La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que la autoridad jurisdiccional determinó la detención domiciliaria, arraigo y fianza económica de 20.000 bolivianos para David Ricardo Caicedo Balcázar (juez del Juzgado Público Civil Comercial 22 de Santa Cruz) y de Miguel Ángel Brito Yucra (abogado particular), por delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
“La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en el Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar Penal de Santa Cruz en donde la Comisión de Fiscales encabezado por Fernando Daniel Mejía Gallardo fundamentó la imputación y demostró los riesgos procesales”, explicó el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea.
Agregó que el servidor del Órgano Judicial de Santa Cruz y el abogado particular han sido imputados por la presunta comisión del delito de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.
“El Ministerio Público fundamentó la imputación y demostró los elementos de convicción que evidencian que Caicedo y Brito son, con probabilidad, autores de los delitos imputados”, manifestó el Fiscal Fernando Daniel Mejía Gallardo.
Según el cuaderno de investigación, el pasado 04 de agosto aproximadamente a las 08,30 Lisseth Vanessa L. A. presentó una denuncia argumentando que Caicedo, emitió una serie de resoluciones favoreciendo al abogado Miguel Ángel Brito, quien tendría ingreso a ese juzgado y al mismo tiempo actuaría como si fuera funcionario.
En ese contexto, la Fiscalía Corporativa Anticorrupción Nº 1, se constituyó en el Juzgado Público Civil Comercial 22 y se encontró trabajando al abogado en el despacho del juez con cuadernos procesales en manos.
Asimismo, en el Juzgado se encontraron evidencias e indicios de las irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones del juez, por tanto se procedió a la aprehensión de los sindicados al haber sido encontrados cometiendo los ilícitos denunciados.
En la audiencia, la comisión de fiscales demostraron los riesgos procesales como el peligro de fuga, además evidenció que los imputados tienen la facilidad de influir negativamente en los testigos por lo tanto obstaculizarían la investigación para llegar a la verdad material e histórica de los hechos.
“El Ministerio Público manifiesta su inconformidad ante la determinación del juez y presentara el recurso de apelación toda vez que se trata de un hecho en flagrancia donde existen todos los elementos suficientes de convicción que los imputados son con probabilidad autores del hecho que se investiga”, finalizó Mejía.
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