Saturday, April 30, 2016

En Beni piden control social para jueces y fiscales



Róger Stroebel, dirigente de la Federación de Trabajadores Campesinos de Beni, informó ayer que durante la precumbre de justicia departamental que se instaló en Trinidad plantearon la creación de un consejo de control social a jueces y fiscales.

“A los maestros cada año les hacemos evaluaciones para que vuelvan a trabajar, pero en el campo de la justicia no hay un control social, nadie los fiscaliza”, lamentó el representante campesino.

Stroebel afirmó que hay autoridades judiciales y del Ministerio Público que cometen faltas graves en el ejercicio de sus funciones y no son suspendidos. Se quedan y no son alejados como si fueran “vitalicios” en el cargo. En el caso del sector campesino, explicó que cuentan con un tribunal disciplinario que actúa sobre los casos que se presentan con base en los usos y costumbres.

Stroebel añadió que tienen delegados en las seis mesas de trabajo instaladas en la precumbre que tratan los siguientes ejes temáticos: acceso a la justicia, la retardación de los procesos, la corrupción de los funcionarios judiciales, la formación de abogados y servidores, la elección de altas autoridades y una nueva política criminal.

Consejera Mamani está procesada desde 2004

La consejera del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani Aguilar, está procesada penalmente por uso de instrumento falsificado y daño económico al Estado desde 2004, denunció el diputado Rafael Quispe el viernes.

"La consejera Cristina Mamani Aguilar fue imputada en 2004 por el delito de uso de instrumento falsificado y fue beneficiada con detención domiciliaria. Ella fue parte de una estafa al Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) por una suma superior a los 300 millones de bolivianos”, explicó Quispe a Radio Fides.

Indicó que las autoridades que la eligieron en 2011 para ser componente del Consejo de la Magistratura no revisaron ni le pidieron Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) o si le presentó fue falso.

Mamani Aguilar fue aprehendida cuando intentaba cobrar la renta de una jubilada con y una identificación falsa, acción que realizó en por lo menos ocho oportunidades con los documentos de esa persona. En su declaración ante el Ministerio Público, Mamani Aguilar, afirmó que tenía el oficio de “peladora de papas” que no tenía ningún patrimonio. En su declaración jurada ante la Contraloría General de Estado la Consejera afirma tener de patrimonio 1.500.000 bolivianos. /Fides.

Jueza Tintaya enfrentará otro proceso por favorecer a exfiscal

Carminia Luna, abogada y víctima de uno de los varios procesos montados del exfiscal Humberto Quispe, denunció ayer que la juez Jakelyn Tintaya será denunciada por favorecer a Quispe con una detención domiciliaria, acreditando un trabajo falso.

Luna, explicó que al margen del proceso disciplinario, abierto por el Consejo de la Magistratura, ella presentó una demanda penal contra Tintaya por los delitos de resoluciones contrarias a ley, abuso de autoridad, cohecho porque no quiso dar paso a una observación, bajo la figura jurídica de “correr en traslado”.

“Ya habíamos denunciado que la juez recibía dinero, pero son cosas que no se pueden demostrar. En esa oportunidad Quispe debía ser recluído en La Paz, pero Tintaya le dio detención domiciliaria”, declaró Luna que fue detenida en 2012 por orden del fiscal Humberto Quispe acusada de falsificar documentos.

En la gestión pasada, Tintaya, en su calidad de juez Décimo Segundo de Instrucción en lo Penal, el jueves fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, por su supuesta relación con el caso consorcio de jueces, fiscales y abogados, encabezado por el vocal paceño Fernando Ganam y el abogado Milton Mendoza.

Por otro lado, ayer Quispe fue traído a La Paz desde la cárcel de Santa Roque de Sucre, para una audiencia de revocatoria a la resolución dictada por la juez Tintaya.

En efecto, en dicha audiencia, la juez primero anticorrupción, Cinthia Delgadillo, revocó la medida sustitutiva y el exfiscal continuará detenido en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre.

Las actuaciones de Quispe generaron una asociación de víctimas que denunciaron el abuso de autoridad del exfiscal, entre ella la abogada Luna, quien a raíz de la acusación de Quispe, guardó detención preventiva en la cárcel de Obrajes de La Paz para iniciar una acción recriminatoria contra su acusador.

Según Luna, el exfiscal debe guardar detención en la cárcel de San Roque de Sucre, pero tiene la facilidad de salir y realizar trabajos de abogado libre, además de ser interno con un comportamiento conflictivo que distorsiona la disciplina de los reos de esa cárcel.

Friday, April 29, 2016

Jueza Tintaya es enviada a la cárcel y defensa critica violación de derechos maternales

La juez segundo anticorrupción, Rossmery Pabón, determinó ayer la detención preventiva de su colega, Jakelyn Tintaya, juez décimo segundo de instrucción en lo penal, por la presunta comisión de los delitos de consorcio de abogados jueces y fiscales, incumplimiento de deberes y prevaricato.

La audiencia se instaló a las 11.00 horas en el Salón Blanco del Tribunal Departamental de Justicia, y duró hasta las 18.00 horas, en la que familiares con uno de sus hijos (aún lactante) en brazos, trataron de acercarse pero fueron impedidos, lo que molestó a los hermanos.

Los familiares expresaron su rechazo a las acusaciones del Ministerio Público y gritaron “corruptos” a los tres fiscales, por lo cual estos determinaron acción directa de la Policía, que detuvo a dos familiares de la juez Tintaya y los trasladó hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

IMPUTACIÓN

Según el fiscal anticorrupción, Anghelo Sarabia, Tintaya fue vinculada al caso denominado “Consorcio Mendoza – Ganam”, debido a que se halló documentos en la oficina del exfiscal Milton Mendoza, que la implican a una presunta irregular resolución de rechazo a una denuncia en contra de Cotel, caso que fue de conocimiento de Tintaya.

El presidente de la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) La Paz, Fabián Guillén, contrató para la defensa de dicha denuncia, por falsedad en la compra de guías telefónicas, los servicios de Mendoza.

Transcurrido un tiempo, el entonces fiscal asignado al caso, Roger Velásquez, ante conminatoria de Tintaya, presentó el rechazo a la decisión avalada por la juez y el caso pasó a revisión a la Sala Penal Segunda, presidida por Fernando Ganam, quien fue el primer imputado en este caso.

El pasado 17 de abril, por hallarse en turno, Tintaya también debía atender la audiencia cautelar de Mendoza, pero en esta fue recusada y se le informó que era testigo del caso consorcio debido a que el proyecto de resolución presentada por Velásquez fue hallada en la oficina de Mendoza.

En la misma audiencia, Sarabia requisó a la juez y procedió al secuestro de varios objetos y cuadernos de control, bajo el supuesto de que intermediarios de Mendoza la contactaron antes de la audiencia y se le ofreció dinero.

DEFENSA

En este sentido, Suleyka Lanza, abogada de Tintaya, replicó y señaló que en caso del rechazó a favor de Cotel, ella cumplió con la solicitud planteada por el fiscal, el documento fue revisado a un instancia superior y este proceso no depende de ninguna forma de la juez Tintaya, pues se debe a un sorteo aleatorio.

Sobre el caso de un supuesto contacto previo el 17 de abril, Lanza aclaró que no se ha presentado ni un solo indicio o extracto de llamadas que señale que hubo contacto con alguno de los coimputados “en el tiempo y espacio” del presunto delito.

LACTANCIA

Sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización a la investigación, Sarabia sostuvo que estos no fueron desvirtuados, y que según la gravedad de delito se determinó la detención.

Pero al respecto, Lanza aseguró que no existe un riesgo de fuga debido a que vecinos, con copias de cédulas de identidad, acreditaron el domicilio habitual de la juez, quien también presentó las cédulas de tres de sus hijos y acreditó que uno de ellos está en edad de lactancia, elemento que no fue tomado en cuenta por Pabón y, a criterio de Lanza, violó los derechos de madre que acuden a la magistrada.

Sobre el lugar de trabajo, la defensa también expuso que de ser suspendida de su cargo, ella cumpliría labores de casa, según una declaración ante notario, labor que es tomada como ocupación laboral lícita según sentencias constitucionales.

Thursday, April 28, 2016

Autoridades también cuestionan la absolución de Juana Terán

Varias autoridades se pronunciaron ayer sobre la decisión del Tribunal de Sentencia 6 de absolver de toda culpa a Juana Terán del tráfico de drogas del que fue acusada tras ser capturada en flagrancia el 23 de septiembre de 2009 con 147 kilos y 600 gramos de cocaína en Chapare.

Ellas rechazaron este fallo judicial y pidieron que la fundamentación sea examinada exhaustivamente para verificar la transparencia del proceso.

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, dijo que existe una manipulación permanente del poder político sobre la justicia. “Vemos cómo hay impunidad para algunos, pero para otros cae el duro peso de la ley. Cuando se trata de un perseguido político, el aparato judicial no duda en meterlo preso y lo hace rápido, pero en este caso, con flagrancia y todo, sale libre”, lamentó.

La asambleísta Lizeth Beramendi protestó y declaró que “es increíble que en un caso tan bullado como éste ahora aparezca una sentencia absolutoria cuando todos sabíamos que hubo flagrancia. Nadie los acusó, fueron sorprendidos, no con uno o dos kilos, sino con 147”, sostuvo. Beramendi agregó que el fallo judicial “demuestra la impunidad de la que gozan los cocaleros del Chapare” y pidió al Ministerio Público que cumpla con su deber de investigar todos los indicios de la comisión de irregularidades, para impedir que sea consumada la impunidad en este caso.

Otros asambleístas de oposición recordaron que Juana y Elba Terán son hermanas de Margarita, una exconstituyente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y expareja del presidente Evo Morales.

Por su lado, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Leónida Zurita, declaró que en esta decisión judicial nada tiene que ver el Gobierno nacional. “Hay que preguntarle al juez por qué le han absuelto o dejado libre. Yo no sé por qué, yo no soy juez y tampoco fiscal. Esas son las instancias correspondientes para cuestionar, porque son ellos los que deben decidir si va a la cárcel o no”. Empero, Zurita opinó que la oposición confunde a la población cuando declara que el MAS manipula la justicia. “Nosotros decimos que no es verdad, que la justicia es independiente en sus decisiones”, agregó.

Una vez más, el representante del Consejo de la Magistratura, Silvano Arancibia, explicó que esa institución no es una instancia de apelación “y mal podríamos cuestionar las deciciones de los tribunales de justicia”. Recalcó que es el Ministerio Público el que debe apelar los fallos e incluso efectuar denuncias, si es que considera que existen indicios de la comisión de irregularidades.

El 23 de septiembre de 2009, Juana Terán, su hermana Elba y su cuñado Tomás Veizaga fueron sorprendidos en su casa de San Isidro con 147 kilos y 600 gramos de cocaína. Elba y Tomás se dieron a la fuga cuando dos jueces de Villa Tunari y de Sacaba les dieron libertad. Juana fue juzgada y condenada a seis años y ocho meses de cárcel en 2012, pero la sentencia fue anulada por defectos de forma. En un segundo juicio fue absuelta.

El Tribunal

Los jueces del Tribunal de Sentencia 6, Remberto Acosta, José Antonio Arce y Damiana Medrano, absolvieron a Juana Terán del delito de narcotráfico.

Suspenden audiencia por tercera vez Mendoza se opone a apertura de caja fuerte en caso Consorcio

Dentro del denominado caso “Consorcio Mendoza – Gaman”, ayer, por tercera vez, se suspendió la apertura de la caja fuerte secuestrada de la oficina del exfiscal Milton Mendoza, debido a que este presentó un incidente de nulidad referido a que estas pruebas fueron adquiridas de forma ilegal, por parte de la Fiscalía.

Al juez segundo anticorrupción, Rossmery Pabón, afirmó que dicha audiencia de apertura de pruebas, fue suspendida sin fecha hasta que su autoridad resuelva el incidente de actividad procesal defectuosa, presentado por Mendoza.

A dicha audiencia asistieron los nueve coimputados, entre ellos: el exvocal Fernando Ganam; la auxiliar de esta Sala, María Yapuchura; la juez segundo de instrucción en lo penal, Lía Cardozo; la secretaria del mismo juzgado, Yazmila Paz y el fiscal Hugo Rivero.

Además de Mendoza, fueron llevados desde Patacamaya, los pasantes de su estudio jurídico, Vladimir Flores, Ricardo Blanco (hijo de un fiscal) y el presidente del Consejo de Administración de Cotel, Fabián Guillén.

“Se han montado pruebas, he denunciado estos hechos, se han mal utilizado elementos de mi oficina”, declaró Mendoza a su salida de juzgados.

En contrapartida, el fiscal anticorrupción, Anghelo Sarabia, desmintió las afirmaciones de Mendoza y recalcó que todas las pruebas se obtuvieron de forma legal, a raíz del incidente presentado por Mendoza, y afrimó que esta es una forma de “dilatar, de perturbar el procedimiento”, sostuvo.

La importancia de la apertura de la caja fuerte de Mendoza radica, según el Ministerio Público, en que dentro pueden encontrarse documentos o el dinero de supuestos malos manejos jurídicos promovidos por Mendoza.

SITUACIÓN DE JAKELYN TINTAYA

En tanto, para hoy se tiene prevista la audiencia cautelar de la juez décimo segundo de instrucción en lo penal, Jakelyn Tintaya, vinculada al caso de Consorcio de jueces, abogados y fiscales, por haber emitido, en complicidad del exfiscal Roger Velásquez, una rechazo de denuncia que favoreció a Fabián Guillén.

Tuesday, April 26, 2016

Piden destituir a jueces y fiscales corruptos



Cochabamba sugirió la inmediata suspensión o destitución de las autoridades judiciales o fiscales implicadas en actos de corrupción o que dilaten procesos a su cargo, según una de las conclusiones de la precumbre judicial desarrollada en ese departamento.

“El pueblo se pronunció, pidió aplicar las sanciones más drásticas para las autoridades del sistema judicial que generen corrupción, retardación. También plantearon la suspensión y destitución inmediata del cargo”, dijo la ministra de Justicia, Virginia Velasco, quien clausuró ese encuentro el fin de semana. Una similar precumbre empezará hoy en Pando, con miras al encuentro nacional previsto para el 3 y 4 de junio.

Explicó que estas determinaciones fueron resultado del análisis de las mesas de trabajo tres y cuatro denominadas retardación de justicia y corrupción en el sistema judicial, respectivamente. Además, los participantes concluyeron en la necesidad de crear un órgano independiente o externo al judicial, que realice auditorías y donde participe la sociedad civil junto al Defensor del Pueblo.

Unidad. Del mismo modo, demandaron la creación de una unidad especializada de investigadores civiles en materia penal. “Esta propuesta es muy importante”, dijo Velasco y explicó que la unidad deberá tener como tareas el control disciplinario y administrativamente el trabajo de las autoridades judiciales, además de identificar “redes criminales”, dentro y fuera del sistema judicial.

Los asistentes a la precumbre judicial presentaron otras propuestas, como el cambio total en el sistema de justicia, “la reestructuración, con base en la descolonización y despatriarcalizacion”, si se considera que el sistema de justicia, para la gente, se corrompió, añadió Velasco.

Entre las propuestas también destacan que, una vez egresados, los abogados deben hacer un año de provincia para servir al pueblo. El Gobierno deberá adoptar una nueva modalidad de selección de autoridades para el Órgano Judicial y de no cumplir con esa labor encomendada, se recomendó la revocatoria de mandato, añadió la autoridad gubernamental.

Éstos y otros insumos recogidos en las precumbres departamentales de justicia servirán para modificar el sistema judicial en el país, adelantó Velasco. Las conclusiones serán analizadas con mayor profundidad en la Cumbre Nacional de Justicia, prevista para el próximo mes en Sucre.

Declaran rebelde a exfiscal Quispe



El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó ayer que el exfiscal de materia Humberto Quispe fue declarado en rebeldía por un juez por otro proceso que se le sigue. Por esta acusación, Quispe, detenido preventivamente en Sucre, debe ser trasladado a la sede de gobierno.

Quispe está en la cárcel de San Roque (Sucre) desde el 21 de enero, acusado de obstaculización de la justicia en los procesos penales que la Fiscalía abrió en su contra por extorsión y otros ilícitos.

“El exfiscal Humberto Quispe fue declarado en rebeldía por la autoridad judicial. Para esto debe ser traído a La Paz, ya que debe comparecer en la audiencia cautelar que se desarrollará”, afirmó Blanco.

Según información de la Fiscalía, Quispe será trasladado a la ciudad de La Paz por el caso de extorsión a miembros de una familia de comerciantes, quienes se constituyeron como parte querellante en el proceso durante febrero.

En febrero de 2015, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, destituyó a Quispe, por las denuncias de presunta corrupción y uso indebido de influencias que pesan sobre él y aclaró que con esta acción no se paralizan los procesos disciplinarios y penales que tienen curso en la sede de gobierno y llegaron en revisión a Sucre.

En La Paz se conformó una Asociación de Víctimas de Quispe, organización que denunció una serie de extorsiones por parte del exfiscal. Incluso una mujer dijo que sufrió un intento de violación por parte de la exautoridad, denuncia que fue llevada hasta la Fiscalía.

Al menos otras seis autoridades del Órgano Judicial serán investigadas por el caso consorcio



Al menos otras seis autoridades del Órgano Judicial serán investigadas por el Ministerio Público por presunta implicación en el caso del consorcio de jueces, fiscales y abogados que fue descubierto por el caso exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Fernando Ganam, informó hoy el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.

“Por ahora tenemos a seis personas y la comisión está evaluando nuevamente y seguramente se va a descubrir en algún momento el tope de personas involucradas, autoridades seguramente, pero por ahora son las personas imputadas y algunas más”, explicó sin dar detalles de los nombres de las dichas autoridades.

El 29 de marzo se sorprendió al ahora exvocal Ganam reunido en su oficina con el abogado Milton Mendoza, presuntamente para negociar el fallo constitucional de un juicio contra la Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz (Cotel); por este hecho ambos recibieron detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

Además de estas dos personas, existen otras seis privadas de libertad: la exjueza Lía Cardozo, el fiscal Carlos Hugo Rivero, la secretaria abogada del Juzgado 2º de Instrucción en lo Penal, Yasmila Arancibia; los abogados Vladimir Flores y Ricardo Blanco; además del presidente del Consejo de Administración de Cotel, Fabián Guillén. Los últimos implicados son la jueza 12ª de Instrucción en lo Penal, Jacqueline Tintaya, y el presidente de la Sala Penal 2ª, Rubén Ramírez.

“Desde luego, hay otras personas involucradas pero no voy a dar nombres”, reiteró Blanco sobre las nuevas autoridades que serán investigadas.

Agregó que este caso y, según se desarrollen las indagaciones, se podría extender hasta la ciudad de Sucre. “Veremos que nos dice la investigación, si la verdad material nos permite determinar otros extremos que demuestren que hay nuevas autoridades vinculadas eso obviamente lo vamos a informar”, señaló.

Amplían pesquisa a vocal; caso consorcio suma 12 implicados

La comisión de fiscales que investiga el supuesto consorcio ilegal de Milton Mendoza amplió su investigación contra el vocal de la Sala Penal Segunda, Rubén Ramírez, compañero del exvocal Fernando Ganam.

"Este ciudadano está como investigado. Si las pesquisas revelan elementos para una imputación, la comisión actuará”, informó ayer el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

Ramírez será citado a declarar. No se explicó qué tipo de participación pudo tener en el consorcio. El abogado del Ministerio de Gobierno, Marcelo Gutiérrez, dijo que "sí, existe vinculación”.

Con este vocal la investigación alcanzó a al menos 12 personas. Todo empezó el 29 de marzo, cuando se aprehendió a Ganam en el bufete de Mendoza. Se presume que negociaba un fallo favorable para COTEL en un amparo constitucional.

Mendoza fue contratado por el presidente de la cooperativa, Fabián Guillén, para ese y otros casos. En el bufete también trabajaban Ricardo Blanco y Vladimir Flores. Todos están en prisión.

La exjueza Lía Cardozo fue encarcelada porque supuestamente favoreció a Mendoza en otros procesos. Su secretaria Yasmila Paz también fue detenida.

La auxiliar de Ganam, María Yapuchura, tiene detención domiciliaria. La jueza Jakelyn Tintaya, quien también presuntamente benefició a Mendoza en un proceso contra Guillén (donde participó el exfiscal Roger Velásquez), fue llamada a declarar.

El exfiscal Carlos Hugo Rivero fue encarcelado porque en la computadora de Ganam se encontró una de sus imputaciones.

Ramírez dijo anteriormente que no tiene nada que ocultar y se someterá a la investigación.

En función dentro del Tribunal de Justicia Piden renuncia de 14 vocales de Santa Cruz

Abogados de Santa Cruz piden al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) cruceño se exija la renuncia de vocales cruceños que ya excedieron el tiempo de sus mandatos y aún continúan en funciones.

Señalan que de las 15 vocalías que existen en el departamento, solo 1 funciona dentro de lo establecido en las normas, el mismo que es de la presidente del TDJ, Mirian Rossell.

Apuntó que el resto solo se encuentran ejerciendo el cargo, apartados de lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) que avala un mandato por el periodo de 4 años y los actuales vocales están ejerciendo desde que fueron posesionados en el 2010.

Observación. "Queremos que se vayan y que den espacio a que nuevas autoridades asuman el cargo, ellos ya excedieron con lo que dice las normas y están usurpando funciones actualmente", manifestó Félix Oros, jurista.

Anunció que la misma circular la presentarán en Sucre ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Consejo de la Magistratura, instancia última que se encarga de velar y fiscalizar la función de los funcionarios judiciales.

Posiciones. En tanto, desde el TDJ cruceño, la presidente Mirian Rossell, negó que exista la vulneración a las normas por parte de los vocales. Asegura que son autoridades transitorias que están amparadas por la misma CPE y que más al contrario, si dejaran sus funciones serían pasibles a sanciones. "Están respaldados por las normas, además se debe evaluar también el escalafón judicial de los vocales", dijo.

Blanco: Se borraron más de 4.000 archivos de Alcaldía alteña

Más de cuatro mil archivos fueron borrados del DVR de la Alcaldía de El Alto, entre ellas las de la toma e incendio del edificio municipal el 17 de febrero de 2016, confirmó ayer el fiscal departamental, Edwin Blanco.
En rueda de prensa explicó que así lo establece el informe pericial realizado al DVR de la Alcaldía de El Alto, que según el fiscal general del Estado Ramiro Guerrero fue entregado el 19 de marzo.
Aunque la alcaldesa Soledad Chapetón dijo que ese equipo que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad se habría entregado el 18 de febrero.

Anuncian cumbre paralela de víctimas si no son aceptados en la Cumbre de Justicia



El asesor legal de la Asociación de Víctimas de la Impunidad e Inseguridad, Tamer Medina, informó hoy a radio Fides que si a la asociación de víctimas no tiene participación en la Cumbre de Justicia que se realizará en la ciudad de Sucre en junio, realizarán una cumbre paralela en esa misma ciudad para hacer escuchar sus propuestas y peticiones.

La Asociación de Víctimas de la Impunidad e Inseguridad trabaja en propuestas para la Cumbre Nacional de Justicia que anunció el Ministerio de Justicia para junio de este año.

Medina dijo que es necesario escuchar a las personas que han sido víctimas y sufren las consecuencias de las deficiencias de la Justicia y que como asociación piden un debate franco abierto que logre revolucionar el sistema judicial.

La víspera la ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó que ya que se iniciaron en Sucre las reuniones previas departamentales a la Cumbre de Justicia Plural, acordada para el mes de junio con el objetivo de evaluar y establecer lineamientos para revertir la crisis del sistema judicial.

Monday, April 25, 2016

Juristas enfrentados por objetividad del IDIF en pericia de paternidad de supuesto hijo de Evo y Gabriela

Los abogados del presidente Evo Morales y de Gabriela Zapata, Ricardo Velasco y Eduardo León, se expresaron el lunes a favor y contra de la objetividad del personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que realizará la pericia de paternidad del supuesto hijo de ambos.

"Confiamos en el IDIF, en primer lugar cualquier ciudadano tiene que creer en sus instituciones, en sus autoridades y si uno duda hay medios y las instancias correspondientes para establecer lo que uno contrariamente puede pensar", dijo Velasco.

Insistió en que cuando uno tiene dudas existen recursos y acciones legales para hacer prevalecer la verdad en un debido proceso y en el presente caso la juez anunció pericia de oficio por parte del experto del IDIF.

Manifestó que respetando la "reserva del caso" su cliente como cualquier ciudadano participará en todos los actos procesales del juicio instaurado contra Zapata, por supuesta violencia psicológica hacia el menor.

Recordó que en 2007 Zapata le informó al Presidente que su hijo falleció, desde esa fecha hasta principios de este año por medio de los medios de comunicación se conoció que el niño vive.

Indicó que Zapata reiteradamente indicaba que el niño será presentado, será mostrado, que lo llevarán a una instancia de los derechos humanos internacional. También se indicó que el niño estaba fuera de país.

"Imagínense si a una persona le dicen falleció su hijo y luego le dicen que vive, entonces, que reacción puede tener un ser humano, de sorpresa, por ello, el Presidente inicio una demanda para hacer prevalecer más que los derechos del el, que en realidad los tiene como cualquier ciudadano, el derecho de ese niño a conocer a su padre, a tener relación con su padre", apuntó.

Consideró que "Zapata obra de manera maliciosa, lo digo con el mayor respeto, porque prácticamente lo esconde al niño, no hay una participación activa como sujeto de derecho".

Por su parte el abogado, Eduardo León, anunció que se acreditará a un equipo de expertos que desarrolle la prueba de paternidad.

"Nosotros acreditaremos a un equipo de genetistas que realice el examen, porque confianza en el Instituto de Investigación Forense no la tenemos", enfatizó.

Comentó que observaron la notificación, en la que no se indica el nombramiento del perito, quién es, si tiene idoneidad, conocimiento en genética, porque por ahí resulta ser amigo o pariente de alguna persona allegada a una de las partes.

"Mi cliente (Zapata) está dispuesta a someterse a la prueba, quiere que se haga de la manera transparente y nosotros observamos que se realice de la manera jurídica", afirmó.

Sepdavi atenderá gratis a las víctimas y erradicará consorcios

En Cochabamba, ya existe una oficina a la que las víctimas de delitos penales que no tienen recursos para pagar los servicios de un abogado, pueden acudir con la certeza de que recibirán atención legal, psicológica y social gratuita. Además, el Sepdavi se encargará de denunciar los casos de consorcios de abogados, jueces y fiscales que vulneran los derechos y garantías constitucionales de las víctimas.

Se trata del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), dependiente del Ministerio de Justicia. El único requisito para requerir estos servicios es que una trabajadora social verifique que la condición socioeconómica de la víctima le impida cubrir los gastos de defensa.

El Sepdavi está situado en Coña Coña, en la avenida Albert Eisntein, frente a la cancha San Rafael 29, a unos 300 metros del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Es posible llegar a estas oficinas abordando las líneas de micros y trufis E, LL y 111.

“Hemos destapado la olla de corrupción de los consorcios en otras ciudades, ahora nos toca destapar la olla en Cochabamba y romper esos consorcios de jueces, fiscales y abogados que hacen llorar a la gente más vulnerable”, declaró la ministra de Justicia, Virginia Velasco, durante la inauguración de las oficinas y del proyecto “Hablando con la Ministra”.

Cochabamba es el cuarto departamento en el que se ofrece este servicio y su labor empezará este lunes 25 de abril, con cuatro funcionarios: dos abogados criminalistas, una psicóloga y un trabajador social, que se encargarán de brindar asistencia integral a las víctimas. El director nacional del Sepdavi, Américo Araníbar, informó que este centro no solo dará asesoramiento jurídico, sino que brindará una atención legal completa al hacerse cargo de las denuncias, audiencias cautelares, juicios orales, presentación de recursos ante el Tribunal Departamental de Justicia y ante el Tribunal Supremo de Justicia de Sucre, hasta la culminación de los procesos con una sentencia ejecutoriada. Aclaró que no solo se atenderá a las víctimas de violencia, sino a las de trata y tráfico, asesinatos, atracos y otros delitos penales, sin discriminación. Empero, se prevé que la mayor cantidad de procesos será de violencia pues la oficina del Sepdavi está cerca del Instituto de Investigaciones Forenses, donde están ubicadas las dos fiscalías especializadas y corporativas de violencia contra la mujer.

El Sepdavi ya funciona en La Paz desde noviembre de 2015 con 1.600 casos; en Santa Cruz con 700 casos. El de Oruro, recientemente estrenado, ya tiene 350 casos. La mayoría de los procesos atendidos son por violencia física y psicológica. En La Paz el Sepdavi ya obtuvo dos sentencias ejecutoriadas y en Oruro una. Américo Araníbar sostuvo que, a medida que crezca la demanda de abogados, profesionales psicólogos y trabajadores sociales, el Ministerio de Justicia aumentará el personal.

Saturday, April 23, 2016

Caso Consorcio Abogado Blanco es enviado a San Pedro

El abogado Ricardo Blanco, pasante del bufete de Milton Mendoza, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, imputado por el delito de consorcio de jueces, abogados, policías y fiscales.

Es la novena persona cautelada en un complejo proceso que está dando a conocer el entramado nexo que mantenían los administradores de justicia ligados a Mendoza.

La determinación fue asumida por la juez segunda anticorrupción, Rossmery Pabón, que por cuarta vez, valiéndose la de la escolta policial, impidió que los medios de comunicación tengan acceso a la audiencia que tenía carácter público, causando la susceptibilidad en la transparencia del proceso que compromete a varios jueces y fiscales.

“Él (Blanco), era abogado del estudio jurídico de Milton Mendoza y también fungía como abogado (de la defensa) en la acción de amparo constitucional contra Cotel”, informó la fiscal anticorrupción, Jhenny Quispe.

La autoridad, también informó que dentro de los indicios colectados, se tiene que junto a Vladimir Flores, otro abogado del estudio jurídico de Mendoza, redactaron una resolución de imputación presentada por el ahora detenido, fiscal Hugo Rivero.

La redacción de una imputación, según establece la Ley del Ministerio Público, es una acción privativa del fiscal que atiende el caso, como director funcional de la investigación, pero según la relación de hechos y las pruebas presentadas por los fiscales, en el estudio jurídico de Mendoza se redactaban los documentos para que sean firmados y presentados por los fiscales, según la conveniencia del cliente.

Por su lado, Blanco y Flores son señalados como los nexos con el exvocal Fernando Ganam al que realizaban vistas y coordinaban acciones con la auxiliar y coimputada, María Yapuchura.

En el caso Consorcio, que se dio a raíz de la detención de Ganam, el 29 de marzo, al interior de la oficina del exfiscal Mendoza, se encontró gran cantidad de documentación que incriminó a otras ocho personas.

Luego de Ganam, fue cautelada la juez despedida, Lía Cardozo; la secretaria de juzgado Yazmila Paz; el presidente del consejo administrativo de Cotel, Fabián Guillén; el fiscal Hugo Rivero, la auxiliar María Yapuchura y los abogados Vladimir Flores, Ricardo Blanco y Milton Mendoza.

El fiscal anticorrupción, Anghelo Sarabia, ha calificado a Mendoza, como el nexo articulador de la corrupción en los administradores de justicia.

A su salida de la audiencia, Blanco, hijo de un fiscal, no emitió ninguna declaración en su favor y escoltado por los efectivos de la Policía, mantuvo silencio hasta celdas judiciales.

Friday, April 22, 2016

Magistratura evalúa a 1.355 postulantes

El Consejo de la Magistratura recibió 1.355 candidatos para ocupar una de las 58 acefalias de jueces y vocales en distintos departamentos, muchos de los cuales cumplieron su período en funciones, otros renunciaron y algunos fueron cesados debido a denuncias de corrupción, según informó Wilbert Choque, presidente del Consejo de la magistratura.

“Todos los postulantes en esta convocatoria serán evaluados y los resultados de cada etapa serán informados a la sociedad (…) esperaremos que la gente haga llegar sus observaciones a quienes no crean que cumplen con los requisitos o tengan denuncias”, afirmó Choque.

Choque detalló que de acuerdo a la convocatoria, el plazo para recibir inscripciones fue cerrado la tarde de este miércoles, y ahora los sobres de los postulantes serán enviados a una comisión de evaluación que funcionará en la ciudad de Sucre.

La comisión calificadora estará compuesta por miembros del Tribunal Supremo de Justicia, la Escuela de Jueces y el CM, además de una notario de fe pública.

Luego de verificar que se están cumpliendo con los requisitos, los postulantes pasarán a otra etapa donde se verificará la meritocracia y luego incluso existirá un examen psicológico, todo esto debe ser terminado en tres semanas.

Explicó que a nivel nacional existen 21 cargos de vocales acéfalos en los tribunales departamentales de justicia, y 37 vacancias para jueces de distintas materias, pero debido a las últimos despidos y graves denuncias por corrupción, en el caso de los jueces se prevé que las acefalias se incrementaran a 44.

Por mandato de la Ley del Órgano Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia nombra a los vocales departamentales y el Consejo de la Magistratura, a los jueces previo calificación de méritos y exámenes de competencia que durará aproximadamente tres semanas.

El mayor departamento que inscribió que fue La Paz, con alrededor de 368 postulantes para cuatro cargos a vocal y una decena de jueces.

Indicó que conforme avance la calificación de méritos y habilitaciones, la comisión designada informará de manera paulatina, para que la ciudadanía tenga la opción de objetar a algún postulante que crea no reúne las condiciones de idoneidad y transparencia.

Jueces analizan poner sus cargos a disposición

Al menos 200 jueces analizan poner sus cargos a disposición, por falta de seguridad al desempeño de sus labores, informó el presidente de Asociación de Magistrados, Orlando Rojas. Este pronunciamiento se debe a que se sienten amedrentados por las investigaciones del caso Consorcio de jueces, fiscales y abogados.

El pronunciamiento oficial de los jueces se dará a conocer hoy, porque este aspecto fue analizado ayer durante un congreso, lo cual establecerá observaciones al actual sistema judicial, porque aseguran que no todos son corruptos, además que faltan condiciones para llevar adelante su trabajo.

“Es imposible trabajar en un ambiente de amedrentamiento y condiciones lamentables de inseguridad, por lo cual pondremos a disposición nuestros cargos judiciales”, indicó Rojas.

El juez dijo que en caso de que esta acción se consolide, los litigantes no estarán desamparados, hasta que haya otro profesional que cubra el cargo en los juzgados que falten, siendo que esta aspecto esta normado por ley.

En la reunión se debatió sobre los jueces que están siendo investigados por el caso Consorcio de jueces, fiscales y abogados, porque se sienten amedrentados por el Ministerio Público, aspecto que es el principal motivo de sus posibles alejamientos de ser autoridades jurisdiccionales.

Alcaldía alteña cuestiona investigaciones de Fiscalía

La directora jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea), Sonia Vallejos, cuestionó las investigaciones del Ministerio Público, porque considera que no se citan a declarar el exviceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, y al Comandante Nacional de la Policía Boliviana, general Édgar Téllez.

Según la abogada, la Alcaldía solicitó en reiteradas ocasiones a la comisión de fiscales que investiga el caso, que Elío y Téllez sean llamados a prestar declaración informativa como sindicados o en calidad de testigos, aspectos que hasta ahora no tiene respuesta alguna.

“Con estas acciones pensamos que existe una negativa para que estas personas no sean citadas, lo cual demuestra que existe una imparcialidad en las investigaciones”, manifestó.

Criticó el accionar de la comisión de fiscales, porque el excomandante regional de El Alto, coronel José Peña, se presentó a declarar en calidad de denunciante y no hay imputación en su contra.

“Peña estaba al mando de los uniformados en El Alto. El Comando Regional estaba a una cuadra de la Alcaldía, los funcionarios llamaron constantemente durante la mañana a la Policía y no se obtuvo ayuda”, afirmó Vallejos.

Lamentó que solicitaran la imputación en contra de Peña, aspecto que no es tomado en cuenta en la comisión de fiscales, por la probabilidad de implicancia del hecho del excomandante regional de El Alto.

Quema de Alcaldía Fiscalía investiga a Elío por incumplimiento de deberes

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer, ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que el Ministerio Público de El Alto investiga al exviceministro de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Marcelo Elío, por incumplimiento de deberes, y la muerte de seis funcionarios ediles durante los actos violentos que terminaron con el incendio del edificio de la Alcaldía.

Existen requerimientos fiscales para verificar el cruce de llamadas telefónicas vía celular, para determinar cuántas veces se pidió auxilio a la Policía para que proceda a brindar seguridad, elemento que servirá para determinar si hubo responsabilidades del excomandante regional de El Alto, coronel José Peña, el comandante nacional de la Policía Boliviana, general Édgar Téllez, y el exviceministro Elío. “Precisamente, necesitamos verificar la información de las llamadas, para ser comparadas con las declaraciones de funcionarios ediles y de la alcaldesa Soledad Chapetón, quienes indicaron haber llamado a la Policía y al Ministerio de Gobierno para recibir auxilio. Esto servirá para acumular indicios que demuestren la no atención de la verde olivo”, indicó.

Otro elemento que demostrará la verdad de los hechos tiene que ver con la toma de declaraciones informativas a 300 personas, entre ellas autoridades o funcionarios de ediles, en calidad de testigos y a los familiares de los fallecidos, como víctimas.

INFORME

De acuerdo con el informe presentado por el fiscal Guerrero a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, la investigación de la quema de la Alcaldía alteña se halla en etapa preparatoria, donde se están recolectando elementos que esclarezcan la muerte de seis funcionarios ediles, y se proceda a eliminar la resolución de imputaciones contra Efraín A. J., Wilson M. F., Álvaro T. C., Víctor Hugo T. H., Fernando Braullo R. T., Wilmer Z. A., Néstor C. R., Miguel Ángel C. A., Fausto L. M., Daniel N. P., Hipólito T. C., y los funcionarios ediles Marcelo Gabriel P. T., los Dorian U., Juan F. A.

Guerrero dijo que la Comisión de Fiscales solicitó la detención preventiva para todos los imputados en el penal de San Pedro, ante el Juzgado Séptimo Penal Cautelar de El Alto, y la detención domiciliaria para los funcionarios ediles Marcelo Gabriel P. T., los Dorian U., Juan F. A. y para el resto detención preventiva. Empero, la autoridad jurisdiccional es la que tiene que justificar la medida.

“Apelamos la detención domiciliaria empleada para los funcionarios ediles, audiencia que hasta el momento no se lleva a cabo”, mencionó el Fiscal General.

En cuanto a la participación del dirigente gremial Baullo R., explicó que se presume la existencia de una planificación del hecho, porque sus familiares estaban presentes en el lugar de los hechos.

“Los videos e imágenes de los medios de comunicación constataron la presencia de estas personas, lo que hace presumir que existiría su autoría en la quema de la Alcaldía alteña y la responsabilidad de la muerte de seis funcionarios ediles por parte de dirigentes vecinales y eventualmente la junta de padres de familia”, expuso.

FILMACIONES

El Fiscal General del Estado reportó que las filmaciones del video de las cámaras de vigilancia de la Alcaldía, en el que registró la quema del edificio edil, fueron borradas.

“Decir que en la central de imágenes, que se denomina el DVR, realizado el peritaje, no se encontró imágenes, se ha encontrado que se han eliminado las imágenes que existían”, explicó a los legisladores.

Sin embargo, dijo que existe la hipótesis de que las cámaras no lograron captar los hechos, porque el humo reinante fue lo que las dañó, por lo cual no pudo ser almacenado en el DVR.

Wednesday, April 20, 2016

Consorcio de Ganam se formó en 2005 y sumó a 11 fiscales


Los inicios del consorcio del abogado Milton Mendoza con el exvocal Fernando Ganam datan incluso de 2005, según el Ministerio Público, e implicó al menos a 11 fiscales, siete abogados y tres magistrados.

"En 2005 ya había amistad y contubernio entre los ahora imputados (Mendoza y el exvocal Fernando Ganam). Desde entonces, ya transaban procesos, llevaban años manipulándolos”, reveló la fiscal Lilian Calderón.

La Fiscalía encontró la punta del ovillo cuando el abogado Johnny Castelú denunció que Mendoza y Ganam negociaban el resultado de un amparo constitucional en el bufete del primero; el recurso había sido presentado por Castelú contra COTEL, representada por Mendoza, y que había caído en manos de Ganam.

Ahora Ganam está en prisión, junto con el presidente de COTEL, Fabián Guillén, a quien la Fiscalía señala como el proveedor de cuantiosas sumas de dinero que entregaba a Mendoza para que este ganara los procesos de la cooperativa a través de sobornos.

Pero el asunto no queda allí. La hipótesis de la Fiscalía es que Mendoza también obtenía resultados favorables para sí y para otros abogados en otros procesos: causas contra funcionarios del INRA, procesos por homicidios, robos, entre otros, que también deben ser investigados, sostuvo el fiscal Ánghelo Saravia.

Las relaciones son tan complejas que Saravia presentó un organigrama del consorcio con Mendoza y Guillén a la cabeza. En él figuran los abogados Ricardo Blanco y Vladimir Flores, el exfiscal Carlos Hugo Rivero, el exvocal Ganam, su auxiliar Luisa Yapuchura, la exjueza Lía Cardozo y su secretaria Yasmila Paz.

Pero hay otros implicados en el presunto consorcio: los exfiscales Julio César Guerrero, Gregorio Blanco, Magalí Gonzales, Roger Velásquez y otros seis más. Se hallaron resoluciones de algunas de estas personas en la computadora del imputado. También la jueza Jakelyn Tintaya, el director jurídico de COTEL y otra abogada.

"A criterio de la comisión de fiscales, el imputado estableció una organización monstruosa que acaparaba el
Órgano Judicial. Amparado en su trayectoria, estableció estos contactos. Desde sus inicios (cuando era fiscal) se aprovechaba de su cargo para formar contubernios en detrimento de la justicia”, sostuvo Calderón.

Pero el consorcio no estaría sólo en La Paz. El abogado del Ministerio de Gobierno, Marcelo Gutiérrez, dijo que sus tentáculos pueden extenderse a Cochabamba, Santa Cruz y Sucre.

Alberto Morales, el abogado de Mendoza, explicó que las declaraciones de los fiscales son sólo suposiciones y "patrañas” que no tienen sustento alguno.

Ayer, en media audiencia cautelar de Mendoza, comenzaron a ingresar a la sala, uno a uno, los imputados por el caso Ganam. El motivo era proceder a la apertura de la caja fuerte hallada en el bufete del abogado y donde se presume se encuentra parte del pago que Guillén entregó a Mendoza para que este a su vez lo depositara en manos de Ganam.

Se suspendió la apertura de la caja fuerte, pero antes de que los procesados abandonaran la sala, quien fuera secretaria de Cardozo, Yasmila Paz, rompió en llanto y comenzó a responsabilizar a su exjefa por su encarcelamiento.

"¡Usted tiene la culpa de que yo esté hundida!”, repetía entre sollozos. "¡Pregúntenle a ella qué hacían los cuadernos en esa oficina (la de Mendoza), estaban para la resolución!”, continuó antes de ser desalojada.

Envían a la cárcel de San Pedro a abogado Mendoza

La jueza Segunda Anticorrupción, Rosmery Pabón, decidió ayer enviar al penal de San Pedro con detención preventiva al abogado Milton Mendoza, imputado por los delitos de consorcio de jueces, fiscales, abogados y cohecho activo.

Se solicitó que se lo destine en una sección diferente a la que ocupa Ganam y otros procesados por el mismo caso para evitar el contacto entre ellos.

La audiencia de medidas cautelares comenzó a las 11:00 de ayer y terminó ocho horas después, en el Salón Blanco del Tribunal Departamental de Justicia.

La comisión de fiscales, ahora integrada por cuatro funcionarios ante la magnitud de la investigación, expuso ante la jueza que Mendoza no sólo es con probabilidad autor de los hechos que se le atribuyen, sino que también rompió el precinto de su bufete cuando permanecía prófugo.

Se exhibió declaraciones de testigos que lo vieron ingresar en su coche al edificio San Pablo, subir hacia a su oficina y salir con bolsas. Se presume que del lugar sacó documentos que involucrarían a más autoridades en el consorcio que se investiga.

Por ello, el Ministerio Público le inició un nuevo proceso de oficio por la sustracción de la evidencia. Sin embargo, aún se espera que los especialistas determinen si las huellas encontradas en el bufete pertenecen al abogado o a otras personas.

Los fiscales argumentaron que Mendoza en libertad puede influir en los testigos y en los magistrados. Otro factor que le jugó en contra fue su supuesta clandestinidad durante la pesquisa.

Consejo de la Magistratura registró a 1.220 postulantes para cargos de jueces y vocales

(ABI) El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó hoy que hasta la fecha se registraron 1.220 postulantes a los cargos de jueces y vocales en acefalía nacional.
"Hasta la fecha se registraron 1.220 postulantes para 21 cargos de vocales y 37 jueces a nivel nacional", dijo a los periodistas.
Choque añadió que desde la apertura de la convocatoria nacional, el 28 de marzo último, hasta ayer (lunes) más de 12 mil personas descargaron las dos convocatorias públicas de la página web institucional de la Magistratura.
Agregó que, ante el interés de la convocatoria, el Consejo de la Magistratura determinó ampliar el plazo de presentación de postulantes hasta las 18h30 de mañana miércoles.
"La ampliación tiene el propósito de democratizar aún más la participación de postulantes, además de brindar una salida a la saturación a la que se vio sometido el sistema informático", justificó.

Juez rechaza amparo interpuesto por Sandoval

La asambleísta departamental, Vilma Magne, expresó que el amparo interpuesto por Marín Sandoval, en contra de 36 asambleístas, fue rechazado, porque tiene varias observaciones que no fueron subsanadas, añadió que el expresidente de la Asamblea Departamental habría agotado todos sus recursos para volver a ocupar su cargo.

Sandoval fue acusado de violencia e intento de feminicidio contra su pareja, por lo cual fue alejado de su cargo como presidente de la Asamblea Departamental de La Paz. Sin embargo su pareja, Litzy Rasguido, retiró la denuncia y el caso fue resuelto mediante la vía de “conciliación”. Posteriormente, Sandoval presentó un amparo de inconstitucionalidad contra 36 asambleístas, que rechazaron la posibilidad de que retome su cargo.

Magne dijo que el amparo interpuesto por Marín Sandoval contra 36 asambleístas ha sido rechazado, debido a que tuvo varias observaciones.

Explicó que la Sala Social Tercera ha ordenado el archivo de obrados de este caso, dado que ni siquiera fue capaz de demostrar que hubo un derecho vulnerado.

Expresó que con esta acción, Sandoval ya no tiene ninguna posibilidad de volver a ocupar su cargo, porque ha acabado todos sus respaldos, solo se espera que los asambleístas del MAS no den su brazo a torcer y lo acepten nuevamente.

Recordemos que Marín Sandoval solicitó un amparo constitucional hace unas semanas atrás, para volver a ocupar su cargo en la Asamblea. En ese intento ante la oposición de los asambleístas el expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marín Sandoval, demandó a 33 miembros de esa instancia, por distintas razones, que dieron lugar a su destitución.

Mendoza a la cárcel por dirigir consorcio de jueces y abogados

La juez segundo anticorrupción, Rosmeri Pabón, determinó ayer, en una audiencia que duró más de 10 horas, la detención preventiva del jurista Milton Mendoza, imputado por el presunto delito de encabezar un consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías e incurrir en cohecho activo.

La viceministra de Transparencia, Jessica Sarabia, planteó los riegos procesales de fuga, influencia sobre los testigos, que puede destruir o modificar pruebas y que Mendoza tiene la facilidad de abandonar el país.

También se mencionó que por la “trayectoria” y los nexos que Mendoza aún mantiene con miembros del Tribunal Constitucional, jueces de diferentes niveles y fiscales de materia, los nexos de este consorcio deben ser investigados en otras ciudades, como Sucre, donde según la secretaria Yazmila Paz, surgió el romance de Mendoza con la juez Lía Cardozo.

El caso surgió a raíz del allanamiento de la oficina de Mendoza, el 29 de marzo, donde además de aprehender al exvocal Fernando Ganam, se hallaron varios documentos originales, como cuadernos de investigación y control jurisdiccional, credenciales de fiscales y se verificó que en estas oficinas, del edificio San Pablo, se redactaban resoluciones de imputaciones en distintos casos.

La comisión de fiscales, conformada por Anghelo Sarabia, Jhenny Quispe, Liliam Calderón y Marco A. Vargas, informó que en esta audiencia se presentó abundante y contundente evidencia colectada en el allanamiento del 29 de marzo y el pasado viernes, cuando se verificó que se violó el precinto de la oficina y dos porteros del edificio declararon que la tarde del 9 de abril, Mendoza se presentó en el lugar y se le observó salir con “bolsas debajo de su chamarra”.

FISCALES IMPLICADOS

En este sentido, Marcelo Gutiérrez, del Ministerio de Gobierno, en audiencia, reveló que el consorcio implica también a más de 10 fiscales o exfuncionarios del Ministerio Público, entre ellos Magalí Gonzales, Gregorio Blanco, Hugo Rivero, Julio C. Guerrero y mencionó que se hallaron credenciales originales de Marcelo Sosa y Félix Ugarte.

Entre los datos curiosos, se tiene que, según la declaración de un testigo, Mendoza ingresaba con llave propia al despacho de Ganam y que sus asociados, Ricardo Blanco (hijo del fiscal) y Vladimir Flores, hacían visitas cotidianas y mantenían contacto con su auxiliar María Yapuchura.

DEFENSA

Por otro lado, Mendoza, a su salida de juzgados, volvió a negar los cargos, “estoy decepcionado de la justicia”, señaló y apuntó a los fiscales por haber “plantado pruebas” en su contra y aseguró que el allanamiento a su oficina es ilegal y que nunca estuvo prófugo.

Su abogado, Alberto Morales, en audiencia, alegó que Mendoza tiene una hoja de vida intachable y que se destaca su carrera con varios logros, como es ser miembro suplente del Tribunal Constitucional.

Morales observó que la Fiscalía no haya presentado una nómina de los que presuntamente conforman el consorcio, que el término no se aplica y está en contradicción con el contenido de la imputación.

Mendoza y su abogado evitaron hacer referencia a la carga de pruebas halladas en esta oficina, alegando que nunca se les notificó y que existen normas que prohíben la incautación de los mismos sin existir indicios.

La audiencia duró tanto, debido a que en un inicio, Mendoza planteó un incidente aduciendo una detención ilegal, argumento que la juez Pabón rechazó.

TINTAYA

Por la mañana, Gutierrez informó que “el Ministerio de Gobierno ha ampliado la denuncia contra la juez Jakelyn Tintaya (12vo de materia en lo penal) y contra el exfiscal Roger Velásquez, para que sean citados como sindicados dentro de este proceso”.

Al momento, Ganam, la exjuez Cardozo, el exfiscal Rivero, el abogado Flores, Fernando Guillén (presidente de Cotel) y la secretaria Paz, cuentan con detención preventiva; la auxiliar Yapuchura se encuentra con detención domiciliaria y la Policía continúa buscando a Ricardo Blanco.

Tuesday, April 19, 2016

Foro: Vivimos gran crisis de confianza en la justicia

Bolivia atraviesa uno de las peores crisis de confianza del ciudadano en el sistema judicial del país, por lo que urge una reforma fruto de un diálogo nacional que tome en cuenta a todos los sectores sociales, incluyendo la población, y no sólo a los operadores de justicia, como se perfila la cumbre judicial convocada por el Gobierno para junio próximo.

Estos fueron los principales puntos de coincidencia de los expositores y asistentes en la primera jornada de un nuevo ciclo de conversatorios organizado por el diario Los Tiempos, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública.

Los investigadores Vivian Schwarz y Roberto Laserna, moderados por el director de Los Tiempos, Juan Cristóbal Soruco, coincidieron anoche en calificar como “crisis” la relación actual entre los ciudadanos y el sistema judicial.

Con datos de Ciudadanía y otros centros, levantados cada dos años, Schwarz expuso encuestas de opinión en las que se demuestra un bajón de la confianza en la justicia a partir de 2006, al punto de que la percepción ciudadana sobre sus instituciones judiciales está por debajo del 50 por ciento. Sólo el Defensor del

Pueblo llega a tener un 52 por ciento de aprobación. Del otro lado, la Policía es la institución más cuestionada con sólo 30 por ciento de confianza. En medio se encuentran el Tribunal de Justicia y el sistema penal.

El 68 por ciento de la población culpa a la corrupción de los jueces como causante de la injusticia y la mora judicial y el 25 por ciento de la población afirma haber pagado un soborno, presionado por los administradores de justicia. Dos tercios de la población consideran que es urgente una reforma judicial.

Sin embargo, explica Schwarz, la población también muestra sus debilidades de percepción de la justicia. Dos tercios creen que el sistema judicial está llamado a castigar a los delincuentes; el 60 por ciento apoya la justicia por mano propia y un tercio de la población quisiera tener un arma.

Además, sólo el 20 por ciento de la población encuestada cree que el órgano judicial es independiente del ejecutivo, y cuando se consulta si debiera seguir siendo así, la opiniones se reparten la mitad por el Sí a la independencia y la otra mitad por el No, lo que devela poca convicción sobre este tema.



ESTADO DESCUIDÓ LA JUSTICIA Y CADA UNO BUSCA POR SU LADO

Roberto Laserna, en tanto, comentó que la situación de crisis en Bolivia se da por una distorsión de la misión del Estado, que originalmente estaba llamado a proteger a sus miembros. Sin embargo, la acumulación de responsabilidades del Estado ha conducido a un descuido de la administración judicial, añadió.

Por ello, estamos en una situación en la que cada persona quiere hacer justicia a su manera: linchar, poner guardia de seguridad privada, tener un arma.

En el conversatorio, que fue transmitido en vivo por la versión digital de Los Tiempos, hubo bastante participación del público. Uno de los asistentes pregunto: si se habla de crisis, cuándo Bolivia tuvo una buena percepción de este sistema judicial. “La respuesta es nunca, pero hemos tenido mejores épocas en que la percepción no era tan mala”, respondió Laserna.

Soruco también aportó indicando que durante los años 80 y 90 hubo mejores acuerdos e intenciones sobre este tema, al punto de que fruto de esas políticas surgieron instituciones importantes, como la Reforma Constitucional de 1994, la instauración del Defensor del Pueblo y la creación del Tribunal Constitucional.

Gobierno denuncia a jueza y a un exfiscal por el caso Ganam

El Ministerio de Gobierno amplió la denuncia por consorcio de jueces, fiscales y abogados contra la jueza duodécima de Instrucción en lo Penal, Jakelyn Tintaya, y el exfiscal Roger Velásquez. Se presume que ambos favorecieron al abogado Milton Mendoza a cambio de sobornos en un proceso penal contra COTEL.

"Hasta mañana (hoy) vamos a presentar ante el Ministerio Público la ampliación de denuncia por el delito de consorcio contra la jueza Tintaya y también contra el exfiscal”, informó ayer el abogado de esta cartera de Estado, Marcelo Gutiérrez.

El 29 de marzo, cuando se allanó el bufete de Mendoza para colectar evidencia de la supuesta negociación de un amparo constitucional con el entonces vocal Fernando Ganam, se encontró en la computadora del abogado una resolución de imputación formal contra COTEL por falsificación de documentos.

Esta había sido elaborada aparentemente por Velásquez, cuando era fiscal. Se presume que el caso fue a parar a manos de la jueza Tintaya, quien emitió una resolución para anular esa imputación.

Posteriormente Velásquez emitió un rechazo a la denuncia presentada contra COTEL. "Seguramente, de una prolija
revisión de los equipos de computación (de Mendoza), se habría encontrado también la resolución de rechazo, demostrando que había directa relación con este abogado”, se lee en la relación que hace la Fiscalía sobre el caso Ganam.

Todo esto ocurrió con Mendoza como abogado de la Cooperativa. Gutiérrez sostuvo que se debe investigar si no hubo irregularidades en estas acciones.

Relación de padrinazgo

Tintaya debía definir la suerte de Mendoza en su audiencia cautelar el domingo; pero fue recusada por la Fiscalía debido a que se encargó del proceso penal por falsedad contra COTEL, en el que el imputado fue la defensa.

La jueza no aceptó la recusación y solo retrocedió cuando los fiscales la citaron, junto a su secretaria, como testigo en el caso Ganam.

Después le confiscaron tres celulares, otro a su secretaria, pues se sospechaba que había transado con el abogado de Mendoza, Alberto Morales, un resultado favorable para el procesado.

Los fiscales revisaron este juzgado y encontraron no solo documentos del proceso penal por falsedad, sino también evidencia de que hay una relación de padrinazgo entre la jueza y Mendoza.

"Colectamos algunos elementos donde se evidencia que la jueza tiene una relación espiritual con el ahora imputado”, informó el fiscal Ánghelo Saravia.

Morales dijo que no conocía sobre esa relación y aseguró que no hubo ninguna negociación con ese juzgado. "La secretaria sólo me llamó para avisarme la hora de la audiencia”.

Este medio se contactó con Velásquez, quien dijo que desconoce la denuncia en su contra y que no puede referirse al respecto hasta informarse del asunto.

Caso de consorcio

Hallazgo El caso Ganam salió a la luz pública cuando se acusó al abogado Milton Mendoza de transar el resultado de un amparo constitucional a favor de COTEL con el exvocal Fernando Ganam.
Nombres Fueron implicados la exjueza Lía Cardozo, el fiscal Carlos Hugo Rivero, el presidente de COTEL, Fabián Guillén, y otros seis abogados.

Jueces están en emergencia por su colega Tintaya

La Asociación de Magistrados de La Paz (AMLP) se declaró en emergencia y su presidente anunció acciones ante la citación de la Fiscalía a la jueza Jakelyn Tintaya y la confiscación de sus celulares.

"Los jueces estamos en situación de emergencia. Los vocales tomarán a nivel departamental las acciones pertinentes para precautelar lo que es la independencia del Órgano Judicial para que tengamos garantías de tomar las decisiones que se consideran de acuerdo a norma”, manifestó ayer el presidente de la AMLP, Orlando Rojas.

Después de lo ocurrido el domingo, Tintaya declaró a la prensa que acudirá al llamado del Ministerio Público, pero también envió una carta a su asociación y a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) para que tomen cartas en el asunto.

Los magistrados ven como una forma de amedrentamiento e injerencia de la Fiscalía y el Gobierno el hecho de que se tomen acciones contra las autoridades que se encargan de las causas en las que están en juego sus intereses.

Hoy se reunirá la Sala Plena del TDJ para analizar la situación de Tintaya. "Convocaremos una asamblea departamental para hacer llegar quejas al fiscal general y al Órgano Ejecutivo para que se respeten nuestras decisiones y no sean afectadas por acciones de estas instituciones”, señaló Rojas.

Hay 3 jueces suspendidos

En los primeros cuatro meses del presente año, van tres jueces de Santa Cruz que han sido suspendidos de sus funciones.

El aún presidente del Consejo de la Magistratura (CM) en Santa Cruz, Carlos Calderón, informó que son: Patricia Gonzales, Wilson Arévalo y Federico Jiménez, las autoridades judiciales que han sido alejadas de forma temporal de sus cargos, debido a procesos en su contra por hechos de corrupción.

"Las investigaciones aún no han terminado, pero en estos primeros meses tenemos estos casos específicos en lo que va del año", precisó Calderón, quien dejará el cargo al finalizar el presente mes.

Determinaciones. Calderón indicó al mismo tiempo que desde que se inició el presente año, en su calidad de representante del CM regional, se ha abierto proceso a 150 funcionarios judiciales, entre jueces, secretarios y vocales de varios juzgados del departamento. Mencionó que tal determinación se ha debido a las denuncias que han recibido por hechos irregulares cometidos, inclusive en varios que han sido encontrados infragantis.

Observación. De los tres casos de suspensión que se tiene en la actualidad, uno de los más sonado es del juez Jiménez, quien además enfrenta un proceso por declarar en rebeldía al gobernador Rubén Costas, de forma irregular, según afirman los seguidores de Costas.

Jiménez manifestó que en los próximos días retornará a sus funciones y continuará defendiéndose.

Potosi Aplican justicia comunitaria en contra el concejal Copa

Pobladores de la subcentral de la jurisdicción municipal aplicaron la justicia comunitaria contra el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Desiderio Copa, a quien lo expulsaron de las 20 comunidades que conforman el Distrito 14. El dirigente del distrito, Teodoro Calla Pachatico, dijo que la decisión fue asumida en Irupampa Grande, comunidad donde se desarrolló una asamblea magna.

"Le declaramos persona no grata y no va tener entrada a ninguna de las comunidades ni ayllus del Distrito 14", afirmó.

El concejal munícipe supuestamente generó una división y enfrentamiento entre comunarios por un trabajo ficticio.

"No se tiene ningún resultado de su gestión, por tal razón, desconocemos el trabajo que realiza", afirmó el dirigente quien entregó un voto resolutivo a los medios de prensa.

Calla Pachatico dijo que los comunarios de las 20 comunidades del Distrito 14 se declaran en "pie de lucha" ante cualquier arremetida que haya de parte de los funcionarios de la Gobernación y Alcaldía a la organización de los interculturales que son una organización campesina que precautela la integridad de los comunarios.

"Deslindamos cualquier responsabilidad en caso de suscitarse un conflicto social", dice el votor resolutivo en su parte final. El Potosí buscó a Desiederio Copa en el Concejo, pero no estaba. Llamamos a su celular pero tampoco atendió.

Monday, April 18, 2016

Otra jueza sindicada de ser parte de los consorcios



Los abogados de la Fiscalía recusaron a la jueza 12° de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Jaqueline T., por tener posibles vínculos con el caso Consorcio. Ella debía resolver la situación legal del abogado Milton Mendoza, implicado en el proceso.

Mendoza está en calidad de aprehendido desde el viernes, acusado de desprecintar su oficina y sacar documentos del lugar. Él está implicado en el caso porque el 29 de marzo, en su despacho fue capturado el exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Fernando Ganam. Según la Fiscalía, en ese lugar se negociaban las resoluciones constitucionales de varias causas.

El fiscal asignado al caso Ángelo Saravia explicó que la jueza Jaqueline T. tiene conocimiento de un proceso contra Cotel en el que participa Mendoza como abogado patrocinante y donde “le habría favorecido una serie de resoluciones en el caso” por lo que el Ministerio Público pedirá el secuestro de los expedientes para hacer un análisis y ver cuál es dicha participación.

“Ya se emitió la correspondiente citación para que vaya a declarar la jueza en primera instancia en calidad de testigo para esclarecer algunos elementos”, dijo Saravia.

Entre los documentos confiscados que implican a Jaqueline T., existen memoriales en los que figuran los nombres de los abogados Vladimir F. y Ricardo B. (ambos encarcelados por el caso consorcio) y de Mendoza.

Tras suspenderse la audiencia que debía tratar la situación de Mendoza, se determinó postergarla para hoy. El abogado rechazó las acusaciones en su contra y denunció que se vulneró sus derechos con su aprehensión.

Carmen del Río Quisbert La Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz



— ¿Cuál es la posición del TDJ de La Paz respecto a los últimos casos de corrupción?— Cuando me hice cargo de esta presidencia, hace dos meses, remarqué que mi gestión se caracterizará en asumir una posición de cero tolerancia a las inconductas, faltas, maltratos a la población litigante y a la comisión de delitos. Hoy me ratifico, remarcando que en toda actuación se cuide el respeto al debido proceso.— ¿Esta posición es compartida por los vocales del TDJ?
— La sala plena del Tribunal de Justicia de La Paz, conformada por 18 vocales, emitió una posición contra las acusaciones de algunos líderes de opinión involucrando a todo el Órgano Judicial en hechos de presunta corrupción, sin considerar que esos ataques genéricos afectan a la seguridad jurídica del Estado, al proceso democrático y también al Estado de derecho.Como institución, creemos que es necesario que la población y las autoridades de los otros órganos del Estado consideren que la existencia del Órgano Judicial en un Estado democrático y constitucional adquiere sentido en el Valor Justicia y el que lo posibilita es el juez.
— En las últimas semanas implicaron en un caso consorcio un vocal y una jueza, ¿qué opina?
— Los casos de presuntas ilegalidades que se investigan en el Ministerio Público y que involucran algunos operadores de justicia, constituyen una excepción y no comprometen al Órgano Judicial en su totalidad, ni menos al tribunal de La Paz porque los presuntos delitos son cometidos por personas, no por instituciones.— Seis funcionarios de un juzgado de familia fueron capturados por cohecho. ¿Qué se hace?
— El Consejo de la Magistratura —cuando se trata de faltas leves, graves y gravísimas en el ámbito disciplinario
— debe actuar porque ésa es su función principal el cuidar que los principios de transparencia y eficiencia se cumplan en los juzgados, salas y tribunales. Y cuando se trata de presuntos delitos, los involucrados pasan a ser investigados por la Fiscalía.— ¿Serán suspendidos?— Ésa es una determinación que la debe asumir la Magistratura, pues si un funcionario no acude a cumplir sus funciones durante tres días consecutivos, puede ser apartado del cargo, previo proceso disciplinario. Los implicados están asumiendo su defensa ante las instancias respectivas conforme manda la Constitución y las leyes.— ¿Qué opina sobre la acción del Consejo, de echar a un vocal y jueces por consorcio?— La Magistratura tiene facultades para sancionar a los funcionarios en el ámbito administrativo y disciplinario; en cambio, la Fiscalía adopta decisiones de carácter penal en el marco de la Justicia Ordinaria. Por lo tanto, considero que el Consejo debería precisar si esas autoridades judiciales han sido cesadas en sus funciones o destituidas, con qué cargos y bajo qué figura legal y/o reglamentaria. Esta presidencia no ha recibido ninguna nota oficial al respecto. En todo caso, ya hemos dispuesto las suplencias para evitar retrasos en los procesos respectivos.— ¿Esto afecta a la imagen del Tribunal de Justicia?— Reprochamos enérgicamente que algunos funcionarios o líderes de opinión lancen acusaciones contra toda una institución, sin considerar que con ello dañan no solo la imagen, sino la seguridad jurídica y la credibilidad del Estado.Mientras no haya sentencia judicial, se debe presumir la inocencia de los denunciados. Ése es un principio constitucional.— Abogados y litigantes creen que hay un clima de incertidumbre. ¿Esto es cierto?— No es verdad. Los vocales, jueces y personal de apoyo estamos trabajando con normalidad en cumplimiento estricto de la legalidad y la lucha contra la mora procesal, corrupción o ineficiencia funcionaria, fenómenos contra los que se deben seguir adoptando medidas más rigurosas.— ¿Se coordina con la Fiscalía y la Policía para luchar contra la corrupción?— La Constitución establece la necesidad de coordinación y cooperación del Órgano Judicial con otras instancias, entre ellas el Ministerio Público y la Policía. Haremos las gestiones para cumplir con el mandato. Pedimos a ellos y otras instancias actuar con objetividad material, indagar científicamente el nexo de causalidad de los hechos y asumir decisiones con mayor consistencia en todos los casos.— ¿Cuáles serían las consecuencias, si la institucionalidad de la justicia se ve debilitada?— Disminuir o afectar la integralidad del Valor Justicia y de la institucionalidad del sistema judicial. Quebrantaría el control de legalidad. Ante la ausencia de este elemento esencial, ni la coercitividad más extrema, menos las decisiones políticas, podrán reconstruir un orden institucional jurídico fundamental para la convivencia de la ciudadanía, porque en definitiva, el Órgano Judicial constituye y debe seguir constituyendo el cimiento medular del sistema democrático, constitucional y de derecho.— ¿Cree que la Cumbre Nacional de Justicia podrá dar una solución a esta problemática y a la crisis judicial que hay?— Es una gran oportunidad para iniciar un proceso de transformación profunda en el sistema judicial, cuyos males y limitaciones son de carácter estructural y devienen desde hace muchas décadas. Los problemas de la justicia son gigantescos y las pautas de solución deben ser de la misma magnitud, si en esa ocasión hay una participación plural de todas las instancias, sobre todo del Órgano Judicial, para que las propuestas sean tratadas de manera técnica y jurídica. Si los cambios sugeridos son respetados y ejecutados a la brevedad posible, creo que se va a sembrar en tierra fértil.

Piden endurecer requisitos para elegir a jueces

Instituciones e instancias judiciales plantean una selección estricta de las nuevas autoridades del Órgano Judicial que no sólo incluya un análisis de competencias, experiencia e idoneidad de los postulantes, sino también un examen psicológico que defina si tienen o no las cualidades para asumir el cargo. Plantean además que la selección debe aplicarse a fiscales, jueces y vocales.

Si bien el Gobierno planteó seis ejes que se tratarán en la Cumbre Nacional de Justicia, los cuales se deben abordarse en las precumbres departamentales, en Cochabamba las instituciones que prepararon una propuesta para mejorar la justicia agregaron algunos otros temas que podrían contribuir a la reforma judicial.

La primera precumbre departamental fue en Sucre, la semana pasada, y la segunda, que será en Cochabamba, fue fijada por el Ministerio de Justicia para este próximo 22 de abril; sin embargo, hasta el pasado miércoles aún no hizo llegar una invitación formal a las instituciones vinculadas al tema como el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón, el Tribunal Departamental de Justicia y la Oficina Jurídica para la Mujer, entre otros. A pesar de eso, estas instituciones adelantaron que participarán del evento.

Varias de sus propuestas coinciden y ponen especial atención en el proceso de selección de las nuevas autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional.

El presidente del Colegio de Abogados, César Cabrera asegura que el proceso debe incluir un examen que defina el de tipo de personalidad que tiene el postulante, “porque hay gente muy irascible que reacciona rápidamente por cualquier cosa y por eso debería haber ese tipo de estudios”.

Agregó que se debe “comprobar que el postulante esté en condiciones de saber resolver y estructurar una sentencia”.

“La elección de los magistrados debe hacerse fundamentalmente a través de (evaluación de) méritos y a través de (evaluación de) competencias. (...) Los jueces deben ser evaluados para conocer realmente cuáles son sus capacidades y cuáles son las potencialidades que tienen o (si)definitivamente no sirven para ser jueces”, plantea la representante de la Oficina Jurídica de la Mujer, Julieta Montaño.

Al impulsar un proceso “tan estricto”, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Nuria Gonzales, asegura que “es necesario promulgar una carrera judicial que tenga que ver con la estabilidad laboral, que tenga que ver con una adecuada remuneración y, particularmente, con un ejercicio independiente e imparcial en la administración de justicia”.

Agrega que esto requiere un respaldo a la carrera judicial de las nuevas autoridades “a través de una ley, una norma muy clara y precisa, muy exigente de las autoridades que va a ingresar al Órgano Judicial”.

Más presupuesto

Un factor importante para hacer verdaderos cambios en la justicia pasa por asignar más recursos económicos para el Órgano Judicial, señala Cabrera, por esa razón desde el Colegio de Abogados se plantea un incremento al presupuesto equivalente al 4 por ciento del Presupuesto General del Estado (PGE), ya que el actual llega sólo al 0,37 por ciento.

Para Cabrera, esto tendría “implicancias grandes como la mayor cantidad de juzgados para la lucha contra la retardación de justicia, incremento al nivel salarial de los jueces para la lucha contra la corrupción, la creación de jueces de paz, la desconcentración de la justicia, etc”.

Desconcentración

Gonzales añade que el Tribunal Departamental de Justicia propone que la desconcentración de la justicia debe incluir también la jurisdicción constitucional, creando jueces y tribunales constitucionales en cada departamento.

A esto, suma la desconcentración de la justicia en casas de justicia multimateria con especialidades, “como lo hemos pretendido hacer en un primer intento en Cochabamba, donde tenemos el ejemplo de la EPI Norte y EPI Sur”.

“Nosotros queremos desarrollar esa desconcentración generando más juzgados por especialidad familia, civil, laboral, las materias con mayor afluencia en carga y causas en la zona oeste y en ciudades intermedias también”, agregó.



“FALTA ENFOQUE DE GÉNERO”

La representante de la Oficina Jurídica de la Mujer, Julieta Montaño, quien junto con la Red Construir prepara una propuesta para la cumbre de justicia, asegura que no es suficiente que haya mujeres como autoridades en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, sino que se requiere de una justicia con perspectiva de género que le dé ese enfoque a las decisiones judiciales y a todas sus actividades.

“Yo creo que en justicia habría que hacer unos ajustes, pero más que el tema mismo de que son más mujeres o menos mujeres, lo que se tiene que hacer es incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer judicial. Mientras no exista eso, será todavía muy difícil hablar de una justicia con visibilidad de género”, dice.

Manifiesta que en la actualidad la aplicación de justicia continúa teniendo “un enfoque absolutamente machista. Pretender cambiar sólo a los jueces se hace cuesta arriba, porque los abogados son los que hacen peticiones, fundamentan”, por lo tanto, sugiere empezar los cambios desde las universidades con un nuevo perfil de los abogados y de su currícula.



REFORMA CURRICULAR

Autoridades judiciales deben volver a dar clases

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Edwin Vargas, afirma que una decisión no acertada fue alejar a las autoridades judiciales como son los vocales, jueces y magistrados de las cátedras en las carreras de Derecho, por lo tanto plantea que esta norma sea modificada para que los estudiantes se beneficien de la experiencia de quienes administran la justicia.

“Esto va en contrarruta porque necesitamos esa experiencia para enseñar, por ejemplo, los procedimientos, la práctica misma del ejercicio de la profesión”, dice Vargas. La UMSS también trabajó una propuesta para la cumbre judicial enfocada en el nuevo perfil de abogado y de un nuevo sistema educativo basado en la realidad del país.

“Existe un divorcio entre el Estado y la universidad, por ello en realidad tanto operadores de justicia como jueces y magistrados y los teóricos no estamos tomando conciencia para revertir esta situación para cambiar la justicia”, apunta Vargas.

Plantea que todas las carreras de Derecho ingresen a un nuevo sistema de educación basado en competencias que deje de lado la teoría y priorice la práctica. Remarca que una de las desventajas de las universidades públicas es el hacinamiento, en el caso de la UMSS es la carrera con más estudiantes, 12 mil.

“El nuevo perfil del abogado debe cambiar, debe sustituir una cultura de litigio por una cultura de paz. Se deben amplificar medios alternativos de solución como la conciliación, mediación y el arbitraje”, asegura Vargas.

Especialidad

También propone la creación de un observatorio judicial y centros de investigación de capacitación docente, “es decir, no sólo capacitar a docentes dentro el derecho positivo sino tener la oportunidad de capacitar a algunos protagonistas que están con la administración de justicia indígena originaria campesina”.

Ligada a esta propuesta se plantea otorgar un año de especialidad gratuita para los estudiantes de último año de la carrera de Derecho.

Además, consolidar alianzas con las escuelas de jueces y fiscales para que desde la universidad tengan una mejor y continúa formación y puedan, incluso, hacer una especialidad en el tema jurídico.



CUMBRE NACIONAL

No debe incluir la política criminal

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, considera que no debe incluirse la temática de política criminal dentro la Cumbre Nacional de Justicia porque primero debe discutirse el problema estructural del problema de la justicia en Bolivia.

“La política criminal no es motivo de discusión en este escenario, por ejemplo eso se establecerá cuando mejoremos todos los anteriores elementos y con verdaderas autoridades se haga un verdadero rediseño de la política criminal”, justificó.

Sin embargo, existen otras instituciones, como el Tribunal Supremo de Justicia, que consideran que es relevante tratar este tema en el encuentro del junio.



FRENTE A CRISIS

UE y ONU apoyan reforma judicial

El Grupo Internacional de Justicia (GIJ), conformado por la Unión Europea, España, Dinamarca, Suiza y el Sistema de Naciones Unidas, ratifica su compromiso de acompañar el proceso de precumbres y la Cumbre Nacional de Justicia que impulsa Bolivia.

“Expresa también su voluntad de apoyar en la implementación de las propuestas de reforma a corto, mediano y largo plazo que emerja de este proceso”, dice un comunicado. Agrega que “considerando la crisis en que se encuentra la justicia boliviana y las limitaciones que enfrenta la población más vulnerable para tener acceso a ella (...), el GIJ saluda el compromiso de las autoridades nacionales para responder al reto impostergable de reformar la justicia”.



ORGANIZA LOS TIEMPOS

Inicia ciclo de conversatorios

El Foro Regional, conformado por Ciudadanía, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y Los Tiempos, inicia desde hoy un ciclo de conversatorios sobre la Reforma Judicial.

El primer coloquio será a las 19:30 en el auditorio de Los Tiempos con la participación de la socióloga de Ciudadanía, Vivian Schwarz, y del director del Ceres, Roberto Laserna, con el tema “La justicia como demanda social y política. Análisis del contexto en que se plantea la Cumbre y lo que las encuestas revelan acerca de la opinión ciudadana”.

La segunda jornada será el jueves 21 con el tema “La estructura institucional del sistema judicial” y disertarán José Luis Baptista, Nuria Gonzalez y Martha Saavedra.

En caso Ganam, convocarán a declarar a jueza vinculada al consorcio de abogados

Jakelyn Tintaya, jueza del Juzgado 12vo de Instrucción en lo Penal, presuntamente vinculada a un consorcio de abogados que tranzó resoluciones en favor de Cotel, fue citada en calidad de testigo para aclarar la vinculación que tiene con el abogado Milton Mendoza, informó el fiscal Ángelo Saravia.

El caso Ganam fue destapado tras encontrarse en la oficina Mendoza, representante de la Cooperativa Telefónica de La Paz, documentos judiciales que involucran a jueces, fiscales, abogados y funcionarios en un presunto consorcio ilegal que tranzaba amparos de Cotel. Esta situación derivó en la aprehensión de Mendoza y otras autoridades judiciales.

Tintaya fue implicada en este caso debido a que en el Juzgado 12vo de Instrucción se han "colectado unos procesos sobre todo en lo relativo al caso Cotel", señaló la fiscal Jenny Quispe. Además, "ella (Tintaya) ha puesto resistencia en no excusarse o en no recusarse, más al contrario quería llevar a cabo esa audiencia de medidas cautelares (del imputado Milton Mendoza), sabiendo de que ella tiene una relación y algún vínculo con el ahora imputado", explicó el fiscal Saravia.

Mendoza encabezaba el consorcio

“De acuerdo a los elementos que se ha colectado, Milton Mendoza es quien articulaba la corrupción contra la justicia”, declaró ayer el fiscal anticorrupción, Anghelo Sarabia, al ser consultado sobre quién dirigía el consorcio de abogados y administradores de justica.

Sarabia también sostuvo que Mendoza está distorsionando la información y ataca la imagen de la Fiscalía. “Es falso que Mendoza estaba en su casa, personal de inteligencia ha estado ahí por cuatro días a la espera de que este se presente. Estaba prófugo, ha estado en la clandestinidad, se ha valido de la prensa para, de manera cobarde, atacar al Ministerio Público”.

Justicia indígena anuncia precumbre para mayo

Pese a la ausencia de un presupuesto económico del Estado la justicia indígena originaria anuncia la realización de su precumbre el próximo 27 y 28 de mayo en la ciudad de Sucre, en la que se volverá a denunciar la situación de marginalidad de parte del Estado boliviano, informó el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Efren Choque, representante de este sector.

El tribuno lamentó que el Ejecutivo no hay incluido la justicia plural e indígena como ejes temáticos en el debate de la Cumbre Nacional de Justicia y nuevamente se ven marginados.

Anunció que el movimiento indígena está tomando sus precauciones

“Se llevará acabo la precumbre de la justicia indígena originaria campesina el 27 y 28 de mayo en Sucre, se está convocando a todas las organizaciones”, aseguró.

Choque reveló que el Gobierno apoya a las precumbres judicial y departamentales con un presupuesto de Bs 300 millones. “Nosotros también hemos solicitado para que se lleve a cabo nuestra precumbre, pero se cerraron las puertas, no quieren apoyar, eso es preocupante como una política de discriminación y marginalidad”, enfatizó.

Choque dijo que pese a que la justicia indígena originaria campesina tiene rango constitucional, el Estado boliviano no quiere asumir las obligaciones que tiene con esta justicia y no hay una voluntad política de implementar y fortalecer esta jurisdicción.

Reclamó de un presupuesto para la jurisdicción indígena para su fortalecimiento al menos para aspectos de logística. “Si están construyendo diez casas para la justicia ordinaria, tendría que haber también casas de justicia indígena originaria campesina”, recalcó.

Caso consorcio Secuestran celulares de juez y secretaria del juzgado

Los dos aparatos celulares de la juez 12vo de instrucción de materia en lo penal, Jacqueline Tintaya, y otro de la secretaria de este juzgado fueron secuestrados ayer y hoy; ambas deben comparecer ante la comisión de fiscales que investiga el caso consorcio de jueces y abogados encabezados por el exvocal de la Sala Penal, Fernando Ganam, y su abogado Milton Mendoza, según informó el fiscal anticorrupción Anghelo Sarabia.

“La audiencia se ha suspendido por encontrase cierta vinculación con el caso consorcio de jueces y fiscales. Es decir, con el doctor Milton Mendoza y el señor Fabián Guillén”, informó Marcelo Gutierrez, abogado del Ministerio de Gobierno.

Luego de ser aprehendido el viernes por la noche, a la salida de una entrevista en canal de televisión, el abogado Mendoza debía ser sometido en una audiencia cautelar ayer domingo. De forma casual, el juzgado de turno estaba a cargo de Tintaya, quien se excusó de conocer el caso luego de ser informada por los fiscales, que hoy debía comparecer para prestar declaración informativa al igual que su secretaria.

Sarabia informó que la citación había sino emitida el viernes, luego de que en el desprecintado a la oficina de Mendoza, se hallara documentación que compromete a Tintaya dentro de los supuestos favorecimientos que este abogado logró para la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) La Paz, en el proceso interpuesto por el también abogado, Jhonny Castelú, por una supuesta falsedad en la emisión de guías telefónicas.

La audiencia cautelar fue instalada a las 14.30 horas pero con los nuevos elementos, Sarabia informó a la juez Tintaya que la citación para ella y la secretaria de juzgado había sido emitida el mismo viernes, por lo cual ella debía excusarse del caso.

DEFENSA

El abogado de Mendoza, Alberto Morales, declaró este sábado, que su defendido fue aprehendido por haber desprecintado sus oficinas para verificar la existencia de 25 mil dólares y 15 bolivianos que tenía y que no se encuentran en el acta de allanamiento.

Mendoza calificó de “patrañas” los cargos que la Fiscalía tiene en su contra y ratificó que las pruebas (libros originales de control jurisdiccional, resoluciones de imputación y otros) fueron plantados en su oficina.

SARABIA

Molesto por estas afirmaciones, Sarabia aseguró que Mendoza está desinformando a los medios de comunicación y aseguró que se han colectado huellas digitales de quienes procedieron al desprecintado de la oficina de Mendoza, donde se cree estaban aún más documentos.

“Este señor ha ingresado a su oficina, ha roto los precintos, ha vaciado todas las pruebas documentales (…) Todo lo que venga a decir ahora este ciudadano es falso, porque este es el articulador para haber corrompido la administración de justicia”, declaró Sarabia.

CELULARES

Al término de la audiencia, otra fuente aseguró que la juez había tratado de esconder los aparatos celulares, por lo que se llamó al personal de laboratorio que procedió al secuestro de los celulares porque también existía indicios de que por medio de otros abogados, Mendoza se contactó con Tintaya y la secretaria para obtener una resolución favorable en la audiencia cautelar.

En este sentido, hoy será la juez segundo anticorrupción, Rosmery Pabón, quien cautele a Mendoza.

El caso inició el 29 de marzo con la detención del exvocal Fernando Ganam, quien fue aprehendido al interior de la oficina de Mendoza, donde se halló varios documentos que han comprometido, al menos, a cinco funcionarios judiciales, de la Fiscalía, además de otros abogados particulares.

Sunday, April 17, 2016

Fiscalía inicia otra causa a Mendoza por abrir su oficina



Luego de ser capturado, se conoció que la Fiscalía abrió otro proceso en contra de Milton Mendoza, abogado implicado en el caso Consorcio, por desprecintar su oficina. El jurista denunció que desapareció más de $us 23.000 de su despacho.

Mendoza fue aprehendido por cinco efectivos policiales, el viernes a las 23.15, luego de otorgar una entrevista a un medio televisivo en el que habló de su implicancia en el caso Consorcio. El proceso empezó el 29 de marzo cuando se capturó al exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz Fernando Ganam, acusado de negociar fallos en el despacho del jurista.

Alberto Morales, abogado defensor de Mendoza, indicó que la aprehensión “es una patraña; les molestó (a los de la Fiscalía) que Mendoza hable de que había al menos 23.000 dólares y 15.000 bolivianos en su oficina, que no figuran en ningún acta cuando se hizo el allanamiento, por eso reclamó, porque no es su plata”.

Denunció que la privación de libertad de su cliente fue ejecutada de forma indebida, ya que los representantes del Ministerio Público iniciaron un segundo proceso sin ninguna causa, además que cometieron un error jurídico porque, dijeron, nadie puede ser procesado dos veces por el mismo delito.

Según información de la Fiscalía, el segundo caso fue abierto porque Mendoza habría roto los precintos de su oficina, que por eso se ordenó su aprehensión.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que la Policía actuó dentro del ámbito legal, con base en una orden de la Fiscalía.

Milton Mendoza será cautelado hoy

El abogado particular del exvocal Fernando Ganam y representante de la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) de La Paz, Milton Mendoza, fue aprehendido el viernes y para hoy se prevé su audiencia de medidas cautelares por el caso de consorcio de jueces, abogados y fiscales, iniciado a raíz de una allanamiento a su oficina, donde se encontró documentación original que comprometia a magistrados y también se verificara que en una de sus computadoras se redactaba imputaciones para que sean presentadas por fiscales.

El 29 de marzo, el exvocal Ganam fue aprendido al interior de la oficina de su abogado particular Mendoza, denunciado por llevar una copia del amparo constitucional planteado por el también jurista Jhonny Castelú, en contra de la Cotel, empresa que también era representada por Mendoza.

Minutos antes del allanamiento a su oficina, en una acción directa la Fiscalía, Mendoza abandonó el lugar y se desconocía su paradero hasta ayer por la noche cuando luego de una entrevista, donde negó los cargos, fue aprehendido por los investigadores.

Antes, había interpuesto dos acciones de libertad y los fiscales anticorrupción Anghelo Sarabia y Jhenny Quispe informaran que este debía presentarse a declarar el día lunes, pero al parecer, la reparación y la versión de que interpondría denuncias contra los representantes del Ministerio Público, ante instancias internacionales, motivó la captura.

En este sentido, para hoy se prevé su audiencia cautelar en el juzgado de turno. Por el mismo caso, se encuentran detenidos el exvocal Ganam, el fiscal Hugo Rivero, la exjuez Lía Cardozo, el presidente del directorio de Cotel Fabián Guillén, dos funcionaras judiciales y uno de los asociado de Mendoza, Vladimir Flores. Aún se desconoce el paradero del otro asociado e hijo de un fiscal, Ricardo Blanco.

Saturday, April 16, 2016

Milton Mendoza califica como "una patraña" su aprehensión y cree que será detenido

El abogado y magistrado suplente del Tribunal Constitucional, Milton Mendoza, calificó como una "patraña" su aprehensión cuando abandonaba este viernes en la noche un canal de televisión en la ciudad de La Paz y aseguró que "inventaron pruebas" en su contra y cree que el juez dictará su detención.

"Es una patraña lamentablemente, con una campaña mediática generando expectativa sobre un caso que no existe, porque el doctor Fernando Ganam estuvo en mi oficina como cliente. Fue una visita de un cliente a su abogado. En segundo lugar Ganam no era parte del tribunal que iba a decidir en el caso Castelú contra Cotel", declaró Mendoza.

El abogado es investigado junto a otros juristas, jueces, vocales y fiscales por su presunta participación en un consorcio de abogados tipificado como un delito en el Código de Procedimiento Penal. Mendoza tras ser interceptado el viernes después de una entrevista en un canal de televisión fue conducido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

"Voy a correr la misma suerte de los otros inocentes seguro me aprehenderán y me someterán a medidas cautelares y me detendrán. Pero esto será una muestra de la injustica que se comete en el país y además de cómo se puede tejer e inventar pruebas y cómo se puede inventar casos", declaró.

Arrestan a Milton Mendoza al salir de programa en TVU


La comisión de fiscales que investiga el caso consorcio jurídico dejó ayer sin efecto la orden de aprehensión en contra del jurista Milton Mendoza, sin embargo, fue arrestado en horas de la noche, al salir de una entrevista en TVU.
Mendoza fue arrestado tras participar de un programa en TVU, según se conoció a través de la cuenta Twitter de Ximena Galarza, presentadora de Jaque Mate del canal universitario.
Tras el arresto, no se conocieron mayores detalles. Horas antes, el abogado de Mendoza, Alberto Morales, informó que la juez Lucía Fuentes decidió dejar sin efecto la orden de aprehensión contra su cliente, y que se presentaría a declarar en la Fiscalía a las 09.00 del lunes, dentro de la investigación sobre el caso del consorcio de jueces, fiscales y abogados, presuntamente liderado por el exvocal Fernando Ganam.
Señaló que ante los fiscales adscritos al caso, Anghelo Saravia y Jhenny Quispe, Mendoza exhibirá una serie de pruebas que demuestran su inocencia dentro del caso.
Pese a que Mendoza estaba considerado prófugo por las autoridades del Ministerio Público, Morales aclaró que el abogado Mendoza no salió de la ciudad y que estuvo desarrollando sus actividades con total normalidad, atendiendo los casos en los que ejerce como patrocinante.
Mendoza, a través de su abogado, presentó un memorial, en el que demanda que se deje sin efecto la resolución de orden de aprehensión y más bien se fije hora y fecha para que rinda su declaración informativa.

Apuntes
Durante una requisa a las oficinas de Mendoza se hallaron expedientes originales de al menos tres juzgados.
Mendoza firmó contratos con Cotel por 139 mil bolivianos para defender y ganar los juicios contra Cotel.

En 16 meses destituyeron a 80 fiscales


El Ministerio Público confirmó que en 16 meses (2015-2016) se destituyó a 80 fiscales implicados en hechos de corrupción e incumplimiento de deberes en el ejercicio de sus funciones, se informó ayer oficialmente.
“La Fiscalía General desde hace tiempo que da señales de que no vamos a tolerar hechos de corrupción, incumplimiento de deberes y negligencia, y por esa razón fueron destituidos 65 fiscales en 2015 y 15 en lo que va de esta gestión”, precisó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
En ese contexto, convocó al mundo litigante a denunciar cualquier hecho irregular para actuar desde la Fiscalía, cumpliendo con procedimientos y la norma legal contra servidores del Ministerio Público implicados en actos dolosos.
Recordó que en cada fiscalía departamental existe una oficina de Régimen Disciplinario para que las personas denuncien malos tratos, extorsión y otros aspectos. Además, advirtió que desde la instancia que corresponde se hace seguimiento al trabajo de los fiscales.

Cautelan a otras funcionarias en caso consorcio de jueces

Dentro del proceso abierto en contra del abogado Milton Mendoza, por la supuesta comisión del delito de consorcio de jueces abogados y fiscales, la juez segundo anticorrupción, Rosameri Pavón, determinó ayer la detención domiciliaria de María Luisa Yapuchura, persona de confianza y auxiliar del exvocal de la Sala Penal Segunda, Fernando Ganam, y determinó preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, de Yazmila Paz, secretaria de la Juez Segundo de Materia en los Penal, Lía Cardozo.

La determinación fue asumida luego de que la fiscal anticorrupción, Jhenny Quispe, acreditara indicios de la supuesta participación en el hecho y presentó imputación por el delito de consorcio de jueces, fiscales y abogados en grado de complicidad e incumplimiento de deberes.

En la audiencia de medidas cautelares, Quispe indicó que Paz estaba a cargo de los tres cuadernos de control jurisdiccional, en todos iban proveídos que debían ser revisados por la juez Cardozo.

De los cuadernos de control jurisdiccional, uno era por un proceso de avasallamiento, otro por robo agravado y el tercero de estafa.

La fiscalía sostiene que Paz, no declaró la verdad sobre la relación laboral y académica que tenía con uno de los asociados del abogado Milton Mendoza, el procurador Vladimri Flores, quien también fue cautelado y enviado al penal de Patacamaya, con detención preventiva.

En el caso de Yapuchura, el Ministerio Público argumentó que la imputada era personal de confianza de Ganam por lo que tenía las llaves de su oficina, las cuales no fueron entregadas inmediatamente a los fiscales para el respectivo allanamiento.