entre ellos, el ex fiscal Riveros.
Guerrero señaló que se está evaluando y puede ser que no haya responsabilidad, pero si las hay, deberán defenderse los involucrados desde donde corresponda.
"Nosotros no nos fijamos caras, de quién entró, con quién entró, ni nada. Nosotros evaluamos el cumplimiento, el trabajo, el buen trato a la gente, el manejo de sus cuadernos de investigación. Si había gente privilegiada que gozaba de protección y que no hacía su trabajo amparado en eso, pues ya no hay esa protección y el que no quiere trabajar, se tiene que ir", señaló.
En horas precedentes se anunció que el ex fiscal departamental Orlando Riveros llegará a Oruro para verter su posición ante las denuncias del fiscal Guerrero.
Dictan sentencia contra un falso funcionario de Fiscalía
Seis años de cárcel a cumplirse en el penal de Palmasola, de Santa Cruz, y 500 días multa a favor del Estado es la sentencia que se dictó contra un ciudadano que se hacía pasar como funcionario del Ministerio Público de Potosí.
Así lo confirmó a el Potosí, el fiscal de materia Juan Carlos Ramírez, quien dijo que el sindicado se acogió a un proceso abreviado.
Denunciaron que Óscar P. se hizo pasar como médico forense y asistente de fiscal con el propósito de sonsacar dinero a las víctimas.
"En ambos casos, se le reconoció al ciudadano sindicándolo de estafa, y se hizo pasar como funcionario de Catastro urbano de la Alcaldía", informó el fiscal.
Con esas pruebas obtenidas se fundamentó la acusación ante el juzgado respectivo para un procedimiento abreviado.
Óscar P. fue juzgado por el presunto delito de estafa con víctimas múltiples. Se aguarda si habrá apelación.
Así lo confirmó a el Potosí, el fiscal de materia Juan Carlos Ramírez, quien dijo que el sindicado se acogió a un proceso abreviado.
Denunciaron que Óscar P. se hizo pasar como médico forense y asistente de fiscal con el propósito de sonsacar dinero a las víctimas.
"En ambos casos, se le reconoció al ciudadano sindicándolo de estafa, y se hizo pasar como funcionario de Catastro urbano de la Alcaldía", informó el fiscal.
Con esas pruebas obtenidas se fundamentó la acusación ante el juzgado respectivo para un procedimiento abreviado.
Óscar P. fue juzgado por el presunto delito de estafa con víctimas múltiples. Se aguarda si habrá apelación.
Fiscalía del Distrito de Oruro parecía un bunker sin acceso
La Fiscalía del Distrito de Oruro "parecía un bunker con tres chapas, sin acceso para el pueblo, con puertas cerradas y no se atendía a la ciudadanía que todos los días reclama justicia", afirmó ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda.
La declaración de la autoridad fue emitida, durante un acto de posesión de nuevos fiscales que, según el informe, "fueron seleccionados" en base a su trayectoria y el trabajo desarrollado en la abogacía.
Denunció, al mismo tiempo, la existencia de un consorcio de abogados, jueces y fiscales, entre los que se encontraban algunos fiscales, como Aldo Morales Alconini, Zulmer Villegas y Lindon Requena, en forma conjunta con el abogado Julio Cesar Torrico, a quien asegura no conocer.
Dijo que los tres fiscales fueron trasladados a otros cargos, mientras dure la investigación y su procesamiento, en base a una denuncia escrita, con carnet de identidad, incluyendo sus alias.
Las declaraciones del Fiscal General del Estado provocaron inmediata reacción de los afectados, quienes "negaron todas las aseveraciones de la autoridad y que, en el transcurso de los próximos días, se asumirán las acciones legales que corresponda, en base a las supuestas pruebas que han sido presentadas en la conferencia de prensa".
La declaración de la autoridad fue emitida, durante un acto de posesión de nuevos fiscales que, según el informe, "fueron seleccionados" en base a su trayectoria y el trabajo desarrollado en la abogacía.
Denunció, al mismo tiempo, la existencia de un consorcio de abogados, jueces y fiscales, entre los que se encontraban algunos fiscales, como Aldo Morales Alconini, Zulmer Villegas y Lindon Requena, en forma conjunta con el abogado Julio Cesar Torrico, a quien asegura no conocer.
Dijo que los tres fiscales fueron trasladados a otros cargos, mientras dure la investigación y su procesamiento, en base a una denuncia escrita, con carnet de identidad, incluyendo sus alias.
Las declaraciones del Fiscal General del Estado provocaron inmediata reacción de los afectados, quienes "negaron todas las aseveraciones de la autoridad y que, en el transcurso de los próximos días, se asumirán las acciones legales que corresponda, en base a las supuestas pruebas que han sido presentadas en la conferencia de prensa".
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