La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Betty Yañiquez, organiza los conversatorios en los que participan jueces de materia penal de La Paz, representantes del Ministerio Público, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
En la primera jornada se abordaron los siguientes temas: El rol de la Unidad de Solución Temprana, Aplicación práctica del principio de Unidad de la Ley del Ministerio Público, Salidas alternativas y procedimientos especiales, La eficacia y eficiencia del Ministerio Público en su rol de persercución penal y Cumplimiento de plazos procesales por parte del Ministerio Público.
El embajador de la Unión Europea (UE), Tim Torlot, asistió al acto inaugural de la actividad legislativa.
Entre los facilitadores están los abogados penalistas: Mónica Céspedes Machicao, Gonzalo Cordero Valdes, Jorge Mostajo Barrios y Róger Valverde Pérez.
El segundo conversatorio se efectuará el sábado 14 y el tercer el sábado 21, de 09.30 a 12.00, en el Palacio de la Revolución, dependiente de la Asamblea Legislativa, situado en la calle Ayacucho 438.
La diputada Yañiquez, con amplia trayectoria en el ámbito judicial, dijo que los conversatorios serán parte de los insumos para la revolución judicial que se alista para modificar el Órgano Judicial.
Thursday, November 12, 2015
Destituyen a fiscal que pidió cárcel para ex diputado del MAS
El fiscal Richard Zepita Condori, que pidió la detención preventiva en el penal de San Pedro para el ex diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Benigno Quispe Mamani involucrado en el caso del Fondo Indígena, fue destituido ayer de su cargo por la fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios.
La audiencia cautelar de Quispe, se realizó el martes precedente y terminó con la decisión del juez Cautelar No. 1, Daniel Copa, de remitirlo al recinto carcelario por el delito de uso de influencias, aunque el fiscal Zepita en la fundamentación de la imputación señaló ese delito además el de legitimización de ganancias ilícitas.
De acuerdo a la investigación, Quispe transfirió cuentas del Fondo Indígena a cuentas personales, del Banco de la Unión, al Banco Nacional de Bolivia (BNB) por un monto aproximado de medio millón de bolivianos.
Lo que llamó la atención al término de la audiencia es que el ex diputado del MAS salió sonriente de la audiencia. Asimismo, se conoció ayer por funcionarios judiciales que Quispe señaló a Zepita que era su última audiencia, hecho no confirmado con el fiscal, quien afirmó que no emitiría declaración alguna sobre su agradecimiento de servicios.
DESPIDO
Ayer en la mañana fue sorpresa para todo el ámbito judicial, el despido del fiscal Richard Zepita, que en corrillos del Ministerio Público como del Juzgado, se señaló que era un tema político.
La fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios aclaró que no se trataba de una destitución, sino de un agradecimiento de servicios.
"No se destituyó al doctor Zepita, sino se le agradeció los servicios. La destitución es con un proceso administrativo interno. Ha habido un agradecimiento de servicios que en realidad llegó la anterior semana, el viernes y no se pudo agilizar antes, porque mi persona estaba en el Consejo Nacional del Ministerio Público en Potosí, los días lunes y martes", dijo.
Argumentó que el agradecimiento de los servicios fue producto de una supervisión y evaluación de los procesos. Y al nivel de conminatorias que llegaron al despacho de la fiscal Palacios respecto al trabajo del fiscal Zepita.
"Entonces haciendo ese tipo de supervisión y viendo la importancia del despacho que él lleva, tengo casos que se han comunicado en la investigación en el mes de junio y hasta la fecha no tengo ningún resultado, entonces se ha coordinado el agradecimiento de servicios del doctor (Zepita)", señaló.
Asimismo, indicó que el ex fiscal era funcionario de Defensa Pública y de los muchos casos que él llevaba, se excusó. Respecto al caso Fondo Indígena, la fiscal Palacios señaló que la línea en todos los temas de corrupción, es conocer la verdad histórica y debe caer quien caiga, sin encubrimientos.
"Ese proceso continuará hasta las instancias que tenga que llegar y eso no tiene nada que ver. Es un tema de supervisión y evaluación de trabajo, yo que tengo muchos fiscales que no entiendo la situación que puedan ampararse en temas de algún tipo de respaldo o señalar que porque conocen un caso delicado se le agradecen los servicios, no es así. El trabajo es que todos los casos son importantes", dijo.
Cuando se le consultó si eran instrucciones superiores, Palacios señaló que se descarta esa situación. "Eso no tiene nada que ver", afirmó.
El fiscal que ocupará temporalmente el área de anticorrupción será el abogado Juan Laura, "él ha estado cubriendo muchas audiencias que el doctor Zepita no quería cubrir", añadió.
LA PATRIA retornó por segunda oportunidad ante el fiscal Zepita para conocer su criterio sobre su agradecimiento de servicios, pero por segunda vez dijo que no daría declaraciones.
Se tiene como antecedente que el ex fiscal Zepita junto al fiscal Hugo Rocabado, tuvo a su cargo el caso del alcalde Édgar Bazán quien fue denunciado por el ministro de Educación, Roberto Aguilar por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por ampliar las vacaciones en Oruro.
En esa oportunidad, ambos fiscales rechazaron la denuncia del ministro Aguilar, ya que aplicaron el principio de velar el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes.
La audiencia cautelar de Quispe, se realizó el martes precedente y terminó con la decisión del juez Cautelar No. 1, Daniel Copa, de remitirlo al recinto carcelario por el delito de uso de influencias, aunque el fiscal Zepita en la fundamentación de la imputación señaló ese delito además el de legitimización de ganancias ilícitas.
De acuerdo a la investigación, Quispe transfirió cuentas del Fondo Indígena a cuentas personales, del Banco de la Unión, al Banco Nacional de Bolivia (BNB) por un monto aproximado de medio millón de bolivianos.
Lo que llamó la atención al término de la audiencia es que el ex diputado del MAS salió sonriente de la audiencia. Asimismo, se conoció ayer por funcionarios judiciales que Quispe señaló a Zepita que era su última audiencia, hecho no confirmado con el fiscal, quien afirmó que no emitiría declaración alguna sobre su agradecimiento de servicios.
DESPIDO
Ayer en la mañana fue sorpresa para todo el ámbito judicial, el despido del fiscal Richard Zepita, que en corrillos del Ministerio Público como del Juzgado, se señaló que era un tema político.
La fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios aclaró que no se trataba de una destitución, sino de un agradecimiento de servicios.
"No se destituyó al doctor Zepita, sino se le agradeció los servicios. La destitución es con un proceso administrativo interno. Ha habido un agradecimiento de servicios que en realidad llegó la anterior semana, el viernes y no se pudo agilizar antes, porque mi persona estaba en el Consejo Nacional del Ministerio Público en Potosí, los días lunes y martes", dijo.
Argumentó que el agradecimiento de los servicios fue producto de una supervisión y evaluación de los procesos. Y al nivel de conminatorias que llegaron al despacho de la fiscal Palacios respecto al trabajo del fiscal Zepita.
"Entonces haciendo ese tipo de supervisión y viendo la importancia del despacho que él lleva, tengo casos que se han comunicado en la investigación en el mes de junio y hasta la fecha no tengo ningún resultado, entonces se ha coordinado el agradecimiento de servicios del doctor (Zepita)", señaló.
Asimismo, indicó que el ex fiscal era funcionario de Defensa Pública y de los muchos casos que él llevaba, se excusó. Respecto al caso Fondo Indígena, la fiscal Palacios señaló que la línea en todos los temas de corrupción, es conocer la verdad histórica y debe caer quien caiga, sin encubrimientos.
"Ese proceso continuará hasta las instancias que tenga que llegar y eso no tiene nada que ver. Es un tema de supervisión y evaluación de trabajo, yo que tengo muchos fiscales que no entiendo la situación que puedan ampararse en temas de algún tipo de respaldo o señalar que porque conocen un caso delicado se le agradecen los servicios, no es así. El trabajo es que todos los casos son importantes", dijo.
Cuando se le consultó si eran instrucciones superiores, Palacios señaló que se descarta esa situación. "Eso no tiene nada que ver", afirmó.
El fiscal que ocupará temporalmente el área de anticorrupción será el abogado Juan Laura, "él ha estado cubriendo muchas audiencias que el doctor Zepita no quería cubrir", añadió.
LA PATRIA retornó por segunda oportunidad ante el fiscal Zepita para conocer su criterio sobre su agradecimiento de servicios, pero por segunda vez dijo que no daría declaraciones.
Se tiene como antecedente que el ex fiscal Zepita junto al fiscal Hugo Rocabado, tuvo a su cargo el caso del alcalde Édgar Bazán quien fue denunciado por el ministro de Educación, Roberto Aguilar por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por ampliar las vacaciones en Oruro.
En esa oportunidad, ambos fiscales rechazaron la denuncia del ministro Aguilar, ya que aplicaron el principio de velar el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes.
Wednesday, November 11, 2015
Juez resuelve entrega del Hípico al Ministerio
El juez de instrucción civil que lleva la expropiación del Club Hípico Cochabamba, Edgar Balderrama, resolvió el pasado 4 de noviembre entregar estos ambientes al Ministerio de Obras Públicas en el plazo de 3 días hábiles, según informó Ariel Torrico, coordinador de proyectos de esta repartición estatal.
Ante la resolución, los socios del Cub Hípico se declararon en emergencia y calificaron la determinación como una “ocupación” y no una transferencia.
Sin embargo, Torrico puntualizó que las autoridades de Gobierno están esperando que se haga efectiva la transferencia de los ambientes del Hípico al Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a la resolución del juez que lleva el caso. “Nosotros hemos esperado, con paciencia, tres meses desde que se hizo efectivo el depósito de más de 27 millones de bolivianos a representantes del Hípico. Sabemos que este pasado 6, fueron notificados oficialmente y ya estamos a 9”, manifestó.
Sobre la determinación legal, los socios del Hípico señalaron también que el juez no tiene competencia para firmar este tipo de resoluciones, razón por la que están impugnando la acción que consideran además como un atropello.
El pasado 27 de julio, el Ministerio de Obras Públicas hizo la transferencia de 27 millones 744 mil 763 bolivianos a una cuenta judicial, para que los representantes legales del Club Hípico Cochabamba, Ricardo Ureña y Eduardo Calatayud, retiren dicho monto y puedan realizar la transferencia de los ambientes a la institución estatal.
Desde ese entonces, “el Club Hípico ha ido alegando y pidiendo aclaraciones al respecto y el Ministerio ha ido respondiendo a cada uno de ellos”, dijo Torrico.
“Nosotros hemos cumplido todos los procesos legales que corresponden, de acuerdo a nuestras leyes. Solo queda que se haga la transferencia. La idea es no llegar a usar la fuerza pública”, acotó.
En el artículo 3, capítulo 2, inciso 5 de la Ley 668 se establece que en caso de renuencia a la suscripción del documento de transferencia, el juez dispone la entrega del bien con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.
Ante la resolución, los socios del Cub Hípico se declararon en emergencia y calificaron la determinación como una “ocupación” y no una transferencia.
Sin embargo, Torrico puntualizó que las autoridades de Gobierno están esperando que se haga efectiva la transferencia de los ambientes del Hípico al Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a la resolución del juez que lleva el caso. “Nosotros hemos esperado, con paciencia, tres meses desde que se hizo efectivo el depósito de más de 27 millones de bolivianos a representantes del Hípico. Sabemos que este pasado 6, fueron notificados oficialmente y ya estamos a 9”, manifestó.
Sobre la determinación legal, los socios del Hípico señalaron también que el juez no tiene competencia para firmar este tipo de resoluciones, razón por la que están impugnando la acción que consideran además como un atropello.
El pasado 27 de julio, el Ministerio de Obras Públicas hizo la transferencia de 27 millones 744 mil 763 bolivianos a una cuenta judicial, para que los representantes legales del Club Hípico Cochabamba, Ricardo Ureña y Eduardo Calatayud, retiren dicho monto y puedan realizar la transferencia de los ambientes a la institución estatal.
Desde ese entonces, “el Club Hípico ha ido alegando y pidiendo aclaraciones al respecto y el Ministerio ha ido respondiendo a cada uno de ellos”, dijo Torrico.
“Nosotros hemos cumplido todos los procesos legales que corresponden, de acuerdo a nuestras leyes. Solo queda que se haga la transferencia. La idea es no llegar a usar la fuerza pública”, acotó.
En el artículo 3, capítulo 2, inciso 5 de la Ley 668 se establece que en caso de renuencia a la suscripción del documento de transferencia, el juez dispone la entrega del bien con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.
Tuesday, November 10, 2015
Fiscales expusieron trabajo que desempeñan a diario
Los fiscales del Departamento de Potosí propiciaron una feria del Ministerio Público con la finalidad de hacer conocer a la población sobre el trabajo que desempeñan y los delitos que investigan.
La actividad se desarrolló en plaza 25 de Mayo de esta ciudad, paralelamente a la segunda sesión de fiscales de Bolivia.
Los anaqueles se llenaron de ciudadanos civiles, desde niños, adolescentes y adultos para conocer de cerca qué tipo de delitos investigan los representantes del Ministerio Público de Potosí.
La actividad estuvo matizada por la actuación de grupos musicales que le dieron un toque distinto por la presentación en vivo.
El fiscal departamental, Antonio Leniz, dijo que anualmente se realiza la feria.
La actividad se desarrolló en plaza 25 de Mayo de esta ciudad, paralelamente a la segunda sesión de fiscales de Bolivia.
Los anaqueles se llenaron de ciudadanos civiles, desde niños, adolescentes y adultos para conocer de cerca qué tipo de delitos investigan los representantes del Ministerio Público de Potosí.
La actividad estuvo matizada por la actuación de grupos musicales que le dieron un toque distinto por la presentación en vivo.
El fiscal departamental, Antonio Leniz, dijo que anualmente se realiza la feria.
Gualberto Cusi: En el mundo indígena no hay posibilidad de eternizarse en el poder
El ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, respecto de la posibilidad de reelección del Presidente Evo Morales, aclaró que si se habla del mundo indígena, no existe la posibilidad de eternizarse en el poder.
"En una comunidad, en un ayllu todos tienen que ejercer el poder, por obligación, por tanto el ejercicio del poder allá es por turno y por una sola vez, entonces para nosotros es una vergüenza que un indígena como se dice Evo Morales pretenda eternizarse en el poder, bajo argumentos falsos de que es el mejor presidente, de estabilidad económica, -como él no hay-, que es el único; qué insulto tan grande a la población boliviana, por eso estoy acá, para que se respeten los derechos de todos los bolivianos", sostuvo Cusi.
El ex magistrado estuvo en Oruro en días precedentes participando de la reunión de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Constitución Política del Estado y aseguró que el pueblo boliviano se está autoconvocando, organizando y asumiendo medidas y acciones concretas para enfrentar toda una campaña desigual que se hará por la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE).
"Esperamos que a partir de estos eventos la población boliviana se sume y participe definitivamente y el 21 sea un rotundo triunfo del No, porque significa que aquí los bolivianos tenemos los mismos derechos y obligaciones y por lo tanto que toda una reforma constitucional solo beneficie a dos personas no está bien", indicó el abogado quien indicó que además es parte del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecop), y que hoy en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a las 18:30 horas iniciarán la campaña para la no reelección de Evo Morales.
"Con esta reforma lo que se quiere hacer es atentar el derecho de las mujeres, porque por más de 20 años las mujeres no podrán ser candidatas a presidente o vicepresidente, igual que las generaciones que vienen no podrán acceder a ese nivel de poder, por ello la población boliviana va a decir no a la reelección no a la reforma constitucional", remarcó Cusi.
Dijo que podría impugnarse el proceso de reforma a la Constitución porque no se están cumpliendo algunos plazos, pero, esperar que la justicia funcione en Bolivia, es difícil.
"La explicación o justificación del Gobierno dirá que el Tribunal Constitucional ha dispuesto que todo lo que se está haciendo es legal, entonces con eso se defenderán, pero de todos modos hay instancias internacionales, se puede demandar allá y ahí la situación es distinta, y si es que siguen cometiendo más errores se verán comprometidos en este proceso electoral que viene", explicó.
"En una comunidad, en un ayllu todos tienen que ejercer el poder, por obligación, por tanto el ejercicio del poder allá es por turno y por una sola vez, entonces para nosotros es una vergüenza que un indígena como se dice Evo Morales pretenda eternizarse en el poder, bajo argumentos falsos de que es el mejor presidente, de estabilidad económica, -como él no hay-, que es el único; qué insulto tan grande a la población boliviana, por eso estoy acá, para que se respeten los derechos de todos los bolivianos", sostuvo Cusi.
El ex magistrado estuvo en Oruro en días precedentes participando de la reunión de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Constitución Política del Estado y aseguró que el pueblo boliviano se está autoconvocando, organizando y asumiendo medidas y acciones concretas para enfrentar toda una campaña desigual que se hará por la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE).
"Esperamos que a partir de estos eventos la población boliviana se sume y participe definitivamente y el 21 sea un rotundo triunfo del No, porque significa que aquí los bolivianos tenemos los mismos derechos y obligaciones y por lo tanto que toda una reforma constitucional solo beneficie a dos personas no está bien", indicó el abogado quien indicó que además es parte del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecop), y que hoy en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a las 18:30 horas iniciarán la campaña para la no reelección de Evo Morales.
"Con esta reforma lo que se quiere hacer es atentar el derecho de las mujeres, porque por más de 20 años las mujeres no podrán ser candidatas a presidente o vicepresidente, igual que las generaciones que vienen no podrán acceder a ese nivel de poder, por ello la población boliviana va a decir no a la reelección no a la reforma constitucional", remarcó Cusi.
Dijo que podría impugnarse el proceso de reforma a la Constitución porque no se están cumpliendo algunos plazos, pero, esperar que la justicia funcione en Bolivia, es difícil.
"La explicación o justificación del Gobierno dirá que el Tribunal Constitucional ha dispuesto que todo lo que se está haciendo es legal, entonces con eso se defenderán, pero de todos modos hay instancias internacionales, se puede demandar allá y ahí la situación es distinta, y si es que siguen cometiendo más errores se verán comprometidos en este proceso electoral que viene", explicó.
Cusi insta a opositores a no hacer campaña
El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, pidió ayer a los líderes opositores de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Quiroga, no entrometerse en la campaña por el NO a la reelección del presidente Evo Morales, que impulsa un grupo que se atribuye la defensa de la Constitución.
“En este caso nos agradaría que Samuel Doria Medina y Quiroga, y otros partidos de derecha que no se involucren en este proceso, porque somos un movimiento distinto, un movimiento ciudadano que sólo vela por el respeto de los derechos de la ciudadanía”, afirmó.
El pasado fin de semana, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Constitución se reunió en la ciudad de Oruro en un ampliado que dio inicio a la campaña por el NO a la modificación de la Carta Magna. En dicho encuentro participaron unas 500 personas, entre ellas la periodista Amalia Pando.
Asimismo, Cusi aseguró que este movimiento no es financiado por la Embajada de Estados Unidos, tal como denunció el Gobierno.
“Vamos a continuar trabajando, no confiamos en el TSE (Tribunal Supremo Electoral). Nos preocupa los vínculos, los nexos que tiene esta instancia con el MAS, hasta se podría decir que son masistas, entonces hay que trabajar, que la gente sepa la verdad y las razones por las que hay que votar por el NO”, insistió.
“En este caso nos agradaría que Samuel Doria Medina y Quiroga, y otros partidos de derecha que no se involucren en este proceso, porque somos un movimiento distinto, un movimiento ciudadano que sólo vela por el respeto de los derechos de la ciudadanía”, afirmó.
El pasado fin de semana, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Constitución se reunió en la ciudad de Oruro en un ampliado que dio inicio a la campaña por el NO a la modificación de la Carta Magna. En dicho encuentro participaron unas 500 personas, entre ellas la periodista Amalia Pando.
Asimismo, Cusi aseguró que este movimiento no es financiado por la Embajada de Estados Unidos, tal como denunció el Gobierno.
“Vamos a continuar trabajando, no confiamos en el TSE (Tribunal Supremo Electoral). Nos preocupa los vínculos, los nexos que tiene esta instancia con el MAS, hasta se podría decir que son masistas, entonces hay que trabajar, que la gente sepa la verdad y las razones por las que hay que votar por el NO”, insistió.
Monday, November 9, 2015
El Sijplu atendió 7.000 casos, pero no hay sentencias
La ministra Virginia Velasco, asegura que son los abogados quienes judicializan los problemas.
El Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu) atendió 7.000 casos en El Alto pero ninguno fue sancionado, afirmó Virginia Velasco, ministra de Justicia que ayer instaló una audiencia pública en la zona de Río Seco, distrito cuatro de esa urbe.
El Sijplu o “Casa de Justicia” reinauguro sus servicios el 3 de julio, en la que trabajan abogados, fiscales, jueces y trabajadoras sociales para apoyar en juicios a litigantes de escasos recursos económicos, pero debido a que existen aún fallas en el sistema judicial no se alcanzó el objetivo previsto, la sentencia en favor o en contra de los litigantes.
La Ministra de Justicia aseguró que en cuatro meses no se ha podido resolver los problemas que se arrastran desde hace varios años, pero que se han dado soluciones a casos de asitencia familiar, divorcios y otros de materia civil. En tanto, los casos penales son los más complejos y los que prioriza el equipo multidisciplinario con el que cuenta cada Sijplu en la urbe alteña.
Ayer, la autoridad de Estado declaró que “los Sijplu se constituyen en un medio para descongestionar la carga procesal en los tribunales. Un mecanismo para romper con la corrupción que hay en la Fiscalía, y tribunales. Lo que hacemos en el Ministerio de Justicia, desde nuestros servicios integrales, es no dar falsas esperanzas, con un patrocinio legal gratuito".
EVITAR PROCESOS. Velasco explicó también que las Sijplu evitan que las personas de escasos recursos económicos lleguen a procesos judiciales si es que se puede dar una conciliación.
Sin embargo dijo que existen abogados que en vez de orientar y buscar una solución a los casos “judicializan los procesos” que al final afectan a los litigantes.
SIN ACCESO. En la audiencia pública, que se replicará en otros distritos de El Alto y otras ciudades, antes de la Cumbre Judicial, la ministra Virginia Velasco señaló que la población no tiene un adecuado acceso a la justicia y que la gente continua “sufriendo en los tribunales y sin acceso a una sentencia equitativa”.
“Los procesos deben ser rápidos y prontos y no hacer esperar una eternidad a los litigantes”.
Aseguró que los Sijplu multidisciplinarios, ante la falta de respuestas positivas por parte de los operadores y administradores de Justicia, serán implementados en el eje troncal debido a la mayor cantidad de procesos que hay, además de la retardación de justicia, mora procesal y crecimiento de población.
"Según el proyecto, se los establecerá en Cochabamba, Santa Cruz y después en Oruro y Tarija", dijo la autoridad.
Reiteró que en esas oficinas, los abogados brindan orientación y patrocinio a litigantes de escasos recursos, para dar celeridad en todos los casos que reciben y por eso se exige que en un máximo de seis meses, mejor si es menos, hayan resultados.
EL SEPDAVI DESISTE DE 80 CASOS DE UN TOTAL DE 250. El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) registró en menos de tres días 250 solicitudes de personas que buscan justicia por diferentes hechos, informó a Erbol Keogh León Beltrán. Sin embargo, de las 250 solicitudes, SEPDAVI descartó inicialmente intervenir en 80 casos, porque no son víctimas en materia penal, la que no contempla la institución.
15.000 causas en materia civil, familiar y penal fueron atentidos por las casas de justicia en La Paz en 2014.
El Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu) atendió 7.000 casos en El Alto pero ninguno fue sancionado, afirmó Virginia Velasco, ministra de Justicia que ayer instaló una audiencia pública en la zona de Río Seco, distrito cuatro de esa urbe.
El Sijplu o “Casa de Justicia” reinauguro sus servicios el 3 de julio, en la que trabajan abogados, fiscales, jueces y trabajadoras sociales para apoyar en juicios a litigantes de escasos recursos económicos, pero debido a que existen aún fallas en el sistema judicial no se alcanzó el objetivo previsto, la sentencia en favor o en contra de los litigantes.
La Ministra de Justicia aseguró que en cuatro meses no se ha podido resolver los problemas que se arrastran desde hace varios años, pero que se han dado soluciones a casos de asitencia familiar, divorcios y otros de materia civil. En tanto, los casos penales son los más complejos y los que prioriza el equipo multidisciplinario con el que cuenta cada Sijplu en la urbe alteña.
Ayer, la autoridad de Estado declaró que “los Sijplu se constituyen en un medio para descongestionar la carga procesal en los tribunales. Un mecanismo para romper con la corrupción que hay en la Fiscalía, y tribunales. Lo que hacemos en el Ministerio de Justicia, desde nuestros servicios integrales, es no dar falsas esperanzas, con un patrocinio legal gratuito".
EVITAR PROCESOS. Velasco explicó también que las Sijplu evitan que las personas de escasos recursos económicos lleguen a procesos judiciales si es que se puede dar una conciliación.
Sin embargo dijo que existen abogados que en vez de orientar y buscar una solución a los casos “judicializan los procesos” que al final afectan a los litigantes.
SIN ACCESO. En la audiencia pública, que se replicará en otros distritos de El Alto y otras ciudades, antes de la Cumbre Judicial, la ministra Virginia Velasco señaló que la población no tiene un adecuado acceso a la justicia y que la gente continua “sufriendo en los tribunales y sin acceso a una sentencia equitativa”.
“Los procesos deben ser rápidos y prontos y no hacer esperar una eternidad a los litigantes”.
Aseguró que los Sijplu multidisciplinarios, ante la falta de respuestas positivas por parte de los operadores y administradores de Justicia, serán implementados en el eje troncal debido a la mayor cantidad de procesos que hay, además de la retardación de justicia, mora procesal y crecimiento de población.
"Según el proyecto, se los establecerá en Cochabamba, Santa Cruz y después en Oruro y Tarija", dijo la autoridad.
Reiteró que en esas oficinas, los abogados brindan orientación y patrocinio a litigantes de escasos recursos, para dar celeridad en todos los casos que reciben y por eso se exige que en un máximo de seis meses, mejor si es menos, hayan resultados.
EL SEPDAVI DESISTE DE 80 CASOS DE UN TOTAL DE 250. El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) registró en menos de tres días 250 solicitudes de personas que buscan justicia por diferentes hechos, informó a Erbol Keogh León Beltrán. Sin embargo, de las 250 solicitudes, SEPDAVI descartó inicialmente intervenir en 80 casos, porque no son víctimas en materia penal, la que no contempla la institución.
15.000 causas en materia civil, familiar y penal fueron atentidos por las casas de justicia en La Paz en 2014.
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