Monday, January 18, 2016
No hay mejora en la administración judicial en el país
“Dentro de las estructuras del Estado Plurinacional lo peor que tenemos en este momento es la Justicia boliviana”, así calificó el presidente Evo Morales, el 28 de diciembre de 2015, a la situación de la administración judicial en el país, sumida en pugnas internas en los tribunales, corrupción, dilación de procesos y falta de recursos económicos, entre otras acciones.
La posición de Morales fue compartida por el vicepresidente Álvaro García y representantes de diferentes instituciones estatales y organizaciones sindicales.
Para mejorar la Justicia se eligió por primera vez a magistrados nacionales por voto popular, pero esta acción tampoco sirvió, ya que los males persisten, según Morales y García. Para plantear soluciones se citó a una Cumbre Judicial que todavía no tiene fecha.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, indicó que los avances en la última década son muchos. Entre ellos resalta la modificación de la Carta Magna, además de la aprobación de leyes en favor de niños y mujeres. También se promulgó una normativa contra el racismo.
En los últimos meses se crearon oficinas de ayuda a víctimas y a personas que carecen de dinero.
La Ministra de Justicia recibe quejas en Viacha
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, llegó la mañana de ayer al municipio de Viacha para escuchar las quejas de los pobladores contra jueces, fiscales y abogados. Aprovechó la oportunidad para socializar información sobre los servicios de justicia integral.
"El Ministerio de Justicia se hace presente con todos los servicios a favor de las personas de escasos recursos, víctimas de chicanerías y de retardación de justicia”, explicó ayer Velasco en su programa Ministra Kullakampi Parlapxañani (hablando con la ministra, en aymara), que se difunde por radio.
En un afán de canalizar denuncias, Velasco puso en consideración de la población las ventajas de los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (SIJPLU), del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) y el Registro Público de la Abogacía (RPA).
El Ministerio de Justicia brinda asistencia legal desde el inicio de un proceso judicial hasta la declaración de la sentencia, por medio de SEPDAVI.
Por otra parte, la Ministra indicó que los SIJPLU en la ciudad de El Alto atendieron desde el 30 de julio del año pasado 7.332 casos. "Se estableció también el SEPDAVI en La Paz y Santa Cruz, específicamente para tratar asuntos penales, donde se atendieron más de 1.000 casos”.
En cuanto al Servicio de Defensa Pública, éste atendió 15.167 casos.
"El Ministerio de Justicia se hace presente con todos los servicios a favor de las personas de escasos recursos, víctimas de chicanerías y de retardación de justicia”, explicó ayer Velasco en su programa Ministra Kullakampi Parlapxañani (hablando con la ministra, en aymara), que se difunde por radio.
En un afán de canalizar denuncias, Velasco puso en consideración de la población las ventajas de los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (SIJPLU), del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) y el Registro Público de la Abogacía (RPA).
El Ministerio de Justicia brinda asistencia legal desde el inicio de un proceso judicial hasta la declaración de la sentencia, por medio de SEPDAVI.
Por otra parte, la Ministra indicó que los SIJPLU en la ciudad de El Alto atendieron desde el 30 de julio del año pasado 7.332 casos. "Se estableció también el SEPDAVI en La Paz y Santa Cruz, específicamente para tratar asuntos penales, donde se atendieron más de 1.000 casos”.
En cuanto al Servicio de Defensa Pública, éste atendió 15.167 casos.
Denuncian que exfiscal Quispe busca cogoteros para vengarse
Integrantes de la Asociación de Víctimas de Humberto Quispe denunciaron que el exfiscal intenta contactarse con dos grupos criminales para obtener protección si es que entra a la cárcel, y para vengarse de quienes se querellaron en su contra.
"Gente de Inteligencia de la Policía conoce que Quispe se está contactando con dos clanes de cogoteros: uno para que le brinden seguridad dentro el penal; otro, para tomar algún tipo de represalia contra nosotros”, afirmó Víctor Vargas.
Él es denunciante en uno de los procesos contra el exfiscal, a quien acusó de "fabricar un proceso fantasma” en 2014, sin un registro en el Ministerio Público. Quispe, en cambio, sostuvo que como fiscal era su obligación actuar de oficio ante un delito y que no debía esperar ningún sorteo del caso para investigar a Vargas por "falsificar documentos”.
La denuncia de Vargas radica en Sucre, donde Quispe fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y extorsión. Para hoy se preve su audiencia cautelar después de varias suspensiones.
Este medio accedió a un audio obtenido por Vargas en el que se escucha a una persona, supuestamente miembro de Inteligencia, explicar cómo el exfiscal busca a delincuentes de dos clanes de cogoteros: Paucara y Romero Mamani.
"Allá adentro (en la cárcel) cayó el rumor de que están buscando a unos clanes familiares para conversar y se ha reunido con estos dos grupos, con los cabecillas. Evidentemente, era para que unos lo defiendan allí adentro y otro para coordinar acciones con actividades afuera. Obviamente, uno es el clan Paucara”, se escucha en el audio.
En diciembre de 2012 se informó a través de un medio impreso que cinco grupos de cogoteros "causan terror en El Alto”. Uno de ellos es el clan Paucara, que -según la publicación- "continúa sus operaciones desde las cárceles de La Paz”.
En febrero de 2015 otra publicación daba cuenta de que se capturó -de nuevo- a tres miembros del clan Romero Mamani. En agosto la Fiscalía acusó formalmente a los hermanos José Martín, Néstor Faustino y Marcos Antonio, quienes ya se encontraban con detención preventiva.
Los tres son mencionados en el audio. "Él (Quispe) busca protección, y todo eso; y segundo, que obviamente iba a tomar represalias. Porque ya estos ñatos no tienen nada que perder”, se escucha.
Consultado al respecto, Quispe manifestó que él no tiene por qué contactarse con delincuentes y aseguró no conocer ninguno de los nombres mencionados.
"Yo no tengo porqué reunirme con esas personas, soy jurista y aplico lo que dice la ley. Yo no los conozco a esos señores, no sé quiénes serán. No tengo necesidad de hacer nada. Primero aplicaremos la ley , veremos qué es lo que pasa. Para empezar, yo no soy delincuente”, sostuvo Quispe.
Por otra parte, según Vargas, el 4 de enero el exfiscal se presentó ante el juez de Instrucción Penal y Cautelar Quinto de la Capital, Roberto Valdiviezo, en Sucre, ante quien manifestó que si no le hacían justicia él haría justicia por mano propia, lo cual se interpreta como una amenaza directa.
"Añadió que después de hacer justicia por mano propia no se escondería, ni se escaparía y respondería ante el juez por qué cometió sus actos”, acotó Vargas.
Al respecto, Quispe aseguró que no hizo estas declaraciones ante Valdiviezo ni en ningún otro lugar. Sin embargo, hay reportes de que ya pronunció estas palabras ante la prensa.
La Policía otorga protección a un querellante
Integrantes de la asociación de víctimas del exfiscal buscaron protección de parte de la Policía. La abogada Carmiña Luna, quien sostiene un proceso penal contra Quispe por un supuesto caso montado en 2012 manifestó que teme por su vida en más de una ocasión.
Luna explicó que a través del Ministerio Público se le otorgó protección policial hace meses; sin embargo, con el tiempo la seguridad se relajó "y ahora ni los veo, no hay los policías”.
Víctor Vargas informó también que recientemente la Policía, en coordinación con el Ministerio Público, le otorgó protección.
"Hice las gestiones correspondientes ante las amenazas. Yo y mi familia estamos bajo protección y nuevamente se dispuso que se me otorgue seguridad física armada a mi persona y mi familia”, comentó.
El Ministerio Público cuenta con una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVIT) cuya misión es otorgar medidas para precautelar la integridad física y psicológica de los denunciantes en un proceso.
Hoy debe realizarse la audiencia cautelar contra Quispe en el proceso iniciado por Vargas; sin embargo, el exfiscal dijo que está con baja médica.
"Gente de Inteligencia de la Policía conoce que Quispe se está contactando con dos clanes de cogoteros: uno para que le brinden seguridad dentro el penal; otro, para tomar algún tipo de represalia contra nosotros”, afirmó Víctor Vargas.
Él es denunciante en uno de los procesos contra el exfiscal, a quien acusó de "fabricar un proceso fantasma” en 2014, sin un registro en el Ministerio Público. Quispe, en cambio, sostuvo que como fiscal era su obligación actuar de oficio ante un delito y que no debía esperar ningún sorteo del caso para investigar a Vargas por "falsificar documentos”.
La denuncia de Vargas radica en Sucre, donde Quispe fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y extorsión. Para hoy se preve su audiencia cautelar después de varias suspensiones.
Este medio accedió a un audio obtenido por Vargas en el que se escucha a una persona, supuestamente miembro de Inteligencia, explicar cómo el exfiscal busca a delincuentes de dos clanes de cogoteros: Paucara y Romero Mamani.
"Allá adentro (en la cárcel) cayó el rumor de que están buscando a unos clanes familiares para conversar y se ha reunido con estos dos grupos, con los cabecillas. Evidentemente, era para que unos lo defiendan allí adentro y otro para coordinar acciones con actividades afuera. Obviamente, uno es el clan Paucara”, se escucha en el audio.
En diciembre de 2012 se informó a través de un medio impreso que cinco grupos de cogoteros "causan terror en El Alto”. Uno de ellos es el clan Paucara, que -según la publicación- "continúa sus operaciones desde las cárceles de La Paz”.
En febrero de 2015 otra publicación daba cuenta de que se capturó -de nuevo- a tres miembros del clan Romero Mamani. En agosto la Fiscalía acusó formalmente a los hermanos José Martín, Néstor Faustino y Marcos Antonio, quienes ya se encontraban con detención preventiva.
Los tres son mencionados en el audio. "Él (Quispe) busca protección, y todo eso; y segundo, que obviamente iba a tomar represalias. Porque ya estos ñatos no tienen nada que perder”, se escucha.
Consultado al respecto, Quispe manifestó que él no tiene por qué contactarse con delincuentes y aseguró no conocer ninguno de los nombres mencionados.
"Yo no tengo porqué reunirme con esas personas, soy jurista y aplico lo que dice la ley. Yo no los conozco a esos señores, no sé quiénes serán. No tengo necesidad de hacer nada. Primero aplicaremos la ley , veremos qué es lo que pasa. Para empezar, yo no soy delincuente”, sostuvo Quispe.
Por otra parte, según Vargas, el 4 de enero el exfiscal se presentó ante el juez de Instrucción Penal y Cautelar Quinto de la Capital, Roberto Valdiviezo, en Sucre, ante quien manifestó que si no le hacían justicia él haría justicia por mano propia, lo cual se interpreta como una amenaza directa.
"Añadió que después de hacer justicia por mano propia no se escondería, ni se escaparía y respondería ante el juez por qué cometió sus actos”, acotó Vargas.
Al respecto, Quispe aseguró que no hizo estas declaraciones ante Valdiviezo ni en ningún otro lugar. Sin embargo, hay reportes de que ya pronunció estas palabras ante la prensa.
La Policía otorga protección a un querellante
Integrantes de la asociación de víctimas del exfiscal buscaron protección de parte de la Policía. La abogada Carmiña Luna, quien sostiene un proceso penal contra Quispe por un supuesto caso montado en 2012 manifestó que teme por su vida en más de una ocasión.
Luna explicó que a través del Ministerio Público se le otorgó protección policial hace meses; sin embargo, con el tiempo la seguridad se relajó "y ahora ni los veo, no hay los policías”.
Víctor Vargas informó también que recientemente la Policía, en coordinación con el Ministerio Público, le otorgó protección.
"Hice las gestiones correspondientes ante las amenazas. Yo y mi familia estamos bajo protección y nuevamente se dispuso que se me otorgue seguridad física armada a mi persona y mi familia”, comentó.
El Ministerio Público cuenta con una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVIT) cuya misión es otorgar medidas para precautelar la integridad física y psicológica de los denunciantes en un proceso.
Hoy debe realizarse la audiencia cautelar contra Quispe en el proceso iniciado por Vargas; sin embargo, el exfiscal dijo que está con baja médica.
TSJ confirma que el 6 de febrero entrarán en vigencia los Códigos Morales
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, aseguró este lunes que desde el 6 de febrero entrarán en vigencia plena los Códigos Morales.
"Ya estamos casi a la conclusión de la comisión de implementación y seguimiento, entonces el 6 de febrero de este año sí o sí entran en vigencia los códigos Procesal Civil y Familiar", manifestó Mamani.
Indicó que ya casi está concluido el trabajo y que todos los operadores de justicia de los nueve distritos "ya tienen conocimiento y están poniendo en práctica, sobre todo el reordenamiento, el mapa judicial y las nuevas competencias de los administradores de justicia".
Tras la implementación de los nuevos códigos, indicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará el tratamiento del Código Procesal Penal.
La plena vigencia del Código de Procedimiento Civil, Código de las Familias y Proceso Familiar, denominados Códigos Morales, incorporará cambios en la administración de justicia, principalmente en la simplicidad de los procedimientos, la oralidad y la agilización de los procesos.
"Ya estamos casi a la conclusión de la comisión de implementación y seguimiento, entonces el 6 de febrero de este año sí o sí entran en vigencia los códigos Procesal Civil y Familiar", manifestó Mamani.
Indicó que ya casi está concluido el trabajo y que todos los operadores de justicia de los nueve distritos "ya tienen conocimiento y están poniendo en práctica, sobre todo el reordenamiento, el mapa judicial y las nuevas competencias de los administradores de justicia".
Tras la implementación de los nuevos códigos, indicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará el tratamiento del Código Procesal Penal.
La plena vigencia del Código de Procedimiento Civil, Código de las Familias y Proceso Familiar, denominados Códigos Morales, incorporará cambios en la administración de justicia, principalmente en la simplicidad de los procedimientos, la oralidad y la agilización de los procesos.
Fuerte “cultura de litigio” acumuló 117.000 procesos en La Paz
El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, expresó ayer su preocupación por la fuerte “cultura de litigio” que causó una carga procesal acumulada de al menos 117.000 casos en este departamento que alberga la sede de Gobierno.
“A nivel nacional somos el departamento con mayor número de causas, 117.000 casos provocadas por una fuerte cultura del litigio”, reportó a la Agencia Boliviana de Información.
El Ministerio Público de La Paz absorbe entre el 35% y 40% del total de causas que se sustancian en Bolivia.
El resto se divide entre Santa Cruz y Cochabamba, dos de las tres ciudades más pobladas del país.
En La Paz, manifestó, por cada caso se suman tres procesos adicionales, porque por cada denuncia el Ministerio Público tiene que estar preparado para enfrentar contradenuncias.
Explicó que las personas allegadas a los procesos penales también presentan denuncias, lo que provoca que se incremente el número de casos innecesarios.
“Las personas en litigio, incluso logran créditos bancarios para encarar un proceso penal que podría solucionarse en una audiencia de conciliación, pero el orgullo, la testarudez o mal asesoramiento de sus abogados, hace que las personas se adeuden y lleven adelante procesos por mucho tiempo, para que al final no logren conseguir el objetivo que querían”, apuntó.
“Se trata de pequeñas guerras familiares, pleitos de personas que no tienen sentido o razón de ser”, lamentó.
En conocimiento de esta patología social, la Fiscalía General del Estado intervino en 2015, por 90 días el Ministerio Público e impulsó la ‘reingeniería’ para resolver este problema, la corrupción y la mala práctica del derecho por parte de fiscales y personal administrativo.
“A nivel nacional somos el departamento con mayor número de causas, 117.000 casos provocadas por una fuerte cultura del litigio”, reportó a la Agencia Boliviana de Información.
El Ministerio Público de La Paz absorbe entre el 35% y 40% del total de causas que se sustancian en Bolivia.
El resto se divide entre Santa Cruz y Cochabamba, dos de las tres ciudades más pobladas del país.
En La Paz, manifestó, por cada caso se suman tres procesos adicionales, porque por cada denuncia el Ministerio Público tiene que estar preparado para enfrentar contradenuncias.
Explicó que las personas allegadas a los procesos penales también presentan denuncias, lo que provoca que se incremente el número de casos innecesarios.
“Las personas en litigio, incluso logran créditos bancarios para encarar un proceso penal que podría solucionarse en una audiencia de conciliación, pero el orgullo, la testarudez o mal asesoramiento de sus abogados, hace que las personas se adeuden y lleven adelante procesos por mucho tiempo, para que al final no logren conseguir el objetivo que querían”, apuntó.
“Se trata de pequeñas guerras familiares, pleitos de personas que no tienen sentido o razón de ser”, lamentó.
En conocimiento de esta patología social, la Fiscalía General del Estado intervino en 2015, por 90 días el Ministerio Público e impulsó la ‘reingeniería’ para resolver este problema, la corrupción y la mala práctica del derecho por parte de fiscales y personal administrativo.
Narcos utilizan 5 rubros para lavar dinero ilícito
El Ministerio Público identificó al menos cinco rubros en los que las personas vinculadas al narcotráfico en Bolivia realizan el lavado de dinero, entre ellos menciona el automotriz, compra y venta inmobiliaria, la construcción, inversión en acciones de empresas y la compra de bonos.
En entrevista con Los Tiempos, el director Nacional de Sustancias Controladas de la Fiscalía General del Estado, Freddy Larrea, explicó sobre el blanqueo de capitales y otros delitos que están relacionados al mundo del tráfico ilícito de sustancias controladas. Detalló que en Bolivia a la fecha se tienen 115 casos investigados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas producto del narcotráfico, de los cuales en 2015 se logró la sentencia en ocho procesos.
La investigación en casos de lavado de dinero o legitimación de ganancias ilícitas en Bolivia es “compleja”, asegura Larrea, porque se requiere de experticia para seguir pasos para confirmar o descartar las sospechas. Explica que de acuerdo a los casos atendidos desde su dirección existen coincidencias en relación a los rubros que utilizan los narcos para el lavado de dinero.
“Tenemos el rubro automotriz con la compra y venta de vehículos, es una forma de como blanquear el dinero. Tenemos casos de inmobiliarios, con la compra y venta de terrenos, departamentos o condominios; la inversión en acciones de empresas y también la compra de bonos. En la construcción también tenemos muchos casos”, dijo.
Larrea explicó que estos rubros son utilizados porque este tipo de transacciones se las realiza generalmente entre personas privadas, sin ningún intermediario como la banca. “No hay una triangulación a través de la banca o a través de otra entidad que pueda controlar esa operación que se hace entre personas”, señaló.
“Quizás por ahí estamos fallando como institución de cómo ejercer un mejor control. Un mecanismo que pueda, en su momento, alertarnos para que podamos accionar” la operación, dijo.
Indicios
El Fiscal aclara que su dirección investiga de forma directa la legitimación de ganancias ilícitas vinculadas al narcotráfico, “entonces partimos de un hecho de narcotráfico siempre. Vemos que una persona tiene antecedentes con narcotráfico y a partir de ahí investigamos todo el universo patrimonial que tiene”.
Esa investigación es apoyada por los peritos que se tienen en el Instituto de Investigación Forense (IDIF) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) para corroborar si el universo patrimonial de esa persona es relativo o tienen proporcionalidad con su fuente de ingreso.
En una tercera fase de la investigación, se indaga si existe un nexo o vínculos a nivel internacional. “Activamos una cooperación internacional porque por lo general en este tipo de delitos siempre hay delitos trasnacionales”.
La cuarta parte de conclusión, de acuerdo a los resultados de la investigación se realizar la acusación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
No hay cárteles
El Director Nacional de Sustancias Controladas del Ministerio Público afirma que en Bolivia no se tienen registros que comprueben la existencia de cárteles de narcotráfico, pero sí emisarios que se encargan de recolectar la droga que ingresa al país para refinarla y después enviarla a países de Europa o Estados Unidos.
“Si hablamos de cárteles como una estructura organizativa criminal que la podemos comparar con una estructura militar, particularmente, en ningún caso que se ha investigado se ha llegado a determinar a ciencia cierta de que haya ese tipo de estructura en nuestro país. Lo que sí puede haber son emisarios, gente que colecta o acopia y en algún momento se entrelaza con esta gente”, indicó.
Yapacaní y San Germán
El fiscal Nacional de Sustancias Controladas, Freddy Larrea, informó que de acuerdo a los resultados de los operativos de interdicción realizados en todo el territorio nacional, los municipios de Yapacaní y San Germán de la provincia Ichilo, todavía son “zonas muy críticas” de narcotráfico.
“Sigue siendo porque existe de alguna forma una especie de proteccionismo de parte del comunario, de parte del viviente. Entonces cuando estamos llegando para hacer interdicción alertan o informan y la gente se pone a buen recaudo y por eso muchos operativos son fallidos”, argumentó.
En marzo de 2014, los pobladores de Yapacaní protestaron y se opusieron a la construcción de un cuartel en ese territorio argumentaron y denunciaron abusos por parte de los agentes antidroga. A pesar de ello se logró la construcción de esta infraestructura algunos kilómetros más allá en el municipio de San Juan de Yapacaní.
Larrea asegura que actualmente los narcos utilizan las densas zonas selváticas de Bolivia para el narcotráfico, entre ellos las zonas del Beni, de la Chiquitania por el lado del oriente boliviano, y el trópico de Cochabamba para construir puentes aéreos.
Narcos utilizan a menores
De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Sustancias Controladas hasta noviembre de 2015, se aprehendieron a 1.830 personas, de las cuales 1.408 son hombres, 327 mujeres y menores 95. El fiscal Freddy Larrea dijo que en los últimos años se ha incrementado el número de menores de edad relacionados con el tráfico de drogas, esto porque los narcotraficantes identifican a las familias disgregadas y pobres para convencer a los menores a participar de este ilícito.
“Hemos visto que en este año se ha incrementado el número de menores en temas de narcotráfico pero hay diversos factores que hay que analizar. Entonces eso aprovecha el traficante para reclutar y someterlos a ser utilizados para ese tipo de ilícitos”, dijo Larrea.
Al momento de descartar la existencia de cárteles en Bolivia dijo que a los narcotraficantes no les interesa Bolivia como un mercado consumidor debido a la gran demanda que existe en otros países como Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, señala que existe “mucha injerencia extranjera” particularmente de gente colombiana que llega al país para cristalizar o refinar la cocaína que llega desde Perú para enviarla a otro país. Esto también fue corroborado por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, quien dijo que Bolivia es un paso obligado para los narcos donde también refinan la droga.
“Tienen técnicas muy avanzadas que se han podido detectar en diversos laboratorios que se ha intervenido y se ha visto que cada vez van mejorando su técnica que significa incremento de su calidad”, dijo.
En entrevista con Los Tiempos, el director Nacional de Sustancias Controladas de la Fiscalía General del Estado, Freddy Larrea, explicó sobre el blanqueo de capitales y otros delitos que están relacionados al mundo del tráfico ilícito de sustancias controladas. Detalló que en Bolivia a la fecha se tienen 115 casos investigados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas producto del narcotráfico, de los cuales en 2015 se logró la sentencia en ocho procesos.
La investigación en casos de lavado de dinero o legitimación de ganancias ilícitas en Bolivia es “compleja”, asegura Larrea, porque se requiere de experticia para seguir pasos para confirmar o descartar las sospechas. Explica que de acuerdo a los casos atendidos desde su dirección existen coincidencias en relación a los rubros que utilizan los narcos para el lavado de dinero.
“Tenemos el rubro automotriz con la compra y venta de vehículos, es una forma de como blanquear el dinero. Tenemos casos de inmobiliarios, con la compra y venta de terrenos, departamentos o condominios; la inversión en acciones de empresas y también la compra de bonos. En la construcción también tenemos muchos casos”, dijo.
Larrea explicó que estos rubros son utilizados porque este tipo de transacciones se las realiza generalmente entre personas privadas, sin ningún intermediario como la banca. “No hay una triangulación a través de la banca o a través de otra entidad que pueda controlar esa operación que se hace entre personas”, señaló.
“Quizás por ahí estamos fallando como institución de cómo ejercer un mejor control. Un mecanismo que pueda, en su momento, alertarnos para que podamos accionar” la operación, dijo.
Indicios
El Fiscal aclara que su dirección investiga de forma directa la legitimación de ganancias ilícitas vinculadas al narcotráfico, “entonces partimos de un hecho de narcotráfico siempre. Vemos que una persona tiene antecedentes con narcotráfico y a partir de ahí investigamos todo el universo patrimonial que tiene”.
Esa investigación es apoyada por los peritos que se tienen en el Instituto de Investigación Forense (IDIF) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) para corroborar si el universo patrimonial de esa persona es relativo o tienen proporcionalidad con su fuente de ingreso.
En una tercera fase de la investigación, se indaga si existe un nexo o vínculos a nivel internacional. “Activamos una cooperación internacional porque por lo general en este tipo de delitos siempre hay delitos trasnacionales”.
La cuarta parte de conclusión, de acuerdo a los resultados de la investigación se realizar la acusación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
No hay cárteles
El Director Nacional de Sustancias Controladas del Ministerio Público afirma que en Bolivia no se tienen registros que comprueben la existencia de cárteles de narcotráfico, pero sí emisarios que se encargan de recolectar la droga que ingresa al país para refinarla y después enviarla a países de Europa o Estados Unidos.
“Si hablamos de cárteles como una estructura organizativa criminal que la podemos comparar con una estructura militar, particularmente, en ningún caso que se ha investigado se ha llegado a determinar a ciencia cierta de que haya ese tipo de estructura en nuestro país. Lo que sí puede haber son emisarios, gente que colecta o acopia y en algún momento se entrelaza con esta gente”, indicó.
Yapacaní y San Germán
El fiscal Nacional de Sustancias Controladas, Freddy Larrea, informó que de acuerdo a los resultados de los operativos de interdicción realizados en todo el territorio nacional, los municipios de Yapacaní y San Germán de la provincia Ichilo, todavía son “zonas muy críticas” de narcotráfico.
“Sigue siendo porque existe de alguna forma una especie de proteccionismo de parte del comunario, de parte del viviente. Entonces cuando estamos llegando para hacer interdicción alertan o informan y la gente se pone a buen recaudo y por eso muchos operativos son fallidos”, argumentó.
En marzo de 2014, los pobladores de Yapacaní protestaron y se opusieron a la construcción de un cuartel en ese territorio argumentaron y denunciaron abusos por parte de los agentes antidroga. A pesar de ello se logró la construcción de esta infraestructura algunos kilómetros más allá en el municipio de San Juan de Yapacaní.
Larrea asegura que actualmente los narcos utilizan las densas zonas selváticas de Bolivia para el narcotráfico, entre ellos las zonas del Beni, de la Chiquitania por el lado del oriente boliviano, y el trópico de Cochabamba para construir puentes aéreos.
Narcos utilizan a menores
De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Sustancias Controladas hasta noviembre de 2015, se aprehendieron a 1.830 personas, de las cuales 1.408 son hombres, 327 mujeres y menores 95. El fiscal Freddy Larrea dijo que en los últimos años se ha incrementado el número de menores de edad relacionados con el tráfico de drogas, esto porque los narcotraficantes identifican a las familias disgregadas y pobres para convencer a los menores a participar de este ilícito.
“Hemos visto que en este año se ha incrementado el número de menores en temas de narcotráfico pero hay diversos factores que hay que analizar. Entonces eso aprovecha el traficante para reclutar y someterlos a ser utilizados para ese tipo de ilícitos”, dijo Larrea.
Al momento de descartar la existencia de cárteles en Bolivia dijo que a los narcotraficantes no les interesa Bolivia como un mercado consumidor debido a la gran demanda que existe en otros países como Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, señala que existe “mucha injerencia extranjera” particularmente de gente colombiana que llega al país para cristalizar o refinar la cocaína que llega desde Perú para enviarla a otro país. Esto también fue corroborado por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, quien dijo que Bolivia es un paso obligado para los narcos donde también refinan la droga.
“Tienen técnicas muy avanzadas que se han podido detectar en diversos laboratorios que se ha intervenido y se ha visto que cada vez van mejorando su técnica que significa incremento de su calidad”, dijo.
Sunday, January 17, 2016
Código Procesal Civil innova recursos contra retardación y corrupción
El nuevo Código Procesal Civil, que entrará en vigencia en febrero, implementa innovaciones principales como la conciliación, la tecnificación y la oralidad de juicios, para acelerar la resolución de los procesos civiles. Con esos cambios, también se busca enfrentar la corrupción generada en la mora procesal y reducir la retardación de justicia.
El viceministro de Justicia y de Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, hace una amplia explicación sobre los alcances de la nueva medida legal, las ventajas, los avances, además de los recursos económicos, infraestructura, capacitación de los operadores de justicia, socialización de la norma y acciones inmediatas para su plena ejecución después de las fiestas de carnaval.
A su vez el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Efraín Chambi, dijo que se ha trabajado de forma coordinada entre los órganos Judicial, Ejecutivo y Legislativo para encarar una serie de acciones tendientes a la implementación del nuevo Código.
SIMPLIFICACIÓN Tanto Jiménez como Chambi consideran que las innovaciones principales del nuevo Código son la oralidad, la conciliación, la tecnologización de la justicia, reducción de papeleos burocráticos, reducir las audiencias hasta dos para un fallo, tendientes a acelerar los procesos, acabar con la mora procesal y evitar que en esa burocracia judicial se genere la corrupción.
Aunque la jefa de bancada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, advirtió de un eventual fracaso de esta nueva medida legal por la ausencia de capacitación adecuada de los operadores de justicia, la deficiente infraestructura para los procesos orales y el reducido presupuesto económico para su implementación.
Sobre las observaciones de la opositora, el viceministro Jiménez reconoció que uno de los motivos por el que no ingresó anteriormente en vigencia y aplicación del Código Procesal Civil en dos oportunidades (agosto de 2014 y agosto de 2015) fue justamente por las observaciones de tipo estructural como falta de recursos, infraestructura y capacitación de los operadores de justicia, que fueron resueltas en esta última fase.
Recordó que en este último año con la Ley de Modificación de Vigencias Plenas se ha conformado una comisión mixta de varios representantes de tres órganos de poder.
La comisión compuesta por los ministerios de Justicia y Economía, los presidentes del Senado y de Diputados, los presidentes de las diferentes instancias del Órgano Judicial determinó una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo.
Dijo que de esas determinaciones se desarrolló una capacitación integral de los operadores de justicia, a través de diplomados en materia civil, en convenio con diferentes universidades.
Además se generó un modelo de gestión para que pueda entrar en vigencia la conciliación como una etapa procesal previa así como “intrajudicial”.
CLAVES La conciliación y la oralidad se constituyen en las claves del nuevo Código Procesal Civil, dependerá de la resolución de estas dos instancias para lograr la celeridad de las causas que se instauren en la vía civil.
El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, y la jefa de bancada del opositor PDC y abogada, Norma Piérola, coincidieron que lo fundamental de esta nueva norma es la abreviación de procesos conducentes a reducir tiempo, costo, evitar acciones irregulares para conseguir una fallo de una determinada causa.
Piérola reconoció que uno de los principales beneficios que ofrece esta norma es que es rápida y de alguna manera busca bajar la retardación de justicia, porque se eliminan las excusas de parte de los jueces, tendrán la obligación de resolver en el acto. “Son fundamentales la conciliación y oralidad, en torno a estos elementos funciona todo el proceso civil”, agregó.
DISTRIBUCIÓN DE JUZGADOS Se redistribuyeron juzgados en el país de acuerdo a la necesidad por carga procesal y por capacidad de atención que tienen algunos distritos en Bolivia. Se determinó la creación de nuevos juzgados civiles y en material familiar.
Se definió la asignación de tres nuevas salas civiles, cada una en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba que es el eje del país. El viceministro Jiménez argumentó la asignación de salas de forma inicial en el eje troncal por la alta carga procesal y porque ahora las instancias de los tribunales departamentales van a atender el grado de apelación de todas las posibles demandas civiles.
Apuntes
Aplicación
El ingreso en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Civil estaba inicialmente previsto para el 6 de agosto de 2015, sin embargo esta fecha fue diferida hasta el 6 de febrero 2016, para lograr una mejor capacitación del personal y ajustar el número y la distribución de juzgados y mejorar la infraestructura, para la atención de casos.
Documento
Es el tercer Código aprobado en Bolivia. El primero entró en vigencia en 1830, en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, y el segundo en 1971, con Hugo Banzer.
Obligación
Con el nuevo Código, no se puede iniciar una demanda ordinaria si antes las partes no han intentado una conciliación previa, salvo algunas excepciones. Esta conciliación se la tiene que intentar ante un funcionario de apoyo judicial que se llama Conciliador.
Está prohibida la conciliación en casos que afecten al estado o temas de corrupción y narcotráfico.
Notificaciones por internet
Con la ejecución del nuevo Código Procesal Civil se aplicará la tecnología. Se aprobó un reglamento para las notificaciones vía internet.
“Ahora las notificaciones no solo van a ser en papel, sino que habrá la posibilidad de que voluntariamente quienes quieran ser notificados por un sistema informático se registren”, agregó.
Se pone en vigencia el SIRES que es un sistema informático de registro donde los usuarios podrán saber, a través del medio tecnológico, sea celular, correo electrónico, Whatsapp o una página Web, en qué situación está su proceso.
Además, dijo que cada litigante, abogado o interesado en el caso podrá abrir un buzón electrónico donde será notificado e informado sobre el curso del proceso.
“Este procedimiento permitirá mejorar los antiguos elementos que se tenían en un proceso”, agregó, al precisar que las nuevas medidas fueron aprobadas por la Comisión Mixta de diputados y operadores de justicia.
Casos pendientes serán adecuados a los procesos orales para agilizar su resolución
El viceministro de Justicia y de Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, manifestó que muchos de los casos vigentes que están sustanciados en los juzgados en materia civil podrán adecuarse al sistema de la oralidad.
En cambio sí hay otros casos en etapa definitiva continuarán el proceso hasta su conclusión para evitar complicaciones a fin de evitar problemas legales.
Aunque precisó que las causas desde febrero lógicamente ingresarán con el nuevo sistema de oralidad que establece el Código Procesal Civil
Aclaró que no se incluirá la figura de un juez liquidador en ninguna nueva norma para acabar con los procesos pendientes.
“Todos los jueces continuarán conociendo sus causas civiles que están instauradas en sus despachos actualmente, pero cualquier proceso cuando pase a la siguiente etapa puede ingresar adecuándose al nuevo sistema procesal civil, es decir a la oralidad, pero va a depender del tipo de proceso que se esté encarando”, aseveró, aunque consideró que los jueces en algunos procesos pueden terminar con normalidad los juicios instaurados con el antiguo Código.
En tanto que la diputada opositora Norma Piérola observó la incertidumbre que deja la aplicación del nuevo Código en febrero sobre las causas vigentes que se consideran en los juzgados en material civil.
Lamentó que no se implementarán los jueces liquidadores de las causas antiguas que están siendo tratadas con el actual Código de Procedimiento Civil. “Espero que no se improvise en este caso y no se perjudique a la gente que tiene sus procesos pendientes, porque esto puede convertirse en una situación caótica”, agregó.
Recomendó asumir una decisión sobre las causas que están vigentes en este momento para que se las rechacen o extingan, pero tiene que pasar por un procedimiento liquidador que, a su juicio, será complejo y largo.
CONCILIADORES Jiménez manifestó que con los nuevos conciliadores se han alquilado nuevas infraestructuras y se dio un nuevo impulso a la construcción a la ciudadela judicial en Sucre que ya tiene el presupuesto asignado por el Gobierno central.
Los conciliadores son parte del juzgado, es decir dependen de un juez.
Recordó que el anterior proceso de selección de los 157 conciliadores ha tenido muchos cuestionamientos para su selección como irregularidades, favoritismos, no se valoraron méritos y otras denuncias.
Ante esa situación la comisión de los tres órganos de poder tomó en cuenta los 300 seleccionados inicialmente para hacer una nueva elección en base a méritos y exámenes transparentes.
Opositora cree que se perfila un fracaso
La ausencia de una capacitación adecuada de los conciliadores, bajo presupuesto, infraestructura deficiente y la poca socialización del nuevo Código Procesal Civil, anticipan un “fracaso” en la aplicación de esa norma, afirmó la jefa de bancada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola.
“Cómo podemos asegurar que se pondrá en aplicación esta medida legal, cuando el Gobierno y el Órgano Judicial no hicieron nada durante este tiempo para capacitar a los jueces, conseguir adecuadas instalaciones para los juicios orales, no se sabe nada de los conciliadores y aún es tan pobre el presupuesto para justicia, todo esto perfila al fracaso de su implementación”, afirmó.
A decir de Piérola, primero se debe nombrar conciliadores, porque sin autorización de estas autoridades no se podrá aplicar ningún proceso.
Además preguntó que cómo se puede aplicar la justicia oral con la gente “improvisada” que está en la administración de justicia.
“Lamentablemente los jueces y abogados en su mayoría están acostumbrados al copiar y pegar. Reitero que primero tiene que haber una gran etapa de capacitación de los operadores de justicia y luego recién aplicarlo progresivamente”, aseveró.
CÓDIGO La diputada opositora considera que se deben modificar todos los códigos para poner en funcionamiento el Código Procesal Civil
Asimismo dijo que otro impedimento para una aplicación total de este nuevo Código es la baja asignación presupuestaria de menos de 1 por ciento del PGE.
“Si no se destina presupuesto adecuado para la capacitación de los operadores de justicia, infraestructura y otros elementos para aplicar el nuevo código Procesal Civil, de lo contrario será un fracaso”, aseveró la diputada del Partido Demócrata Cristiano.
El viceministro de Justicia y de Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, hace una amplia explicación sobre los alcances de la nueva medida legal, las ventajas, los avances, además de los recursos económicos, infraestructura, capacitación de los operadores de justicia, socialización de la norma y acciones inmediatas para su plena ejecución después de las fiestas de carnaval.
A su vez el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Efraín Chambi, dijo que se ha trabajado de forma coordinada entre los órganos Judicial, Ejecutivo y Legislativo para encarar una serie de acciones tendientes a la implementación del nuevo Código.
SIMPLIFICACIÓN Tanto Jiménez como Chambi consideran que las innovaciones principales del nuevo Código son la oralidad, la conciliación, la tecnologización de la justicia, reducción de papeleos burocráticos, reducir las audiencias hasta dos para un fallo, tendientes a acelerar los procesos, acabar con la mora procesal y evitar que en esa burocracia judicial se genere la corrupción.
Aunque la jefa de bancada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, advirtió de un eventual fracaso de esta nueva medida legal por la ausencia de capacitación adecuada de los operadores de justicia, la deficiente infraestructura para los procesos orales y el reducido presupuesto económico para su implementación.
Sobre las observaciones de la opositora, el viceministro Jiménez reconoció que uno de los motivos por el que no ingresó anteriormente en vigencia y aplicación del Código Procesal Civil en dos oportunidades (agosto de 2014 y agosto de 2015) fue justamente por las observaciones de tipo estructural como falta de recursos, infraestructura y capacitación de los operadores de justicia, que fueron resueltas en esta última fase.
Recordó que en este último año con la Ley de Modificación de Vigencias Plenas se ha conformado una comisión mixta de varios representantes de tres órganos de poder.
La comisión compuesta por los ministerios de Justicia y Economía, los presidentes del Senado y de Diputados, los presidentes de las diferentes instancias del Órgano Judicial determinó una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo.
Dijo que de esas determinaciones se desarrolló una capacitación integral de los operadores de justicia, a través de diplomados en materia civil, en convenio con diferentes universidades.
Además se generó un modelo de gestión para que pueda entrar en vigencia la conciliación como una etapa procesal previa así como “intrajudicial”.
CLAVES La conciliación y la oralidad se constituyen en las claves del nuevo Código Procesal Civil, dependerá de la resolución de estas dos instancias para lograr la celeridad de las causas que se instauren en la vía civil.
El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, y la jefa de bancada del opositor PDC y abogada, Norma Piérola, coincidieron que lo fundamental de esta nueva norma es la abreviación de procesos conducentes a reducir tiempo, costo, evitar acciones irregulares para conseguir una fallo de una determinada causa.
Piérola reconoció que uno de los principales beneficios que ofrece esta norma es que es rápida y de alguna manera busca bajar la retardación de justicia, porque se eliminan las excusas de parte de los jueces, tendrán la obligación de resolver en el acto. “Son fundamentales la conciliación y oralidad, en torno a estos elementos funciona todo el proceso civil”, agregó.
DISTRIBUCIÓN DE JUZGADOS Se redistribuyeron juzgados en el país de acuerdo a la necesidad por carga procesal y por capacidad de atención que tienen algunos distritos en Bolivia. Se determinó la creación de nuevos juzgados civiles y en material familiar.
Se definió la asignación de tres nuevas salas civiles, cada una en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba que es el eje del país. El viceministro Jiménez argumentó la asignación de salas de forma inicial en el eje troncal por la alta carga procesal y porque ahora las instancias de los tribunales departamentales van a atender el grado de apelación de todas las posibles demandas civiles.
Apuntes
Aplicación
El ingreso en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Civil estaba inicialmente previsto para el 6 de agosto de 2015, sin embargo esta fecha fue diferida hasta el 6 de febrero 2016, para lograr una mejor capacitación del personal y ajustar el número y la distribución de juzgados y mejorar la infraestructura, para la atención de casos.
Documento
Es el tercer Código aprobado en Bolivia. El primero entró en vigencia en 1830, en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, y el segundo en 1971, con Hugo Banzer.
Obligación
Con el nuevo Código, no se puede iniciar una demanda ordinaria si antes las partes no han intentado una conciliación previa, salvo algunas excepciones. Esta conciliación se la tiene que intentar ante un funcionario de apoyo judicial que se llama Conciliador.
Está prohibida la conciliación en casos que afecten al estado o temas de corrupción y narcotráfico.
Notificaciones por internet
Con la ejecución del nuevo Código Procesal Civil se aplicará la tecnología. Se aprobó un reglamento para las notificaciones vía internet.
“Ahora las notificaciones no solo van a ser en papel, sino que habrá la posibilidad de que voluntariamente quienes quieran ser notificados por un sistema informático se registren”, agregó.
Se pone en vigencia el SIRES que es un sistema informático de registro donde los usuarios podrán saber, a través del medio tecnológico, sea celular, correo electrónico, Whatsapp o una página Web, en qué situación está su proceso.
Además, dijo que cada litigante, abogado o interesado en el caso podrá abrir un buzón electrónico donde será notificado e informado sobre el curso del proceso.
“Este procedimiento permitirá mejorar los antiguos elementos que se tenían en un proceso”, agregó, al precisar que las nuevas medidas fueron aprobadas por la Comisión Mixta de diputados y operadores de justicia.
Casos pendientes serán adecuados a los procesos orales para agilizar su resolución
El viceministro de Justicia y de Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, manifestó que muchos de los casos vigentes que están sustanciados en los juzgados en materia civil podrán adecuarse al sistema de la oralidad.
En cambio sí hay otros casos en etapa definitiva continuarán el proceso hasta su conclusión para evitar complicaciones a fin de evitar problemas legales.
Aunque precisó que las causas desde febrero lógicamente ingresarán con el nuevo sistema de oralidad que establece el Código Procesal Civil
Aclaró que no se incluirá la figura de un juez liquidador en ninguna nueva norma para acabar con los procesos pendientes.
“Todos los jueces continuarán conociendo sus causas civiles que están instauradas en sus despachos actualmente, pero cualquier proceso cuando pase a la siguiente etapa puede ingresar adecuándose al nuevo sistema procesal civil, es decir a la oralidad, pero va a depender del tipo de proceso que se esté encarando”, aseveró, aunque consideró que los jueces en algunos procesos pueden terminar con normalidad los juicios instaurados con el antiguo Código.
En tanto que la diputada opositora Norma Piérola observó la incertidumbre que deja la aplicación del nuevo Código en febrero sobre las causas vigentes que se consideran en los juzgados en material civil.
Lamentó que no se implementarán los jueces liquidadores de las causas antiguas que están siendo tratadas con el actual Código de Procedimiento Civil. “Espero que no se improvise en este caso y no se perjudique a la gente que tiene sus procesos pendientes, porque esto puede convertirse en una situación caótica”, agregó.
Recomendó asumir una decisión sobre las causas que están vigentes en este momento para que se las rechacen o extingan, pero tiene que pasar por un procedimiento liquidador que, a su juicio, será complejo y largo.
CONCILIADORES Jiménez manifestó que con los nuevos conciliadores se han alquilado nuevas infraestructuras y se dio un nuevo impulso a la construcción a la ciudadela judicial en Sucre que ya tiene el presupuesto asignado por el Gobierno central.
Los conciliadores son parte del juzgado, es decir dependen de un juez.
Recordó que el anterior proceso de selección de los 157 conciliadores ha tenido muchos cuestionamientos para su selección como irregularidades, favoritismos, no se valoraron méritos y otras denuncias.
Ante esa situación la comisión de los tres órganos de poder tomó en cuenta los 300 seleccionados inicialmente para hacer una nueva elección en base a méritos y exámenes transparentes.
Opositora cree que se perfila un fracaso
La ausencia de una capacitación adecuada de los conciliadores, bajo presupuesto, infraestructura deficiente y la poca socialización del nuevo Código Procesal Civil, anticipan un “fracaso” en la aplicación de esa norma, afirmó la jefa de bancada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola.
“Cómo podemos asegurar que se pondrá en aplicación esta medida legal, cuando el Gobierno y el Órgano Judicial no hicieron nada durante este tiempo para capacitar a los jueces, conseguir adecuadas instalaciones para los juicios orales, no se sabe nada de los conciliadores y aún es tan pobre el presupuesto para justicia, todo esto perfila al fracaso de su implementación”, afirmó.
A decir de Piérola, primero se debe nombrar conciliadores, porque sin autorización de estas autoridades no se podrá aplicar ningún proceso.
Además preguntó que cómo se puede aplicar la justicia oral con la gente “improvisada” que está en la administración de justicia.
“Lamentablemente los jueces y abogados en su mayoría están acostumbrados al copiar y pegar. Reitero que primero tiene que haber una gran etapa de capacitación de los operadores de justicia y luego recién aplicarlo progresivamente”, aseveró.
CÓDIGO La diputada opositora considera que se deben modificar todos los códigos para poner en funcionamiento el Código Procesal Civil
Asimismo dijo que otro impedimento para una aplicación total de este nuevo Código es la baja asignación presupuestaria de menos de 1 por ciento del PGE.
“Si no se destina presupuesto adecuado para la capacitación de los operadores de justicia, infraestructura y otros elementos para aplicar el nuevo código Procesal Civil, de lo contrario será un fracaso”, aseveró la diputada del Partido Demócrata Cristiano.
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