Un juez benefició con libertad a uno de los atracadores brasileños

SALDO FATAL

Al menos siete delincuentes intentaron atracar la joyería y tomaron como rehenes a varios empleados y personas civiles con el propósito de utilizarlos como escudos humanos. Cinco personas murieron, tres delincuentes, un policía y una mujer, la gerente de la joyería.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, develó este jueves que el brasileño, Antonio Abdón Da Silva Costa, quien participó en el asalto a la joyería EuroChronos en Santa Cruz, estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, pero fue liberado por un juez.

"Uno de los integrantes del grupo identificado como Antonio Abdón Da Silva Costa, estaba guardando reclusión en el recinto penitenciario de Chonchocoro, pero fue puesto en libertad por determinación de un juez", explicó en conferencia de prensa.

Romero detalló que ese juez accedió a una solicitud de medidas sustitutivas a la detención preventiva interpuesta por Da Silva, que fue beneficiado con arresto domiciliario en la ciudad de Santa Cruz.

Dijo que Da Silva está imputado por el Ministerio Público por lesiones graves y leves.

El Ministro de Gobierno dijo que se presume que Da Silva está implicado también en el atraco a la Joyería Imperio y está vinculado con el peligroso Primer Comando Capital del Brasil (PCC).

Suma otra denuncia contra los jueces destituidos por condenar a un inocente

Los jueces Janeth Mojica y Luis Paz, destituidos por condenar a Reynaldo Ramírez, de 27 años, pese a las pruebas de su inocencia, fueron denunciados esta vez por la hermana de una víctima de feminicidio, quien asegura que favorecieron con la absolución al esposo, abogado como ellos.

Heidy V. F., hermana de Evelín V. F., de 27 años, asesinada el 11 de febrero de 2010, denunció que Mojica y Paz absolvieron el 29 de marzo de este año a Luis Fernando G. L, procesado por ese crimen.

“Este hombre estranguló con sus manos a mi hermana hace siete años, una ingeniería comercial de 27 años; los jueces Mojica y Paz lo dejaron libre y ni siquiera valoraron una sola prueba. Me fui a Sucre, traje las auditorías jurídicas, pero nadie hizo nada en el Consejo de la Magistratura”, afirmó la denunciante.

El fallo absolutorio fue apelado y ahora la Sala 3ª del Tribunal Departamental de Justicia debe pronunciarse al respecto. “Pero, (el acusado) lo dirige todo porque tiene influencia en el Palacio de Justicia, nadie vela por la familia de la víctima, pero espero que anulen la sentencia y lo condenen a 30 años”.

Por el caso de Reynaldo Ramírez, el Ministerio Público inició un proceso penal contra los dos exadministradores de justicia, quienes no valoraron las pruebas de la inocencia del joven, y contra el fiscal del caso Marcelo Delgadillo, quien fue suspendido sin goce de haberes por la Fiscalía General del Estado.

Delgadillo está sindicado de no haber incluido en el expediente un peritaje que probaba la inocencia del joven, condenado a 30 años de prisión por feminicidio y luego liberado tras probarse su inocencia.

25 magistrados y jueces viajan a China a un seminario

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, informó que la segunda quincena de julio una delegación compuesta por 25 servidores judiciales visitarán a la República Popular de China, dentro del denominado 'Seminario Bilateral para Jueces de Bolivia'.

La actividad es organizada por el Colegio de Jueces y tiene por objeto la capacitación del recurso humano judicial y de compartir experiencias en administración de justicia en materias civil, penal y administrativo.

Otro de los objetivos es compartir experiencia china sobre derecho civil, penal y administrativo con jueces bolivianos provenientes de los nueve distritos del país. La organización del país hermano cubrirá todos los costos de traslado, pasajes, alimentación y hospedaje de la delegación boliviana.

Mamani aseveró que la Corte Suprema Popular de la República Popular de China efectuó una invitación expresa a su autoridad para la ejecución del convenio previamente acordado en el mes de noviembre de 2016 y dar continuidad a las solicitudes adicionales, sin embargo, sostuvo que "retornará en virtud de que existen muchos temas que como presidente debe tratar en nuestro país".

En julio de 2012 los magistrados Ruddy Flores, Neldy Andrade asistieron a un Congreso de Mujeres en Washington, EEUU, y a Santo Domingo, República Dominicana. En redes sociales se difundieron fotos de los tribunos en Nueva York en afanes de turismo.

Mientras que en 2015 magistrados viajaron a un curso en China, dejando sin quórum al tribuna. Esa acción fue duramente criticada por el vicepresidente Álvaro García Linera.

Aspirantes al Órgano Judicial Algunos postulantes tienen más de Bs 3 millones en patrimonio

ASPIRANTES A DOS INSTANCIAS DEL ÓRGANO JUDICIAL DIERON EXAMEN ESCRITO LA PASADA SEMANA.

Al menos, siete de los aspirantes que pasaron la primera fase de selección para postular al Consejo de la Magistratura (CM) y al Tribunal Agroambiental (TA) tienen un patrimonio personal de hasta dos y tres millones de bolivianos, según datos oficiales de la Contraloría General del Estado, donde hicieron sus declaraciones juradas de bienes.

Al respecto, parlamentarios anunciaron que investigarán el origen de esos recursos, dado que gran parte de los que aspiran a los cargos judiciales son o eran funcionarios públicos.

En la revisión de las declaraciones juradas de los 47 postulantes, 38 trabajaron en instituciones dependientes del Estado. Otros aún son funcionarios. Lo que llamó la atención es que siete de los aspirantes cuentan con un patrimonio entre dos a tres millones de bolivianos.

PATRIMONIO

Por ejemplo, la postulante al Tribunal Agroambiental, Patricia Guadalupe Flores Marín, que trabajó en el ingenio azucarero San Buenaventura, empresa estatal, cuenta con un patrimonio de Bs 3.893.578. En la fase de preselección sacó la nota de 72.8 sobre 100.

Otro de los postulantes al Consejo de la Magistratura, que cuenta con un patrimonio elevado, llega a Bs 2.400.684, es Francisco Mateo Tarquino Blanco. Era exrepresentante delegado departamental de esta instancia judicial en el período 2012-2015.

La candidata al Tribunal Agroambiental Elva Cuellar Terceros tiene la mayor puntuación en el proceso de evaluación, 88.2 puntos, y su patrimonio es de Bs 2.201.000, según su declaración jurada en la Contraloría General del Estado, que fue presentada el 18 de noviembre de 2016. Esta postulante fue asesora jurídica del Ministerio de Gobierno.

En contraste, el candidato para el Consejo de la Magistratura, Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, tiene un patrimonio de Bs 8.400, según su declaración jurada. Fue funcionario de la misma instancia a la que se postuló.

El resto de los aspirantes, para ambas instancias, cuentan con un patrimonio entre los Bs 100.000 y Bs 900.000.

INVESTIGACIÓN

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Víctor Borda indicó que la Asamblea Legislativa debe realizar un seguimiento a los patrimonios y bienes que obtuvieron los postulantes, para determinar si fueron adquiridos de manera licita.

“En este caso, la Asamblea Legislativa debe realizar el seguimiento respectivo para que no se enriquezcan a costillas del sufrimiento de la población (…), suelen aparecer con un monto mínimo de patrimonio y salen super millonarios, por lo que son susceptibles de haber obtenido su nueva fortuna por corrupción en la administración de la justicia, como varios magistrados en la actualidad”, argumentó.

ELECCIÓN

Los 47 postulantes que aprobaron la etapa de evaluación para ambas instancias judiciales serán sometidos a una nueva selección por la Asamblea Legislativa, en una plenaria que se realizará el próximo 1 de septiembre.

Según el artículo 25 del Reglamento de Preselección, son 14 candidatos para el Tribunal Agroambiental y 10 para El Consejo de la Magistratura. En ambas instancias se deben garantizar la equidad de género y la representación de un indígena.

Por otra parte, el legislador oficialista indicó que se conformarán ternas para que la Asamblea Legislativa decida cuáles candidatos pasarán a la papeleta de sufragio. En cuanto asuman su cargo, las nuevas autoridades deberán realizar una nueva declaración jurada.

“Se va a incorporar ese elemento como uno de los requisitos, pues hay que realizar el seguimiento sobre los patrimonios, la investigación del enriquecimiento ilícito no solamente es atribución del Ministerio de Transparencia, también lo puede realizar la Asamblea Legislativa y otras instancias fiscales”, detalló Borda.

Tribunal Supremo rinde cuentas Destacan trabajo de salas especializadas

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) brindó ayer su informe de "Rendición Pública de Cuentas Parcial", donde destacó el trabajo jurisdiccional de cada una de sus salas especializadas, acto realizado por primera vez en la ciudad de Potosí.

El presidente del TSJ, Pastor Mamani, en su informe dijo que 2017 posee especial implicancia, porque se trata del año en el que culmina el mandato para altas autoridades judiciales elegidas por voto popular.

El informe destacó el trabajo de las salas especializadas y el trabajo jurisdiccional de los magistrados.

Este es el caso, la Sala Penal conforme a la Ley 044 modificada por la Ley 612 estuvo a cargo del Juzgamiento del Presidente y Vicepresidente y altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, donde la Sala Penal del Tribunal Supremo actuó como Tribunal de garantías en la etapa preparatoria de los procesos de privilegio constitucional que actualmente se vienen desarrollando en esa instancia.

Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera atienden los procesos en materia social y administrativa, además poseen competencia para la tramitación y resolución de causas contenciosas y contenciosas administrativas en el marco del reconocimiento de una materia especial como es la que conforman estos dos procesos especiales que se tramitan en la vía ordinaria judicial.

De la misma manera, el informe resaltó el trabajo del pleno de los magistrados, quienes además de atender las acusas ingresadas de sus respectivas salas atienden los procesos de Privilegio Constitucional Activos en el Tribunal, como es el caso de Misiles Chinos que se encuentra en la fase final a poco tiempo de conocer la sentencia.

76% de aspirantes tienen o tuvieron vínculos laborales con el Estado

De los 47 aspirantes al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura que aprobaron todas las fases y que enfrentarán el voto de los asambleístas en septiembre, 36 tienen o tuvieron alguna relación con el Estado, según se puede ver en sus declaraciones juradas. Es decir, un 76%. Así lo constató EL DEBER ayer gracias al registro del sitio oficial de la Contraloría General del Estado. También hay ex autoridades judiciales que intentan ser reelectas en otros cargos.
La constatación la puede hacer la población y se evidencia en momentos en que sectores de la oposición, semanas atrás, cuando todavía había 95 aspirantes en carrera, denunciaron que cerca del 80% de los candidatos tuvieron o tienen vínculos con el partido de Gobierno.

En el caso de los candidatos al Tribunal Agroambiental, provienen, en su mayoría, del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Otros vienen del Tribunal Agroambiental o de la ex Superintendencia Forestal y hay un abogado que trabaja en Depósitos Aduaneros de Bolivia (DAB).

De este cuerpo judicial, calificaron 23 candidatos y de ese total solo seis no figuran como funcionarios del Gobierno; se verificó que los otros 17 tienen declaraciones que fueron presentadas entre 2016 y 2017 en las instituciones mencionadas.

En esta nómina está la candidata mejor calificada, con 88,2 puntos, la abogada Elva Terceros Cuéllar, que presentó su declaración jurada el 18 de noviembre de 2016 como funcionaria del Ministerio de Gobierno.

En cambio, Rufo Vásquez Mercado, que obtuvo la segunda mejor nota, 75,6, no figura en ninguna nómina de institución pública en el portal de la Contraloría. Los otros cinco que no tienen declaraciones son: Miguel Ardaya Anibarro, Gregorio Aro Rasguido, Soledad Quiroz Gonzales, Ángela Sánchez Panozo y el docente Liborio Uño Acebo, según se constató en la revisión.

Tres de ellos, Aro, Uño y Vásquez, se declararon como representantes indígena originarios y están habilitados, aunque no tienen un declaración de funcionarios registrada en la Contraloría.

Consejo de la Magistratura
En esta instancia judicial hay 24 candidatos. De este número solo cuatro no figuran en las listas gubernamentales; los otros 20 tienen declaraciones en varias instituciones, incluso en ministerios; algunas fueron presentadas en junio y están vigentes.

Lorgio Ardaya Velasco, Héctor Colque Cuevas, Carlos Garrón, Noel Humbolt Kovacev y Omar Michel Durán son los precandidatos que no están en las listas de la Contraloría. Los otros 20 tienen o tuvieron vínculos con el Estado. Este grupo tiene figuras más públicas y está el mejor segundo calificado, se trata de Jesús Cuéllar Calderón, no es abogado y logró el puntaje de 80,9, su declaración tiene fecha del 5 de mayo de 2016, como parte de la Alcaldía de Sucre, controlada por el MAS desde hace dos años.

Pero también está el expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Zenón Bacarreza, que logró 57 puntos, uno más del mínimo requerido para ir a la selección en la Asamblea de septiembre. Bacarreza fue posesionado como presidente en 2015 y al ser consultado sobre las críticas a su postulación dijo que no existe norma que le impida ser candidato.

Tres de los postulantes están directamente vinculados con el Órgano Ejecutivo: se trata de Sandra Soto Pareja, abogada del Ministerio de Gobierno, su declaración jurada data del 10 de noviembre de 2016; el segundo es Marvin Molina Casanova, que es parte del Ministerio de Culturas, y su declaración es del 26 de julio de 2016, aunque sus detractores dicen que trabajó en siete ministerios, y la tercera es la abogada Dolka Gómez Espada, aunque su declaración está fechada en febrero de 2014.

Pero hay también profesionales de otras instituciones. Por ejemplo, figura como candidata una funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Se trata de Mónica Céspedes Machicao, que trabajó en el municipio de La Paz hasta 2009 (MSM) y su última declaración procede del 28 de septiembre de 2016, ya como parte de la Defensoría del Pueblo.

El docente Noel Humbolt Kovacev fue el más enfático de los candidatos en la entrevista, porque fue uno de los dos candidatos que dejó una propuesta escrita, dijo que ya se presentó en 2011 y llegó incluso a la Asamblea Legislativa. Él asegura que en esa instancia ya no juega la trayectoria del candidato.

Oficialistas y opositores

Frente a estos números, los parlamentarios opositores y los oficialistas defienden su trabajo; el senador Milton Barón, quien preside la Comisión Mixta, dijo que las evaluaciones de la preselección fueron las más exigentes para los candidatos y que el porcentaje que quedó en el camino, el 74,6% de los aspirantes, así lo demuestra.

Pero los opositores sostienen que es una apreciación de responsabilidad político partidaria masista. El senador Edwin Rodríguez respondió, por ejemplo, que Barón debe justificar el trabajo que le pidieron cuando le dieron los dos cuerpos judiciales, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Ambas partes se acusan, los opositores de fomentar a los candidatos-funcionarios; y los oficialistas de intentar “tumbar” la preselección sin éxito. La comisión pasó el informe a la presidencia de la Asamblea.

De la libreta

Los faltones
El senador Edwin Rodríguez, que es miembro titular de la Comisión Mixta de Justicia Plural, faltó a las sesiones clave de calificación de los aspirantes a magistrados.

3 de 13
Los opositores tienen tres legisladores titulares en esta comisión: Edwin Rodríguez; Édgar Rendón y Margarita Fernández; esta última saludó el proceso de preselección.

Disidente
La diputada Margarita Fernández fue señalada como parte del bloque del MNR y que ya no responde a las decisiones colectivas de UD.

Dos académicos
Liborio Uño Acebo, candidato al Tribunal Agroambiental; y Noel Humbolt Kovacev, son los únicos candidatos académicos de universidades.

Otros académicos
Los otros candidatos que ahora desempeñan cargos como docentes, estuvieron vinculados al Gobierno en años pasados en instituciones públicas.

Abogados
De acuerdo con la lista de los 47 candidatos que irán a la Asamblea, la mayoría son abogados, casi el 90 por ciento tienen esa profesión.

Una decena
Aunque 10 de los candidatos se declararon como indígena originarios, ninguno vino ataviado con su ropa tradicional como ocurrió en 2011.

Improvisados
Los diputados que participaron en la elección de 2011 afirmaron, por separado, que muchos tuvieron que improvisar sus vestimentas.

El porcentaje
Una cuarta parte de los candidatos que se presentaron en marzo llegaron hasta el final, el 25,40 por ciento de los 185 que se presentaron.

Tribunal Constitucional admite acción contra Ley de Coca

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Oswaldo Valencia, informó ayer que una de las acciones de inconstitucionalidad abstracta presentadas contra los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Hoja de Coca fue aceptada, y otra continúa en análisis.

“Son dos acciones de inconstitucionalidad abstracta: una planteada por Óscar Miguel Ortiz Antelo, Edwin Mario Rodríguez, Yerko Marín Núñez, Antonio Menacho y otros, tanto senadores como diputados, que ha sido admitida”, manifestó el magistrado a radio Aclo, según reporte de la agencia ANF.

La segunda acción de inconstitucionalidad, también contra los mismos artículos de la Ley, fue presentada por el diputado Wilson Pedro Santamaría Choque, que aún continúa en proceso de análisis, indicó.

El presidente del TCP remarcó que en definitiva, “con la admisión de una de las demandas se abre la competencia del Tribunal Constitucional para emitir un criterio de fondo acerca de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca”.

Los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de Yungas de La Paz (Adepcoca) expresaron su satisfacción por la admisión de la acción que presentaron el 18 de mayo.

Franklin Gutiérrez, presidente de Adepcoca, agradeció la admisión por el TCP y el apoyo recibido por las organizaciones de la ciudad de Sucre, particularmente del vicepresidente del Comité Cívico.

“Hemos recibido mucho apoyo de los hermanos de la ciudad de Sucre, y desde el fondo de mi corazón quiero agradecer a esta ciudad que nos ha acogido y apoyado”, apuntó.

Indicó que si el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, sigue amenazando al Tribunal Constitucional con procesos penales por admitir la acción, “los productores de Los Yungas lo defenderán”.