La fiscal Rosario Venegas presentó la imputación contra los tres ex jueces, involucrados en el caso del video, por los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
De acuerdo con una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado, los imputados son: Marcelo Barrientos, Jorge Viscarra y Ernesto Escóbar, además de la secretaria, que fue imputada por cohecho pasivo e incumplimiento de deberes en grado de complicidad.
Venegas inició la investigación formal del caso que involucra a los exjueces y la secretaria en la extorsión de 15.000 dólares a una litigante de La Paz quien grabó la negociación.
La imputación fue presentada la mañana de ayer ante la autoridad jurisdiccional.
"El Ministerio Público cumplió con su responsabilidad, de acuerdo con la normativa legal y ahora corresponde que se fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares", dijo el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Barrientos y sus colegas, además, de la secretaria Micaela Alí, prestaron declaraciones ante el Ministerio Público y actualmente están en calidad de detenidos en celdas policiales. Las resoluciones de imputación para los cuatro implicados en este caso fueron presentadas ante el Juzgado de Instrucción Nº 13.
Sunday, November 22, 2015
Friday, November 20, 2015
Ante acusaciones infundadas Ex fiscal Riveros pide respeto a la dignidad de las personas
El ex fiscal de Distrito de Oruro, Orlando Riveros pidió ayer, a las autoridades superiores del Ministerio Público, respeto a la dignidad de las personas, no solo a la suya, sino también a la de los funcionarios que fueron agradecidos en sus servicios por la actual fiscal departamental, Sobeyda Palacios y a quienes se los acusó de supuestos hechos de corrupción con denuncias sin asidero y sin pruebas.
Ese fue el concepto que Riveros emitió ayer durante una conferencia de prensa que ofreció en el auditórium del Colegio de Abogados, para aclarar algunos aspectos que fueron mencionados por el fiscal general, Ramiro Guerrero, un día anterior.
"Estoy muy preocupado, muy consternado por notas de prensa como la que sacó el periódico LA PATRIA, donde dice que el Fiscal General cuestiona trabajo del ex fiscal Riveros. No busco enfrentarme a ninguna autoridad, no busco ningún protagonismo en base a esta conferencia de prensa, mi gratitud y respeto por el Ministerio Público va a ser de siempre", dijo.
Argumentó que volverá al ejercicio de la profesión de abogado libre, tras su renuncia como fiscal superior y mucho más antes como fiscal de Distrito. Se dijo en contra de Riveros que fue destituido por malos tratos el 27 de octubre.
"En ningún momento he sido destituido, porque al ser fiscal de carrera no se me podía destituir y de hecho asumí en la Fiscalía General con el ítem de fiscal superior", señaló.
Indicó que mantuvo el ítem de fiscal superior mientras asumía como fiscal de Distrito, porque tenía que estar en el cargo un corto tiempo. El 23 de octubre presentó su renuncia como fiscal de Distrito y una vez aceptada recibió la nota de que debía constituirse en la Fiscalía General.
"Al momento que se acepta mi renuncia no había ningún proceso penal, ningún proceso disciplinario, ninguna denuncia que yo conozca en mi contra", afirmó al establecer que hasta la fecha no conoce las supuestas denuncias.
Al volver a Sucre como fiscal superior y al observar los entredichos en su contra por una mala gestión en la Fiscalía de Distrito, decidió renunciar a la Fiscalía General, por los conceptos del fiscal Guerrero en su contra.
"El suscrito ha renunciado, no ha sido destituido", subrayó al indicar que a él como a los otros funcionarios a los cuales se les entregó sus cartas de agradecimiento se los sentenció antes de iniciarles un proceso.
Asimismo, señaló que desde hace varios años en el foro orureño hay un círculo vicioso que opera en forma oscura, para que los fiscales de Distrito siempre salgan con procesos, por ello, propuso que el cargo debe ser institucionalizado.
GESTIÓN
Respecto a su gestión observada por Guerrero, Riveros afirmó que estuvo 20 meses al frente, donde no se cobraron por los cargos, se captó gente joven a la que se desacreditó con acusaciones no comprobadas.
"No hubo aportes de ninguna naturaleza, no hay un abogado o litigante que pueda sostener que el suscrito cobró por las resoluciones. Eso es parte lo que hemos hecho como gestión, hemos ordenado la Fiscalía Departamental", dijo al reivindicar el trabajo que hizo en ordenar el Ministerio Público.
Respecto a los presuntos hechos irregulares, indicó que en reiteradas oportunidades envío cartas al fiscal general para hacerle conocer de la existencia armada de consorcios con intereses oscuros, que acuden con denuncias falsas, hostigamientos al fiscal departamental, labores de desprestigio, entre otras.
"Desde que ingresé se mandaron denuncias al Ministerio de Justicia, a la Vicepresidencia denunciando temas tan imaginarios como aberrantes, entre ellos, se me acusaba que era un alcohólico y un drogadicto y la gente que me conoce sabe que soy todo lo contrario", señaló al afirmar que esas denuncias nunca prosperaron porque las personas firmantes no existían.
Ante la denuncia leída por el fiscal general un día antes, Riveros dijo que ojalá haya sido verificada previamente y se haya cuidado la magistratura del fiscal Guerrero. Ante esos hechos, indicó que la dignidad de las personas está en juego.
"No voy a hablar por mí, hablo por las personas que me han colaborado de manera directa, si se llega a demostrar que no hubo actos de corrupción, ¿quién les va a devolver la dignidad, quién les va a devolver la imagen que tenían?, son personas jóvenes", indicó al terminar la explicación de 25 minutos que hizo a la prensa.
Ese fue el concepto que Riveros emitió ayer durante una conferencia de prensa que ofreció en el auditórium del Colegio de Abogados, para aclarar algunos aspectos que fueron mencionados por el fiscal general, Ramiro Guerrero, un día anterior.
"Estoy muy preocupado, muy consternado por notas de prensa como la que sacó el periódico LA PATRIA, donde dice que el Fiscal General cuestiona trabajo del ex fiscal Riveros. No busco enfrentarme a ninguna autoridad, no busco ningún protagonismo en base a esta conferencia de prensa, mi gratitud y respeto por el Ministerio Público va a ser de siempre", dijo.
Argumentó que volverá al ejercicio de la profesión de abogado libre, tras su renuncia como fiscal superior y mucho más antes como fiscal de Distrito. Se dijo en contra de Riveros que fue destituido por malos tratos el 27 de octubre.
"En ningún momento he sido destituido, porque al ser fiscal de carrera no se me podía destituir y de hecho asumí en la Fiscalía General con el ítem de fiscal superior", señaló.
Indicó que mantuvo el ítem de fiscal superior mientras asumía como fiscal de Distrito, porque tenía que estar en el cargo un corto tiempo. El 23 de octubre presentó su renuncia como fiscal de Distrito y una vez aceptada recibió la nota de que debía constituirse en la Fiscalía General.
"Al momento que se acepta mi renuncia no había ningún proceso penal, ningún proceso disciplinario, ninguna denuncia que yo conozca en mi contra", afirmó al establecer que hasta la fecha no conoce las supuestas denuncias.
Al volver a Sucre como fiscal superior y al observar los entredichos en su contra por una mala gestión en la Fiscalía de Distrito, decidió renunciar a la Fiscalía General, por los conceptos del fiscal Guerrero en su contra.
"El suscrito ha renunciado, no ha sido destituido", subrayó al indicar que a él como a los otros funcionarios a los cuales se les entregó sus cartas de agradecimiento se los sentenció antes de iniciarles un proceso.
Asimismo, señaló que desde hace varios años en el foro orureño hay un círculo vicioso que opera en forma oscura, para que los fiscales de Distrito siempre salgan con procesos, por ello, propuso que el cargo debe ser institucionalizado.
GESTIÓN
Respecto a su gestión observada por Guerrero, Riveros afirmó que estuvo 20 meses al frente, donde no se cobraron por los cargos, se captó gente joven a la que se desacreditó con acusaciones no comprobadas.
"No hubo aportes de ninguna naturaleza, no hay un abogado o litigante que pueda sostener que el suscrito cobró por las resoluciones. Eso es parte lo que hemos hecho como gestión, hemos ordenado la Fiscalía Departamental", dijo al reivindicar el trabajo que hizo en ordenar el Ministerio Público.
Respecto a los presuntos hechos irregulares, indicó que en reiteradas oportunidades envío cartas al fiscal general para hacerle conocer de la existencia armada de consorcios con intereses oscuros, que acuden con denuncias falsas, hostigamientos al fiscal departamental, labores de desprestigio, entre otras.
"Desde que ingresé se mandaron denuncias al Ministerio de Justicia, a la Vicepresidencia denunciando temas tan imaginarios como aberrantes, entre ellos, se me acusaba que era un alcohólico y un drogadicto y la gente que me conoce sabe que soy todo lo contrario", señaló al afirmar que esas denuncias nunca prosperaron porque las personas firmantes no existían.
Ante la denuncia leída por el fiscal general un día antes, Riveros dijo que ojalá haya sido verificada previamente y se haya cuidado la magistratura del fiscal Guerrero. Ante esos hechos, indicó que la dignidad de las personas está en juego.
"No voy a hablar por mí, hablo por las personas que me han colaborado de manera directa, si se llega a demostrar que no hubo actos de corrupción, ¿quién les va a devolver la dignidad, quién les va a devolver la imagen que tenían?, son personas jóvenes", indicó al terminar la explicación de 25 minutos que hizo a la prensa.
Destituyen a jueces, secretaria y fiscal por caso de corrupción
Tras conocer la denuncia del Ministerio de Transparencia sobre un posible acto de corrupción en que incurrió un juez al pedir dinero para cambiar una imputación, ayer se conoció sobre la destitución de dos jueces y la secretaria del Tribunal Primero Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer, además de un fiscal, dispuesto tanto por el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado.
La decisión fue asumida luego de conocerse un video en el que el juez Barrientos exige el pago de una suma de dinero para cambiar la tipificación de un delito, ante el pedido de una madre cuyo hijo se encuentra con detención preventiva.
La encargada departamental del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, informó ayer que la Sala Plena emitió la resolución Nº 0303302/2015, que destituye sin goce de haberes a los jueces Marcelo Barrientos y Jorge Vizcarra, quienes según la filmación pidieron la suma de 15 mil dólares.
La Sala Plena ordenó, mediante nota, al juez de Tribunal de Sentencia, Juan Carlos Berrios, que destituya a la secretaria del juzgado Micaela Paola Avedari, quien forma parte del video, revisando la cartera y celular de la denunciante.
En ese mismo tema, el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó que Félix Marín fue destituido porque tenía un proceso de corrupción anteriormente, el cual es parecido al del video reproducido en los medios de comunicación y denunciado por el Ministerio de Transparencia.
Según Rollano, el video se constituye como indicio del hecho de corrupción, mismo que será remitido al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que sea sometido a una comparación y determinar si la filmación es original.
En tanto, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó desde la capital Sucre que sean citados los jueces implicados en la filmación a declarar, para hallar elementos de convicción, lo cual significa que se debe proceder con la imputación o rechazar la demanda.
VÍCTIMA
Después de brindar sus declaraciones informativas en la división de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen, Patricia Quenta, la mujer que grabó un video al destituido juez Marcelo Barrientos, en el momento en que le pedía una coima, reveló que inicialmente fue extorsionada por otra juez de La Paz.
Contó que su hijo está acusado de abuso sexual, caso que primero estaba en el juzgado de Lía Cardozo, quien, a través de su abogado defensor, le pidió nueve mil dólares, pero no pudo denunciar este primer hecho irregular por falta de pruebas.
Además, señaló que en tres oportunidades le ofreció “ayuda” y al final terminó pidiéndole dinero, 15 mil dólares primero y luego tres mil dólares, tal como se observa en el video.
“Mi abogado insistió a Barrientos para que se haga lo correcto y eso le molestó al juez”, recordó.
La denunciante afirmó que ahora teme por su vida porque hay muchas personas involucradas en este caso y en medio de su desesperación, incluso, pidió ayuda al presidente Evo Morales.
“Estoy temiendo por mi vida, por la de mi hijo y de mi familia, yo pido por favor a todos los jueces, fiscales, incluso al Presidente para que me den garantías todas estas personas (involucradas), yo no quería hacer esto (del video), pero ellos han actuado mal pidiéndome dinero”, apuntó.
Hace dos días, el juez del Tribunal Primero Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos, fue denunciado por extorsionar a una madre de un imputado para cambiar el caso.
La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, pidió ayer que el Ministerio Público investigue el caso del juez Barrientos, denunciado por extorsión y filmado cuando trataba de timar entre 15.000 y 18.000 dólares a una mujer.
La decisión fue asumida luego de conocerse un video en el que el juez Barrientos exige el pago de una suma de dinero para cambiar la tipificación de un delito, ante el pedido de una madre cuyo hijo se encuentra con detención preventiva.
La encargada departamental del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, informó ayer que la Sala Plena emitió la resolución Nº 0303302/2015, que destituye sin goce de haberes a los jueces Marcelo Barrientos y Jorge Vizcarra, quienes según la filmación pidieron la suma de 15 mil dólares.
La Sala Plena ordenó, mediante nota, al juez de Tribunal de Sentencia, Juan Carlos Berrios, que destituya a la secretaria del juzgado Micaela Paola Avedari, quien forma parte del video, revisando la cartera y celular de la denunciante.
En ese mismo tema, el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó que Félix Marín fue destituido porque tenía un proceso de corrupción anteriormente, el cual es parecido al del video reproducido en los medios de comunicación y denunciado por el Ministerio de Transparencia.
Según Rollano, el video se constituye como indicio del hecho de corrupción, mismo que será remitido al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que sea sometido a una comparación y determinar si la filmación es original.
En tanto, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó desde la capital Sucre que sean citados los jueces implicados en la filmación a declarar, para hallar elementos de convicción, lo cual significa que se debe proceder con la imputación o rechazar la demanda.
VÍCTIMA
Después de brindar sus declaraciones informativas en la división de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen, Patricia Quenta, la mujer que grabó un video al destituido juez Marcelo Barrientos, en el momento en que le pedía una coima, reveló que inicialmente fue extorsionada por otra juez de La Paz.
Contó que su hijo está acusado de abuso sexual, caso que primero estaba en el juzgado de Lía Cardozo, quien, a través de su abogado defensor, le pidió nueve mil dólares, pero no pudo denunciar este primer hecho irregular por falta de pruebas.
Además, señaló que en tres oportunidades le ofreció “ayuda” y al final terminó pidiéndole dinero, 15 mil dólares primero y luego tres mil dólares, tal como se observa en el video.
“Mi abogado insistió a Barrientos para que se haga lo correcto y eso le molestó al juez”, recordó.
La denunciante afirmó que ahora teme por su vida porque hay muchas personas involucradas en este caso y en medio de su desesperación, incluso, pidió ayuda al presidente Evo Morales.
“Estoy temiendo por mi vida, por la de mi hijo y de mi familia, yo pido por favor a todos los jueces, fiscales, incluso al Presidente para que me den garantías todas estas personas (involucradas), yo no quería hacer esto (del video), pero ellos han actuado mal pidiéndome dinero”, apuntó.
Hace dos días, el juez del Tribunal Primero Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos, fue denunciado por extorsionar a una madre de un imputado para cambiar el caso.
La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, pidió ayer que el Ministerio Público investigue el caso del juez Barrientos, denunciado por extorsión y filmado cuando trataba de timar entre 15.000 y 18.000 dólares a una mujer.
En 2015 no se registraron avances en justicia Legislativo exige sanciones drásticas contra jueces y fiscales corruptos
En 2015 varias reuniones se desarrollaron entre representantes del Órgano Judicial y miembros de las comisiones de Justicia al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con miras a la realización de una Cumbre de Justicia a nivel nacional, no obstante, se evalúa su postergación. Ante este panorama y luego de conocer el caso del juez Marcelo Barrientos que extorsionó a una ciudadana, asambleístas exigen sanciones drásticas al Ministerio Público.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, expresó su indignación ante el accionar del juez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz. En esa línea, exigió a las autoridades del Órgano Judicial que actúen de inmediato sobre este caso.
CREDIBIIDAD
“Me da asco, me da profundo asco como a la mayoría de los bolivianos y bolivianas y exijo a las autoridades del Órgano Judicial que actúen de manera inmediata, si quieren recobrar la credibilidad por parte del pueblo boliviano. Un funcionario de la justicia en Bolivia no se puede burlar tan asquerosamente de los ciudadanos bolivianos”, subrayó.
En esa línea, la presidenta de los diputados destacó la enorme tarea que lleva a cabo la Comisión de Implementación del Código Procesal Civil y del Código de Familias, así también apuntó que no todo el Órgano Judicial es culpable de los errores de unos tantos.
A su turno, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Zavaleta, manifestó la urgente necesidad de reformar la justicia boliviana. “Hay que revisar varios temas en la justicia, desde leyes, pasando por la estructura misma de la justica y terminando en la formación de los abogados en Bolivia. Es un tema que estamos abordando y que va a llevar su tiempo”, dijo.
OPOSICIÓN
Al respecto, asambleístas de oposición aseguraron que la restructuración del sistema de justicia en el país debería ser prioritaria para el Gobierno de turno y no reaccionar sólo cuando se develan este tipo de irregularidades.
“El Concejo de la Magistratura no cumple con el objetivo de aplicar verdaderamente un orden disciplinario y sancionar de manera clara y contunde a los administradores de justicia corruptos, algunos hablan de la creación de un Contralor de la Justicia, para ello se necesita modificar la Constitución Política del Estado (CPE), el MAS no debería solamente, habernos llevado a reformar la CPE para habilitar la reelección de Evo Morales si no también para hacer modificaciones de la estructura del Órgano Judicial también, incluso se debería volver a discutir la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, puntualizó la diputada por Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares.
Por su parte, el diputado militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y parte de la Alianza de UD, Erick Morón, consideró que Bolivia se halla atrasada en temas de justicia, lamentó que los actuales mandatarios dejen de lado esta temática.
“El mismo presidente declaró que había un problema judicial y lo dejan a un lado y nos meten a un referéndum que no soluciona los problema de falta de institucionalización en el país. Seguimos avanzando con soluciones parche, nos entretienen con temas transitorios como es un referéndum que no soluciona la institucionalización que hace falta en el país, simplemente piensan en satisfacer ambiciones de continuismo en el poder”, refirió.
Luego de los últimos acontecimientos, el senador por UD, Yerko Núñez, cuestionó las declaraciones de la ministra de Justicia, Virginia Velasco que habría instruido investigar a la persona que grabó el accionar irregular del juez Barrientos.
A través de una Minuta de Comunicación remitida a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores recomendó al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, “ejercer actividades tendientes a garantizar que las denuncias por parte de las personas particulares gozaran de anonimato y de la protección del Estado, especialmente en casos de corrupción y extorsión vinculados a funcionarios públicos”.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, expresó su indignación ante el accionar del juez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz. En esa línea, exigió a las autoridades del Órgano Judicial que actúen de inmediato sobre este caso.
CREDIBIIDAD
“Me da asco, me da profundo asco como a la mayoría de los bolivianos y bolivianas y exijo a las autoridades del Órgano Judicial que actúen de manera inmediata, si quieren recobrar la credibilidad por parte del pueblo boliviano. Un funcionario de la justicia en Bolivia no se puede burlar tan asquerosamente de los ciudadanos bolivianos”, subrayó.
En esa línea, la presidenta de los diputados destacó la enorme tarea que lleva a cabo la Comisión de Implementación del Código Procesal Civil y del Código de Familias, así también apuntó que no todo el Órgano Judicial es culpable de los errores de unos tantos.
A su turno, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Zavaleta, manifestó la urgente necesidad de reformar la justicia boliviana. “Hay que revisar varios temas en la justicia, desde leyes, pasando por la estructura misma de la justica y terminando en la formación de los abogados en Bolivia. Es un tema que estamos abordando y que va a llevar su tiempo”, dijo.
OPOSICIÓN
Al respecto, asambleístas de oposición aseguraron que la restructuración del sistema de justicia en el país debería ser prioritaria para el Gobierno de turno y no reaccionar sólo cuando se develan este tipo de irregularidades.
“El Concejo de la Magistratura no cumple con el objetivo de aplicar verdaderamente un orden disciplinario y sancionar de manera clara y contunde a los administradores de justicia corruptos, algunos hablan de la creación de un Contralor de la Justicia, para ello se necesita modificar la Constitución Política del Estado (CPE), el MAS no debería solamente, habernos llevado a reformar la CPE para habilitar la reelección de Evo Morales si no también para hacer modificaciones de la estructura del Órgano Judicial también, incluso se debería volver a discutir la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, puntualizó la diputada por Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares.
Por su parte, el diputado militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y parte de la Alianza de UD, Erick Morón, consideró que Bolivia se halla atrasada en temas de justicia, lamentó que los actuales mandatarios dejen de lado esta temática.
“El mismo presidente declaró que había un problema judicial y lo dejan a un lado y nos meten a un referéndum que no soluciona los problema de falta de institucionalización en el país. Seguimos avanzando con soluciones parche, nos entretienen con temas transitorios como es un referéndum que no soluciona la institucionalización que hace falta en el país, simplemente piensan en satisfacer ambiciones de continuismo en el poder”, refirió.
Luego de los últimos acontecimientos, el senador por UD, Yerko Núñez, cuestionó las declaraciones de la ministra de Justicia, Virginia Velasco que habría instruido investigar a la persona que grabó el accionar irregular del juez Barrientos.
A través de una Minuta de Comunicación remitida a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores recomendó al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, “ejercer actividades tendientes a garantizar que las denuncias por parte de las personas particulares gozaran de anonimato y de la protección del Estado, especialmente en casos de corrupción y extorsión vinculados a funcionarios públicos”.
Jueces imponen tarifas de entre $us 3.000 y 7.000
El juez Barrientos volvió a destapar lla existencia de consorcios entre jueces y fiscales. Monica Limachi del Consejo de la Magistratura investiga.
Entre 3.000 y 7.000 dólares son las "tarifas" que imponen algunos jueces y fiscales a litigantes que pretenden beneficiarse con la celeridad y equidad en Tribunales de La Paz y El Alto, según denuncias presentadas al Tribunal Departamental de Justicia.
María Mamani, por ejemplo, consultada por La Prensa, afirmó que desde hace más de un año viene solicitando a los administradores y operadores de justicia de La Paz la conclusión de un proceso penal, empero su abogado y un juez de sentencia le han puesto precio a su causa.
La mujer de 48 años explica que “es mejor no hablar y tratar de conciliar, económicamente, con el juez y el fiscal, porque si denunciamos o nos quejamos el proceso se alarga y todo se pone en nuestra contra. Al principio el Fiscal parecía correcto, pero como fue pasando los días el mismo operador era quien nos alentaba a que se ‘reconozca’ al juez para que el proceso sea a nuestro favor”.
Por otro lado, de acuerdo a la versión de un procesado, éste se enamoró de una joven de 16 años y cuando fueron descubiertos la familia de la adolescente lo denunció por estupro, y pese a las declaraciones de testigos y las evidencias, el fiscal decidió imputarlo y el juez, después de un "arreglo", lo benefició con el arresto domiciliario, pero su proceso —a la fecha— no concluye.
“He demostrado que lo que sucedió con la joven fue voluntario y que incluso quise reparar el daño. Primero el abogado nos solicitó 1.000 dólares para el fiscal y el juez, después de la resolución el monto subió a tres mil y luego nos dijeron que podía costar hasta 7.000 dólares, dependiendo del tiempo”.
INFORMES. De acuerdo con informes extraoficiales de inteligencia del Gobierno y la Policía, no sólo jueces están involucrados en actos d corrupción, sino también vocales, donde los montos que se manejan son de 5.000 a 10.000 dólares.
De acuerdo con el informe señalado a La Prensa, existen al menos tres salas donde hay corrupción, pero que los litigantes se niegan a denunciar por temor a represalias por parte de los juristas y la postergación del o los procesos.
El informante declaró que el área “donde más dinero corre” es en el área económica y en el penal. Afirman que muchos litigantes por ser favorecidos por el juez entregan sumas de dinero en efectivo o joyas de oro.
Uno de estos vocales, según la investigación que se desarrolla, fue exfiscal de materia y continúa con sus actos de extorsión en el Tribunal de Justicia, pese al esfuerzo por erradicar las malas prácticas judiciales, según se supo en los estrados judiciales.
DENUNCIAS. De acuerdo con las denuncias, en el Ministerio de Justicia, los secretarios y fiscales de materia son los principales nexos que tienen los jueces para obtener beneficios económicos. Por la estrecha relación que estos mantienen, negocian la resolución de imputación y acusación de los sindicados para que puedan beneficiarse con una salida alternativa a la detención y posterior sanción.
Otro litigante afirmó que —después de conocer las denuncias que hay contra el juez anticorrupción Marcelo Barrientos— se paga a los fiscales y jueces desde el primer día que se inicia el proceso.
El hombre, que busca sanción para los asesinos de su hijo dijo que “cuando comenzó el caso pagué en la Policía cerca de 200 bolivianos. Después lo más caro fue en la fiscalía donde me solicitaron entre 500 y 1.000 bolivianos para notificaciones, transporte y verificación de domicilio”.
“Posteriormente me pidieron dinero para el juez y sus funcionarios para darle celeridad al proceso, pero como no pude el caso ahora se está diluyendo y ahora son los de la parte contraria quienes están metiendo plata para liberar al culpable”.
DOS POR MES. Sobre este hecho, Juan Carlos Berríos, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, explicó que en su despacho se reciben al menos dos denuncias por mes sobre presuntos actos de corrupción y otros contra jueces y personal de apoyo. Los mismos que son derivados al Consejo de la Magistratura para su investigación.
“Recibimos denuncias, al menos dos al mes, pero todo es entregado al Consejo de la Magistratura para su investigación y —si hay evidencias— la sanción correspondiente según la falta.
ÉTICA Y MORAL. Berríos lamentó el accionar del juez Barrientos que volvió a dañar la imagen institucional del Tribunal paceño y que, por ello, como ente administrador de justicia, envió una solicitud al juez anticorrupción para que deje el cargo por ética y moral. En tanto, en la Fiscalía Departamental, el fiscal Marcelo Rollano señaló que el juez involucrado en el acto de extorsión por 15.000 dólares, ya fue citado a declarar y que será el fiscal, Rosario Venegas, asignado al caso quien determine si es o no imputado, al igual que otros funcionarios del juzgado anticorrupción que participaron en el hecho.
SUSPENDIDOS. En tanto, en el Consejo de la Magistratura se informó que los jueces Marcelo Barrientos y Humberto Viscarra fueron destituidos del cargo y sometidos a proceso administrativo, al igual que el resto de su personal.
INVESTIGADO POR CUATRO DELITOS. Marcelo Rollano, fiscal departamental, afirmó que la Fiscalía abrió proceso penal contra el juez Marcelo Barrientos, filmado cuando solicitaba 15.000 dólares a una litigante, por los delitos de cohecho activo, extorsión, beneficios en razón del cargo y uso indebido de influencias. Además, agregó que el disco compacto, vídeo, fue remitido al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su peritaje.
DOS JUECES ME PIDIERON DINERO. “En dos ocasiones los jueces me pidieron dinero, eso me obligó a que los grabara y pida equidad para mi hijo que está detenido por violación”, afirmó Patricia Quenta Mamani, quien prestó declaración ayer en la fuerza anticrimen de La Paz por el caso de extorsión del juez Marcelo Barrientos.
La mujer que filmó al administrador de justicia, declaró que su objetivo no es dañar a las personas, pero que estaba cansada de ser extorsionada por la justicia. La mujer afirmó que en primera instancia su abogado le solicitó 9.000 dólares para la juez Lía Cardozo y que por ello decidió cambiar de defensor. Posteriormente le cambiaron de juzgado y fue donde nuevamente le dijeron que debía entregar s15.000 dólares, montos de dinero que no entregó.
Entre 3.000 y 7.000 dólares son las "tarifas" que imponen algunos jueces y fiscales a litigantes que pretenden beneficiarse con la celeridad y equidad en Tribunales de La Paz y El Alto, según denuncias presentadas al Tribunal Departamental de Justicia.
María Mamani, por ejemplo, consultada por La Prensa, afirmó que desde hace más de un año viene solicitando a los administradores y operadores de justicia de La Paz la conclusión de un proceso penal, empero su abogado y un juez de sentencia le han puesto precio a su causa.
La mujer de 48 años explica que “es mejor no hablar y tratar de conciliar, económicamente, con el juez y el fiscal, porque si denunciamos o nos quejamos el proceso se alarga y todo se pone en nuestra contra. Al principio el Fiscal parecía correcto, pero como fue pasando los días el mismo operador era quien nos alentaba a que se ‘reconozca’ al juez para que el proceso sea a nuestro favor”.
Por otro lado, de acuerdo a la versión de un procesado, éste se enamoró de una joven de 16 años y cuando fueron descubiertos la familia de la adolescente lo denunció por estupro, y pese a las declaraciones de testigos y las evidencias, el fiscal decidió imputarlo y el juez, después de un "arreglo", lo benefició con el arresto domiciliario, pero su proceso —a la fecha— no concluye.
“He demostrado que lo que sucedió con la joven fue voluntario y que incluso quise reparar el daño. Primero el abogado nos solicitó 1.000 dólares para el fiscal y el juez, después de la resolución el monto subió a tres mil y luego nos dijeron que podía costar hasta 7.000 dólares, dependiendo del tiempo”.
INFORMES. De acuerdo con informes extraoficiales de inteligencia del Gobierno y la Policía, no sólo jueces están involucrados en actos d corrupción, sino también vocales, donde los montos que se manejan son de 5.000 a 10.000 dólares.
De acuerdo con el informe señalado a La Prensa, existen al menos tres salas donde hay corrupción, pero que los litigantes se niegan a denunciar por temor a represalias por parte de los juristas y la postergación del o los procesos.
El informante declaró que el área “donde más dinero corre” es en el área económica y en el penal. Afirman que muchos litigantes por ser favorecidos por el juez entregan sumas de dinero en efectivo o joyas de oro.
Uno de estos vocales, según la investigación que se desarrolla, fue exfiscal de materia y continúa con sus actos de extorsión en el Tribunal de Justicia, pese al esfuerzo por erradicar las malas prácticas judiciales, según se supo en los estrados judiciales.
DENUNCIAS. De acuerdo con las denuncias, en el Ministerio de Justicia, los secretarios y fiscales de materia son los principales nexos que tienen los jueces para obtener beneficios económicos. Por la estrecha relación que estos mantienen, negocian la resolución de imputación y acusación de los sindicados para que puedan beneficiarse con una salida alternativa a la detención y posterior sanción.
Otro litigante afirmó que —después de conocer las denuncias que hay contra el juez anticorrupción Marcelo Barrientos— se paga a los fiscales y jueces desde el primer día que se inicia el proceso.
El hombre, que busca sanción para los asesinos de su hijo dijo que “cuando comenzó el caso pagué en la Policía cerca de 200 bolivianos. Después lo más caro fue en la fiscalía donde me solicitaron entre 500 y 1.000 bolivianos para notificaciones, transporte y verificación de domicilio”.
“Posteriormente me pidieron dinero para el juez y sus funcionarios para darle celeridad al proceso, pero como no pude el caso ahora se está diluyendo y ahora son los de la parte contraria quienes están metiendo plata para liberar al culpable”.
DOS POR MES. Sobre este hecho, Juan Carlos Berríos, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, explicó que en su despacho se reciben al menos dos denuncias por mes sobre presuntos actos de corrupción y otros contra jueces y personal de apoyo. Los mismos que son derivados al Consejo de la Magistratura para su investigación.
“Recibimos denuncias, al menos dos al mes, pero todo es entregado al Consejo de la Magistratura para su investigación y —si hay evidencias— la sanción correspondiente según la falta.
ÉTICA Y MORAL. Berríos lamentó el accionar del juez Barrientos que volvió a dañar la imagen institucional del Tribunal paceño y que, por ello, como ente administrador de justicia, envió una solicitud al juez anticorrupción para que deje el cargo por ética y moral. En tanto, en la Fiscalía Departamental, el fiscal Marcelo Rollano señaló que el juez involucrado en el acto de extorsión por 15.000 dólares, ya fue citado a declarar y que será el fiscal, Rosario Venegas, asignado al caso quien determine si es o no imputado, al igual que otros funcionarios del juzgado anticorrupción que participaron en el hecho.
SUSPENDIDOS. En tanto, en el Consejo de la Magistratura se informó que los jueces Marcelo Barrientos y Humberto Viscarra fueron destituidos del cargo y sometidos a proceso administrativo, al igual que el resto de su personal.
INVESTIGADO POR CUATRO DELITOS. Marcelo Rollano, fiscal departamental, afirmó que la Fiscalía abrió proceso penal contra el juez Marcelo Barrientos, filmado cuando solicitaba 15.000 dólares a una litigante, por los delitos de cohecho activo, extorsión, beneficios en razón del cargo y uso indebido de influencias. Además, agregó que el disco compacto, vídeo, fue remitido al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su peritaje.
DOS JUECES ME PIDIERON DINERO. “En dos ocasiones los jueces me pidieron dinero, eso me obligó a que los grabara y pida equidad para mi hijo que está detenido por violación”, afirmó Patricia Quenta Mamani, quien prestó declaración ayer en la fuerza anticrimen de La Paz por el caso de extorsión del juez Marcelo Barrientos.
La mujer que filmó al administrador de justicia, declaró que su objetivo no es dañar a las personas, pero que estaba cansada de ser extorsionada por la justicia. La mujer afirmó que en primera instancia su abogado le solicitó 9.000 dólares para la juez Lía Cardozo y que por ello decidió cambiar de defensor. Posteriormente le cambiaron de juzgado y fue donde nuevamente le dijeron que debía entregar s15.000 dólares, montos de dinero que no entregó.
Thursday, November 19, 2015
Litzy Torrico Destituyen a fiscal cruceña, acusada de extorsión
El Fiscal de Distrito de Santa Cruz, Gomer Padilla, anunció este jueves por la mañana que Litzy Torrico no continuará como fiscal, tras ser acusada de extorsión, proceso en el cual un juez determinó este miércoles su arresto domiciliario.
Torrico, que cumplía funciones en el Plan 3.000 fue denunciada por supuestamente pedirle $us 1.000 en dos ocasiones a un sujeto para no mandarlo preso por conducir en estado de ebriedad. La denunciada ha insistido en que es inocente y afirma que las acusaciones en su contra son una venganza
El viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, advirtió el miércoles con ejecutar acciones penales "duras" contra fiscales y jueces prevaricadores. “Doctor Gomer Padilla, le quiero pedir que elministerio público deje de ser una olla donde se tape la corrupción”, indicó la exdiputada, Jessica Echeverría, al tiempo de señalar otra denuncia contra la fiscal Torrico, por el despojo irregular de un terreno a un mujer. “Que lástima que solo cuando sale este tipo de denuncias a la luz pública, recién actúan, cuántos casos habrá contra los fiscales en régimen disciplinario, que duermen ahí y no son investigados”, señaló Echeverría.
Torrico, que cumplía funciones en el Plan 3.000 fue denunciada por supuestamente pedirle $us 1.000 en dos ocasiones a un sujeto para no mandarlo preso por conducir en estado de ebriedad. La denunciada ha insistido en que es inocente y afirma que las acusaciones en su contra son una venganza
El viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, advirtió el miércoles con ejecutar acciones penales "duras" contra fiscales y jueces prevaricadores. “Doctor Gomer Padilla, le quiero pedir que elministerio público deje de ser una olla donde se tape la corrupción”, indicó la exdiputada, Jessica Echeverría, al tiempo de señalar otra denuncia contra la fiscal Torrico, por el despojo irregular de un terreno a un mujer. “Que lástima que solo cuando sale este tipo de denuncias a la luz pública, recién actúan, cuántos casos habrá contra los fiscales en régimen disciplinario, que duermen ahí y no son investigados”, señaló Echeverría.
Destituyen a jueces Marcelo Barrientos y Humberto Vizcarra por caso de extorsión filmado
El Consejo de la Magistratura anunció la destitución del fiscal anticorrupción del distrito de La Paz, José Marcelo Barrientos Gonzales, luego de la difusión de un video donde aparece extorsionando a la familiar de un imputado para cambiar un dictamen.
Los integrantes de la Magistratura confirmaron su decisión en una rueda de prensa que dieron este jueves por la mañana en la ciudad de Sucre. Junto a Barrientos, también fue destituido su colega Jorge Humberto Viscarra Silva, por haber también participado presuntamente de la extorsión.
Según la agencia de noticias ABI, Barrientos había montado con sus auxiliares y secretaria, todos cómplices, una red extorsiva.
La secretaria del juez que se azota contra la mayor evidencia en su contra y, no obstante, dice ser inocente, se cerciora que todos los que van a ser extorsionados ingresen a la oficina del juez sin ningún aparato con que pueda grabarse, en audio, la conversación.
Barrientos fue registrado con una diminuta cámara de vídeo incrustada en los anteojos de la mujer a quien trató de timar. La secretaria, se ve en el vídeo, revisa las carteras de las mujeres que ingresan a la oficina de Barrientos y hasta retiene los celulares de ellas. Deben entrar limpios. Es probable que también "cache" (requise) a los hombres.
Antes de ir directamente al meollo del asunto, Barrientos confirma que la mujer, cuyo nombre no ha sido divulgado, no tenga a mano nada con qué grabar la conversación, según muestra el vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.
Convencido que no sería grabado de ninguna forma, Barrientos pide el dinero y hasta involucra a un fiscal, cuyo nombre no menciona.
El periódico digital Oxígeno explica que el juzgado anticorrupción fue creado en La Paz en agosto del 2014 con Barrientos y Vizcarra como integrantes, con un salario de 12.736 bolivianos cada uno.
Los integrantes de la Magistratura confirmaron su decisión en una rueda de prensa que dieron este jueves por la mañana en la ciudad de Sucre. Junto a Barrientos, también fue destituido su colega Jorge Humberto Viscarra Silva, por haber también participado presuntamente de la extorsión.
Según la agencia de noticias ABI, Barrientos había montado con sus auxiliares y secretaria, todos cómplices, una red extorsiva.
La secretaria del juez que se azota contra la mayor evidencia en su contra y, no obstante, dice ser inocente, se cerciora que todos los que van a ser extorsionados ingresen a la oficina del juez sin ningún aparato con que pueda grabarse, en audio, la conversación.
Barrientos fue registrado con una diminuta cámara de vídeo incrustada en los anteojos de la mujer a quien trató de timar. La secretaria, se ve en el vídeo, revisa las carteras de las mujeres que ingresan a la oficina de Barrientos y hasta retiene los celulares de ellas. Deben entrar limpios. Es probable que también "cache" (requise) a los hombres.
Antes de ir directamente al meollo del asunto, Barrientos confirma que la mujer, cuyo nombre no ha sido divulgado, no tenga a mano nada con qué grabar la conversación, según muestra el vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.
Convencido que no sería grabado de ninguna forma, Barrientos pide el dinero y hasta involucra a un fiscal, cuyo nombre no menciona.
El periódico digital Oxígeno explica que el juzgado anticorrupción fue creado en La Paz en agosto del 2014 con Barrientos y Vizcarra como integrantes, con un salario de 12.736 bolivianos cada uno.
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