Fiscalía investiga a sus funcionarios

Durante la presentación del “Informe de Gestión Final 2015 y Parcial 2016”, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que el Ministerio Público creó la Unidad de Investigación Patrimonial (UIP) a la que fueron sometidos 30 de sus funcionarios. Según Guerrero, el objetivo de esta unidad es luchar contra la corrupción desde el interior de la Fiscalía.

El Fiscal General indicó que el próximo 30 de julio estará listo el informe de dicha investigación, misma que analizó la relación que hay entre el sueldo que perciben los funcionarios y el patrimonio que estos poseen. “Desde el fiscal general, los directores, los jefes y los fiscales departamentales... Hemos puesto a disposición nuestras cuentas bancarias, nuestros bines, inmuebles, vehículos”, agregó Guerrero, a tiempo de señalar que en el segundo semestre del presente año se ampliará la cobertura de esta política institucional a otros 50 funcionarios del Ministerio Público.

Por otro lado, Guerrero informó que hubo un incremento en la carga procesal en el Ministerio Público, ya que en 2014 se registraron 98.380 casos, mientras que en 2015 la cifra ascendió a 112.904, lo que significa un incremento del 14,85 por ciento. “La gente acude más al Ministerio Público”, dijo.

Además, dijo que los delitos patrimoniales son los más frecuentes en el Estado; mientras que los delitos de violencia contra mujeres, niños o niñas ocupan el segundo lugar. Posteriormente, se ubican los delitos por asesinatos, homicidios, lesiones graves o gravísimas, y delitos por narcotráfico y corrupción.

Guerrero agregó que en cuestiones de feminicidio se registraron 104 casos en 2015 y 43 hasta junio de 2016. La Paz y El Alto encabezan la lista de denuncias por este delito con 36 en 2015 y 13 en 2016; Cochabamba tiene 36 casos, Santa Cruz 14, Chuquisaca 8, Beni 2 y Pando ninguno.

Respecto a delitos por corrupción, Guerrero dijo que en 2015 se registraron 7.376 casos en el país, y en lo que va de 2016, 755.

En 2015, 159 casos de corrupción tuvieron sentencias. Los delitos más comunes son: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, prevaricato, incumplimiento de contratos, y contratos lesivos al Estado.