Tarija, (EL DIARIO).- El abogado del representante de la empresa Imbolsur, Hugo La Faye, informó que el Ministerio Público estableció el 30 de septiembre la realización del sorteo de jueces ciudadanos para el juicio por el caso Imbolsur I, que se derivó al Juzgado de Villa Montes desde la gestión pasada, donde uno de los imputados es el exgobernador del departamento, Mario Cossío Cortez.
Según hizo conocer La Faye, en caso de conformarse el tribunal, el juicio podría instalarse el 2 de octubre. Sin embargo, observó que el juez de Villa Montes, tiene un parentesco familiar directo con el actual ministro de Hidrocarburos, Marcelo Sosa, situación que podría crear susceptibilidad entre los imputados.
Aclaró que la primera vez que se suspendió el juicio por el caso Imbolsur I que se instaló en la ciudad de Tarija, fue a pedido del Ministerio Público, la segunda vez porque uno de los jueces ciudadanos se apartó el caso por una relación de parentesco con el gobernador interino, Lino Condori, a lo que sumó la renuncia de una de las jueces ciudadanas que era de la tercera edad y que presentó problemas de salud.
En ese sentido, La Faye, indicó que todas las situaciones por las que se dilato el juicio no fueron atribuidas por acciones de los imputados, sino fueron por situaciones externas atribuibles al Ministerio Público, dijo- Al indicar que si existe retraso en el caso no es por las acciones legales de los imputados.
“Como abogado defensor de uno de los imputados estamos preparados para terminar con esta situación, que estamos llevando por varios años, como está ocurriendo en la actualidad”, precisó.
El juicio por el caso Imbolsur I, se instaló por primera vez en abril del 2013, por la renuncia de dos jueces ciudadanos, luego el juicio se trasladó al juzgado de Entre Ríos, donde en octubre del mismo año, no se logró concretar el sorteo de jueces ciudadanos y pasó al juzgado más cercado, en este caso Villa Montes.
Los imputados en el caso es el exgobernador Mario Cossío Cortez y al ex Director Ejecutivo de la Prefectura, Alejandro Rodas Rojas por supuesto incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica al Estado por suma de 1 millón 339 mil 100 bolivianos y a Félix Edgar Cardoso, por el supuesto delito de incumplimiento de contrato.
El caso Imbolsur I, se refiere al supuesto incumplimiento de la empresa en el abastecimiento de 2.900 toneladas de cemento asfáltico para la construcción del tramo vial Puerta El Chaco- Canaletas.
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