Wednesday, October 31, 2018
Autoridades del Ministerio Público Incertidumbre en labor de nuevos fiscales
Los nuevos fiscales de Distrito posesionados ayer, en Sucre, no son esperanza de cambio real en el Ministerio Público por su afinidad con el Gobierno, este hecho pone en duda la labor que deben desempeñar afirmó ayer el senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, luego de que se conociera públicamente a las autoridades.
“Al parecer, lo que se está haciendo es pagar favores en función de la competencia que hubo entre los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) y ahora los que salieron en otros lugares les están dando las fiscalías de distrito, seguramente para pagar las promesas de lo que ya a todas luces parece haber sido una campaña interna dentro del MAS para elegir al FGE”, refirió Ortiz.
Aseguró que el fiscal general, Juan Lanchipa, está directamente vinculado al Gobierno y a personas como el Ministro de Justicia, por lo que no espera que trabajen con la independencia que se requiere en el Ministerio Público.
En tanto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que la mayoría de las autoridades posesionadas ayer son los mejores calificados en el proceso de selección a Fiscal General del Estado (FGE) que realizó la Asamblea Legislativa.
En criterio del diputado Amilcar Barral, de UD, Lanchipa respetó las mejores notas que obtuvieron los aspirantes a la FGE, por lo que espera que estos demuestren en la práctica todo lo que demostraron en teoría.
“Les demos el beneficio de la duda, ya que esta gente ha demostrado que tenía el mayor puntaje en la preselección de candidatos a Fiscal General, esperemos hagan bien las cosas y ojalá que su gestión sea más transparente que la de sus antecesores”, apuntó.
POSESIÓN
En solemne acto realizado ayer en instalaciones de la Fiscalía General de Estado (FGE), en la capital del Estado, los nueve fiscales de distrito prestaron juramento de cumplir y hacer cumplir la ley. El evento contó con la presencia del ministro de Justicia, Héctor Arce Z., y las altas autoridades del Órgano Judicial.
En la oportunidad, Lanchipa recomendó a las nuevas autoridades trabajar en función a dos desafíos: Recuperar la confianza de la población en el Ministerio Público y resolver la carga procesal de más de 236 mil causas vigentes en todo el país.
El Ministro de Justicia destacó el hecho de que muchos de los fiscales departamentales posesionados deriven de los mejores puntuados por la Asamblea Legislativa.
“Es una señal que merece nuestra felicitación porque se valora la meritocracia, la capacidad y el esfuerzo que han demostrado en su postulación y sean reconocidos con un cargo importante como es una fiscalía departamental”, expresó.
Asimismo, el Titular de Justicia manifestó que el país está viviendo tiempos de crisis en la administración de justicia y recordó que el año 2009 se identificaron tres problemas medulares: Las leyes, elemento humano y la falta de recursos en infraestructura, informática entre otros.
“Al parecer, lo que se está haciendo es pagar favores en función de la competencia que hubo entre los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) y ahora los que salieron en otros lugares les están dando las fiscalías de distrito, seguramente para pagar las promesas de lo que ya a todas luces parece haber sido una campaña interna dentro del MAS para elegir al FGE”, refirió Ortiz.
Aseguró que el fiscal general, Juan Lanchipa, está directamente vinculado al Gobierno y a personas como el Ministro de Justicia, por lo que no espera que trabajen con la independencia que se requiere en el Ministerio Público.
En tanto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que la mayoría de las autoridades posesionadas ayer son los mejores calificados en el proceso de selección a Fiscal General del Estado (FGE) que realizó la Asamblea Legislativa.
En criterio del diputado Amilcar Barral, de UD, Lanchipa respetó las mejores notas que obtuvieron los aspirantes a la FGE, por lo que espera que estos demuestren en la práctica todo lo que demostraron en teoría.
“Les demos el beneficio de la duda, ya que esta gente ha demostrado que tenía el mayor puntaje en la preselección de candidatos a Fiscal General, esperemos hagan bien las cosas y ojalá que su gestión sea más transparente que la de sus antecesores”, apuntó.
POSESIÓN
En solemne acto realizado ayer en instalaciones de la Fiscalía General de Estado (FGE), en la capital del Estado, los nueve fiscales de distrito prestaron juramento de cumplir y hacer cumplir la ley. El evento contó con la presencia del ministro de Justicia, Héctor Arce Z., y las altas autoridades del Órgano Judicial.
En la oportunidad, Lanchipa recomendó a las nuevas autoridades trabajar en función a dos desafíos: Recuperar la confianza de la población en el Ministerio Público y resolver la carga procesal de más de 236 mil causas vigentes en todo el país.
El Ministro de Justicia destacó el hecho de que muchos de los fiscales departamentales posesionados deriven de los mejores puntuados por la Asamblea Legislativa.
“Es una señal que merece nuestra felicitación porque se valora la meritocracia, la capacidad y el esfuerzo que han demostrado en su postulación y sean reconocidos con un cargo importante como es una fiscalía departamental”, expresó.
Asimismo, el Titular de Justicia manifestó que el país está viviendo tiempos de crisis en la administración de justicia y recordó que el año 2009 se identificaron tres problemas medulares: Las leyes, elemento humano y la falta de recursos en infraestructura, informática entre otros.
Mamani conduce la Dirección de Justicia Indígena
El dirigente indígena originario campesino Hilarión Mamani Navarro asumió la dirección de la oficina de Justicia Indígena, con el objetivo de fortalecer y revalorizar las leyes de este sector.
Desde 2013, Mamani se desempeñó como jilliri apu mallku del ejecutivo nacional del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y esta labor fue destacada por el Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesino del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Como apu mallku del Conamaq, impulsó una de las cinco instituciones del Pacto de Unidad que participó en la Cumbre Nacional de Justicia Indígena Originario Campesina, realizada en agosto en Cochabamba.
Trayectoria
Trabajará de manera directa con el viceministro de Justicia Indígena Originario Campesina, Gilvio Janayo.
Entre 1995 y 2002 realizó labores de minería y sus habilidades para la dirigencia lo catapultaron al cargo de secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. De 2010 a 2011 fue subalcalde de un distrito originario de la Alcaldía Municipal de Cotagaita, provincia Nor Yungas del departamento de Potosí.
Hasta 2013 también fue jatun cacique de la nación chichas wisijsa.
Janayo señaló que los conocimientos y la trayectoria de Mamani serán de gran ayuda para la justicia indígena.
Desde 2013, Mamani se desempeñó como jilliri apu mallku del ejecutivo nacional del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y esta labor fue destacada por el Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesino del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Como apu mallku del Conamaq, impulsó una de las cinco instituciones del Pacto de Unidad que participó en la Cumbre Nacional de Justicia Indígena Originario Campesina, realizada en agosto en Cochabamba.
Trayectoria
Trabajará de manera directa con el viceministro de Justicia Indígena Originario Campesina, Gilvio Janayo.
Entre 1995 y 2002 realizó labores de minería y sus habilidades para la dirigencia lo catapultaron al cargo de secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. De 2010 a 2011 fue subalcalde de un distrito originario de la Alcaldía Municipal de Cotagaita, provincia Nor Yungas del departamento de Potosí.
Hasta 2013 también fue jatun cacique de la nación chichas wisijsa.
Janayo señaló que los conocimientos y la trayectoria de Mamani serán de gran ayuda para la justicia indígena.
Fiscales deberán reducir la carga procesal y recuperar la confianza
Recuperar la confianza de la población y resolver la carga procesal de más de 230 mil causas vigentes a escala nacional son los desafíos que deberán resolver los nuevos fiscales departamentales, que ayer fueron posesionados en la ciudad de Sucre.
En el acto de posesión, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, les recordó a las nuevas autoridades “que las expectativas y esperanzas del pueblo boliviano en las labores que cumplirán tienen el objetivo de lograr una justicia transparente, oportuna, eficaz y sin discriminación”.
Asimismo, dijo que una de las acciones que llevará adelante el Ministerio Público en los próximos años será implementar un nuevo modelo de gestión fiscal, para lo cual ejecutará reformas organizativas y cambios sustanciales en la metodología de trabajo.
Agregó que el sistema acusatorio requiere un Ministerio Público ágil para cumplir con la investigación, a fin de lograr una persecución eficiente mediante un cambio del producto y del perfil del talento humano.
“Los fiscales de todo el Estado deben saber que no se debe acusar la ilegalidad con otras ilegalidades, por ello estamos sometidos a los principios constitucionales y debemos hacerlo sin negligencias, sin dejar a la víctima. Fiscales, está en sus manos proteger”, manifestó.
Reconocimiento
Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, destacó que algunos de los nuevos fiscales departamentales fueron designados como un reconocimiento a las calificaciones que obtuvieron durante el proceso de selección meritocrática del Fiscal General del Estado.
“Es una señal que merece la felicitación porque se valora la meritocracia y el esfuerzo es reconocido con un cargo de notable importancia para bien de todos los ciudadanos”, señaló.
En el acto de posesión, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, les recordó a las nuevas autoridades “que las expectativas y esperanzas del pueblo boliviano en las labores que cumplirán tienen el objetivo de lograr una justicia transparente, oportuna, eficaz y sin discriminación”.
Asimismo, dijo que una de las acciones que llevará adelante el Ministerio Público en los próximos años será implementar un nuevo modelo de gestión fiscal, para lo cual ejecutará reformas organizativas y cambios sustanciales en la metodología de trabajo.
Agregó que el sistema acusatorio requiere un Ministerio Público ágil para cumplir con la investigación, a fin de lograr una persecución eficiente mediante un cambio del producto y del perfil del talento humano.
“Los fiscales de todo el Estado deben saber que no se debe acusar la ilegalidad con otras ilegalidades, por ello estamos sometidos a los principios constitucionales y debemos hacerlo sin negligencias, sin dejar a la víctima. Fiscales, está en sus manos proteger”, manifestó.
Reconocimiento
Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, destacó que algunos de los nuevos fiscales departamentales fueron designados como un reconocimiento a las calificaciones que obtuvieron durante el proceso de selección meritocrática del Fiscal General del Estado.
“Es una señal que merece la felicitación porque se valora la meritocracia y el esfuerzo es reconocido con un cargo de notable importancia para bien de todos los ciudadanos”, señaló.
Tuesday, October 30, 2018
Lanchipa posesiona a nuevos fiscales departamentales seleccionados por méritos
Nueve fiscales departamentales fueron posesionados hoy por el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, que decidió conformar su equipo de trabajo con los postulantes que obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso de selección realizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El titular del Ministerio Público planteó dos retos para las flamantes autoridades: recuperar la confianza de la población en el Ministerio Público y resolver la carga procesal vigente que ascienden a 236.000 procesos vigentes.
"Trabajaremos en función de los derechos de los ciudadanos y el bien común", aseguró Lanchipa en el acto de posesión, realizado en la Capital Constitucional de Bolivia, Sucre.
A nombre de las nuevas autoridades, Álvaro Mauricio Nava Morales, fiscal del departamento de Chuquisaca, agradeció la confianza en los fiscales y aseguró que optimizarán el trabajo por el bien de la población.
A su turno, el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, destacó que los designados son quienes obtuvieron las mejores notas en el proceso de elección de ALP y manifestó su esperanza de que puedan avanzar para superar los problemas que agobian a la justicia boliviana.
"Los bolivianos somos una nación que cree en sí misma, somos un ejemplo a seguir. Si somos los primeros en crecimiento económico también podemos mejorar hasta ser un ejemplo de justicia", afirmó en su discurso.
Los nueve fiscales departamentales:
La Paz: Williams Alave
Santa Cruz: Mirael Salguero
Cochabamba: Juan de la Cruz Vargas
Potosí: Roxana Choque
Oruro: Orlando Zapata
Pando: Juan Carlos Cuéllar
Beni: Nuria González
Chuquisaca: Mauricio Nava
Tarija: Francisco Álvarez
La mamá de ‘Chumita’ no volverá a la cárcel; un juez de Argentina le otorgó el perdón humanitario
El juez federal argentino Ernesto Hansen benefició a Claudia S. E., la mamá de ‘Chumita’, con la excarcelación (libertad) por lo que ahora podrá quedarse junto a sus tres hijas en su natal Montero, Santa Cruz, según publicó el portal infobae.
La madre fue detenida en Argentina, transportando cocaína para pagar la quimioterapia de su hijo 'Chumita', de 13 años, quien murió el 17 de octubre a causa de un cáncer terminal.
La historia de la madre boliviana se conoció gracias a este sitio web, que publicó su caso, luego que fue detenida en la cárcel de Güemes, Argentina, casi por un año.
Claudia solicitaba a las autoridades judiciales que le otorguen un permiso humanitario para retornar a Bolivia y cuidar a su hijo en sus últimos días de vida.
Al conocerse el drama de la madre boliviana, el Defensor del Pueblo coadyuvó en las gestiones y en coordinación con los defensores de la mujer, en Argentina, se logró un permiso de 30 días para que retorne al país. A estas gestiones se sumó el Ministerio de Justicia, que inicialmente buscaba una ampliación del permiso, y luego perfilaba tramitar un perdón humanitario.
El defensor oficial de Claudia, Andrés Reynoso, declaró a Infobae que la Fiscalía de Jujuy requirió más información sobre el caso, que fue proporcionada de manera rápida por el Gobierno de Bolivia y apoyó la solicitud de excarcelación
Al conocer la buena noticia, la madre de Chumita declaró al medio argentino desde Montero: "Se hizo justicia, estoy contenta, feliz, quiero agradecer a Infobae por contar mi historia y a mis defensores porque también ellos se han movilizado. Tengo a mi hijita acá conmigo, estoy muy agradecidísima, me voy a quedar con mis hijitas, me queda salir adelante, trabajar para mantenerlas a ellas y no volver a separarme".
Monday, October 29, 2018
Observan denuncia contra Gina Foianini
La fiscal de Santa Cruz, asignada al caso de denuncia por los delitos de discriminación y racismo contra Gina Foianini, la mujer que escupió al vicepresidente Álvaro García Linera, observó la misma porque presentaba ambigüedades y por carecer de elementos para tomar una decisión.
De acuerdo al programa “Carlos Valverde en La Red”, la Fiscal otorgó al denunciante, Rolando Américo Enríquez Cuellar, 24 horas para subsanar los observaciones que se hizo basada en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 260.
“La estamos denunciando por discriminación y racismo que tiene una pena de tres a siete años de cárcel y le pedimos a la señora Gina Foianini, que se entregue a la Justicia o caso contrario pedimos a la Fiscalía que detenga a esta señora, porque es un peligro para la sociedad”, informó Enríquez Cuellar tras formalizar esa denuncia.
Valverde manifestó que Rolando Cuellar es dirigente de Juventudes del Movimiento al Socialismo (MAS), y sospechoso de participar en el atentado del 21 de junio de 2008 contra canal 4 de la Red Unitel de Yacuiba.
El canal 4 de la Red Unitel de la ciudad de Yacuiba (Tarija) sufrió en la madrugada del 21 de junio de 2018 un atentado con dinamita que sólo causó destrozos materiales.
Asimismo, dijo que el 4 de mayo de 2010 fue visto en un grupo que intentaba tomar las oficinas de la Dirección Departamental de Trabajo en Santa Cruz.
Sobre el caso del escupitajo, el vicepresidente García aseguró la pasada semana que no asumirá ninguna acción contra la mujer porque está dispuesto a seguir sufriendo agresiones.
“Estoy dispuesto a que me sigan escupiendo, no voy a cambiar de actitud, voy a seguir defendiendo a la gente pobre. En lo personal yo no (voy a asumir ninguna acción). Si defender a la gente humilde, a los trabajadores y campesinos me va a generar agravios, estoy dispuesto a recibirlos”, sostuvo.
De acuerdo al programa “Carlos Valverde en La Red”, la Fiscal otorgó al denunciante, Rolando Américo Enríquez Cuellar, 24 horas para subsanar los observaciones que se hizo basada en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 260.
“La estamos denunciando por discriminación y racismo que tiene una pena de tres a siete años de cárcel y le pedimos a la señora Gina Foianini, que se entregue a la Justicia o caso contrario pedimos a la Fiscalía que detenga a esta señora, porque es un peligro para la sociedad”, informó Enríquez Cuellar tras formalizar esa denuncia.
Valverde manifestó que Rolando Cuellar es dirigente de Juventudes del Movimiento al Socialismo (MAS), y sospechoso de participar en el atentado del 21 de junio de 2008 contra canal 4 de la Red Unitel de Yacuiba.
El canal 4 de la Red Unitel de la ciudad de Yacuiba (Tarija) sufrió en la madrugada del 21 de junio de 2018 un atentado con dinamita que sólo causó destrozos materiales.
Asimismo, dijo que el 4 de mayo de 2010 fue visto en un grupo que intentaba tomar las oficinas de la Dirección Departamental de Trabajo en Santa Cruz.
Sobre el caso del escupitajo, el vicepresidente García aseguró la pasada semana que no asumirá ninguna acción contra la mujer porque está dispuesto a seguir sufriendo agresiones.
“Estoy dispuesto a que me sigan escupiendo, no voy a cambiar de actitud, voy a seguir defendiendo a la gente pobre. En lo personal yo no (voy a asumir ninguna acción). Si defender a la gente humilde, a los trabajadores y campesinos me va a generar agravios, estoy dispuesto a recibirlos”, sostuvo.
Caso Apolo Inicia juicio contra Juan Bascopé
Después de cuatro años y tres meses, de mantener detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, iniciaría hoy el juicio contra Juan Bascopé, acusado de asesinato y otros casos, sin ninguna prueba, en el caso Apolo.
El lunes 22 de octubre, el juez Beltrán Quispe Pucho, del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, suspendió la audiencia por la incomparecencia del fiscal Ramiro Jarandilla y el Comando Nacional de la Policía, quienes son los denunciantes.
Bascopé, que alega inocencia, denunció que fue torturado por efectivos policiales y militares cuando lo aprehendieron en julio de 2014, lo que motivó la llegada de una Comisión de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas, contra la tortura.
El Ministerio Público concluyó las investigaciones de este caso en septiembre de 2015 y remitió ese actuado a las autoridades judiciales del TDJ para que se inicie juicio oral, sin embargo los jueces recién llamaron a inicio del juicio el 22 de octubre de 2018, el cual fue reprogramado para las 10.30 horas de hoy.
Bascopé es el único aprehendido del caso Apolo y está acusado de asesinato, lesiones graves y leves, portación de armas de fuego y encubrimiento, a la fecha lleva cuatro años y tres meses de detención preventiva, sin ninguna prueba en su contra.
Por este caso, 25 personas fueron procesadas, a la fecha solo Bascopé permanece detenido, otros 22 cumplen detención domiciliaria y dos gozan de libertad pura y simple.
CASO APOLO
En octubre de 2013 se produjo una incursión violenta a comunidades de Apolo con motivo de la erradicación de coca excedentaria. Varias investigaciones que se hicieron, entre ellas el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, establecen que el ingreso de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Policías y Militares, no fue precisamente a cocales excedentarios, sino a zonas de producción tradicional de coca.
Como resultado del hecho se produjo el deceso de cuatro personas, Willy Yujra Mamani, suboficial de la Fuerza Naval; Michael Joel Olivares, médico; Johnny Reynaldo Quispe Chura y Oscar Gironda Porres, subtenientes del Ejército. Además de 30 heridos y 17 detenidos enviados a la cárcel de Patacamaya.
Más de cien niños y sus familias fueron refugiados en la Iglesia de Apolo bajo la protección del padre Dionicio Zabala, contra quien el Gobierno lanzó una feroz campaña de desprestigio.
El entonces asambleísta departamental, Víctor León Chalco, fue secuestrado por algunas horas en la ciudad de La Paz, por encapuchados, que le exigían nombres de dirigentes de Apolo.
Los jueces del TDJ tardaron más de tres años para llamar a juicio contra 25 personas supuestamente implicadas en el asesinato de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta de Apolo.
TORTURA
Juan Bascopé fue detenido el 17 julio de 2014 y denuncia que desde ese día hasta el 20 de julio de ese año, fue torturado por policías y militares para obligarle a autoincriminarse por la muerte de cuatro efectivos de Policía y del Ejército que ingresaron a la comunidad Miraflores, Apolo, para erradicar coca en octubre de 2013.
El saldo de la tortura que Juan recibió por efectivos militares, de la Policía, inclusive de los investigadores del caso, son tres costillas rotas, ambos hombros dislocados, el tórax lesionado, las manos con los nervios destrozados y profundos dolores en el ombligo.
ITEI
En declaraciones anteriores a EL DIARIO, el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) sostuvo que la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes siguen siendo el método de investigación y confesión más utilizado por la Policía y que los gobiernos de turno, incluido el actual, no realizaron acciones concretas para que esta situación cambie.
Emma Bolshia Bravo, directora del ITEI, denunció que la tortura en instancias judiciales se realiza en complicidad y anuencia de las autoridades.
“Es el método de investigación más barato y esa es una de las razones por la cual a la Policía no se la forma en métodos científicos, por el contrario se la entrena en el uso de la tortura como medio de amedrentamiento”, manifestó Bravo.
A decir del ITEI, la Policía aún mantiene la picana eléctrica, golpes en partes sensibles, la asfixia (bolsa en la cabeza), amenazas, tortura sicológica, entre las más recurrentes como método para obtener información.
El lunes 22 de octubre, el juez Beltrán Quispe Pucho, del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, suspendió la audiencia por la incomparecencia del fiscal Ramiro Jarandilla y el Comando Nacional de la Policía, quienes son los denunciantes.
Bascopé, que alega inocencia, denunció que fue torturado por efectivos policiales y militares cuando lo aprehendieron en julio de 2014, lo que motivó la llegada de una Comisión de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas, contra la tortura.
El Ministerio Público concluyó las investigaciones de este caso en septiembre de 2015 y remitió ese actuado a las autoridades judiciales del TDJ para que se inicie juicio oral, sin embargo los jueces recién llamaron a inicio del juicio el 22 de octubre de 2018, el cual fue reprogramado para las 10.30 horas de hoy.
Bascopé es el único aprehendido del caso Apolo y está acusado de asesinato, lesiones graves y leves, portación de armas de fuego y encubrimiento, a la fecha lleva cuatro años y tres meses de detención preventiva, sin ninguna prueba en su contra.
Por este caso, 25 personas fueron procesadas, a la fecha solo Bascopé permanece detenido, otros 22 cumplen detención domiciliaria y dos gozan de libertad pura y simple.
CASO APOLO
En octubre de 2013 se produjo una incursión violenta a comunidades de Apolo con motivo de la erradicación de coca excedentaria. Varias investigaciones que se hicieron, entre ellas el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, establecen que el ingreso de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Policías y Militares, no fue precisamente a cocales excedentarios, sino a zonas de producción tradicional de coca.
Como resultado del hecho se produjo el deceso de cuatro personas, Willy Yujra Mamani, suboficial de la Fuerza Naval; Michael Joel Olivares, médico; Johnny Reynaldo Quispe Chura y Oscar Gironda Porres, subtenientes del Ejército. Además de 30 heridos y 17 detenidos enviados a la cárcel de Patacamaya.
Más de cien niños y sus familias fueron refugiados en la Iglesia de Apolo bajo la protección del padre Dionicio Zabala, contra quien el Gobierno lanzó una feroz campaña de desprestigio.
El entonces asambleísta departamental, Víctor León Chalco, fue secuestrado por algunas horas en la ciudad de La Paz, por encapuchados, que le exigían nombres de dirigentes de Apolo.
Los jueces del TDJ tardaron más de tres años para llamar a juicio contra 25 personas supuestamente implicadas en el asesinato de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta de Apolo.
TORTURA
Juan Bascopé fue detenido el 17 julio de 2014 y denuncia que desde ese día hasta el 20 de julio de ese año, fue torturado por policías y militares para obligarle a autoincriminarse por la muerte de cuatro efectivos de Policía y del Ejército que ingresaron a la comunidad Miraflores, Apolo, para erradicar coca en octubre de 2013.
El saldo de la tortura que Juan recibió por efectivos militares, de la Policía, inclusive de los investigadores del caso, son tres costillas rotas, ambos hombros dislocados, el tórax lesionado, las manos con los nervios destrozados y profundos dolores en el ombligo.
ITEI
En declaraciones anteriores a EL DIARIO, el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) sostuvo que la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes siguen siendo el método de investigación y confesión más utilizado por la Policía y que los gobiernos de turno, incluido el actual, no realizaron acciones concretas para que esta situación cambie.
Emma Bolshia Bravo, directora del ITEI, denunció que la tortura en instancias judiciales se realiza en complicidad y anuencia de las autoridades.
“Es el método de investigación más barato y esa es una de las razones por la cual a la Policía no se la forma en métodos científicos, por el contrario se la entrena en el uso de la tortura como medio de amedrentamiento”, manifestó Bravo.
A decir del ITEI, la Policía aún mantiene la picana eléctrica, golpes en partes sensibles, la asfixia (bolsa en la cabeza), amenazas, tortura sicológica, entre las más recurrentes como método para obtener información.
Saturday, October 27, 2018
Thursday, October 25, 2018
Wednesday, October 24, 2018
LEY N° 960 - LEY TRANSITORIA PARA EL PROCESO DE PRESELECCIÓN Y ELECCIÓN DE MÁXIMAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL Y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
LEY N° 960
LEY DE 23 DE JUNIO DE 2017
LEY DE 23 DE JUNIO DE 2017
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
LEY TRANSITORIA PARA EL PROCESO DE PRESELECCIÓN Y ELECCIÓN
DE MÁXIMAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL Y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto disponer un régimen excepcional y transitorio para:DE MÁXIMAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL Y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
a) El proceso de preselección de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, de la gestión 2017.
b) El proceso de elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, y de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, de la gestión 2017.
ARTÍCULO 2. (CONVOCATORIA A ELECCIONES).
I. Se convoca a elecciones para la elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, y de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial, para el 3 de diciembre de 2017.
II. La Asamblea Legislativa Plurinacional adecuará los plazos del proceso de preselección de manera que noventa (90) días antes de la elección del 3 de diciembre de 2017, remita al Tribunal Supremo Electoral la lista de preseleccionadas y preseleccionados del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia.
III. El Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el cronograma electoral y los procesos administrativos a los alcances y plazos establecidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 3. (CRITERIOS DE GÉNERO Y PLURINACIONALIDAD). La Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará que del total de personas preseleccionadas para el Tribunal Constitucional Plurinacional y para el Tribunal Supremo de Justicia, el 50% sean mujeres y se incluya candidatas y candidatos con auto identificación indígena originario campesina.
ARTÍCULO 4. (ORGANIZACIÓN DE LA VOTACIÓN).
I. El Tribunal Supremo Electoral, luego de recibidas las nóminas de candidatas y candidatos preseleccionados, organizará el proceso electoral del 3 de diciembre de 2017, en función a las siguientes previsiones:
a) Tribunal Supremo de Justicia.
La elección se realizará en circunscripción departamental. La lista estará integrada por cuatro (4) personas en cada Departamento. En cada circunscripción departamental se elegirá a una (1) Magistrada o Magistrado titular y una (1) Magistrada o Magistrado suplente. La Magistrada o el Magistrado titular será la o el candidato que obtenga el mayor número de votos válidos. La Magistrada o el Magistrado suplente será la o el siguiente en votación.
b) Tribunal Constitucional Plurinacional.
La elección se realizará en circunscripción departamental. La lista estará integrada por cuatro (4) personas en cada Departamento. En cada circunscripción departamental se elegirá a una (1) Magistrada o Magistrado titular y una (1) Magistrda o Magistrado suplente. La Magistrada o el Magistrado titular será la o el candidato que obtenga el mayor número de votos válidos. La Magistrada o el Magistrado suplente será la o el siguiente en votación.
c) Tribunal Agroambiental.
La elección se realizará en circunscripción nacional. La lista estará integrada por catorce (14) candidatas y candidatos. Las Magistradas o Magistrados titulares serán las y los cinco (5) que obtengan el mayor número de votos válidos y las Magistradas o Magistrados suplentes serán las y los siguientes cinco (5) más votados.
d) Consejo de la Magistratura.
La elección se realizará en circunscripción nacional. La lista estará integrada por diez (10) candidatas y candidatos. Las Consejeras o Consejeros titulares serán las y los tres (3) que obtengan el mayor número de votos válidos y las Consejeras o Consejeros suplentes serán las y los siguientes tres (3) más votados.
II. El orden de ubicación de las y los postulantes en la franja correspondiente de la papeleta electoral, se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral.
III. El Tribunal Supremo Electoral habilitará dos papeletas, una para la circunscripción nacional correspondiente al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, y otra para la circunscripción departamental correspondiente al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia.
IV. Las y los electores emitirán un solo voto por cada institución.
V. El recuento de votos y cómputo oficial se realizará por institución.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA. La Ley N° 929 de 27 de abril de 2017, se aplicará en lo que no esté regulado en la presente Ley.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil diecisiete.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez Andrade, María Argene Simoni Cuellar, Gonzalo Aguilar Ayma, Sebastián Texeira Rojas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ciudad de Cochabamba, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diecisiete.
FDO. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca, Luis Alberto Arce Catacora, Héctor Enrique Arce Zaconeta.
Wednesday, October 17, 2018
Quispe acusa a Blanco de acosar a una secretaria y él niega todos los cargos
"No se si reírme o sorprenderme", dice el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, frente a la nueva acusación presentada por el diputado, Rafael Quispe. El opositor lo denunció por presuntamente incurrir en los delitos de uso indebido de influencias, violencia psicológica y acoso sexual contra una secretaria, a quien, según el legislador, también la embarazó.
El todavía titular del Ministerio Público en el departamento de La Paz considera que la intención del asambleísta es "fregar". "Yo niego absolutamente todos los cargos, me someto a cualquier investigación, que me investiguen. Yo no he hecho daño absolutamente a nadie", enfatizó el investigador en entrevista con EL DEBER.
De acuerdo a la versión de Quispe, difundida por ANF, "este sujeto, valiéndose de (su cargo) de Fiscal Departamental, hizo traer de la División de Sustancias Controladas a la servidora pública Shirley Francis M. F. para colocarla como su secretaria (…) y luego la comenzó a hostigar, perseguir e exigir, con amenazas y promesas de instinto sexual libidinoso, a mantener relaciones".
Blanco deploró la actitud del diputado. "Claro, no tiene fundamento, cualquier autoridad, el fiscal general, pueden investigarme. Por ahí están especulando que yo he renunciado, pero eso es falso, yo sigo trabajando", afirmó.
Quispe sostiene en su acusación que el fiscal apartó de su cargo a la víctima, pero el acoso continuó e incluso existirían testigos del hecho al interior de dependencias del propio Ministerio Público.
Blanco, que será apartado de su cargo en los próximos días, junto a los otros ocho fiscales departamentales, por el nuevo titular de la Fiscalía General, Juan Lanchipa, está inmerso en varias polémicas, la última relacionada al caso bebé Alexander, en el que un audio revela que se condenó a un inocente.
Por inclumplimiento de deberes Piden cárcel para exjuez Pacajes
El Ministerio Público imputó a la exjuez del Juzgado Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, involucrada en la sentencia ilegal contra el médico Jhiery Fernández en el caso “bebé Alexander”, por el delito de incumplimiento de deberes y pidió su detención preventiva, la abogada espera su audiencia de medidas cautelares. Entretanto, el fiscal Ramiro Prieto dijo ayer que la Fiscalía recién pedirá un informe sobre la salud de la exjuez.
El fiscal del Distrito,Edwin Blanco, afirmó que analizaron las declaraciones de Pacajes y el cuaderno de investigaciones del caso y resolvieron imputarla por haber incumplido con sus deberes en el proceso del caso bebé Alexander, cuando ejercía como presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia
“Se ha solicitado la imputación formal (contra la exjueza), se está pidiendo la detención preventiva de la misma porque consideramos que hay riesgos”, declaró el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, según declaró a la agencia noticiosa Erbol
Pacajes enfrenta las secuelas de haber condenado sin pruebas al médico Jhiery Fernández por una supuesta violación al bebé Alexander, hecho que reveló en una grabación de audio. Por esa razón el Consejo de la Magistratura la destituyó del cargo como presidente del Tribunal Décimo de Sentencia e inició un proceso penal y disciplinario por incumplimiento de deberes.
“Se ha logrado detectar la probabilidad de autoría por el delito de incumplimiento de deberes por haberse revelado ciertos aspectos de un proceso que tenía reserva legal”, mencionó el fiscal Blanco tras señalar que el Ministerio Público no protegerá a nadie, mientras que la presunta responsabilidad de Pacajes se resolverá en el transcurso de las investigaciones.
La pasada semana, la exjuez declaró por este caso en el psiquiátrico donde acusó a Romel Cardozo de haberla drogado en varias ocasiones para grabar sus encuentros donde compartieron bebidas alcohólicas cuando ambos sostenían una relación sentimental.
En pasadas horas, el abogado de Pacajes, Moisés Ponce de León, declaró que médicos del psiquiátrico le dieron de alta para que continúe con el tratamiento en su domicilio. Entretanto, para los siguientes días se espera hora y fecha de la audiencia de medidas cautelares donde se resolverá su situación legal.
El fiscal del Distrito,Edwin Blanco, afirmó que analizaron las declaraciones de Pacajes y el cuaderno de investigaciones del caso y resolvieron imputarla por haber incumplido con sus deberes en el proceso del caso bebé Alexander, cuando ejercía como presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia
“Se ha solicitado la imputación formal (contra la exjueza), se está pidiendo la detención preventiva de la misma porque consideramos que hay riesgos”, declaró el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, según declaró a la agencia noticiosa Erbol
Pacajes enfrenta las secuelas de haber condenado sin pruebas al médico Jhiery Fernández por una supuesta violación al bebé Alexander, hecho que reveló en una grabación de audio. Por esa razón el Consejo de la Magistratura la destituyó del cargo como presidente del Tribunal Décimo de Sentencia e inició un proceso penal y disciplinario por incumplimiento de deberes.
“Se ha logrado detectar la probabilidad de autoría por el delito de incumplimiento de deberes por haberse revelado ciertos aspectos de un proceso que tenía reserva legal”, mencionó el fiscal Blanco tras señalar que el Ministerio Público no protegerá a nadie, mientras que la presunta responsabilidad de Pacajes se resolverá en el transcurso de las investigaciones.
La pasada semana, la exjuez declaró por este caso en el psiquiátrico donde acusó a Romel Cardozo de haberla drogado en varias ocasiones para grabar sus encuentros donde compartieron bebidas alcohólicas cuando ambos sostenían una relación sentimental.
En pasadas horas, el abogado de Pacajes, Moisés Ponce de León, declaró que médicos del psiquiátrico le dieron de alta para que continúe con el tratamiento en su domicilio. Entretanto, para los siguientes días se espera hora y fecha de la audiencia de medidas cautelares donde se resolverá su situación legal.
Caso “bebé Alexander” Fiscalía amedrenta a denunciante
En evidente abuso de autoridad y atropello a los derechos del denunciante de la ilegal sentencia contra el médico Jhiery Fernández, el Ministerio Público aprehendió ayer a Romel Cardozo, acusado de violencia familiar contra la exjuez Patricia Pacajes. La medida fue calificada como “bochornosa” por el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral. “El Ministerio público y Jueces quieren mostrar su poderío y atemorizar a la gente para que no denuncie”, dijo enfático al remarcar que después de este atropello nadie más se animará a denunciar a los operadores de justicia.
“La justicia en nuestro país es asquerosa. Ahora la gente con qué confianza denunciará algún Juez o Fiscal, sabiendo que los que denuncien serán detenidos, una vergüenza cómo se maneja el Ministerio Público, obviamente el fiscal Blanco tiene mucho que ver con esto, no se olviden que este caso hizo caer su candidatura a Fiscal General”, afirmó.
Por otro lado, la abogada Zuleika Lanza aseveró que la medida es sólo un acto armado y de venganza, al tratarse de una denuncia familiar, lo primero que debería establecerse es el vínculo de familiaridad entre Cardozo y la exjuez, explicó.
“Ellos no eran casados y si hubieran tenido alguna relación (esa relación) debería comprobarse, si ella hubiera sufrido violencia psicológica, que no creo, se hubiera verificado. Ella ya venía mal de la cabeza al asumir una posición en contra de un inocente”, puntualizó.
Manifestó que llama la atención que hechos ocurridos en mayo fueran denunciados en septiembre, cuando se siente amenazada.
“Denuncia cuando se le ha descubierto un acto delictivo al dictar una resolución sin tener contexto, sin haber valorado la prueba como debe ser, y haber sentenciado a un inocente a 20 años de cárcel. Quien yo creo que debería estar aprehendida es Pacajes, pero por ironías de la vida, el aprehendido es el que develó los hechos delinctivos y ella está feliz durmiendo en su cama”, enfatizó.
En ese contexto, lamentó que Pacajes, cuando estaba bajo su cautiverio de enfermedad psiquiátrica, hace una denuncia, misma que progresa.
“Cómo pueden creer a una persona que ella misma cree estar loca y un abogado (Moisés Ponce de León) que es un reo rematado”, apuntó.
Por otro lado, dijo que estas recientes acciones son las últimas señales de las “atrocidades” del fiscal general, Ramiro Guerrero, y el fiscal departamental Edwin Blanco.
“Ellos quieren mandar una señal, quieren dar un mensaje a la sociedad que la gente que apoya y que busca la libertad de inocentes va a ser castigada de esta forma”, aseveró.
Aseguró que se trataría de una venganza contra Cardozo porque desenmascaró una asociación “delictuosa” de fiscales y jueces.
“Es una mujer que no tiene moral y menos dignidad para establecer una denuncia de este tipo”, refirió.
HECHOS
Romel Cardozo es el ciudadano que reveló un audio donde la exjuez Patricia Pacajes admite haber condenado a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández sin pruebas en el caso “bebé Alexander”.
En diferentes declaraciones Cardozo manifestó que temía el extremo y que estaba dispuesto a afrontar lo que viniera.
Cardozo fue convocado a declarar ante el Ministerio Público al promediar las 9.00 horas de ayer, después de casi tres horas fue notificado con su aprehensión por violencia familiar.
“Personas que de verdad deberían estar detenidas están completamente libres y aquí me tienen, por haber denunciado un ilícito y la manera sucia cómo se maneja nuestra justicia. Heme aquí, estoy en la cárcel, detenido”, apuntó.
Por otro lado, la defensa legal de Cardozo manifestó que la resolución de aprehensión contra su defendido es ilegal ya que se equivocaron hasta en el nombre.
“Se equivocan hasta en el nombre, también en la relación de los hechos que hace la doctora Pacajes en su declaración, aspectos totalmente irregulares, no desarrollan una relación fáctica de los hechos”, explicó Boris Espinoza, también abogado de Cardozo.
Por otro lado, la abogada Paola Arias, que defiende a Cardozo, aseveró que de acuerdo a procedimiento el caso se pondrá en conocimiento de un juez cautelar, quien determinará la situación jurídica de Cardozo.
APREHENDIDO CON OTRO NOMBRE
Romel Cardozo, el ciudadano que denunció la ilegalidad de la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Décimo de Sentencia, entonces presidido por la exjuez Patricia Pacajes A. fue aprehendido por disposición del Ministerio Público con una Resolución dispuesta para otro ciudadano.
“La justicia en nuestro país es asquerosa. Ahora la gente con qué confianza denunciará algún Juez o Fiscal, sabiendo que los que denuncien serán detenidos, una vergüenza cómo se maneja el Ministerio Público, obviamente el fiscal Blanco tiene mucho que ver con esto, no se olviden que este caso hizo caer su candidatura a Fiscal General”, afirmó.
Por otro lado, la abogada Zuleika Lanza aseveró que la medida es sólo un acto armado y de venganza, al tratarse de una denuncia familiar, lo primero que debería establecerse es el vínculo de familiaridad entre Cardozo y la exjuez, explicó.
“Ellos no eran casados y si hubieran tenido alguna relación (esa relación) debería comprobarse, si ella hubiera sufrido violencia psicológica, que no creo, se hubiera verificado. Ella ya venía mal de la cabeza al asumir una posición en contra de un inocente”, puntualizó.
Manifestó que llama la atención que hechos ocurridos en mayo fueran denunciados en septiembre, cuando se siente amenazada.
“Denuncia cuando se le ha descubierto un acto delictivo al dictar una resolución sin tener contexto, sin haber valorado la prueba como debe ser, y haber sentenciado a un inocente a 20 años de cárcel. Quien yo creo que debería estar aprehendida es Pacajes, pero por ironías de la vida, el aprehendido es el que develó los hechos delinctivos y ella está feliz durmiendo en su cama”, enfatizó.
En ese contexto, lamentó que Pacajes, cuando estaba bajo su cautiverio de enfermedad psiquiátrica, hace una denuncia, misma que progresa.
“Cómo pueden creer a una persona que ella misma cree estar loca y un abogado (Moisés Ponce de León) que es un reo rematado”, apuntó.
Por otro lado, dijo que estas recientes acciones son las últimas señales de las “atrocidades” del fiscal general, Ramiro Guerrero, y el fiscal departamental Edwin Blanco.
“Ellos quieren mandar una señal, quieren dar un mensaje a la sociedad que la gente que apoya y que busca la libertad de inocentes va a ser castigada de esta forma”, aseveró.
Aseguró que se trataría de una venganza contra Cardozo porque desenmascaró una asociación “delictuosa” de fiscales y jueces.
“Es una mujer que no tiene moral y menos dignidad para establecer una denuncia de este tipo”, refirió.
HECHOS
Romel Cardozo es el ciudadano que reveló un audio donde la exjuez Patricia Pacajes admite haber condenado a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández sin pruebas en el caso “bebé Alexander”.
En diferentes declaraciones Cardozo manifestó que temía el extremo y que estaba dispuesto a afrontar lo que viniera.
Cardozo fue convocado a declarar ante el Ministerio Público al promediar las 9.00 horas de ayer, después de casi tres horas fue notificado con su aprehensión por violencia familiar.
“Personas que de verdad deberían estar detenidas están completamente libres y aquí me tienen, por haber denunciado un ilícito y la manera sucia cómo se maneja nuestra justicia. Heme aquí, estoy en la cárcel, detenido”, apuntó.
Por otro lado, la defensa legal de Cardozo manifestó que la resolución de aprehensión contra su defendido es ilegal ya que se equivocaron hasta en el nombre.
“Se equivocan hasta en el nombre, también en la relación de los hechos que hace la doctora Pacajes en su declaración, aspectos totalmente irregulares, no desarrollan una relación fáctica de los hechos”, explicó Boris Espinoza, también abogado de Cardozo.
Por otro lado, la abogada Paola Arias, que defiende a Cardozo, aseveró que de acuerdo a procedimiento el caso se pondrá en conocimiento de un juez cautelar, quien determinará la situación jurídica de Cardozo.
APREHENDIDO CON OTRO NOMBRE
Romel Cardozo, el ciudadano que denunció la ilegalidad de la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Décimo de Sentencia, entonces presidido por la exjuez Patricia Pacajes A. fue aprehendido por disposición del Ministerio Público con una Resolución dispuesta para otro ciudadano.
Thursday, October 11, 2018
Tuesday, October 9, 2018
Mayoría del MAS elije a Juan Lanchipa como fiscal general del Estado
Fausto Juan Lanchipa Ponce fue electo la noche de este martes como nuevo fiscal General del Estado por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) optó por votar por el número 10, que fue asignado a ese postulante, mientras que la oposición se limitó a sufragar en blanco o nulo.
La sesión se prolongó por más de seis horas. Fueron 152 diputados y senadores quienes emitieron su voto. La nueva autoridad obtuvo 116 votos de respaldos.
"¡Lanchipa pierde la demanda y gana la Fiscalía!", ese fue el grito de los opositores durante el escrutinio, recordando el pasado del profesional, que estuvo a cargo de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar). También mencionaban al ministro de Justicia, Héctor Arce, advirtiendo algún vínculo con el nuevo titular.
El hasta ahora presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz obtuvo uno de los puntajes más alto durante la evaluación que realizó la comisión Mixta de Justicia Plural, con 79,36 en la revisión curricular, el examen escrito y la prueba oral. En segundo lugar había quedado Mirael Salguero (79,41).
Los datos indican que el nuevo fiscal general es abogado con 27 años de trayectoria, obtuvo la Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, se desempeñó como juez entre 1997 al 2007 y fue vocal del TDJ de La Paz entre 2007 y 2010, entre algunas de las funciones que asumió.
Asumirá un mandato de seis años, en lugar de Ramiro Guerrero, duramente cuestionado en las últimas semanas por el caso bebé Alexander y la lentitud de otros procesos, como la muerte del viceministro Rodolfo Illanes y de mineros cooperativistas, entre algunos.
La sesión se prolongó por más de seis horas. Fueron 152 diputados y senadores quienes emitieron su voto. La nueva autoridad obtuvo 116 votos de respaldos.
"¡Lanchipa pierde la demanda y gana la Fiscalía!", ese fue el grito de los opositores durante el escrutinio, recordando el pasado del profesional, que estuvo a cargo de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar). También mencionaban al ministro de Justicia, Héctor Arce, advirtiendo algún vínculo con el nuevo titular.
El hasta ahora presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz obtuvo uno de los puntajes más alto durante la evaluación que realizó la comisión Mixta de Justicia Plural, con 79,36 en la revisión curricular, el examen escrito y la prueba oral. En segundo lugar había quedado Mirael Salguero (79,41).
Los datos indican que el nuevo fiscal general es abogado con 27 años de trayectoria, obtuvo la Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, se desempeñó como juez entre 1997 al 2007 y fue vocal del TDJ de La Paz entre 2007 y 2010, entre algunas de las funciones que asumió.
Asumirá un mandato de seis años, en lugar de Ramiro Guerrero, duramente cuestionado en las últimas semanas por el caso bebé Alexander y la lentitud de otros procesos, como la muerte del viceministro Rodolfo Illanes y de mineros cooperativistas, entre algunos.
Nuevo examen sicológico y otro proceso contra exjueza Pacajes
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó de que la Sala Plena de esa instancia inició un segundo proceso disciplinario contra la exjueza Patricia Pacajes, por el denominado caso del bebé Alexander, en el cual reveló en un audio que el principal procesado en el juicio, Jhiery Fernández, es inocente y que no existió la violación al menor fallecido.
“Se abrió un segundo proceso disciplinario contra la doctora Pacajes, incluyendo a los otros dos jueces que asumieron esas decisiones, pero eso está sometido al ámbito jurisdiccional, entonces, igual, según el procedimiento y los plazos establecidos, saldrán las conclusiones, lo que corresponde en derecho”, dijo Michel.
Por otra parte, la exjueza, quien supuestamente intentó quitarse la vida, será sometida a una nueva valoración sicológica, para saber si puede declarar.
Por su parte el abogado de Fernández, Cristian Alanes, dijo que se espera que mañana su defendido deje el penal. /ABI
Abren pesquisas por videos; magistrada habla de una infamia
La sala plena del Consejo de la Magistratura ordenó la apertura de una investigación en contra del delegado departamental de Santa Cruz, Mauricio Romero, autoridad que es acusada en algunos videos, que fueron difundidos en las redes sociales, de realizar cobros a funcionarios para mantenerlos en sus cargos.
En los videos no solo se menciona a Romero, también se habla de la magistrada Dolka Vanesa Gómez Espada, miembro del Consejo de la Magistratura y que no puede ser indagada por la misma instancia investigativa, ya que solo la Asamblea Legislativa Plurinacional podría investigarla.
La información sobre los procesos fue explicada por el magistrado Omar Michel, decano de la Magistratura, que aclaró que ya se instruyeron las pesquisas del delegado de Santa Cruz y las personas involucradas en los videos.
En Santa Cruz la Fiscalía anticorrupción no inició ninguna acción que conduzca al esclarecimiento de estos hechos.
“Se abrirá investigación, eso asumió la sala plena respecto al distrital de Santa Cruz, y se establecerá la vía que corresponda (penal o disciplinaria)”, aseguró Michel. En el caso de la consejera aludida, Michel dijo que la respuesta a las denuncias en su contra le corresponde a la propia consejera.
Por su parte el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, aseguró que el hecho debe ser investigado por ser “suficientemente grave que supone ello”, más aún cuando está en proceso la convocatoria a vocales de los tribunales departamentales de justicia del país y de las salas constitucionales. “Que se investigue la verosimilitud de que alguna autoridad participó con relación a esos presuntos cobros”, pidió Revilla.
Por el caso del supuesto festejo del cumpleaños del esposo de la consejera Dolka Gómez, juez en Santa Cruz, el presidente del Consejo, Gonzalo Alcón, aseguró que pidieron informes a su delegado, pero a la fecha tampoco hubo un pronunciamiento al respecto.
Una infamia temeraria
Dolka Vanesa Gómez Espada calificó de actitudes cobardes, de infames y temerarias las acusaciones en su contra y del representante de Santa Cruz, Mauricio Romero, en los videos difundidos en los que se los señala a ambos de hacer cobros a cambio de cargos, especialmente en la división de Derechos Reales.
Dolka Vanesa Gómez salió frente a los periodistas, pero no así Mauricio Romero. Aseguró que hubo cambios de funcionarios en Derechos Reales, pero ante hechos de corrupción denunciados. Dijo: “Ustedes saben los casos de corrupción y las actitudes cobardes, infames y temerarias no van a frenar el trabajo del pleno de los consejeros, no del representante distrital Mauricio Romero. Hay una estructura de poder en Derechos Reales que no quiere el cambio y por eso acuden a difundir videos pagando tal vez”, dijo Gómez Espada.
Cuando los periodistas le consultaron sobre supuestos cobros en dólares que los nuevos magistrados estarían haciendo a funcionarios por mantener a algunos en sus cargos en el ramo judicial, negó ese extremo y afirmó que lo único que hace el Consejo de la Magistratura es luchar contra la corrupción porque es un organismo transparente.
Dijo que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra las personas que hicieron circular y difundieron los videos en su contra, con el afán de dañar su dignidad y la de Mauricio Romero.
Juez Mérida en la cuerda floja
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó ayer que el juez Roberto Mérida, miembro del Tribunal Décimo de Sentencia, que condenó a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández, podría ser destituido de confirmarse que tuvo responsabilidad en la retardación de justicia en el caso bebé Alexander, ya que tiene un antecedente por falta grave.
“Mérida tiene antecedentes disciplinarios, ya tiene sanción por ello y de confirmarse otra falta grave, al concluir el proceso disciplinario que se le inició por retardación de justicia, automáticamente viene la destitución por la suma de dos faltas graves”, explicó.
Por otro lado, aseguró que el proceso disciplinario que inició, la semana pasada, contra los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida concluirá en 30 días aproximadamente.
INFORME
Gonzalo Alcón, se presentó ayer ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, para brindar un informe oral en torno a la auditoría técnico- jurídica que se realiza a la sentencia 05/2018 del 27 de marzo con la que el Tribunal Décimo de Sentencia, condenó a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández y con dos años de cárcel a otras dos personas.
Alcón explicó que la auditoría técnica jurídica tiene un plazo de trabajo que vence este 28 de octubre.
“Con esa auditoría se determinará si los jueces Roberto Mérida y Gladys Guerrero tienen responsabilidad en el caso”, dijo.
Ante la insistencia de miembros de la Comisión que pidieron a la autoridad que se aparte de sus funciones a los jueces Mérida y Guerrero para evitar que sigan resolviendo sentencias injustas, Alcón aclaró que este y otros casos serán tratados este miércoles en Sala Plena.
El 17 de septiembre, se reveló un audio de la expresidente del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, quien en una reunión privada reveló que el médico Fernández es inocente y que hubo presión política, para ser declarado culpable del hecho.
“Mérida tiene antecedentes disciplinarios, ya tiene sanción por ello y de confirmarse otra falta grave, al concluir el proceso disciplinario que se le inició por retardación de justicia, automáticamente viene la destitución por la suma de dos faltas graves”, explicó.
Por otro lado, aseguró que el proceso disciplinario que inició, la semana pasada, contra los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida concluirá en 30 días aproximadamente.
INFORME
Gonzalo Alcón, se presentó ayer ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, para brindar un informe oral en torno a la auditoría técnico- jurídica que se realiza a la sentencia 05/2018 del 27 de marzo con la que el Tribunal Décimo de Sentencia, condenó a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández y con dos años de cárcel a otras dos personas.
Alcón explicó que la auditoría técnica jurídica tiene un plazo de trabajo que vence este 28 de octubre.
“Con esa auditoría se determinará si los jueces Roberto Mérida y Gladys Guerrero tienen responsabilidad en el caso”, dijo.
Ante la insistencia de miembros de la Comisión que pidieron a la autoridad que se aparte de sus funciones a los jueces Mérida y Guerrero para evitar que sigan resolviendo sentencias injustas, Alcón aclaró que este y otros casos serán tratados este miércoles en Sala Plena.
El 17 de septiembre, se reveló un audio de la expresidente del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, quien en una reunión privada reveló que el médico Fernández es inocente y que hubo presión política, para ser declarado culpable del hecho.
Caso bebé Alexander Testigos son amenazados
La forense María Ángela Terán, quien descartó abuso sexual en el menor Alexander, y Romel Cardozo, quien difundió un audio donde la exjuez Patricia Pacajes aseguró que condenaron al médico Jhiery Fernández siendo inocente, denunciaron que reciben amenazas de muerte a través de llamadas anónimas, por lo que pidieron garantías de la Policía Nacional.
Terán aseguró a la Red ATB que recibe amenazas de anónimos por lo que el Ministerio de Gobierno le brindó custodia y recibe protección de la Policía y reiteró estar predispuesta a defender su informe en el caso del bebé Alexander cuando y donde las autoridades llamadas por ley, así lo requieran.
La perito forense se ratificó en su informe de necropsia donde descartó que el bebé Alexander haya sufrido algún tipo de agresión sexual.
A su turno, Boris Espinoza, abogado de Rommel Cardozo, quien grabó a la exjuez Patricia Pacajes donde reconoce haber sentenciado a Fernández siendo inocente, aseveró que también pedirá garantías para su defendido por las amenazas de muerte que recibe.
“Rommel Cardozo ha sido amenazado de muerte por teléfono. Se dio cuando salimos de una entrevista en un medio de comunicación, estábamos en el taxi y lo llamaron, eso pasó antes que le dieran arresto domiciliario a Jhiery”, puntualizó.
A tiempo de aclarar que a la fecha no fueron citados a declarar por la denuncia de amenazas que la exjuez Pacajes hizo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), aseguró que pedirán garantías por las reiteradas amenazas que recibe su defendido.
JHIERY FERNÁNDEZ
A su vez, el abogado de Fernández, informó ayer que cumplieron con todos los trámites legales solicitados por la Sala Penal Tercera de La Paz para que el galeno acceda a la detención domiciliaria.
Explicó que el trámite está en el Tribunal Décimo de Sentencia conformado por los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida, quienes deben analizar y emitir el mandamiento de libertad.
“Ahora solamente queda por verificar, seguramente, la solvencia de nuestros garantes (y) el domicilio de Jhiery y hemos pedido el oficio para migraciones, son trámites netamente administrativos que esperemos se cumplan hasta el día martes (hoy)”, dijo Cristian Alanes.
De acuerdo con lo previsto, Fernández podría dejar el penal de San Pedro mañana, miércoles.
Por otro lado, Alanes informó que preparan la documentación que demuestra la inocencia del médico, información que será presentada ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, instancia en la que a la fecha presentaron un informe oral al fiscal general, Ramiro Guerrero, y al presidente del Consejo Magistratura, Gonzalo Alcón, y se prevé que también requerirán las declaraciones del médico Fernández, mediante su abogado, y de la perito María Ángela Terán.
DECLARACIONES
A su vez, el fiscal Ramiro Prieto informó que esta instancia también prevé llamar a declarar a Rommel Cardozo y a la amiga de la exjuez Patricia Pacajes, Verónica Juárez, por el caso del audio difundido donde se reveló que el médico Fernández es inocente.
“Esta semana estamos a la espera de convocar a los señores Cardozo y Juárez para que vengan a declarar”, anunció.
Por otro lado, el fiscal Prieto manifestó que solicitarán un nuevo informe médico al Hospital Psiquiátrico de Miraflores y una nueva pericia al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para conocer el estado de salud mental y emocional de la exjuez Patricia Pacajes.
“Queremos ver su estado de salud porque de acuerdo al informe del IDIF se encontraría con una depresión grave, y queremos ver si esto ha mejorado para poderle tomar la declaración correspondiente”, afirmó.
A la fecha, Pacajes continúa internada en el Hospital Psiquiátrico, dependiente de la Caja Petrolera de Salud, que le diagnosticó una fuerte depresión.
Terán aseguró a la Red ATB que recibe amenazas de anónimos por lo que el Ministerio de Gobierno le brindó custodia y recibe protección de la Policía y reiteró estar predispuesta a defender su informe en el caso del bebé Alexander cuando y donde las autoridades llamadas por ley, así lo requieran.
La perito forense se ratificó en su informe de necropsia donde descartó que el bebé Alexander haya sufrido algún tipo de agresión sexual.
A su turno, Boris Espinoza, abogado de Rommel Cardozo, quien grabó a la exjuez Patricia Pacajes donde reconoce haber sentenciado a Fernández siendo inocente, aseveró que también pedirá garantías para su defendido por las amenazas de muerte que recibe.
“Rommel Cardozo ha sido amenazado de muerte por teléfono. Se dio cuando salimos de una entrevista en un medio de comunicación, estábamos en el taxi y lo llamaron, eso pasó antes que le dieran arresto domiciliario a Jhiery”, puntualizó.
A tiempo de aclarar que a la fecha no fueron citados a declarar por la denuncia de amenazas que la exjuez Pacajes hizo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), aseguró que pedirán garantías por las reiteradas amenazas que recibe su defendido.
JHIERY FERNÁNDEZ
A su vez, el abogado de Fernández, informó ayer que cumplieron con todos los trámites legales solicitados por la Sala Penal Tercera de La Paz para que el galeno acceda a la detención domiciliaria.
Explicó que el trámite está en el Tribunal Décimo de Sentencia conformado por los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida, quienes deben analizar y emitir el mandamiento de libertad.
“Ahora solamente queda por verificar, seguramente, la solvencia de nuestros garantes (y) el domicilio de Jhiery y hemos pedido el oficio para migraciones, son trámites netamente administrativos que esperemos se cumplan hasta el día martes (hoy)”, dijo Cristian Alanes.
De acuerdo con lo previsto, Fernández podría dejar el penal de San Pedro mañana, miércoles.
Por otro lado, Alanes informó que preparan la documentación que demuestra la inocencia del médico, información que será presentada ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, instancia en la que a la fecha presentaron un informe oral al fiscal general, Ramiro Guerrero, y al presidente del Consejo Magistratura, Gonzalo Alcón, y se prevé que también requerirán las declaraciones del médico Fernández, mediante su abogado, y de la perito María Ángela Terán.
DECLARACIONES
A su vez, el fiscal Ramiro Prieto informó que esta instancia también prevé llamar a declarar a Rommel Cardozo y a la amiga de la exjuez Patricia Pacajes, Verónica Juárez, por el caso del audio difundido donde se reveló que el médico Fernández es inocente.
“Esta semana estamos a la espera de convocar a los señores Cardozo y Juárez para que vengan a declarar”, anunció.
Por otro lado, el fiscal Prieto manifestó que solicitarán un nuevo informe médico al Hospital Psiquiátrico de Miraflores y una nueva pericia al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para conocer el estado de salud mental y emocional de la exjuez Patricia Pacajes.
“Queremos ver su estado de salud porque de acuerdo al informe del IDIF se encontraría con una depresión grave, y queremos ver si esto ha mejorado para poderle tomar la declaración correspondiente”, afirmó.
A la fecha, Pacajes continúa internada en el Hospital Psiquiátrico, dependiente de la Caja Petrolera de Salud, que le diagnosticó una fuerte depresión.
Legislativo elige hoy a nuevo Fiscal General
El titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el vicepresidente Álvaro García Linera, convocó para este martes a la décima cuarta sesión ordinaria para la designación del nuevo Fiscal General del Estado, en reemplazo de Ramiro Guerrero, que el 23 de octubre próximo deja el cargo después de seis años en la administración del Ministerio Público.
“Por instrucciones del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, se convoca a las senadoras y senadores, a las diputadas y diputados a instalar la décima cuarta sesión ordinaria de la asamblea a realizarse el martes a horas 8:00 (...), designación del nuevo Fiscal General del Estado”, remarca un comunicado institucional.
El pasado 27 de septiembre, la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa presentó su informe oficial sobre la selección y evaluación de los postulantes a Fiscal General del Estado, 26 de estos fueron remitidos al pleno de la Asamblea para que sea esta instancia quien elija a la nueva autoridad.
De esa lista seis postulantes cuentan con la puntuación más alta, Mirael Salguero (79.41), Juan Lanchipa (79.36), Laslo Juan de la Cruz Vilte Vargas (79.25), Constantino Coca (71.83), Iván Montellano (74.5) y William Alave Laura (72.55), quienes tendrían nexos con los diferentes niveles del gobierno del Movimiento al Socialismo.
En anterior oportunidad, el titular del Senado manifestó que la calificación de los postulantes no será primordial para la designación de la nueva autoridad, ya que se deben evaluar otros tópicos. Además que en sesión se debe contar con el voto de los dos tercios de los legisladores.
“Por instrucciones del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, se convoca a las senadoras y senadores, a las diputadas y diputados a instalar la décima cuarta sesión ordinaria de la asamblea a realizarse el martes a horas 8:00 (...), designación del nuevo Fiscal General del Estado”, remarca un comunicado institucional.
El pasado 27 de septiembre, la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa presentó su informe oficial sobre la selección y evaluación de los postulantes a Fiscal General del Estado, 26 de estos fueron remitidos al pleno de la Asamblea para que sea esta instancia quien elija a la nueva autoridad.
De esa lista seis postulantes cuentan con la puntuación más alta, Mirael Salguero (79.41), Juan Lanchipa (79.36), Laslo Juan de la Cruz Vilte Vargas (79.25), Constantino Coca (71.83), Iván Montellano (74.5) y William Alave Laura (72.55), quienes tendrían nexos con los diferentes niveles del gobierno del Movimiento al Socialismo.
En anterior oportunidad, el titular del Senado manifestó que la calificación de los postulantes no será primordial para la designación de la nueva autoridad, ya que se deben evaluar otros tópicos. Además que en sesión se debe contar con el voto de los dos tercios de los legisladores.
Monday, October 8, 2018
Repensar cómo designar jueces Indignación en autoridades jurídicas
“Manifiesto mi total disgusto ante la existencia de este tipo de jueces (…) el efecto en el sistema judicial es absolutamente nefasto”, dijo enfático el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Revilla, al ser consultado sobre la crisis que enfrenta el sistema judicial que se vio reflejada en el bullado caso bebé Alexander.
El magistrado afirmó que actualmente están ejerciendo la sensible tarea de jueces personas que no deberían ser, con saldos lapidarios para todo el sistema. Por tanto, se debe repensar la designación de los operadores de justicia.
JUECES INSUFICIENTES
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, refirió la insuficiencia del número de jueces frente a la carga procesal, además de que la mayoría de estos funcionarios no son institucionalizados de carrera.
“Actualmente, tenemos 1004 jueces a nivel nacional, excepto 160, todos tiene carácter transitorio”, refirió a tiempo de recordar que para esta gestión el ente contralor convocó a postulaciones para jueces de carrera, en cuyo criterio la designación por méritos hará que los nuevos operadores de justicia hagan pertenencia de la institución y asuman un buen ejercicio de la ley.
Alcón señaló que los jueces interinos, por su condición de “eventuales o transitorios” no manifiestan una actitud positiva, salvo excepciones. “Tenemos jueces probos con mucha sensibilidad social pero también hay malos jueces”, señaló.
En este contexto, dijo que el Consejo de la Magistratura trabaja en el proceso de selección de 103 nuevos jueces a fin de contar con mejores profesionales.
CRÍTICAS DE SIEMPRE
Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, remarcó que las deficiencias del sistema judicial son las mismas de hace década, por ello una de las decisiones que tomó el actual Gobierno fortalecer la independencia del Ministerio Público, antes dependiente del Ministerio de Gobierno.
“Cuando hablamos del sistema judicial hablamos de las mismas críticas, dilación, falta de transparencia, consorcios de extorsión, presiones y eso no tiene mucho sentido a estas alturas”, apuntó.
Romero, a manera de ejemplo, dijo que tomaría como un caso paradigmático el que enfrenta el médico Jhiery Fernández, sentenciado a 20 años de cárcel por un delito que no le ha sido probado, donde también se vulnera los valores colectivos.
“Un proceso marcado por muchas contradicciones (…) podría ser un caso paradigmático que oriente una profunda reflexión y evaluación en cuanto al sistema jurídico”, apuntó.
El magistrado afirmó que actualmente están ejerciendo la sensible tarea de jueces personas que no deberían ser, con saldos lapidarios para todo el sistema. Por tanto, se debe repensar la designación de los operadores de justicia.
JUECES INSUFICIENTES
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, refirió la insuficiencia del número de jueces frente a la carga procesal, además de que la mayoría de estos funcionarios no son institucionalizados de carrera.
“Actualmente, tenemos 1004 jueces a nivel nacional, excepto 160, todos tiene carácter transitorio”, refirió a tiempo de recordar que para esta gestión el ente contralor convocó a postulaciones para jueces de carrera, en cuyo criterio la designación por méritos hará que los nuevos operadores de justicia hagan pertenencia de la institución y asuman un buen ejercicio de la ley.
Alcón señaló que los jueces interinos, por su condición de “eventuales o transitorios” no manifiestan una actitud positiva, salvo excepciones. “Tenemos jueces probos con mucha sensibilidad social pero también hay malos jueces”, señaló.
En este contexto, dijo que el Consejo de la Magistratura trabaja en el proceso de selección de 103 nuevos jueces a fin de contar con mejores profesionales.
CRÍTICAS DE SIEMPRE
Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, remarcó que las deficiencias del sistema judicial son las mismas de hace década, por ello una de las decisiones que tomó el actual Gobierno fortalecer la independencia del Ministerio Público, antes dependiente del Ministerio de Gobierno.
“Cuando hablamos del sistema judicial hablamos de las mismas críticas, dilación, falta de transparencia, consorcios de extorsión, presiones y eso no tiene mucho sentido a estas alturas”, apuntó.
Romero, a manera de ejemplo, dijo que tomaría como un caso paradigmático el que enfrenta el médico Jhiery Fernández, sentenciado a 20 años de cárcel por un delito que no le ha sido probado, donde también se vulnera los valores colectivos.
“Un proceso marcado por muchas contradicciones (…) podría ser un caso paradigmático que oriente una profunda reflexión y evaluación en cuanto al sistema jurídico”, apuntó.
Sistema judicial irrespeta principios internacionales
El sistema jurídico boliviano actúa al margen de los principios internacionales del Derecho, las leyes no responden a la realidad nacional, no respeta el derecho a la defensa, presume la culpabilidad, los jueces son personas que dejan lapidarias consecuencias para el país. A este diagnóstico, desde el ámbito académico plantean que la ley es el instrumento de los gobernantes para el domino, son criterios con los que coinciden autoridades nacionales y abogados.
Frente a este diagnóstico, “repensar en nuevo sistema jurídico, que involucra tanto a operadores como a una nueva normativa, es prioridad para el ejercicio del derecho a la justicia del ciudadano que también debe ser para los gobernantes”, coinciden la jurista de materia penal María Teresa Montaño F. y el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (Icalp), Isrrael Centellas. Sin embargo, para el director de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Eusebio Gironda, nada cambiará.
En criterio de Montaño, las leyes y códigos bolivianos están mal elaborados, al menos en el ámbito penal, porque no tienen concepción de la realidad nacional, lo que no desdice derechos universales ni internacionales, que permitan entender las causas de los delitos y desarrollar políticas preventivas.
“Los abogados en el ejercicio de la profesión no tienen las garantías de uno de los derechos más importantes como es el de la defensa. Penosamente, en Bolivia se presume la culpabilidad, se carece de análisis, por mucho que todas las pruebas fueran idóneas en juicio estas no son consideradas” remarcó la jurista a tiempo de cuestionar a los operadores de justicia que les es más fácil “sentenciar que analizar y valorar”. “El emblemático caso bebé Alexander, disecciona esta realidad en cada uno de sus aspectos”, señaló.
SISTEMA CORROMPIDO
Desde el análisis de Israel Centellas (Icalp), el sistema jurídico boliviano está corrompido, todo el andamiaje para el ejercicio del Derecho debe ser reconstruido de forma colectiva, desde el propio Estado, con el aporte de los abogados, todos los involucrados y desde la misma sociedad.
“Es así de crítica la situación, ha tocado aspectos normativos, culturales, hasta de principios. El Estado debe invertir importantes recursos y esa decisión debe ser tomada lo antes posibles. El caso del médico Fernández (bebé Alexander) no es el único hay cientos de Jhierys. Si no hay unos pesitos para el oficial de diligencias el caso no avanza. Necesitamos generar nuevos mecanismos”, apuntó Centellas.
Bajo la actual lógica del sistema judicial boliviano, a decir de Montaño, los jueces tiene premura de responder a quiénes les dan órdenes y carentes de toda valoración muchas veces a una sociedad morbosa.
“Los juzgados parecen centros de agresión psicológica donde no se evalúan pruebas de cargo y descargo, salvando excepciones. Si los jueces no reciben el dinero que solicitan los envían a la cárcel con detención preventiva. Los jueces y fiscales se miden en porcentajes con relación a los litigantes y evalúan su condición socioeconómica y las influencias puedan tener.
En este contexto, la tarea más difícil dentro del sistema jurídico tiene que ver con la elección de jueces, en el que la injerencia política es un aspecto determinante.
NADA CAMBIARÁ
Por su parte, el jurista Eusebio Gironda asegura que “nada cambiará, y sustenta que el concepto de conjunto de normas no hace a la esencia de la justica”. “Es un ámbito de la convivencia humana que siempre ha estado en conflicto y hagan lo que hagan siempre va estar en conflicto, podría mejorar algo pero no se puede esperar más” explicó.
Bajo esta lógica señala que tanto “en el socialismo como en el capitalismo, en países desarrollados y subdesarrollados como el nuestro los operadores de justicia van a operar de la misma manera. Una cosa es lo que uno quiere y otra es la realidad”.
TERESA MONTAÑO
“La población litigante creció en proporciones que jamás se previó. Tiene que asignarse más jueces y según las autoridades nacionales no hay más presupuesto para el Poder Judicial. Los litigantes tienen que suplicar por atención”, remarcó la abogada penalista Teresa Montaño.
ISRAEL CENTELLAS
“La crisis del sistema judicial es estructural. La Cumbre de Justicia realizada por el Gobierno no ha resuelto nada, el problema toca aspectos normativos, culturales y hasta de principios”.
Frente a este diagnóstico, “repensar en nuevo sistema jurídico, que involucra tanto a operadores como a una nueva normativa, es prioridad para el ejercicio del derecho a la justicia del ciudadano que también debe ser para los gobernantes”, coinciden la jurista de materia penal María Teresa Montaño F. y el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (Icalp), Isrrael Centellas. Sin embargo, para el director de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Eusebio Gironda, nada cambiará.
En criterio de Montaño, las leyes y códigos bolivianos están mal elaborados, al menos en el ámbito penal, porque no tienen concepción de la realidad nacional, lo que no desdice derechos universales ni internacionales, que permitan entender las causas de los delitos y desarrollar políticas preventivas.
“Los abogados en el ejercicio de la profesión no tienen las garantías de uno de los derechos más importantes como es el de la defensa. Penosamente, en Bolivia se presume la culpabilidad, se carece de análisis, por mucho que todas las pruebas fueran idóneas en juicio estas no son consideradas” remarcó la jurista a tiempo de cuestionar a los operadores de justicia que les es más fácil “sentenciar que analizar y valorar”. “El emblemático caso bebé Alexander, disecciona esta realidad en cada uno de sus aspectos”, señaló.
SISTEMA CORROMPIDO
Desde el análisis de Israel Centellas (Icalp), el sistema jurídico boliviano está corrompido, todo el andamiaje para el ejercicio del Derecho debe ser reconstruido de forma colectiva, desde el propio Estado, con el aporte de los abogados, todos los involucrados y desde la misma sociedad.
“Es así de crítica la situación, ha tocado aspectos normativos, culturales, hasta de principios. El Estado debe invertir importantes recursos y esa decisión debe ser tomada lo antes posibles. El caso del médico Fernández (bebé Alexander) no es el único hay cientos de Jhierys. Si no hay unos pesitos para el oficial de diligencias el caso no avanza. Necesitamos generar nuevos mecanismos”, apuntó Centellas.
Bajo la actual lógica del sistema judicial boliviano, a decir de Montaño, los jueces tiene premura de responder a quiénes les dan órdenes y carentes de toda valoración muchas veces a una sociedad morbosa.
“Los juzgados parecen centros de agresión psicológica donde no se evalúan pruebas de cargo y descargo, salvando excepciones. Si los jueces no reciben el dinero que solicitan los envían a la cárcel con detención preventiva. Los jueces y fiscales se miden en porcentajes con relación a los litigantes y evalúan su condición socioeconómica y las influencias puedan tener.
En este contexto, la tarea más difícil dentro del sistema jurídico tiene que ver con la elección de jueces, en el que la injerencia política es un aspecto determinante.
NADA CAMBIARÁ
Por su parte, el jurista Eusebio Gironda asegura que “nada cambiará, y sustenta que el concepto de conjunto de normas no hace a la esencia de la justica”. “Es un ámbito de la convivencia humana que siempre ha estado en conflicto y hagan lo que hagan siempre va estar en conflicto, podría mejorar algo pero no se puede esperar más” explicó.
Bajo esta lógica señala que tanto “en el socialismo como en el capitalismo, en países desarrollados y subdesarrollados como el nuestro los operadores de justicia van a operar de la misma manera. Una cosa es lo que uno quiere y otra es la realidad”.
TERESA MONTAÑO
“La población litigante creció en proporciones que jamás se previó. Tiene que asignarse más jueces y según las autoridades nacionales no hay más presupuesto para el Poder Judicial. Los litigantes tienen que suplicar por atención”, remarcó la abogada penalista Teresa Montaño.
ISRAEL CENTELLAS
“La crisis del sistema judicial es estructural. La Cumbre de Justicia realizada por el Gobierno no ha resuelto nada, el problema toca aspectos normativos, culturales y hasta de principios”.
Sistema judicial se debate entre confusión y dudas
La sentencia a un médico sin pruebas, cuatro cambios de comisión de fiscales, la destitución de una jueza y el proceso disciplinario contra otros dos han sembrado confusión y dudas en el sistema judicial por la muerte del bebé Alexander, que a cuatro años del hecho no se sabe quién lo violó.
Desde su nacimiento, en abril de 2014, Alexander sufrió un calvario puesto que sus padres, consumidos por el alcohol, lo abandonaron a su suerte.
El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses falleció por causa de un sangrado en la región anal, según el informe de la Fiscalía. El médico Jhiery Fernández fue desde un inicio el principal sospechoso de un presunto abuso sexual, porque era el único varón que tuvo acceso a él. Además que en la región afectada de Alexander se encontró el antígeno prostático específico (PSA, por su sigla en inglés), al igual que en el prepucio del doctor Fernández.
El proceso contra el médico duró más de tres años; en el trámite se cambió a tres comisiones de fiscales que investigaban el caso porque al parecer había la necesidad de recolectar pruebas más contundentes para acusar formalmente a Fernández. En marzo de esta gestión, el galeno fue sentenciado a 20 años de prisión por los miembros del Tribunal Décimo, la exjueza Patricia Pacajes y sus colegas Gladys Guerrero y Roberto Mérida.
Sin embargo, la acusación fue cuestionada por la defensa del investigado desde el inicio y la condena fue puesta en duda luego de que en un audio —difundido por un medio de comunicación— se escucha a la exjueza Pacajes revelando que Fernández era inocente.
Ese hecho desencadenó cuestionamientos al Ministerio Público y al sistema judicial en su conjunto. Además que obligó la inmediata actuación del Consejo de la Magistratura.
Patricia Pacajes fue destituida de su cargo luego de que se la acusó de faltas gravísimas al haber hecho público un caso que había sido declarado en reserva por ella misma. Los abogados del galeno reactivaron el proceso para pedir la liberación de su cliente.
El 24 de septiembre, la defensa del médico apeló la sentencia para que Fernández se defienda en libertad, pero dicha petición fue rechazada en una primera instancia por el mismo tribunal que lo mandó a la cárcel.
El miércoles pasado, Américo Araníbar, presidente de la Magistratura de La Paz, indicó que se inició un proceso por la vía disciplinaria a los jueces Guerrero y Mérida ante el Tribunal de Alzada por retardación de justicia, porque no entregaron los cuadernos de control de la sentencia ni el de la apelación. Esta instancia se pronunciará hasta hoy o mañana para definir si corresponde la suspensión de ambos jueces.
El mismo miércoles, en una nueva apelación, esta vez ante la Sala Penal Tercera, Jhiery Fernández consiguió su libertad luego de haber estado recluido tres años y 11 meses en el penal de San Pedro. En esta audiencia se demostró que no había prueba biológica que establezca que el galeno fuese quien abusó sexualmente del bebé Alexander.
Debido a la polémica que generó la “falta de pruebas contundentes en la sentencia” —según el ministro de Gobierno, Carlos Romero—, el viernes el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, determinó cambiar por cuarta vez a la comisión de fiscales que investiga el caso, con el objetivo de evitar que haya más controversias en torno a la valoración de pruebas.
“Sin embargo, es preocupante que se descuide, por todos estos hechos, la tarea de identificar al autor de la violación a Alexander”, expresó la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Judicial de la Cámara de Diputados, Mireya Montaño.
El Gobierno encontró vacíos en la sentencia
Los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Justicia, Héctor Arce, cuestionaron las pruebas presentadas en el juicio contra el médico Jhiery Fernández porque carecían de fundamentación.
“La justicia ha condenado a un médico por supuesta violación, pero apareció un conjunto de elementos contradictorios que hacen dudar inclusive de que las pruebas periciales se hayan trabajado con objetividad, que se produjeron plenamente y que el caso se manejó en los términos que señala la normativa procedimental”, indicó Romero.
Por su parte, Arce señaló que ahora que la acusación contra el médico ha sido puesta en duda, no se descarta la posibilidad de que más adelante se desarrolle un nuevo juicio, “empezando de cero”.
“Hay los mecanismos legales; tendrá que ser seguramente un nuevo juicio (denominado de reenvío) o los mecanismos que las autoridades jurisdiccionales consideren. Corresponderá a ellas manifestarse sobre el destino que deba tener el doctor (Jhiery) Fernández y actuarán en el marco de la imparcialidad y tranquilidad”, manifestó. El ministro Romero agregó que si el galeno es inocente, “ojalá su defensa pueda demostrarlo”.
La Asamblea Legislativa elige mañana al Fiscal General
El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue citado para mañana, a las 08.00, para elegir al nuevo Fiscal General del Estado.
La presidencia de la ALP emitió una convocatoria a la decimocuarta sesión ordinaria, cuyo único punto será la designación de la nueva autoridad, en reemplazo de Ramiro Guerrero, que dejará el cargo el 23 de octubre.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lino Cárdenas señaló que el proceso de selección de los 26 candidatos fue transparente y que el nuevo titular será elegido con base en la meritocracia y la ética, entre otros aspectos que se considerarán al momento de la votación.
“La oposición trató de desacreditar este proceso, pero queremos decir a la población que tuvimos buenos postulantes. De la nueva autoridad hay que conocer sus antecedentes, saber sus atributos, valores de carácter ético y moral. Verificar, por ejemplo, si tiene antecedentes en su colegio de abogados”, mencionó el legislador.
La Comisión Mixta de Justicia Plural fue la encargada de llevar adelante la preselección, en la que además intervino una representación de las universidades públicas bolivianas, que estuvo a cargo de la elaboración de las preguntas para los exámenes de evaluación.
Friday, October 5, 2018
Bienes vacantes Preocupación por reformas al Código Civil
Las modificaciones a la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE), mediante Ley Nº 1103/218 del 25 de septiembre de 2018 que dispone la posibilidad de intervención del Estado a bienes vacantes, generó la preocupación y zozobra en la ciudadanía ante el posible riesgo de pérdida del patrimonio privado.
Las reformas que dispone la Ley Nº1103/18 establece modificaciones al artículo 482 del Código Procesal Civil, que facultaría a cualquier persona denunciar ante la autoridad judicial competente la existencia de bienes desocupados con el fin de que el sistema público tome posesión del inmueble.
De acuerdo con registros de archivo del Código de Procedimiento Civil de 1975, esta norma regulaba la condición de bienes vacantes en favor del Estado cuando un bien quedada sin heredero titular. Según la normativa vigente sería el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado la instancia que actuaría en representación del Estado.
Mediante las redes sociales, y a este medio de comunicación, varios ciudadanos expresaron su preocupación por el riesgo que podría implicar esta disposición en desmedro de la propiedad privada ante la eventualidad de tener un inmueble deshabitado, por lo que plantearon la necesidad de una urgente aclaración por parte de las autoridades competentes.
Las reformas que dispone la Ley Nº1103/18 establece modificaciones al artículo 482 del Código Procesal Civil, que facultaría a cualquier persona denunciar ante la autoridad judicial competente la existencia de bienes desocupados con el fin de que el sistema público tome posesión del inmueble.
De acuerdo con registros de archivo del Código de Procedimiento Civil de 1975, esta norma regulaba la condición de bienes vacantes en favor del Estado cuando un bien quedada sin heredero titular. Según la normativa vigente sería el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado la instancia que actuaría en representación del Estado.
Mediante las redes sociales, y a este medio de comunicación, varios ciudadanos expresaron su preocupación por el riesgo que podría implicar esta disposición en desmedro de la propiedad privada ante la eventualidad de tener un inmueble deshabitado, por lo que plantearon la necesidad de una urgente aclaración por parte de las autoridades competentes.
Caso bebé Alexander Demandan procesar a jueces y fiscales
Asambleístas nacionales de oposición y oficialismo, así como autoridades de Gobierno, pidieron ayer procesar penalmente a los jueces que formularon la sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra el médico Jhiery Fernández, sin exponer prueba, menos científica, y a los fiscales a cargo de la investigación.
Luego que la Sala Penal Tercera de La Paz otorgara detención domiciliaria al médico Jhiery Fernández, asambleístas coinciden en señalar que otras autoridades judiciales y de la Fiscalía tienen que asumir responsabilidades en el presente caso, por haber sentenciado y enviado a la cárcel al galeno.
“¿Cuál ha sido la prueba fundamental que se le impute e imponga la pena de cárcel por 20 años a un inocente? La perito forense Angela Mora comenzó con este tema, le siguió la fiscal Susana Boyán y terminó con los tres jueces, ¿dónde están los otros dos jueces? El Consejo de la Magistratura tendrá también que decir algo sobre este tema”, dijo el diputado Edgar Montaño, del Movimiento al Socialismo (MAS).
A su turno, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares aseveró que el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, así como la fiscal Boyán deben alejarse inmediatamente de los cargos que ocupan, por amenazar a testigos del caso.
“Los otros miembros del Tribunal de Justicia que sentenciaron a Fernández deben ser suspendidos del Órgano Judicial de manera definitiva y los fiscales Blanco y Boyán deben ser separados de manera inmediata de sus funciones”, apuntó.
A su turno, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, manifestó que la justicia atraviesa el peor momento, porque salió a la luz un caso horroroso como el del bebé Alexander y dijo que los responsables deben ser procesados.
Luego que la Sala Penal Tercera de La Paz otorgara detención domiciliaria al médico Jhiery Fernández, asambleístas coinciden en señalar que otras autoridades judiciales y de la Fiscalía tienen que asumir responsabilidades en el presente caso, por haber sentenciado y enviado a la cárcel al galeno.
“¿Cuál ha sido la prueba fundamental que se le impute e imponga la pena de cárcel por 20 años a un inocente? La perito forense Angela Mora comenzó con este tema, le siguió la fiscal Susana Boyán y terminó con los tres jueces, ¿dónde están los otros dos jueces? El Consejo de la Magistratura tendrá también que decir algo sobre este tema”, dijo el diputado Edgar Montaño, del Movimiento al Socialismo (MAS).
A su turno, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares aseveró que el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, así como la fiscal Boyán deben alejarse inmediatamente de los cargos que ocupan, por amenazar a testigos del caso.
“Los otros miembros del Tribunal de Justicia que sentenciaron a Fernández deben ser suspendidos del Órgano Judicial de manera definitiva y los fiscales Blanco y Boyán deben ser separados de manera inmediata de sus funciones”, apuntó.
A su turno, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, manifestó que la justicia atraviesa el peor momento, porque salió a la luz un caso horroroso como el del bebé Alexander y dijo que los responsables deben ser procesados.
Guerrero informará sobre caso Alexander
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, informó que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, fue convocado para mañana a brindar un informe oral en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por el caso del bebé Alexander.
“Yo solicité junto con el diputado Rafael Quispe que se inicie un proceso de fiscalización y por suerte la Comisión de Constitución ha aceptado y definió para mañana (viernes) la presencia del Fiscal General del Estado”, indicó el legislador en contacto con los medios.
Guerrero está convocado para las 10.00 y según la petición de informe, deberá responder 12 preguntas sobre irregularidades en el proceso investigativo del caso Alexander.
“Lo que se pretende es poner en evidencia las contradicciones y cómo se manejó este caso. Hay fiscales como la señora Susana Boyan que han tomado de forma personal el caso”, afirmó.
Junto al Fiscal General también fue convocado el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, pero para el próximo lunes.
El caso del bebé Alexander generó una gran polémica en el país porque en septiembre de este año se filtró un audio en el que la entonces juez Patricia Pacajes reveló que uno de los procesados (médico Jhiery Fernández) por la supuesta violación y muerte del menor fue condenado sin pruebas.
“Yo solicité junto con el diputado Rafael Quispe que se inicie un proceso de fiscalización y por suerte la Comisión de Constitución ha aceptado y definió para mañana (viernes) la presencia del Fiscal General del Estado”, indicó el legislador en contacto con los medios.
Guerrero está convocado para las 10.00 y según la petición de informe, deberá responder 12 preguntas sobre irregularidades en el proceso investigativo del caso Alexander.
“Lo que se pretende es poner en evidencia las contradicciones y cómo se manejó este caso. Hay fiscales como la señora Susana Boyan que han tomado de forma personal el caso”, afirmó.
Junto al Fiscal General también fue convocado el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, pero para el próximo lunes.
El caso del bebé Alexander generó una gran polémica en el país porque en septiembre de este año se filtró un audio en el que la entonces juez Patricia Pacajes reveló que uno de los procesados (médico Jhiery Fernández) por la supuesta violación y muerte del menor fue condenado sin pruebas.
Legislativo elegirá a nuevo fiscal el 9
La Asamblea Legislativa elegirá al nuevo Fiscal General del Estado el 9 de octubre, tras la convocatoria a sesión de ambas cámaras informó el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), David Ramos.
“De acuerdo con el calendario, la sesión estaría siendo programada para el día martes 9 de octubre de manera tentativa a no ser que exista una situación de fuerza mayor pero de no ser así, se agendará de forma oficial para esa fecha”, afirmó el legislador.
El pasado 27 de septiembre, la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa presentó su informe oficial sobre la selección y evaluación de los postulantes a Fiscal General del Estado, 26 de estos fueron remitidos al pleno de la Asamblea para que sea esta instancia quien elija a la nueva autoridad.
De esa lista, seis postulantes cuentan con la puntuación más alta, Mirael Salguero (79.41), Juan Lanchipa (79.36), Laslo Juan de la Cruz Vilte Vargas (79.25), Constantino Coca (71.83), Iván Montellano (74.5) y William Alave Laura (72.55), quienes tendrían nexos con los diferentes niveles del gobierno del Movimiento al Socialismo.
“De acuerdo con el calendario, la sesión estaría siendo programada para el día martes 9 de octubre de manera tentativa a no ser que exista una situación de fuerza mayor pero de no ser así, se agendará de forma oficial para esa fecha”, afirmó el legislador.
El pasado 27 de septiembre, la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa presentó su informe oficial sobre la selección y evaluación de los postulantes a Fiscal General del Estado, 26 de estos fueron remitidos al pleno de la Asamblea para que sea esta instancia quien elija a la nueva autoridad.
De esa lista, seis postulantes cuentan con la puntuación más alta, Mirael Salguero (79.41), Juan Lanchipa (79.36), Laslo Juan de la Cruz Vilte Vargas (79.25), Constantino Coca (71.83), Iván Montellano (74.5) y William Alave Laura (72.55), quienes tendrían nexos con los diferentes niveles del gobierno del Movimiento al Socialismo.
Thursday, October 4, 2018
ALP elegirá a nuevo Fiscal
La próxima semana se realizará la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa para elegir y designar el nuevo Fiscal General del Estado. Son 26 postulantes que pugnarán por ser la nueva cabeza de esa institución que en las últimas semanas estaba inmersa en un escándalo por la acusación a Jhiery Fernández por el caso Alexander.
“La elección del Fiscal se va a llevar la próxima semana en sesión del pleno de la Asamblea Legislativa, se designará con dos tercios de voto de los presentes”, dijo el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón.
El pasado 27 de septiembre, la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa presentó su informe oficial sobre la selección y evaluación de los postulantes a Fiscal General del Estado, 26 de estos fueron remitidos al pleno de la Asamblea para que sea esta instancia quien elija a la nueva autoridad.
De esa lista, seis postulantes cuentan con la puntuación más alta, Mirael Salguero (79.41), Juan Lanchipa (79.36), Laslo Juan de la Cruz Vilte Vargas (79.25), Constantino Coca (71.83), Iván Montellano (74.5) y William Alave Laura (72.55), quienes tendrían nexos con los diferentes niveles del gobierno del Movimiento al Socialismo.
En anterior oportunidad, el titular del Senado manifestó que la calificación de los postulantes no será primordial para la designación de la nueva autoridad, ya que se deben evaluar otros tópicos. Además que en sesión se debe contar con el voto de los dos tercios de los legisladores.
Sobre esto, los asambleístas de oposición advirtieron que el nuevo fiscal estará ligado al partido en gobierno y no existirá la independencia de la institución, para que se pueda mejorar la crisis en la que se ve sumida en los últimos meses.
“La elección del Fiscal se va a llevar la próxima semana en sesión del pleno de la Asamblea Legislativa, se designará con dos tercios de voto de los presentes”, dijo el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón.
El pasado 27 de septiembre, la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa presentó su informe oficial sobre la selección y evaluación de los postulantes a Fiscal General del Estado, 26 de estos fueron remitidos al pleno de la Asamblea para que sea esta instancia quien elija a la nueva autoridad.
De esa lista, seis postulantes cuentan con la puntuación más alta, Mirael Salguero (79.41), Juan Lanchipa (79.36), Laslo Juan de la Cruz Vilte Vargas (79.25), Constantino Coca (71.83), Iván Montellano (74.5) y William Alave Laura (72.55), quienes tendrían nexos con los diferentes niveles del gobierno del Movimiento al Socialismo.
En anterior oportunidad, el titular del Senado manifestó que la calificación de los postulantes no será primordial para la designación de la nueva autoridad, ya que se deben evaluar otros tópicos. Además que en sesión se debe contar con el voto de los dos tercios de los legisladores.
Sobre esto, los asambleístas de oposición advirtieron que el nuevo fiscal estará ligado al partido en gobierno y no existirá la independencia de la institución, para que se pueda mejorar la crisis en la que se ve sumida en los últimos meses.
Investigan a una abogada y a un fiscal por extorsión
Agentes de la FELCC de Desaguadero aprendieron ayer a la abogada Viky I. y arrestaron al fiscal Alexis Vilela porque aparentemente la autoridad pidió —mediante la jurista— Bs 5.000 a Marixa Condori, ciudadana de nacionalidad peruana, para favorecerla en un caso por violencia intrafamiliar.
Rafael Yusco, jefe de la División Manejo en Control de Crisis de la fuerza anticrimen, indicó que se aprehendió a la abogada porque se la encontró con Bs 3.000 que le había entregado el martes la víctima.
“El fiscal fue liberado porque la otra fiscal de turno demoró demasiado y pasaron las ocho horas de arresto sin que declare”, dijo.
Los jueces Guerrero y Mérida son acusados de retardación de justicia
El Consejo de la Magistratura presentó hoy una denuncia por la vía disciplinaria contra los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida, miembros del Tribunal Décimo de Sentencia, por la presunta comisión del delito de retardación de la justicia.
Américo Araníbar, presidente de la Magistratura de La Paz, dijo que la Unidad de Control y Fiscalización de esta instancia confirmó que las autoridades no remitieron al Tribunal de Alzada los cuadernos de control respecto a la sentencia de 20 años de prisión contra el médico Jhiery Fernández, acusado de abusar sexualmente del bebé Alexander, ni los de las apelaciones de este caso.
“Por esta razón hemos planteado esta denuncia para que se les aplique una sanción por la vía disciplinaria”.
Esta instancia es la encargada de estudiar los casos mediante la revisión de todos los procedimientos que se efectúan para sentencias, apelaciones y acciones de libertad, entre otros procesos judiciales.
Asimismo, dijo que si en el proceso investigativo por esta denuncia se detecta que ellos cometieron otras irregularidades, se solicitará la suspensión de ambos, ya sea temporal o definitiva.
Gladys Guerrero y Roberto Mérida ratificaron el encarcelamiento de Jhiery Fernández el 24 de septiembre, a pesar de que la exjueza Patricia Pacajes, expresidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, reveló el mes pasado en un audio que el galeno fue condenado siendo inocente.
Estado de Pacajes frena investigación
Los dos estudios periciales del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizados a la exjueza Patricia Pacajes, quien sentenció a Fernández, determinaron que se encuentra en un estado de depresión y aún no está en condiciones para declarar respecto al audio en el que revela información del caso Alexander.
El fiscal Ramiro Prieto informó que las pericias realizadas por el IDIF el miércoles y viernes de la semana pasada confirmaron que la exjueza atraviesa por este cuadro emocional y se esperará hasta que sea dada de alta para tomarle su declaración.
Pacajes reveló información sobre el caso del bebé Alexander en un audio, que fue difundido por un medio de comunicación, a pesar de que ella lo había declarado en reserva cuando presidía el Tribunal Décimo.
La exjueza continúa internada en el Hospital Psiquiátrico de la Caja Nacional de Salud (CNS) desde el 24 de septiembre, cuando intentó quitarse la vida porque al parecer tenía mucha presión por el caso Alexander.
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