El juez Barrientos volvió a destapar lla existencia de consorcios entre jueces y fiscales. Monica Limachi del Consejo de la Magistratura investiga.
Entre 3.000 y 7.000 dólares son las "tarifas" que imponen algunos jueces y fiscales a litigantes que pretenden beneficiarse con la celeridad y equidad en Tribunales de La Paz y El Alto, según denuncias presentadas al Tribunal Departamental de Justicia.
María Mamani, por ejemplo, consultada por La Prensa, afirmó que desde hace más de un año viene solicitando a los administradores y operadores de justicia de La Paz la conclusión de un proceso penal, empero su abogado y un juez de sentencia le han puesto precio a su causa.
La mujer de 48 años explica que “es mejor no hablar y tratar de conciliar, económicamente, con el juez y el fiscal, porque si denunciamos o nos quejamos el proceso se alarga y todo se pone en nuestra contra. Al principio el Fiscal parecía correcto, pero como fue pasando los días el mismo operador era quien nos alentaba a que se ‘reconozca’ al juez para que el proceso sea a nuestro favor”.
Por otro lado, de acuerdo a la versión de un procesado, éste se enamoró de una joven de 16 años y cuando fueron descubiertos la familia de la adolescente lo denunció por estupro, y pese a las declaraciones de testigos y las evidencias, el fiscal decidió imputarlo y el juez, después de un "arreglo", lo benefició con el arresto domiciliario, pero su proceso —a la fecha— no concluye.
“He demostrado que lo que sucedió con la joven fue voluntario y que incluso quise reparar el daño. Primero el abogado nos solicitó 1.000 dólares para el fiscal y el juez, después de la resolución el monto subió a tres mil y luego nos dijeron que podía costar hasta 7.000 dólares, dependiendo del tiempo”.
INFORMES. De acuerdo con informes extraoficiales de inteligencia del Gobierno y la Policía, no sólo jueces están involucrados en actos d corrupción, sino también vocales, donde los montos que se manejan son de 5.000 a 10.000 dólares.
De acuerdo con el informe señalado a La Prensa, existen al menos tres salas donde hay corrupción, pero que los litigantes se niegan a denunciar por temor a represalias por parte de los juristas y la postergación del o los procesos.
El informante declaró que el área “donde más dinero corre” es en el área económica y en el penal. Afirman que muchos litigantes por ser favorecidos por el juez entregan sumas de dinero en efectivo o joyas de oro.
Uno de estos vocales, según la investigación que se desarrolla, fue exfiscal de materia y continúa con sus actos de extorsión en el Tribunal de Justicia, pese al esfuerzo por erradicar las malas prácticas judiciales, según se supo en los estrados judiciales.
DENUNCIAS. De acuerdo con las denuncias, en el Ministerio de Justicia, los secretarios y fiscales de materia son los principales nexos que tienen los jueces para obtener beneficios económicos. Por la estrecha relación que estos mantienen, negocian la resolución de imputación y acusación de los sindicados para que puedan beneficiarse con una salida alternativa a la detención y posterior sanción.
Otro litigante afirmó que —después de conocer las denuncias que hay contra el juez anticorrupción Marcelo Barrientos— se paga a los fiscales y jueces desde el primer día que se inicia el proceso.
El hombre, que busca sanción para los asesinos de su hijo dijo que “cuando comenzó el caso pagué en la Policía cerca de 200 bolivianos. Después lo más caro fue en la fiscalía donde me solicitaron entre 500 y 1.000 bolivianos para notificaciones, transporte y verificación de domicilio”.
“Posteriormente me pidieron dinero para el juez y sus funcionarios para darle celeridad al proceso, pero como no pude el caso ahora se está diluyendo y ahora son los de la parte contraria quienes están metiendo plata para liberar al culpable”.
DOS POR MES. Sobre este hecho, Juan Carlos Berríos, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, explicó que en su despacho se reciben al menos dos denuncias por mes sobre presuntos actos de corrupción y otros contra jueces y personal de apoyo. Los mismos que son derivados al Consejo de la Magistratura para su investigación.
“Recibimos denuncias, al menos dos al mes, pero todo es entregado al Consejo de la Magistratura para su investigación y —si hay evidencias— la sanción correspondiente según la falta.
ÉTICA Y MORAL. Berríos lamentó el accionar del juez Barrientos que volvió a dañar la imagen institucional del Tribunal paceño y que, por ello, como ente administrador de justicia, envió una solicitud al juez anticorrupción para que deje el cargo por ética y moral. En tanto, en la Fiscalía Departamental, el fiscal Marcelo Rollano señaló que el juez involucrado en el acto de extorsión por 15.000 dólares, ya fue citado a declarar y que será el fiscal, Rosario Venegas, asignado al caso quien determine si es o no imputado, al igual que otros funcionarios del juzgado anticorrupción que participaron en el hecho.
SUSPENDIDOS. En tanto, en el Consejo de la Magistratura se informó que los jueces Marcelo Barrientos y Humberto Viscarra fueron destituidos del cargo y sometidos a proceso administrativo, al igual que el resto de su personal.
INVESTIGADO POR CUATRO DELITOS. Marcelo Rollano, fiscal departamental, afirmó que la Fiscalía abrió proceso penal contra el juez Marcelo Barrientos, filmado cuando solicitaba 15.000 dólares a una litigante, por los delitos de cohecho activo, extorsión, beneficios en razón del cargo y uso indebido de influencias. Además, agregó que el disco compacto, vídeo, fue remitido al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su peritaje.
DOS JUECES ME PIDIERON DINERO. “En dos ocasiones los jueces me pidieron dinero, eso me obligó a que los grabara y pida equidad para mi hijo que está detenido por violación”, afirmó Patricia Quenta Mamani, quien prestó declaración ayer en la fuerza anticrimen de La Paz por el caso de extorsión del juez Marcelo Barrientos.
La mujer que filmó al administrador de justicia, declaró que su objetivo no es dañar a las personas, pero que estaba cansada de ser extorsionada por la justicia. La mujer afirmó que en primera instancia su abogado le solicitó 9.000 dólares para la juez Lía Cardozo y que por ello decidió cambiar de defensor. Posteriormente le cambiaron de juzgado y fue donde nuevamente le dijeron que debía entregar s15.000 dólares, montos de dinero que no entregó.
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