“Somos muy autocríticos y asumimos que la justicia está mal, que tenemos debilidades (...) Somos conscientes del difícil momento que atraviesa la Justicia”, reconoce el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
El Fiscal General del Estado es la máxima autoridad del Ministerio Público en el país.
En la actualidad, existe una crisis en la justicia y las principales observaciones están referidas a temas de corrupción y falta de transparencia en los procesos.
A poco de ingresar a un nuevo año, expresa que los recursos económicos del Ministerio Público son insuficientes, pero prevén fortalecer el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en Cochabamba con personal y equipos para que sea el núcleo del país en el tema de formación y capacitación.
También habló de los mecanismos que están poniendo en vigencia para controlar el tema de enriquecimiento ilícito de administradores de justicia.
En su visita a Cochabamba, el 18 de diciembre, conversó con este medio de comunicación en la oficina de la Fiscalía Distrital.
P: Hay una Fiscalía más estricta en tema de lucha contra la corrupción, ¿es una forma de responder a la demanda de la población y a la crisis judicial?
R: Es una política institucional. Cuando llegamos al Ministerio Público no había ni siquiera control al personal, registro biométrico, fails ordenados. Había fiscales sin computadoras, sin escritorio, había fiscales que no tenían aire acondicionado en Santa Cruz, una impresora (...) Hemos trabajado en dotar de condiciones, de mejorar en infraestructura, en equipamiento. Hoy todos los fiscales del país tienen su computadora, su impresora, un 80 por ciento de los fiscales tiene su computadora portátil, nuestros equipos tienen máquinas fotográficas, scanner, fotocopiadoras, que no había antes. Hoy contamos con todo eso, se ha avanzado en 2013 y 2014 en toda esa temática.
El 2015 ha sido el año de la gestión fiscal, de cómo mejoramos, cómo calificamos a nuestros cuadros fiscales y cómo vamos luchando contra la corrupción al interior y fuera de la institución. Hemos tenido una actitud muy dura, implacable en el tema de corrupción. Fue retirada una gran cantidad de fiscales con procesos disciplinarios y penales. Han habido tres fiscales departamentales que han estado en la cárcel por procesos, el exfiscal de Santa Cruz, el exfiscal de Oruro y a la exfiscal de La Paz la hemos tenido que despedir porque no pagaba alquileres y una serie de quejas.
Son varios fiscales de materia los procesados precisamente en algunos casos por retardación, por incumplimiento de plazos, en otros casos por temas de denuncias de extorsión, de cobros, de favorecimiento en determinadas resoluciones.
Entonces, estamos en un proceso de depuración del Ministerio Público.
Fue intervenida la Fiscalía de La Paz en marzo. Ahí se retiraron a más de 25 personas entre fiscales y asistentes de la Fiscalía. Lo mismo se hizo en Oruro, donde se sacaron a 12 personas.
Es parte de esa política de puertas abiertas, donde la gente debe ingresar a presentar sus quejas, sus reclamos, debe hacer conocer algunas sugerencias que hay. Siempre recomendamos a los fiscales a través de instructivos, de ciertos mecanismos internos que deben abrir las puertas, escuchar a las víctimas, no revictimizar, cero cobros. Es gratuito el trabajo de la Fiscalía, son acciones destinadas a transparentar al Ministerio Público.
P: ¿Es difícil?
R: Siempre es difícil. Somos conscientes del momento que atraviesa la justicia, de la crisis que genera. Pero, no solo es un tema de los operadores, sino que es un problema que debe ir más allá, donde la propia sociedad, viendo qué tipo de profesionales se están formando, qué tipo de abogados están formando las universidades, cuál es la currícula, cuál es la relación que hay entre los estudios de pregrado o la universitaria con la de la Escuela de Jueces, Escuela de Fiscales, Escuela de Abogados, cómo están formando a los nuevos cuadros en el ámbito del sistema judicial en general, no solo del Ministerio Público.
Son varios temas, el modelo de gestión judicial, cuál es el perfil que debe tener un servidor judicial, cómo debe ser. Lamentablemente pareciera que se invierten los valores y se habla del mejor “abogado”, haciendo referencia al que hace durar más los juicios, al que presenta mayor cantidad de incidentes, al que hace suspender los juicios.
Pareciera que para la gente común, para el ciudadano, ése es el mejor abogado.
Y, ¿cuál es el “peor abogado”? El que da salidas, alternativas, el que quiere llegar a una conciliación, el que dice ‘no’ a este proceso porque ‘es muy largo’, ‘arreglemos de otra manera’. Dicen que ese abogado no sirve, que no es bueno. Lamentablemente se ha invertido.
Entonces, ¿cómo vamos cambiando, transformando eso? En el Ministerio Público somos muy autocríticos y asumimos que la justicia está mal, asumimos que tenemos debilidades también, que las estamos combatiendo y tratando de superar. Pero, los jueces, los policías, porque la Policía es una institución fundamental en el tema de administración de justicia, los abogados, todos hablan que jueces y fiscales tienen parte en la justicia.
Los abogados litigantes, los consorcios, ¿cuál es el nivel de responsabilidad para que la justicia esté mal?, consideramos que es una tarea de todos los sectores, desde la universidad, pasando por jueces, fiscales, policías, abogados, las instancias del Estado, pasa por una decisión política de asumir verdaderas reformas o transformaciones de la justicia. Lo otro son parches, son remiendos, que no van a hacer una reforma estructural.
No se trata de acortar los plazos o agravar las penas, no se trata de decir que si antes eran 20 días hoy que sean 10, si antes eran seis meses acortaremos a tres o de agravar las penas y si antes ese delito era cuatro años le daremos ocho años, no se trata de eso, sino de verdaderas políticas a partir de la construcción de una política criminal, política de Estado, donde cada institución cumpla un rol preventivo y algunas como el Ministerio Público cumplan un rol de persecución penal, pero más estratégico, más inteligente para llegar a buenos resultados.
Lo que pasa es que en los últimos tiempos se ha dado una excesiva penalización de todo.
Un conflicto entre vecinos, de la pareja, de deuda, de alquileres llega a la Fiscalía, entonces se ha dejado de lado la última razón del derecho penal y como otras instancias no están solucionando este problema, todo es penal.
Hace unos meses vino una señora que le debían de un anticrético 10 mil o 15 mil dólares, había presentado su denuncia en la Fiscalía, que como parece que no le daban curso en la Fiscalía de Chuquisaca, vino a la Fiscalía General y me comentó su problema. Luego de la explicación, le dije que era un tema de la justicia civil y que debería acudir ahí, me dijo que sabía que era un tema civil, pero que es más rápido por la vía penal porque lo hacemos imputar, lo cautelamos y nos va a pagar, porque si es por la vía civil tardará cinco, 10 años y no pagará, entonces con ese razonamiento se carga las causas.
Este año, hemos tenido 112.904 casos y se ha incrementado un 13 por ciento en comparación a la gestión anterior y un 22 por ciento en comparación a 2013.
Entonces, culpables son los factores, la excesiva penalización, ausencia de políticas preventivas, el hecho de que otras instancias no cumplen su rol. Entonces, muchos de esos temas se van penalizando y de estos 112.904, el 70 por ciento está en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el 30 por ciento se distribuye en los seis restantes departamentos.
P: ¿Qué cantidad de fiscales y otros funcionarios públicos han sido destituidos o tienen procesos este año?
R: Fueron destituidos 45. Hay en curso unos 150 procesos contra fiscales, 100 aproximadamente están en La Paz y los 50 restantes en todo el país. Hay otros procesos contra otros funcionarios.
P: ¿En el caso del IDIF en Cochabamba qué es lo que falta hacer, considerando que no funciona en su totalidad?
R: Tenemos una gran infraestructura en Cochabamba, está funcionando en un 30 por ciento de su capacidad. En cuanto a equipamiento tenemos una de las infraestructuras del IDIF más modernas de Suramérica con todos los estándares. Hay un proyecto a diseño final y un terreno para construir en Santa Cruz otro edificio del IDIF porque ésa es la parte científica de la investigación que realizan los fiscales, eso nos permitirá dar ese salto cualitativo.
Al potenciar y fortalecer el IDIF vamos a hacer que la investigación sea más científica.
Tenemos que fortalecer el IDIF para que Cochabamba sea el núcleo central de las investigaciones, donde no solo se hagan las pericias, sino que se capacite, se forme a los nuevos peritos de Bolivia.
Hay que aprovechar la plataforma que tenemos hoy con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIMP) para intercambiar experiencias. México, por ejemplo, ha puesto a disposición los institutos que tiene del Ministerio Público, lo propio Venezuela y Brasil.
Falta equipamiento. Si bien hemos comprado una cantidad de equipos de genética, toxicología, laboratorios, con aporte del TGN, de Dinamarca y la propia Gobernación, falta.
Hemos comprado las cámaras frigoríficas, pero falta más.
También se debe incrementar el número de ítemes para personal, yo estimo que un 30, 40 por ciento , no es que no tengamos, pero todavía es una reducida cantidad.
En toxicología tenemos uno y quisiéramos tres, que sería lo óptimo, porque actualmente Cochabamba no está solo atendiendo al departamento, sino que también llegan muestras de otros departamentos como Chuquisaca, Beni, Santa Cruz.
P: ¿Ya no se envía las muestras a La Paz?
R: De Cochabamba ya no, de Oruro y Potosí todavía. Estamos desconcentrando y por eso queremos potenciar el IDIF en Cochabamba.
Presupuesto de Bs 155 millones es insuficiente
Para el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, el presupuesto de 155 millones de bolivianos es insuficiente, pero con ese monto se hacen esfuerzos por mejorar.
P: ¿Con qué presupuesto está trabajando la Fiscalía?
R: Actualmente, tenemos 155 millones de bolivianos, ése es nuestro presupuesto.
P: ¿Cómo se distribuye?
R: La mayoría va para sueldos y servicios, pero un 95 por ciento del crecimiento que ha habido en la planilla y el presupuesto del Ministerio Publico fue para los fiscales, asistentes, a peritos del IDIF, ni un 2 por ciento en personal administrativo. Hemos priorizado la labor de gestión fiscal. Hay una relación de un 78 a 79 por ciento en gasto corriente, sueldos, servicios y demás, y aproximadamente 18 a 20 por ciento de inversión.
P: ¿Alcanzan los recursos?
R: Es insuficiente. Hasta el 2012 la Fiscalía tenía 110 millones de presupuesto, 100 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) y 10 millones de ingresos propios, de recursos propios. Con la puesta en vigencia de la Ley 260 del Ministerio Público desaparecen los recursos propios, ya no se cobra en el IDIF ni timbres ni valorados, absolutamente nada.
Luego de una negociación, de una justificación de un presupuesto nos incrementan aproximadamente el 50 por ciento en 2013 y actualmente tenemos 155 millones.
Eso permitió un crecimiento de 436 fiscales que éramos hasta 2012 a 508 que somos actualmente, de 33 funcionarios del IDIF, de 2 médicos forenses que tenía Cochabamba hoy tenemos 7, en La Paz de 7 forenses a 16.
P: ¿Cómo lidiará con este presupuesto insuficiente considerando que el Ministerio de Economía manifestó que no se va a incrementar el presupuesto?
R: No voy a ocultar que el tema es de preocupación. Sin embargo, no supeditamos nuestra labor a un incremento de presupuesto, asumimos el trabajo con lo poco que tenemos y con los aportes, por ejemplo, de la Embajada de Dinamarca, y otros pequeños presupuestos de Unicef, sobre todo para el área de protección a víctimas, delitos de violencia, la Ley 348.
Son aportes que van a mejorar sobre todo las capacidades de fiscales, protocolos, rutas críticas, material para psicólogos, trabajadores sociales. En el área de sustancias controladas tenemos apoyo de la Unión Europea.
P: ¿Qué otros desafíos tiene la Fiscalía para el 2016?
R: Vamos a lanzar la segunda semana de enero un taller nacional para la implementación y vigencia de este nuestro nuevo modelo de gestión fiscal. Eso se traduce en plataformas amigables, en unidades de análisis, de solución temprana, fiscalías corporativas y en dar celeridad a los trámites y procesos.
Estamos viniendo de un modelo antiguo, arcaico, inquisitivo y el salto cualitativo es este modelo de gestión fiscal que ya lo hemos implementado desde enero de este año en seis fiscalías que no son del eje. Hemos tenido algunas dificultades que hemos ido ajustando.
Otro tema es la puesta en vigencia de la nueva carrera fiscal, la institucionalización en el Ministerio Público. El tema es luchar contra la corrupción, la transparencia que debe existir en la actuación de nuestros fiscales y todos los servidores. Eso también pasa por consolidar nuestra Unidad de Investigación Patrimonial, que revisa el patrimonio que tenemos los servidores del Ministerio Público y a partir de eso se está haciendo una investigación que nos arrojará datos el primer trimestre de 2016 para ver si corresponde o no la apertura de procesos.
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