El Ministerio Público en coordinación con el Consejo de la Magistratura dieron por inaugurado la implementación del Programa Nacional de Flagrancia, luego de que en la gestión anterior se implementara un programa piloto en cuatro departamentos en los cuales se tuvo la resolución de 86 por ciento del total de casos atendidos en tres meses.
Ramiro Guerrero, fiscal general del Estado, señaló que la implementación del Programa Nacional de Delitos en Flagrancia tiene el objetivo de impedir el congestionamiento de casos en juzgados y fiscalías, evitar la retardación de justicia y luchar contra la impunidad, aplicando, con criterios uniformes y adecuados, el procedimiento inmediato en caso de delitos en flagrancia, respetando los derechos y garantías constitucionales.
Guerrero explicó que hace tres meses arrancó este el programa Piloto de Unidades de Flagrancia en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, que logró resolver 349 casos de 408 atendidos, con una efectividad del 86 por ciento, muchos de ellos con sentencias de 30 años en menos de 24 horas.
"Hoy tres meses después, haciendo una evaluación del trabajo, hemos tomado la decisión de aplicar este programa a nivel nacional, de ampliar la cobertura, de ampliar el trabajo de nuestros jueces y fiscales, eso es trabajar con eficiencia", señaló el Fiscal General.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, felicitó a los fiscales y jueces por los resultados de su trabajo y pidió seguir trabajando de manera coordinada con el único objetivo común que se tiene, que es el de transformar la justicia.
Guerrero instó a la Policía Nacional a trabajar de manera coordinada poniendo al servicio de la sociedad lo mejor de su profesionalismo en el avance de las investigaciones y al Ministerio de Justicia, mediante el Servicio Nacional de Defensa Pública, a trabajar para que no se vulnere ningún principio procesal.
El acto contó con la presencia presidentas y presidentes de los Tribunales Departamentales de Justicia de todo el país, lo cual, según el Fiscal General, demuestra un compromiso de transformar la justicia y de avanzar para mejorar cada día el sistema judicial, aspecto que se lo trabajará de manera conjunta y uniformizando criterios, en el marco de la absoluta independencia que tiene cada una de las instituciones.
"La crisis de la justicia no sólo la vamos a resolver los operadores de justicia, es una tarea de nuestro pueblo, de toda la institucionalidad, es una tarea de la sociedad, para desmontar esa estructura colonial y revolucionar la justicia, para poner al servicio de nuestro pueblo una justicia más eficaz, pronta, oportuna y totalmente transparente", finalizó.
Tuesday, January 20, 2015
Monday, January 19, 2015
Tribunal Supremo de Justicia resolvió 78% de casos de 2014
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió el 78,48% de las 502.671 causas que ingresaron en 2014, según el informe de gestión de esta instancia del Estado. El TSJ propone que en 2015 se modifique un artículo de la Ley 025 del Órgano Judicial.
“El ingreso de causas en la gestión 2014 alcanzó la cifra de 502.671, procesos de los cuales se resolvieron 394.497 (78,48%)”, indica el documento firmado por el presidente del TSJ, Jorge von Borries. Con relación a 2013, el número de causas ingresadas el año pasado “se vio triplicado”, indica el texto.
Dicho 78,48% fue alcanzado con el trabajo de un total de 818 juzgados, de los cuales 523 tienen su asiento en capitales y 295 en provincias. La mayor carga procesal se encuentra concentrada en las nueve capitales, cuyos jueces asumen aproximadamente el 70% del trabajo jurisdiccional.
El documento también indica que estas estadísticas no agotan el escenario de lo que ha sido, en la gestión (2014), la labor jurisdiccional; que solo como ejemplo en materia penal, por el trabajo de jueces instructores, en las capitales de departamento ha conseguido entre el 2 de enero y el 15 de noviembre de 2014: 42.957 resoluciones pronunciadas, 45.699 audiencias celebradas y 50.030 conminatorias al Ministerio Público(38.743 por incumplimiento del plazo para la investigación preliminar y 11.287 por cumplimiento del plazo de la etapa preparatoria, establecido en las leyes).
El informe de la máxima instancia judicial del país señala que para la gestión 2015 el TSJ promoverá una iniciativa legislativa para la modificación del artículo 45 de la Ley 025, que permita aumentar el número de vocales en los Tribunales Departamentales de Justicia, para que de esta manera se descongestione el trabajo jurisdiccional en todas las materias y en las instancias de apelación, que tienen una elevada carga procesal.
Según los datos, La Paz es el departamento que más causas resolvió: 146.923 de las 167.501 que ingresaron en 2014. Luego está Santa Cruz, que concluyó 78.986 procesos de 85.801 ingresados.
Según el documento del máximo tribunal de justicia del país, al que tuvo acceso LA RAZÓN, el incremento de jueces sin el conocimiento necesario para desarrollar sus funciones, o sea mal preparados, fue tan solo del 4,3%.
Una abogada pide la detención del fiscal Humberto Quispe
La abogada Carmiña Luna fue detenida en 2012 por el fiscal Humberto Quispe, quien la acusó de falsificar documentos. Un año y medio después, la jurista salió liberada del proceso, denunció al representante del Ministerio Público de sembrar pruebas, pero hasta la fecha no se inicia el proceso.
En noviembre de 2012, un operativo de la Fiscalía y del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) termina con la detención de Luna y de otros abogados más. Quispe informó en ese entonces que en esas oficinas se hallaron cédulas en blanco y otros documentos falsificados.
Sin embargo, a finales de 2013 la abogada salió con sobreseimiento, ninguna de las acusaciones del fiscal tuvieron sustento, pero Luna tuvo que pasar un año y más con arresto domiciliario.
"Un día mi procurador se robó unos papeles de un edificio que yo estaba comprando. A las dos semanas yo denuncié el robo ante la Fiscalía. Pasaron otras dos semanas y el fiscal Quispe apareció con esa documentación en mi oficina, hizo el allanamiento sin orden y en las noticias salió que yo era parte de un grupo que falsificada documentos”, contó.
Dijo que aparte de la documentación del edificio que fue robada, Quispe sembró pruebas en la oficina de Luna.
Durante el proceso, Luna relató que tuvo que denunciar a Quispe ante el Ministerio de Gobierno e incluso ante la Fiscalía General, desde donde se emitió una sanción contra Quispe.
"En mi resolución de sobreseimiento demostré todo y me absolvieron del caso. El fiscal general (Ramiro Guerrero) se pronunció a mi favor y lo sancionó, pero ahora pedí un mandamiento de aprehensión que hasta la fecha el fiscal a cargo no da curso, ni siquiera lo llamó a declarar”, explicó Luna a este medio.
Asimismo, dijo que goza del respaldo del Ministerio de Gobierno. "Este señor goza de mucha influencia, hace tiempo ya era seguro que iba a ser destituido pero no pasó nada”, dijo.
Al respecto, el fiscal acusado señaló que él actuó ante la llamada del CEIP. "No tengo por qué sembrar nada porque para empezar no la conozco, era un operativo donde no se podía sembrar nada, ahí había todo, los certificados de nacimientos, cédulas de identidad que estaban en blanco”, explicó.
Aseveró que no se necesitó orden de allanamiento porque fue un operativo donde Luna y los otros fueron sorprendidos en flagrancia.
Quispe reconoció que fue sancionado, pero según él por haber "publicado el caso a través de los medios de comunicación”.
Casos en su contra
Robo José Luis Cuenca denunció en diciembre de 2014 a Humberto Quispe por el delito de robo. Según el afectado, el fiscal sustrajo objetos de una casa mientras hacía una reconstrucción de un atraco ocurrido en la casa de Cuenca. Asimismo, lo denunció de haber usado su vehículo que supuestamente tenía que estar retenido en la Policía.
Procesos Al menos 10 son las denuncias contra el fiscal Humberto Quispe que se ventilan en la justicia desde el año 2011. Los delitos por los que fue acusado son desobediencia a la autoridad, privación de libertad, uso indebido de influencias y cohecho pasivo, entre otros más.
Quispe niega militancia y protección del MAS
Ante las denuncias sobre la presunta militancia del fiscal Humberto Quispe al Movimiento Al Socialismo (MAS) y además la supuesta protección del partido de Gobierno, el aludido negó ambas acusaciones y aseveró que como ciudadano tiene derecho al voto.
"Yo no tengo ninguna militancia al MAS, pero como cualquier ciudadano estoy identificado con los principios, con los ideales, como cualquier otro ciudadano porque no puedo hacer política pero sí tengo derecho al voto”, afirmó Quispe.
El fiscal fue filmado por Unitel hace unos dos meses en un acto proselitista del MAS en la ciudad de El Alto. Al respecto, dijo que nunca estuvo en él aunque luego reconoció que estaba afuera de ese encuentro.
"Para estar en un acto yo tendría que estar al medio de las personas, yo estaba observando afuera, ¿acaso no tengo derecho a mirar?, le pregunté (al periodista)”, declaró Quispe.
En noviembre de 2012, un operativo de la Fiscalía y del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) termina con la detención de Luna y de otros abogados más. Quispe informó en ese entonces que en esas oficinas se hallaron cédulas en blanco y otros documentos falsificados.
Sin embargo, a finales de 2013 la abogada salió con sobreseimiento, ninguna de las acusaciones del fiscal tuvieron sustento, pero Luna tuvo que pasar un año y más con arresto domiciliario.
"Un día mi procurador se robó unos papeles de un edificio que yo estaba comprando. A las dos semanas yo denuncié el robo ante la Fiscalía. Pasaron otras dos semanas y el fiscal Quispe apareció con esa documentación en mi oficina, hizo el allanamiento sin orden y en las noticias salió que yo era parte de un grupo que falsificada documentos”, contó.
Dijo que aparte de la documentación del edificio que fue robada, Quispe sembró pruebas en la oficina de Luna.
Durante el proceso, Luna relató que tuvo que denunciar a Quispe ante el Ministerio de Gobierno e incluso ante la Fiscalía General, desde donde se emitió una sanción contra Quispe.
"En mi resolución de sobreseimiento demostré todo y me absolvieron del caso. El fiscal general (Ramiro Guerrero) se pronunció a mi favor y lo sancionó, pero ahora pedí un mandamiento de aprehensión que hasta la fecha el fiscal a cargo no da curso, ni siquiera lo llamó a declarar”, explicó Luna a este medio.
Asimismo, dijo que goza del respaldo del Ministerio de Gobierno. "Este señor goza de mucha influencia, hace tiempo ya era seguro que iba a ser destituido pero no pasó nada”, dijo.
Al respecto, el fiscal acusado señaló que él actuó ante la llamada del CEIP. "No tengo por qué sembrar nada porque para empezar no la conozco, era un operativo donde no se podía sembrar nada, ahí había todo, los certificados de nacimientos, cédulas de identidad que estaban en blanco”, explicó.
Aseveró que no se necesitó orden de allanamiento porque fue un operativo donde Luna y los otros fueron sorprendidos en flagrancia.
Quispe reconoció que fue sancionado, pero según él por haber "publicado el caso a través de los medios de comunicación”.
Casos en su contra
Robo José Luis Cuenca denunció en diciembre de 2014 a Humberto Quispe por el delito de robo. Según el afectado, el fiscal sustrajo objetos de una casa mientras hacía una reconstrucción de un atraco ocurrido en la casa de Cuenca. Asimismo, lo denunció de haber usado su vehículo que supuestamente tenía que estar retenido en la Policía.
Procesos Al menos 10 son las denuncias contra el fiscal Humberto Quispe que se ventilan en la justicia desde el año 2011. Los delitos por los que fue acusado son desobediencia a la autoridad, privación de libertad, uso indebido de influencias y cohecho pasivo, entre otros más.
Quispe niega militancia y protección del MAS
Ante las denuncias sobre la presunta militancia del fiscal Humberto Quispe al Movimiento Al Socialismo (MAS) y además la supuesta protección del partido de Gobierno, el aludido negó ambas acusaciones y aseveró que como ciudadano tiene derecho al voto.
"Yo no tengo ninguna militancia al MAS, pero como cualquier ciudadano estoy identificado con los principios, con los ideales, como cualquier otro ciudadano porque no puedo hacer política pero sí tengo derecho al voto”, afirmó Quispe.
El fiscal fue filmado por Unitel hace unos dos meses en un acto proselitista del MAS en la ciudad de El Alto. Al respecto, dijo que nunca estuvo en él aunque luego reconoció que estaba afuera de ese encuentro.
"Para estar en un acto yo tendría que estar al medio de las personas, yo estaba observando afuera, ¿acaso no tengo derecho a mirar?, le pregunté (al periodista)”, declaró Quispe.
La justicia en Bolivia tiene ambas piernas amputadas.
¿Qué opina de la circular 071 del Tribunal Electoral que ha consumado una suerte de “Ponchazo” con lo que quedan fuera de la carrera importantes candidatos opositores?
El Tribunal Electoral es un brazo represor del régimen que preside Evo Morales. Otro ejemplo de una autocracia cada vez más intolerante y abusiva, que no admite la pluralidad política. En democracia no hay razón política para impedir que las personas accedan al derecho de ser elegidos, que el poder político actual en Bolivia ignora para lograr la dominación total. Dejar fuera de la contienda electoral a candidatos de oposición remite a la forma como Morales y compañía se arroparon en el proceso democrático de 2005, para ir transformándose más temprano que tarde en lo que son hoy: dictadores disfrazados de demócratas. Aquí “la justicia no solo cojea, sino que suele tener ambas piernas amputadas” como se refiere la venezolana Paulina Gamuz, a la administración de justicia en América Latina.
A esto se le suma un nuevo juicio contra Doria Medina y otros líderes políticos por las privatizaciones. Todo indica que se quiere proscribir la política para cualquiera que no esté con el MAS. ¿Qué opina de estas medidas?
Es otra forma, quizás más acabada, de los que son: autócratas que no admiten ni la existencia de “los otros”, por lo tanto, ni pensamiento político diferente, ni debate político, ni crítica. Pretenden imponer el pensamiento y partido único. Así, la mayoría de Bolivia solo conoce “el país de las maravillas”, es decir de mentira, que pintan el oficialismo y sus medios, y otros funcionales, pues el poder político que impone miedo. Enjuiciar a Doria Medina por “privatizador” es un absurdo. Esa controversia se resolvería, por ejemplo, preguntando a los extrabajadores y cañeros proveedores del Ingenio Azucarero Guabirá, si esa medida no les fue favorable en los años 90 del siglo pasado. Hoy son dueños accionistas. No se vendió ese ingenio al capital transnacional, sino a cruceños y bolivianos.
Mal inicio para una campaña electoral ¿Qué perspectivas le ve?
Demasiado odio y sed de venganza contra todo oponente político. En el caso de Doria Medina entra en juego la venta de sus acciones y de su familia de la cementera SOBOCE, y que no hubiera dejado ese dinero, 300 millones de dólares, en Bolivia. Fue una operación abierta, no entre cuatro paredes, tras años y años de trabajo productivo. Sin embargo, ¿cómo podemos los ciudadanos enterarnos de qué forma y en cuánto se han enriquecido los dirigentes actuales del bloque en el poder, sin que se les conozca trabajo productivo y legal alguno? Tampoco es un misterio, tan sencillo como haber usado y abusado del poder político para el enriquecimiento personal. Lo que no sabemos son las sumas. Ahí juegan con el mayor secretismo, como en las mafias.
El vicepresidente García Linera ha dicho que toma nota de todos los que insultan al presidente Morales a través de las redes sociales. ¿Qué opina?
Otro horror.
En términos políticos, esa es la práctica de toda dictadura: espiar, meterse en la vida de los otros, amenazar, castigar, torturar, meter preso, hasta matar. Ahí no hay secretos. ¿Recuerda esa magnífica película “La vida de los otros” sobre el sistema represivo-opresivo-irrespirable en la llamada República Democrática Alemana? En esa época era con micrófonos y grabadoras. La tecnología le hace el trabajo más fácil y más barato al “Vice”, pero lo pinta de cuerpo entero, pues sigue en la época del terror jacobino, según sus propias palabras, pretenciosas como él mismo: “Yo me veo como uno de los últimos jacobinos de la Revolución Francesa y veo a Evo como Robespierre”.
El Tribunal Electoral es un brazo represor del régimen que preside Evo Morales. Otro ejemplo de una autocracia cada vez más intolerante y abusiva, que no admite la pluralidad política. En democracia no hay razón política para impedir que las personas accedan al derecho de ser elegidos, que el poder político actual en Bolivia ignora para lograr la dominación total. Dejar fuera de la contienda electoral a candidatos de oposición remite a la forma como Morales y compañía se arroparon en el proceso democrático de 2005, para ir transformándose más temprano que tarde en lo que son hoy: dictadores disfrazados de demócratas. Aquí “la justicia no solo cojea, sino que suele tener ambas piernas amputadas” como se refiere la venezolana Paulina Gamuz, a la administración de justicia en América Latina.
A esto se le suma un nuevo juicio contra Doria Medina y otros líderes políticos por las privatizaciones. Todo indica que se quiere proscribir la política para cualquiera que no esté con el MAS. ¿Qué opina de estas medidas?
Es otra forma, quizás más acabada, de los que son: autócratas que no admiten ni la existencia de “los otros”, por lo tanto, ni pensamiento político diferente, ni debate político, ni crítica. Pretenden imponer el pensamiento y partido único. Así, la mayoría de Bolivia solo conoce “el país de las maravillas”, es decir de mentira, que pintan el oficialismo y sus medios, y otros funcionales, pues el poder político que impone miedo. Enjuiciar a Doria Medina por “privatizador” es un absurdo. Esa controversia se resolvería, por ejemplo, preguntando a los extrabajadores y cañeros proveedores del Ingenio Azucarero Guabirá, si esa medida no les fue favorable en los años 90 del siglo pasado. Hoy son dueños accionistas. No se vendió ese ingenio al capital transnacional, sino a cruceños y bolivianos.
Mal inicio para una campaña electoral ¿Qué perspectivas le ve?
Demasiado odio y sed de venganza contra todo oponente político. En el caso de Doria Medina entra en juego la venta de sus acciones y de su familia de la cementera SOBOCE, y que no hubiera dejado ese dinero, 300 millones de dólares, en Bolivia. Fue una operación abierta, no entre cuatro paredes, tras años y años de trabajo productivo. Sin embargo, ¿cómo podemos los ciudadanos enterarnos de qué forma y en cuánto se han enriquecido los dirigentes actuales del bloque en el poder, sin que se les conozca trabajo productivo y legal alguno? Tampoco es un misterio, tan sencillo como haber usado y abusado del poder político para el enriquecimiento personal. Lo que no sabemos son las sumas. Ahí juegan con el mayor secretismo, como en las mafias.
El vicepresidente García Linera ha dicho que toma nota de todos los que insultan al presidente Morales a través de las redes sociales. ¿Qué opina?
Otro horror.
En términos políticos, esa es la práctica de toda dictadura: espiar, meterse en la vida de los otros, amenazar, castigar, torturar, meter preso, hasta matar. Ahí no hay secretos. ¿Recuerda esa magnífica película “La vida de los otros” sobre el sistema represivo-opresivo-irrespirable en la llamada República Democrática Alemana? En esa época era con micrófonos y grabadoras. La tecnología le hace el trabajo más fácil y más barato al “Vice”, pero lo pinta de cuerpo entero, pues sigue en la época del terror jacobino, según sus propias palabras, pretenciosas como él mismo: “Yo me veo como uno de los últimos jacobinos de la Revolución Francesa y veo a Evo como Robespierre”.
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