El presupuesto destinado al Poder Judicial no alcanza ni al 1% promedio en los últimos tres años, aspecto que es considerado por los expertos en el tema como una de las debilidades en la administración y eficiencia en el servicio judicial del país. El Presupuesto General del Estado (PGE) 2016 ha previsto solo un 0,36%.
"Una de las razones más socorridas para explicar los problemas de la justicia es el bajo presupuesto asignado a la judicatura, aunque poco o nada se dice de la calidad y la eficiencia del gasto judicial", sintetiza, en su análisis en la tribuna "Debate Democrático", Mario Galindo, economista y exgerente general del Consejo de la Judicatura (1997-2000).
Willman Durán, quien fuera magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, al respecto señaló que no deja de ser preocupante los pocos recursos que se destinan a la justicia, por lo que siempre lo ideal es tener un Poder Judicial con asignación presupuestaria bajo parámetros y promedios fijos. "En mis tiempos lo que se intentó y se veía como prioritario era la forma cómo el Poder Judicial podía tener independencia económica y a partir de ella, en todo sentido. En otros países hay un porcentaje establecido de asignación presupuestaria, lo cual no ocurre en el país", precisó.
Algunas cifras. El 2015, según datos del presupuesto vigente al mes de noviembre, se destinó apenas 948 millones de bolivianos, lo que representó solo el 0,29%. En cambio, para esta gestión se ha incrementado un 3%, con un monto de Bs 825.336.000, lo que representa solo un 0,36%.
Según el análisis de Galindo, con la primera Reforma Judicial de 1997, alrededor del 50% del presupuesto judicial se pudo financiar con los recursos de Derechos Reales, que dependía del Poder Judicial. Los timbres y otros valores judiciales no representaban más que entre el 1 y el 3% del ingreso judicial, debiendo el TGN financiar el resto del presupuesto.
Globalmente, la tasa de crecimiento del presupuesto judicial nunca excedió el 10%, entre 1997 y 2010. Después de las elecciones judiciales, del 16 de octubre de 2011, que dan inicio a la llamada “revolución de la justicia”, se han dado incrementos en el presupuesto judicial.
El análisis de "Debate Democrático", refiere que en la estructura de gastos, el crecimiento de las remuneraciones viene a ser el más relevante, representando entre el 80 y el 87% del total del gasto corriente. El número de juzgados, más los otros órganos del Órgano Judicial, conllevan una carga laboral de más de 3.000 funcionarios. Si se consideran los eventuales, ese número puede llegar hasta los 5.000 funcionarios (con consultores de línea, asesores, etc.). "Se trata, sin duda, de una cantidad considerablemente alta de funcionarios judiciales, que así y todo no parecen darse abasto para atender el ritmo en que crece la carga judicial en el país", sostiene Galindo.
En el análisis. William Herrera, abogado constitucionalista, señala que el bajo presupuesto es solo uno de los varios problemas que acarrea la justicia boliviana. Si bien, incide directamente en la carretera judicial, sueldos, tecnología, pero los grandes males a plantearse siguen siendo el problema de la corrupción, la retardación de justicia, el colapso de una justicia independiente. "Hay problemas profundos que hacen hoy Poder Judicial manipulado desde el Gobierno", finalizó.
Punto de vista
Mario Galindo
Exgerente del Consejo de la Judicatura
"Es indudable que falta capacidad de planificación'
“Son muchos los indicios de que el manejo del presupuesto judicial es sumamente deficiente, lo cual, desde luego, tiene defectos contraproducentes en la funcionalidad y la capacidad operativa de los servicios judiciales, al punto que la administración de justicia se muestra colapsada.
Es indudable que falta capacidad de planificación estratégica, con objetivos claros y prioridades que correspondan a las necesidades de un mejor sistema judicial y buscando desconcentrar y racionalizar los servicios judiciales, que se los acerque a la gente. Se requiere, también, extender la instalación de sistemas informáticos modernos, para agilizar los procesos judiciales y administrativos. Combatir la corrupción con sistemas de seguimiento de los procesos y procedimientos judiciales, mecanismos para transparentar la gestión judicial y facilitar el acceso a la información judicial, la instalación de cámaras en los juzgados, el control al enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Y por cierto, incrementar el presupuesto judicial a un promedio de 2.5 a 3% sobre el total del PGE.
Pero de poco serviría este incremento si es que no se puede hacer uso eficiente y eficaz de los recursos. Ni el Consejo de la Magistratura (burocratizado y politizado) es el órgano administrativo idóneo ni la Dirección de Administración Financiera (creada para restarle poder al Consejo de la Magistratura), tienen la autoridad y la capacidad técnica necesarias para reorientar el gasto judicial, y menos aún para hacer política financiera judicial”.
Saturday, August 13, 2016
La Paz ya no tendrá acefalías Magistratura posesiona a nueve jueces y otros 11 postulantes rinden examen
El Consejo de la Magistratura (CM) de La Paz posesionó a nueve jueces, los que además de lograr las más altas calificaciones aprobaron el examen psicológico que esta instancia instituyó para acceder al cargo y cumplir con una labor idónea.
Lilian Sandy, responsable departamental de CM, también informó que ayer se tomaba examen a la otra cantidad de postulantes de los cuales serían elegidos otros magistrados, para ocupar las 11 acefalias que en este momento tiene el Tribunal Departamental (TDJ) de La Paz.
“La nueva entrega de memorándums y títulos se va a hacer en este momento a un total de nueve jueces que van a cubrir las diferentes acefalias”, indicó la presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río.
Sandy manifestó que dentro de las previsiones que el CM tomó para que no se repitan los casos de corrupción, se realizó una preselección basada en la meritocracia, “luego se ha hecho un examen de evaluación, y las personas que han alcanzado las mayores notas han sido elegidas y se les ha tomado un examen psicológico para ver el perfil del postulante”.
Del Río indicó que en el futuro se requerirá duplicar las autoridades judiciales de La Paz de 239 a 478, para que los litigantes sean atendidos con mayor celeridad en los procesos.
“A la fecha tenemos 239 jueces en el distrito judicial de La Paz, lo que comprende La Paz capital, El Alto y las 20 provincias, que generan una carga procesal de 300.000 causas judiciales al año”, manifestó.
Los nueve jueces son: Wilmer Centellas, Tribunal de Sentencia Primero; Malena Calaza, Tribunal de Sentencia Tercero de El Alto; Alan Zarate, Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer; Rubén Cruz, Juzgado Público y Comercial; Norman Espinoza, Juzgado Público y Comercial Décimo, María Nelly Chávez, Juzgado Civil y Comercial Primero de Viacha; Roxana Aruquipa, Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Chulumani; José Luis Quiroga, Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero; y Paola Rodríguez, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia.
Lilian Sandy, responsable departamental de CM, también informó que ayer se tomaba examen a la otra cantidad de postulantes de los cuales serían elegidos otros magistrados, para ocupar las 11 acefalias que en este momento tiene el Tribunal Departamental (TDJ) de La Paz.
“La nueva entrega de memorándums y títulos se va a hacer en este momento a un total de nueve jueces que van a cubrir las diferentes acefalias”, indicó la presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río.
Sandy manifestó que dentro de las previsiones que el CM tomó para que no se repitan los casos de corrupción, se realizó una preselección basada en la meritocracia, “luego se ha hecho un examen de evaluación, y las personas que han alcanzado las mayores notas han sido elegidas y se les ha tomado un examen psicológico para ver el perfil del postulante”.
Del Río indicó que en el futuro se requerirá duplicar las autoridades judiciales de La Paz de 239 a 478, para que los litigantes sean atendidos con mayor celeridad en los procesos.
“A la fecha tenemos 239 jueces en el distrito judicial de La Paz, lo que comprende La Paz capital, El Alto y las 20 provincias, que generan una carga procesal de 300.000 causas judiciales al año”, manifestó.
Los nueve jueces son: Wilmer Centellas, Tribunal de Sentencia Primero; Malena Calaza, Tribunal de Sentencia Tercero de El Alto; Alan Zarate, Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer; Rubén Cruz, Juzgado Público y Comercial; Norman Espinoza, Juzgado Público y Comercial Décimo, María Nelly Chávez, Juzgado Civil y Comercial Primero de Viacha; Roxana Aruquipa, Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Chulumani; José Luis Quiroga, Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero; y Paola Rodríguez, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia.
Friday, August 12, 2016
Juez Pinto envía a San Pedro a exfiscal en caso Consorcio
El juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, dispuso la detención preventiva del exfiscal Roger Velásquez, en el penal de San Pedro, sindicado de haber favorecido en un proceso a la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) de La Paz e implicado en el caso identificado como “Consorcio Ganam – Mendoza”.
“El Ministerio Público ha formulado los riesgos procesales, indicando que en el caso del imputado existe el riesgo de fuga y obstaculización. No ha tomado como parámetro el aspecto de familia, trabajo, domicilio, puesto que en su criterio, los ha asimilado como existentes”, informó ayer a EL DIARIO el juez Pinto, al concluir la audiencia cautelar.
Velásquez es sindicado por la presunta comisión de los delitos de consorcio de jueces, fiscales y abogados e incumplimiento de deberes, al favorecer con resoluciones de rechazo a Cotel, que era representada por el abogado y coimputado Milton Mendoza.
El Caso de Consorcio se dio a conocer a raíz de la aprehensión del exvocal de la Sala Penal Segunda Fernando Ganam, el 29 de marzo, en la oficina de Mendoza, quien también era su abogado particular.
Según la Fiscalía, Ganam y Mendoza “tranzaban” resultado favorable en un amparo constitucional interpuesto también contra Cotel, por el abogado Jhonny Castelú, quien por sorteo llegó a la Sala presidida por Ganam, pero cuando este se hallaba de vacaciones.
Pese a esto, según la fundamentación del fiscal Ángelo Saravia, Ganam fue aprehendido cuando portaba una copia del amparo que había extraído de su propio despacho, horas antes de ser denunciado por Castelú y aprehendido en esa oficina.
Ante ese hecho, Ganam y Mendoza fueron imputados por los mismos delitos y a la fecha se encuentran aún recluidos en San Pedro, a la espera de una audiencia de apelación a una disposición del juez Pinto, quien ordenó el traslado de Mendoza a Patacamaya; el presidente del Consejo de Administración de Cotel, Fernando Guillen a San Pedro de Oruro y Ganam a Palamasola, en Santa Cruz.
Según Saravia, los cuatro implicados tenían en sus celdas, celulares, tablets y documentación que se pretendía utilizar en contra del mismo fiscal y los investigadores, quienes fueron reemplazados en este caso.
VELÁSQUEZ
En el marco de la investigación, se allanó la oficina de Mendoza, donde se encontró tres cuadernos de control jurisdiccional; y entre los documentos almacenados en los equipos de computación, se halló el proyecto de una resolución de rechazo que Velásquez firmó y presentó favoreciendo a Cotel, ante la Juez Jhaquelyn Tintaya, también imputada en el caso, “lo que evidencia una relación directa entre imputados”, afirma el fiscal.
Respecto al presunto incumplimiento de deberes, el Ministerio Público sostuvo que Velásquez no apeló el incidente de actividad procesal defectuosa, presentado por Mendoza y declarado procedente por Tintaya.
La investigación del caso del consorcio de jueces, fiscales y abogados derivó en la detención de Ganam, Mendoza, del exfiscal Carlos Hugo Rivero y de Guillén.
Además, de la reclusión de la exjuez segundo cautelar Lía Cardozo en la cárcel de San Sebastián, de Cochabamba; y del abogado Vladimir Flores, en el penal de Patacamaya.
También se remitió al Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes a Yasmila Paz, secretaria de Cardozo, y se determinó la detención domiciliaria para María Yapuchura, auxiliar de Ganam.
“El Ministerio Público ha formulado los riesgos procesales, indicando que en el caso del imputado existe el riesgo de fuga y obstaculización. No ha tomado como parámetro el aspecto de familia, trabajo, domicilio, puesto que en su criterio, los ha asimilado como existentes”, informó ayer a EL DIARIO el juez Pinto, al concluir la audiencia cautelar.
Velásquez es sindicado por la presunta comisión de los delitos de consorcio de jueces, fiscales y abogados e incumplimiento de deberes, al favorecer con resoluciones de rechazo a Cotel, que era representada por el abogado y coimputado Milton Mendoza.
El Caso de Consorcio se dio a conocer a raíz de la aprehensión del exvocal de la Sala Penal Segunda Fernando Ganam, el 29 de marzo, en la oficina de Mendoza, quien también era su abogado particular.
Según la Fiscalía, Ganam y Mendoza “tranzaban” resultado favorable en un amparo constitucional interpuesto también contra Cotel, por el abogado Jhonny Castelú, quien por sorteo llegó a la Sala presidida por Ganam, pero cuando este se hallaba de vacaciones.
Pese a esto, según la fundamentación del fiscal Ángelo Saravia, Ganam fue aprehendido cuando portaba una copia del amparo que había extraído de su propio despacho, horas antes de ser denunciado por Castelú y aprehendido en esa oficina.
Ante ese hecho, Ganam y Mendoza fueron imputados por los mismos delitos y a la fecha se encuentran aún recluidos en San Pedro, a la espera de una audiencia de apelación a una disposición del juez Pinto, quien ordenó el traslado de Mendoza a Patacamaya; el presidente del Consejo de Administración de Cotel, Fernando Guillen a San Pedro de Oruro y Ganam a Palamasola, en Santa Cruz.
Según Saravia, los cuatro implicados tenían en sus celdas, celulares, tablets y documentación que se pretendía utilizar en contra del mismo fiscal y los investigadores, quienes fueron reemplazados en este caso.
VELÁSQUEZ
En el marco de la investigación, se allanó la oficina de Mendoza, donde se encontró tres cuadernos de control jurisdiccional; y entre los documentos almacenados en los equipos de computación, se halló el proyecto de una resolución de rechazo que Velásquez firmó y presentó favoreciendo a Cotel, ante la Juez Jhaquelyn Tintaya, también imputada en el caso, “lo que evidencia una relación directa entre imputados”, afirma el fiscal.
Respecto al presunto incumplimiento de deberes, el Ministerio Público sostuvo que Velásquez no apeló el incidente de actividad procesal defectuosa, presentado por Mendoza y declarado procedente por Tintaya.
La investigación del caso del consorcio de jueces, fiscales y abogados derivó en la detención de Ganam, Mendoza, del exfiscal Carlos Hugo Rivero y de Guillén.
Además, de la reclusión de la exjuez segundo cautelar Lía Cardozo en la cárcel de San Sebastián, de Cochabamba; y del abogado Vladimir Flores, en el penal de Patacamaya.
También se remitió al Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes a Yasmila Paz, secretaria de Cardozo, y se determinó la detención domiciliaria para María Yapuchura, auxiliar de Ganam.
Presentan plan para normar el seguimiento a la Cumbre de Justicia
En los próximos días, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) iniciará con la consideración de la “creación de la Comisión de seguimiento de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia”, informó la ministra de Justicia, Virginia Velasco, al indicar que el miércoles su despacho entregó a esa instancia y el Ministerio de la Presidencia el proyecto de ley respectivo.
“Estamos avanzando con la implementación que será a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que realizar una ley donde podamos trabajar coordinadamente con el Órgano Judicial, Ejecutivo. Legislativo, Ministerio Público, colegio de abogados, universidades”, dijo. De esta manera explicó que se da el primer paso con miras a la reestructuración integral de la justicia, que de un tiempo a esta parte se pretendió atacar el sistema sólo con algunas normas y que no es así porque para conseguir un cambio total se requiere tocar a los actores.
“Una vez aprobada (la ley), nosotros ya corremos con todas las implementaciones de las conclusiones, como ser los 120 días que tenemos para hacer una evaluación a los fiscales, a los jueces, en toda Bolivia, eso va a ser un tema tan importante”, manifestó.
Tratamiento
A su vez, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, indicó que el Legislativo prevé iniciar el tratamiento del Proyecto de Ley presentado por el Ministerio de Justicia la semana que viene.
“Es un proyecto que contempla la creación de esta comisión que será la encargada de hacer el seguimiento de las conclusiones y las recomendaciones que han surgido de la Cumbre de Justicia”, manifestó.
Acotó que en el documento se establece las instituciones que integrarán la comisión.
“Son los sectores que tiene que ver con el ámbito de la justicia, de parte del Ejecutivo están el Ministerio de Justicia y el de Economía y Finanzas, son ellos quienes manejan los recursos del Estado”, finalizó.
“Estamos avanzando con la implementación que será a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que realizar una ley donde podamos trabajar coordinadamente con el Órgano Judicial, Ejecutivo. Legislativo, Ministerio Público, colegio de abogados, universidades”, dijo. De esta manera explicó que se da el primer paso con miras a la reestructuración integral de la justicia, que de un tiempo a esta parte se pretendió atacar el sistema sólo con algunas normas y que no es así porque para conseguir un cambio total se requiere tocar a los actores.
“Una vez aprobada (la ley), nosotros ya corremos con todas las implementaciones de las conclusiones, como ser los 120 días que tenemos para hacer una evaluación a los fiscales, a los jueces, en toda Bolivia, eso va a ser un tema tan importante”, manifestó.
Tratamiento
A su vez, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, indicó que el Legislativo prevé iniciar el tratamiento del Proyecto de Ley presentado por el Ministerio de Justicia la semana que viene.
“Es un proyecto que contempla la creación de esta comisión que será la encargada de hacer el seguimiento de las conclusiones y las recomendaciones que han surgido de la Cumbre de Justicia”, manifestó.
Acotó que en el documento se establece las instituciones que integrarán la comisión.
“Son los sectores que tiene que ver con el ámbito de la justicia, de parte del Ejecutivo están el Ministerio de Justicia y el de Economía y Finanzas, son ellos quienes manejan los recursos del Estado”, finalizó.
Wednesday, August 10, 2016
Violencia sexual infantil, crimen que se estanca en la justicia
Dos organizaciones (Sepamos y Fundación Arco Iris) que luchan contra la violencia sexual hacia niños y adolescentes atendieron entre 2015 y lo que va de este año, 159 casos de este tipo. Pero de éstos, un 90% no llegó a un proceso judicial y así las agresiones quedaron en la impunidad.
"Dos instituciones atendimos 159 casos de violencia sexual entre 2015 y 2016. Lamentablemente por lo menos un 90% no tiene un proceso legal. Hay denuncia ante la Defensoría, porque tenemos esa obligación, pero muchas veces ahí se queda y esto es por la retardación de justicia”, explicó la representante de Sepamos, Rosario Mamani.
Ayer, producto de la Ley 3773 promulgada en 2007, se recordó el "Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes”. Por esto, una red departamental de instituciones que trabajan la temática organizaron un concurso de dibujos para que los menores de edad expresen su visión sobre este crimen.
Mamani, que pertenece a la Red, dijo que su organización recibió entre 2009 y 2016 unos 400 casos. Sólo dos tienen sentencia que aún están en apelación.
Patricia Claros pertenece a la Fundación Arco Iris, es coordinadora de un hogar que recibe a madres adolescentes víctimas de violencia sexual. Ella informó que en 10 años de atención ayudaron a 200 adolescentes; de todos estos casos sólo hubo también dos sentencias.
"Muchos de nuestros casos han quedado en la nada porque no se mueve el tema legal. Es como jugar sabiendo que vas a perder. Vas a denunciar y te proponen la conciliación, se pierden documentos..., realmente es muy duro”, sostuvo Claros.
Pero la directora de la Defensoría Municipal de La Paz, Consuelo Tórrez, difiere en cierto sentido. Ella afirmó que todos los casos que llegan a su despacho y que pasan a un proceso penal "tienen que llegar” a una sentencia. Aunque reconoce que hay una demora "abismal” para que esto ocurra, lo que ocasiona el desgaste y la revictimización de los afectados.
La violencia sexual deja su huella, y no sólo en la víctima. Claros dijo que los traumas se manifiestan de distinta manera y en el caso de las mujeres, éstas pueden proyectar en el ser nacido de ese abuso el recuerdo de un tormento o -dependiendo- la liberación, ya que muchas adolescentes salieron del nicho de la agresión por su hijo.
Continuar con el proceso penal -en opinión de las entrevistadas- evita que las heridas cierren, más aún con lo extensos que son los litigios.
Tórrez dijo que esto se debe a que algunos operadores de justicia carecen del cuidado al momento de abordar a las víctimas. Sin embargo, lo importante para ella no es tanto el resultado del proceso, sino la recuperación de la persona afectada.
"Es un proceso de revictimización bien fuerte; pero consideramos que es importante que sigan los juicios porque ahí se visibiliza más la problemática, el agresor cae y paga su pena por el hecho que ha cometido”, añadió Mamani.
Ella sostuvo que la violencia sexual a menores de edad es un crimen casi invisible para la sociedad. El agresor se escuda en el silencio y la influencia que ejerce sobre su víctima. Y lo peor es que a veces esta acción se toma como algo normal en ciertos ámbitos.
La información y la concientización sobre este problema son los objetivos del concurso de dibujos organizado por la Red. Más de 200 de éstos serán exhibidos en la feria dominical de El Prado este fin de semana.
Más abusos en el círculo más próximo a la víctima
La violencia sexual ocurre principalmente en el círculo más próximo a las víctimas. Padres, hermanos, primos, amigos o profesores suelen ser los principales agresores, según los datos de las organizaciones que atienden estos casos.
De los 159 casos que Sepamos y la Fundación Arco Iris recibieron entre 2015 y 2016, el 73% tenían como agresores a familiares o allegados a los menores de edad.
Además, cuando los abusos se dan en este ámbito por lo general se repiten. La violación no es sólo una vez, sino varias veces, hasta que en el caso de las mujeres éstas alcanzan la adolescencia y pueden quedar embarazadas.
"Pensar que el primer sistema de protección (la familia) no funciona es alarmante, porque algo está fallando. Hay una desvalorización de los roles, de los valores. Nuestros casos más complejos fueron las violaciones realizadas por los padres”, completó la directora de la Defensoría de La Paz, Consuelo Torrez.
Aunque según los datos de su despacho de los aproximadamente 150 casos de abusos sexuales contra menores, los que se dieron en el círculo cercano a la víctima no pasan del 30%.
Según Sepamos y la Fundación Arco Iris el 21% de las víctimas son varones y el 79% mujeres. Las edades más críticas son a partir de los 13 hasta los 18 años.
Las entrevistadas coinciden en que la información, la verdadera comunicación y confianza entre padres e hijos es fundamental para evitar que ocurran estas desgracias. Que los hijos sean capaces de contar todo lo que les ocurre a sus padres, y que éstos también sean capaces de hablar sobre educación sexual con ellos.
Juez dice que no hay dinero para trasladar a Achacollo a Palmasola
El juez Segundo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Guillermo Morales, informó el miércoles que no hay dinero para cumplir con el traslado de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, a la cárcel de Palmasola para que cumpla su detención preventiva.
"Evidentemente mi autoridad en audiencia cautelar dispuso la detención preventiva de la ciudadana Achacollo a cumplir en el centro penitenciario de Palmasola, en el marco del proceso del ex Fondo Indígena, pero es imposible de cumplir por falta de seguridad y recursos", apuntó el juez.
La exautoridad que permanece en celdas judiciales desde el 4 de agosto, es acusada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al descubrirse anomalías en la ejecución de proyectos en el ex Fondo Indígena.
Morales consideró que para cumplir la resolución judicial de traslado de la imputada deben intervenir el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y la Dirección de Régimen Penitenciario.
Manifestó que en coordinación con la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Carmen del Río Quisbert, se cursaron cartas a las instituciones mencionadas para resolver ese caso, pero no se logró respuesta.
Anunció que junto con el presidente del Tribunal de Justicia en las próximas horas se encontrará una salida, y no descartó que se modifique la resolución del 5 de agosto que dispone la detención preventiva de Achacollo en Palmasola, sector mujeres.
Dea/ma ABI
"Evidentemente mi autoridad en audiencia cautelar dispuso la detención preventiva de la ciudadana Achacollo a cumplir en el centro penitenciario de Palmasola, en el marco del proceso del ex Fondo Indígena, pero es imposible de cumplir por falta de seguridad y recursos", apuntó el juez.
La exautoridad que permanece en celdas judiciales desde el 4 de agosto, es acusada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al descubrirse anomalías en la ejecución de proyectos en el ex Fondo Indígena.
Morales consideró que para cumplir la resolución judicial de traslado de la imputada deben intervenir el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y la Dirección de Régimen Penitenciario.
Manifestó que en coordinación con la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Carmen del Río Quisbert, se cursaron cartas a las instituciones mencionadas para resolver ese caso, pero no se logró respuesta.
Anunció que junto con el presidente del Tribunal de Justicia en las próximas horas se encontrará una salida, y no descartó que se modifique la resolución del 5 de agosto que dispone la detención preventiva de Achacollo en Palmasola, sector mujeres.
Dea/ma ABI
Velasco verificó el trato a adultos mayores en entidades financieras
En el marco del mes del adulto mayor, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, inspeccionó ayer dos entidades financieras para constatar si se cumple o no el trato preferencial establecido en el artículo 7 de la Ley 369; el resultado fue positivo.
Sorpresivamente, entre las 10.00 y 10.30, la titular de la cartera de Justicia se presentó en instalaciones del Banco Mercantil, en la avenida Camacho de la ciudad de La Paz, junto a representantes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), donde verificó la existencia de una infraestructura adecuada para las personas mayores de edad.
Asimismo, se indagó si la asistente que entrega fichas para la atención a los clientes sabía o no algún idioma originario; y por casi dos minutos la funcionaria le explicó en aymara a la Ministra el procedimiento que debía seguir, aunque la cajera a la que se apersonó no sabía ningún idioma originario.
Luego se dirigió hasta instalaciones del Banco Unión, donde realizó la misma rutina, con la salvedad de que tanto la asistente de atención al cliente y el cajero sabían hablar perfectamente el idioma aymara.
La Ministra verificó el uso eficiente de los tiempos de atención, capacidad de respuesta institucional, capacitación y sensibilización del personal; atención personalizada y especializada, trato con calidad y calidez, erradicación de toda forma de maltrato, uso del idioma materno y la habilitación de ventanillas especiales.
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