Monday, July 4, 2016
Guerrero: Destituciones generan resistencia interna
El fiscal General, Ramiro Guerrero, señaló que existen fiscales que comenten “errores” en su trabajo de manera “intencional” y advirtió que no dudará en procesarlos por la vía disciplinaria e incluso penal, porque no cumplen con la normativa.
Sin embargo, la autoridad reconoció que este trabajo ha provocado una “lucha interna” porque a lo largo de su gestión -que inició en octubre de 2012- ha destituido a más de 250 fiscales, entre departamentales y de materia, lo que generó, al mismo tiempo, una “resistencia, una reacción al interior de la propia institución”.
A tres años de asumir el cargo, Guerrero asegura que la Fiscalía General es la institución que más ha luchado contra la corrupción y producto de ello es que a la fecha se han cambiado a ocho de nueve fiscales departamentales. “No hay ninguna protección absolutamente para nadie, pero siguen habiendo algunos malos servidores que lamentablemente no han entendido que éste es un servicio para la sociedad, sigue habiendo alguna gente que piensa que llegar a la fiscalía es extorsionar, es hacerse rico”, dijo.
“Estamos en una lucha interna muy fuerte, hemos destituido una gran cantidad de fiscales con procesos y lo seguimos haciendo, eso a veces genera resistencia, reacción al interior de la propia institución”. A manera de ejemplo, dijo que en Santa Cruz algunos fiscales fueron hallados en flagrancia cobrando dinero y en La Paz se han identificado a fiscales que conformaban redes o consorcios de corrupción en coordinación con abogados y jueces. “Hoy están varios de ellos en la cárcel, hoy están imputados, investigados muchos de ellos”.
Sin embargo, aún se observa el accionar de varios fiscales como ocurrió en el caso del abogado Eduardo León cuando el equipo de fiscales, conformado por cinco profesionales, cometió “errores” en la redacción de la imputación formal que provocó la suspensión de dos audiencias.
“En el caso León hemos pedido un informe de estos fiscales vía el Fiscal Departamental de La Paz y vamos a evaluar, analizar eso en la instancia que corresponda para posteriormente determinar las acciones a seguir”, señaló Guerrero.
A pesar de la existencia de una Dirección de Régimen Disciplinario Fiscales y una Dirección de Gestión Fiscal que hace un seguimiento del trabajo, Guerrero, indicó que existen “muchos fiscales que lamentablemente improvisan, no desarrollan un trabajo, diríamos, de manera profesional porque una cosa es cometer un error y alguna omisión”.
Sin embargo, apuntó, muchas veces los errores son permanentes. “Es inconcebible cómo gente de mucha trayectoria, profesionales que conocen muy bien el tema del procedimiento del derecho se equivocan, a veces pareciera que fuera intencional”, agregó.
Acciones
Frente a este panorama, Guerrero dijo que se están redoblando lo mecanismos de control y seguimiento a los fiscales del país con la instalación de cámaras, infraestructuras como la de Santa Cruz que tiene paredes de vidrio que permiten que la población pueda ver el trabajo.
Vacaciones colectivas del Órgano Judicial genera molestia ciudadana
La vacación colectiva para magistrados, vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial generó rabia, ira y molestia en la población, que requiere de esta instancia para seguir sus procesos, como litigantes, entre otros.
María Mena Solís, que conversó con EL DIARIO, dijo: “Dónde se ha visto que 25 días, casi un mes, los jueces, fiscales y autoridades abandonen su trabajo porque necesitan vacaciones; si las vacaciones se las dan todos los días, encima la población es víctima de su corrupción”.
Por su parte, Jorge Sánchez, quien aseguró que lleva adelante un proceso judicial, sostuvo que “no es posible que la justicia en Bolivia se vea tan corrompida y peor aún que se den la libertad de dejar todos los procesos por el lapso de un mes cuando a muchos de los que tenemos procesos estamos por concluir con la burocracia de esta injusticia, es una vergüenza”.
De la misma forma, Blanca Suaznabar, manifestó que “con vacaciones o sin vacaciones la justicia el Órgano Judicial seguirá siendo lo mismo, ojala les sirviera para reflexionar, igual nomás vuelven más corruptos, no deberían tener ni un día de descanso, a quien le dan 25 días de vacaciones; es increíble”, dijo.
ANTECEDENTE
Recordó que en 2015, la Sala Plena del Tribunal de Justicia de La Paz solicitó al Consejo de la Magistratura realice gestiones para que el Órgano Legislativo Plurinacional (OLP) derogue el artículo 126-I de la Ley 568 de Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal que dispone la vacación judicial individual y reponga la vigencia del Art. 126 de la Ley de Órgano Judicial (LOJ) que establece la vacación judicial colectiva.
En tanto, la presidenta del Tribunal de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert, dijo que las vacaciones judiciales contribuirán a acelerar la atención de las causas y evitará más mora procesal como explicó a ABI.
“La nueva norma elaborada por la Cámara de Diputados sobre la incorporación de la vacación anual colectiva por 25 días calendario en diciembre de cada año para servidores judiciales, es una buena noticia para el Órgano Judicial y la población litigante porque ese beneficio individual estaba generando un grave perjuicio en la tramitación de las centenares de miles de causas”, dijo.
Consideró que llegó a la conclusión de que el sistema de descanso anual individual dispuesto por Ley 586 ocasionó inconvenientes, hasta “el extremo de que por falta de personal jurisdiccional y administrativo, por vacación, se suspendieron muchas audiencias y, en consecuencia, se agudizó la mora procesal”.
María Mena Solís, que conversó con EL DIARIO, dijo: “Dónde se ha visto que 25 días, casi un mes, los jueces, fiscales y autoridades abandonen su trabajo porque necesitan vacaciones; si las vacaciones se las dan todos los días, encima la población es víctima de su corrupción”.
Por su parte, Jorge Sánchez, quien aseguró que lleva adelante un proceso judicial, sostuvo que “no es posible que la justicia en Bolivia se vea tan corrompida y peor aún que se den la libertad de dejar todos los procesos por el lapso de un mes cuando a muchos de los que tenemos procesos estamos por concluir con la burocracia de esta injusticia, es una vergüenza”.
De la misma forma, Blanca Suaznabar, manifestó que “con vacaciones o sin vacaciones la justicia el Órgano Judicial seguirá siendo lo mismo, ojala les sirviera para reflexionar, igual nomás vuelven más corruptos, no deberían tener ni un día de descanso, a quien le dan 25 días de vacaciones; es increíble”, dijo.
ANTECEDENTE
Recordó que en 2015, la Sala Plena del Tribunal de Justicia de La Paz solicitó al Consejo de la Magistratura realice gestiones para que el Órgano Legislativo Plurinacional (OLP) derogue el artículo 126-I de la Ley 568 de Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal que dispone la vacación judicial individual y reponga la vigencia del Art. 126 de la Ley de Órgano Judicial (LOJ) que establece la vacación judicial colectiva.
En tanto, la presidenta del Tribunal de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert, dijo que las vacaciones judiciales contribuirán a acelerar la atención de las causas y evitará más mora procesal como explicó a ABI.
“La nueva norma elaborada por la Cámara de Diputados sobre la incorporación de la vacación anual colectiva por 25 días calendario en diciembre de cada año para servidores judiciales, es una buena noticia para el Órgano Judicial y la población litigante porque ese beneficio individual estaba generando un grave perjuicio en la tramitación de las centenares de miles de causas”, dijo.
Consideró que llegó a la conclusión de que el sistema de descanso anual individual dispuesto por Ley 586 ocasionó inconvenientes, hasta “el extremo de que por falta de personal jurisdiccional y administrativo, por vacación, se suspendieron muchas audiencias y, en consecuencia, se agudizó la mora procesal”.
Sunday, July 3, 2016
Informe de gestión de la Fiscalía General Se destituye a 87 fiscales en 18 meses
De enero de 2015 a junio de la gestión actual, la Fiscalía General del Estado ha destituido a 87 fiscales, por constantes hechos de corrupción en los que se han visto envueltos. Por esta circunstancia, procedió a la creación de la Unidad de Investigación Patrimonial (UIP) para verificar si los fiscales incurran o no en actos ilícitos. Estos datos son parte del informe de gestión presentado el pasado viernes por el fiscal general, Ramiro Guerrero.
Con tal motivo, el acto se desarrolló en Santa Cruz, con la presencia de la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani; el presidente del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes; además de otros magistrados y vocales, como de autoridades policiales y representantes de organizaciones sociales.
CIFRAS
Guerrero informó que desde enero de 2015 a junio de 2016 fueron destituidos 87 fiscales y hay otros 87 sancionados. Agregó que en la gestión 2014, el Ministerio Público tramitó 98.380 casos y en 2015 el total de 112.904. Esta cifra representa un incremento del 14,85 por ciento. A junio de este año, suman 43.869 los casos ingresados al Ministerio Público.
En el caso de la criminalidad de mayor frecuencia, se tiene en delitos patrimoniales 15.007 casos en 2015 y a junio de este año 23.989 casos. En cuanto a violencia familiar, el año pasado alcanzó a 11.355 casos y en el primer semestre de 2016 a 28.461.
Sobre feminicidio, en el 2015 se registraron 104 casos y 43 a junio del presente año fueron 43. Desde la promulgación de la Ley 348 se lograron ya 47 sentencias condenatorias por casos de feminicidio en el país.
NARCOTRÁFICO Y CORRUPCIÓN
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, el Fiscal General del Estado manifestó que se obtuvieron 469 sentencias, de las cuales 146 han sido condenatorias, 57 fueron absolutorias y 266 de procedimiento abreviado.
En 2015 se produjeron también 159 sentencias condenatorias por delitos de corrupción y 74 durante el primer semestre de 2016. En total son 7.376 casos en investigación a la fecha, de los cuales 755 casos ingresaron hasta junio de 2016.
Por otro lado, el fiscal hizo conocer que en 2015 se realizó el lanzamiento del primer curso de formación inicial de la Escuela de Fiscales del Estado. La iniciativa causó la expectativa de 237 postulantes a nivel nacional, de los cuales 169 han sido habilitados al examen, para las 60 plazas que existen.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Un aspecto que fue destacado por el fiscal Guerrero ha sido la creación de la Unidad de Investigación Patrimonial (UIP). Durante el año 2015 se procedió a la investigación patrimonial de 30 servidores del Ministerio Público. Actualmente, el trabajo está en fase de emisión de informes preliminares, conclusivos y de dictamen final.
En 2015 se presentaron renuncias de seis funcionarios, al inicio de las investigaciones. En las gestiones 2015 a junio de 2016, la Fiscalía General cuenta con 1.088 servidores, a través del Ministerio Público .
En otro orden de cosas, Guerrero destacó la puesta en marcha en ocho departamentos del país del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal y Fiscalías Corporativas; la resolución de casos de connotación social, como los denominados casos Zapata, Consorcio de jueces, fiscales y abogados, además de la Federación Boliviana de Fútbol.
Con tal motivo, el acto se desarrolló en Santa Cruz, con la presencia de la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani; el presidente del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes; además de otros magistrados y vocales, como de autoridades policiales y representantes de organizaciones sociales.
CIFRAS
Guerrero informó que desde enero de 2015 a junio de 2016 fueron destituidos 87 fiscales y hay otros 87 sancionados. Agregó que en la gestión 2014, el Ministerio Público tramitó 98.380 casos y en 2015 el total de 112.904. Esta cifra representa un incremento del 14,85 por ciento. A junio de este año, suman 43.869 los casos ingresados al Ministerio Público.
En el caso de la criminalidad de mayor frecuencia, se tiene en delitos patrimoniales 15.007 casos en 2015 y a junio de este año 23.989 casos. En cuanto a violencia familiar, el año pasado alcanzó a 11.355 casos y en el primer semestre de 2016 a 28.461.
Sobre feminicidio, en el 2015 se registraron 104 casos y 43 a junio del presente año fueron 43. Desde la promulgación de la Ley 348 se lograron ya 47 sentencias condenatorias por casos de feminicidio en el país.
NARCOTRÁFICO Y CORRUPCIÓN
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, el Fiscal General del Estado manifestó que se obtuvieron 469 sentencias, de las cuales 146 han sido condenatorias, 57 fueron absolutorias y 266 de procedimiento abreviado.
En 2015 se produjeron también 159 sentencias condenatorias por delitos de corrupción y 74 durante el primer semestre de 2016. En total son 7.376 casos en investigación a la fecha, de los cuales 755 casos ingresaron hasta junio de 2016.
Por otro lado, el fiscal hizo conocer que en 2015 se realizó el lanzamiento del primer curso de formación inicial de la Escuela de Fiscales del Estado. La iniciativa causó la expectativa de 237 postulantes a nivel nacional, de los cuales 169 han sido habilitados al examen, para las 60 plazas que existen.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Un aspecto que fue destacado por el fiscal Guerrero ha sido la creación de la Unidad de Investigación Patrimonial (UIP). Durante el año 2015 se procedió a la investigación patrimonial de 30 servidores del Ministerio Público. Actualmente, el trabajo está en fase de emisión de informes preliminares, conclusivos y de dictamen final.
En 2015 se presentaron renuncias de seis funcionarios, al inicio de las investigaciones. En las gestiones 2015 a junio de 2016, la Fiscalía General cuenta con 1.088 servidores, a través del Ministerio Público .
En otro orden de cosas, Guerrero destacó la puesta en marcha en ocho departamentos del país del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal y Fiscalías Corporativas; la resolución de casos de connotación social, como los denominados casos Zapata, Consorcio de jueces, fiscales y abogados, además de la Federación Boliviana de Fútbol.
Incorporarán propuestas de Cumbre de Justicia en nuevo Código Penal
La Asamblea Legislativa Plurinacional incorpora al nuevo Código Penal del Sistema Penal algunas de las propuestas de la Cumbre Nacional de Justicia, que se realizó en junio pasado en la ciudad de Sucre.
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, informó que la decisión se asume en el marco de la elaboración del nuevo Código Penal. Como se recordará, en la inauguración, el vicepresidente Álvaro García Linera sugirió elevar la pena para los violadores.
“La Cumbre de Justicia definió algunos lineamientos que deberían ser ya incorporados en el nuevo Cogido del Sistema Penal, por ejemplo, la clasificación entre crímenes, delitos y faltas, buscando descongestionar todo lo que es el sistema judicial, fundamentalmente en el sistema penal. Otro elemento que también salió de la cumbre judicial se refiere a la tipificación de los delitos”, explicó a ABI.
Sobre la propuesta de la cadena perpetua y la sumatoria de penas, la legisladora del MAS explicó que el tema está en debate y dijo que desde la Asamblea se planificará un calendario de socialización, una vez concluida la redacción del nuevo código.
“También fue producto de la Cumbre de Justicia el establecer la sumatoria de penas, pero esto todavía continúa en discusión en la Comisión que es responsable de elaborar esa propuesta del nuevo Código del Sistema Penal”, agregó.
PRESUPUESTO
Sin embargo, la propuesta de incremento del presupuesto del ente judicial, no fue tratada en la Cumbre; el Vicepresidente condicionó el aumento a un trabajo mejorado, pero los entendidos en la materia señalaban que sin recursos difícilmente se podrá mejorar la justicia.
Además, también hubo protestas en la misma Cumbre, los colegios e instituciones observaron que los delegados por parte de los movimientos sociales eran más que los profesionales técnicos y que, por lo tanto, la votación ya estaba determinada.
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, informó que la decisión se asume en el marco de la elaboración del nuevo Código Penal. Como se recordará, en la inauguración, el vicepresidente Álvaro García Linera sugirió elevar la pena para los violadores.
“La Cumbre de Justicia definió algunos lineamientos que deberían ser ya incorporados en el nuevo Cogido del Sistema Penal, por ejemplo, la clasificación entre crímenes, delitos y faltas, buscando descongestionar todo lo que es el sistema judicial, fundamentalmente en el sistema penal. Otro elemento que también salió de la cumbre judicial se refiere a la tipificación de los delitos”, explicó a ABI.
Sobre la propuesta de la cadena perpetua y la sumatoria de penas, la legisladora del MAS explicó que el tema está en debate y dijo que desde la Asamblea se planificará un calendario de socialización, una vez concluida la redacción del nuevo código.
“También fue producto de la Cumbre de Justicia el establecer la sumatoria de penas, pero esto todavía continúa en discusión en la Comisión que es responsable de elaborar esa propuesta del nuevo Código del Sistema Penal”, agregó.
PRESUPUESTO
Sin embargo, la propuesta de incremento del presupuesto del ente judicial, no fue tratada en la Cumbre; el Vicepresidente condicionó el aumento a un trabajo mejorado, pero los entendidos en la materia señalaban que sin recursos difícilmente se podrá mejorar la justicia.
Además, también hubo protestas en la misma Cumbre, los colegios e instituciones observaron que los delegados por parte de los movimientos sociales eran más que los profesionales técnicos y que, por lo tanto, la votación ya estaba determinada.
Saturday, July 2, 2016
Fiscalía investiga a sus funcionarios
Durante la presentación del “Informe de Gestión Final 2015 y Parcial 2016”, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que el Ministerio Público creó la Unidad de Investigación Patrimonial (UIP) a la que fueron sometidos 30 de sus funcionarios. Según Guerrero, el objetivo de esta unidad es luchar contra la corrupción desde el interior de la Fiscalía.
El Fiscal General indicó que el próximo 30 de julio estará listo el informe de dicha investigación, misma que analizó la relación que hay entre el sueldo que perciben los funcionarios y el patrimonio que estos poseen. “Desde el fiscal general, los directores, los jefes y los fiscales departamentales... Hemos puesto a disposición nuestras cuentas bancarias, nuestros bines, inmuebles, vehículos”, agregó Guerrero, a tiempo de señalar que en el segundo semestre del presente año se ampliará la cobertura de esta política institucional a otros 50 funcionarios del Ministerio Público.
Por otro lado, Guerrero informó que hubo un incremento en la carga procesal en el Ministerio Público, ya que en 2014 se registraron 98.380 casos, mientras que en 2015 la cifra ascendió a 112.904, lo que significa un incremento del 14,85 por ciento. “La gente acude más al Ministerio Público”, dijo.
Además, dijo que los delitos patrimoniales son los más frecuentes en el Estado; mientras que los delitos de violencia contra mujeres, niños o niñas ocupan el segundo lugar. Posteriormente, se ubican los delitos por asesinatos, homicidios, lesiones graves o gravísimas, y delitos por narcotráfico y corrupción.
Guerrero agregó que en cuestiones de feminicidio se registraron 104 casos en 2015 y 43 hasta junio de 2016. La Paz y El Alto encabezan la lista de denuncias por este delito con 36 en 2015 y 13 en 2016; Cochabamba tiene 36 casos, Santa Cruz 14, Chuquisaca 8, Beni 2 y Pando ninguno.
Respecto a delitos por corrupción, Guerrero dijo que en 2015 se registraron 7.376 casos en el país, y en lo que va de 2016, 755.
En 2015, 159 casos de corrupción tuvieron sentencias. Los delitos más comunes son: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, prevaricato, incumplimiento de contratos, y contratos lesivos al Estado.
TSJ: 'No se resuelve la crisis sacando a los jueces'
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, asegura que la crisis que atraviesa el sistema judicial, no se resolverá con la expulsión de jueces o magistrados.
Asegura que existe un problema estructural en el sistema judicial, que está afectando en el país, y que debe solucionarse por ahí algunos puntos. "La crisis judicial es estructural, necesita el apoyo de todos, no se resuelve sacando a magistrados y jueces, ese es un camino equivocado. Esperamos que los trabajos venideros se analicen a detalle y con profundidad", manifestó el presidente de este organismo.
Detalles. En una similar posición, se manifestó el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, quien destacó que si bien la Cumbre Judicial a principios de junio, sirvió para identificar los problemas, ahora se deben tomar acciones.
Indicó que como juristas, están buscando un escenario de coordinación y análisis técnico para buscar soluciones a los problemas que atraviesa el sistema en el país. "El evento permitió escuchar a los movimientos sociales, pero los temas estructurales de la administración de justicia se tienen que debatir con los sectores académicos y profesionales", dijo.
Observación. En tanto, desde la oposición califican que la Cumbre digitada por el Gobierno tenía otros fines políticos. "Solo sirvió para buscar la manera de plantear la reelección de Evo Morales, es lo único que les interesa y como no ven buena aceptación están dejando que pase el tiempo. No es prioridad para el Gobierno solucionar los problemas de la justicia", dijo la diputada de UD Eliane Capobianco.
Asegura que existe un problema estructural en el sistema judicial, que está afectando en el país, y que debe solucionarse por ahí algunos puntos. "La crisis judicial es estructural, necesita el apoyo de todos, no se resuelve sacando a magistrados y jueces, ese es un camino equivocado. Esperamos que los trabajos venideros se analicen a detalle y con profundidad", manifestó el presidente de este organismo.
Detalles. En una similar posición, se manifestó el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, quien destacó que si bien la Cumbre Judicial a principios de junio, sirvió para identificar los problemas, ahora se deben tomar acciones.
Indicó que como juristas, están buscando un escenario de coordinación y análisis técnico para buscar soluciones a los problemas que atraviesa el sistema en el país. "El evento permitió escuchar a los movimientos sociales, pero los temas estructurales de la administración de justicia se tienen que debatir con los sectores académicos y profesionales", dijo.
Observación. En tanto, desde la oposición califican que la Cumbre digitada por el Gobierno tenía otros fines políticos. "Solo sirvió para buscar la manera de plantear la reelección de Evo Morales, es lo único que les interesa y como no ven buena aceptación están dejando que pase el tiempo. No es prioridad para el Gobierno solucionar los problemas de la justicia", dijo la diputada de UD Eliane Capobianco.
Friday, July 1, 2016
Cochabamba Hay 45 jueces procesados por retardación y malos tratos
El hecho de que una audiencia cautelar sea fijada luego de un plazo establecido de 30 días es una causal para que los litigantes puedan denunciar a los jueces por “retardación de justicia”. Éste es el motivo por el que 40 de 45 jueces, en Cochabamba, fueron denunciados ante los juzgados disciplinarios en lo que va de 2016. El restante corresponde a malos tratos hacia los ciudadanos.
Estos jueces corren el riesgo de ser apartados de sus cargos porque existe la determinación de depurarlos. Corre un plazo de cuatro meses para este trabajo.
Entre las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, desarrollada en Sucre el 10 y 11 de junio, se incluyó un tiempo de 120 días, que ya está en curso, para evaluar el desempeño de vocales, fiscales y jueces. No se descarta la destitución de estos funcionarios judiciales luego de la revisión de sus antecedentes.
El representante distrital del Consejo de la Magistratura, Silvano Arancibia, informó que ya se adelantó el trabajo y que en la actualidad se realiza la revisión de carpetas de alrededor de 200 jueces.
“Vamos a establecer todas sus faltas disciplinarias, inclusive desde hace cinco años. También los méritos que tengan, porque hay que valorarlos al momento de evaluar. No solo debe ser lo malo sino también lo bueno de cada servidor público”.
El juez disciplinario número 1, Rubén Coca, informó que en lo que va del año hay 45 causas, que atienden entre los tres juzgados disciplinarios de Cochabamba, sobre denuncias en contra de jueces.
Conforme a un análisis de Coca, 9 de cada 10 jueces procesados en los juzgados disciplinarios fueron denunciados por retardación de justicia. Los jueces argumentan carga procesal, sin embargo, para esta autoridad eso debe demostrarse.
El tema también está ligado a los actos de corrupción. “El favoritismo, la parcialización también son formas de corrupción que nosotros hemos podido identificar”.
Uno de cada 10 juristas de los denunciados fue porque habría incurrido en maltrato.
MÁS FUNCIONARIOS El Juez Disciplinario número 1 manifestó que, además de los 45 jueces, hay media centena de quejas formales en contra de otros trabajadores judiciales.
Por otro lado, el representante del Consejo de la Magistratura informó que se realizó una auditoría al personal y ayer se conoció de cuatro funcionarios observados por indicios de no autenticidad de títulos porque no presentaron los documentos originales, no acreditan que hablan quechua y no tienen certificación de sus conocimientos sobre la Ley de Administración y Control Gubernamentales SAFCO.
Arancibia advirtió que, de comprobarse irregularidades, los involucrados son pasibles a sanciones y procesos penales.
“Hemos detectado que tendríamos personal que no cumple con el perfil. De manera ilegal estarían detentando el cargo que ahora poseen y cobrando remuneración de manera indebida”.
¿CÓMO DENUNCIAR? Coca recordó que las víctimas pueden presentar las denuncias en las oficinas de los juzgados disciplinarios. Pueden ser quejas verbales o patrocinadas por un abogado.
En Cochabamba, los tres juzgados están en la planta baja del antiguo edifico del Palacio de Justicia, en la avenida San Martín entre Jordán y Sucre.
Una comisión depurará
El vocero de la Ministra de Justicia, Rafael Quinteros, informó que hasta la próxima semana se conformará una comisión para el trabajo de depuración de jueces y serán los miembros de este grupo quienes elaboren un reglamento con los criterios de evaluación.
La aplicación del reglamento permitirá, luego de los 120 días fijados para el trabajo de depuración, contar con un informe borrador sobre las irregularidades identificadas.
Quinteros detalló que la comisión estará conformada por el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Magistratura, tribunales departamentales e instituciones relacionadas a la administración de justicia.
Durante la Cumbre de Justicia se adelantó que entre los aspectos a observar estarán las sanciones disciplinarias y los procesos penales acumulados. El objetivo es contar con personal “adecuado”.
La Ministra recibirá quejas en Quillacollo
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, escuchará las quejas de los cochabambinos en el marco del programa “Hablando con la Ministra”, este sábado 2 de julio en la plaza principal de Quillacollo, a 12 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
Está previsto que se habiliten micrófonos y la Ministra se instale en plena plaza para oír las denuncias, según explicó el vocero de la Ministra, Rafael Quinteros.
“Las personas que quieren denunciar a malos fiscales, a malos abogados, a malos jueces, tienen la oportunidad de hacerlo”.
Se trata de una actividad pública que se realizará al aire libre. “La Ministra designará abogados de oficio para que hagan seguimiento del tema”.
Los procesos continuarán dependiendo de la gravedad de los casos.
La actividad concluirá cuando denuncie la última persona que llegue hasta el lugar.
Cruceños denuncian a fiscales
Los policías, fiscales, jueces, avasalladores de tierras e incluso autoridades como diputados, fueron el blanco de denuncias, ante la ministra de Justicia, Virginia Velasco, en Santa Cruz, la pasada semana.
El vocero de la Ministra, Rafael Quinteros, informó que la actividad de recepción de quejas se realizó en Santa Cruz el 25 de junio y entre los casos resaltaron los temas de avasallamientos a la propiedad privada y la retardación de justicia, que involucra a funcionarios judiciales.
En el departamento oriental, registraron 162 casos desde las 08:00 horas hasta 18:00.
“Esperamos que se aplique la celeridad de los procesos (...) Con este servicio se aplicará la gratuidad en el sistema de justicia, toda vez que cuando se recepcione la denuncia se asignará un abogado de forma gratuita”.
Estos jueces corren el riesgo de ser apartados de sus cargos porque existe la determinación de depurarlos. Corre un plazo de cuatro meses para este trabajo.
Entre las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, desarrollada en Sucre el 10 y 11 de junio, se incluyó un tiempo de 120 días, que ya está en curso, para evaluar el desempeño de vocales, fiscales y jueces. No se descarta la destitución de estos funcionarios judiciales luego de la revisión de sus antecedentes.
El representante distrital del Consejo de la Magistratura, Silvano Arancibia, informó que ya se adelantó el trabajo y que en la actualidad se realiza la revisión de carpetas de alrededor de 200 jueces.
“Vamos a establecer todas sus faltas disciplinarias, inclusive desde hace cinco años. También los méritos que tengan, porque hay que valorarlos al momento de evaluar. No solo debe ser lo malo sino también lo bueno de cada servidor público”.
El juez disciplinario número 1, Rubén Coca, informó que en lo que va del año hay 45 causas, que atienden entre los tres juzgados disciplinarios de Cochabamba, sobre denuncias en contra de jueces.
Conforme a un análisis de Coca, 9 de cada 10 jueces procesados en los juzgados disciplinarios fueron denunciados por retardación de justicia. Los jueces argumentan carga procesal, sin embargo, para esta autoridad eso debe demostrarse.
El tema también está ligado a los actos de corrupción. “El favoritismo, la parcialización también son formas de corrupción que nosotros hemos podido identificar”.
Uno de cada 10 juristas de los denunciados fue porque habría incurrido en maltrato.
MÁS FUNCIONARIOS El Juez Disciplinario número 1 manifestó que, además de los 45 jueces, hay media centena de quejas formales en contra de otros trabajadores judiciales.
Por otro lado, el representante del Consejo de la Magistratura informó que se realizó una auditoría al personal y ayer se conoció de cuatro funcionarios observados por indicios de no autenticidad de títulos porque no presentaron los documentos originales, no acreditan que hablan quechua y no tienen certificación de sus conocimientos sobre la Ley de Administración y Control Gubernamentales SAFCO.
Arancibia advirtió que, de comprobarse irregularidades, los involucrados son pasibles a sanciones y procesos penales.
“Hemos detectado que tendríamos personal que no cumple con el perfil. De manera ilegal estarían detentando el cargo que ahora poseen y cobrando remuneración de manera indebida”.
¿CÓMO DENUNCIAR? Coca recordó que las víctimas pueden presentar las denuncias en las oficinas de los juzgados disciplinarios. Pueden ser quejas verbales o patrocinadas por un abogado.
En Cochabamba, los tres juzgados están en la planta baja del antiguo edifico del Palacio de Justicia, en la avenida San Martín entre Jordán y Sucre.
Una comisión depurará
El vocero de la Ministra de Justicia, Rafael Quinteros, informó que hasta la próxima semana se conformará una comisión para el trabajo de depuración de jueces y serán los miembros de este grupo quienes elaboren un reglamento con los criterios de evaluación.
La aplicación del reglamento permitirá, luego de los 120 días fijados para el trabajo de depuración, contar con un informe borrador sobre las irregularidades identificadas.
Quinteros detalló que la comisión estará conformada por el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Magistratura, tribunales departamentales e instituciones relacionadas a la administración de justicia.
Durante la Cumbre de Justicia se adelantó que entre los aspectos a observar estarán las sanciones disciplinarias y los procesos penales acumulados. El objetivo es contar con personal “adecuado”.
La Ministra recibirá quejas en Quillacollo
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, escuchará las quejas de los cochabambinos en el marco del programa “Hablando con la Ministra”, este sábado 2 de julio en la plaza principal de Quillacollo, a 12 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
Está previsto que se habiliten micrófonos y la Ministra se instale en plena plaza para oír las denuncias, según explicó el vocero de la Ministra, Rafael Quinteros.
“Las personas que quieren denunciar a malos fiscales, a malos abogados, a malos jueces, tienen la oportunidad de hacerlo”.
Se trata de una actividad pública que se realizará al aire libre. “La Ministra designará abogados de oficio para que hagan seguimiento del tema”.
Los procesos continuarán dependiendo de la gravedad de los casos.
La actividad concluirá cuando denuncie la última persona que llegue hasta el lugar.
Cruceños denuncian a fiscales
Los policías, fiscales, jueces, avasalladores de tierras e incluso autoridades como diputados, fueron el blanco de denuncias, ante la ministra de Justicia, Virginia Velasco, en Santa Cruz, la pasada semana.
El vocero de la Ministra, Rafael Quinteros, informó que la actividad de recepción de quejas se realizó en Santa Cruz el 25 de junio y entre los casos resaltaron los temas de avasallamientos a la propiedad privada y la retardación de justicia, que involucra a funcionarios judiciales.
En el departamento oriental, registraron 162 casos desde las 08:00 horas hasta 18:00.
“Esperamos que se aplique la celeridad de los procesos (...) Con este servicio se aplicará la gratuidad en el sistema de justicia, toda vez que cuando se recepcione la denuncia se asignará un abogado de forma gratuita”.
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