76% de aspirantes tienen o tuvieron vínculos laborales con el Estado

De los 47 aspirantes al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura que aprobaron todas las fases y que enfrentarán el voto de los asambleístas en septiembre, 36 tienen o tuvieron alguna relación con el Estado, según se puede ver en sus declaraciones juradas. Es decir, un 76%. Así lo constató EL DEBER ayer gracias al registro del sitio oficial de la Contraloría General del Estado. También hay ex autoridades judiciales que intentan ser reelectas en otros cargos.
La constatación la puede hacer la población y se evidencia en momentos en que sectores de la oposición, semanas atrás, cuando todavía había 95 aspirantes en carrera, denunciaron que cerca del 80% de los candidatos tuvieron o tienen vínculos con el partido de Gobierno.

En el caso de los candidatos al Tribunal Agroambiental, provienen, en su mayoría, del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Otros vienen del Tribunal Agroambiental o de la ex Superintendencia Forestal y hay un abogado que trabaja en Depósitos Aduaneros de Bolivia (DAB).

De este cuerpo judicial, calificaron 23 candidatos y de ese total solo seis no figuran como funcionarios del Gobierno; se verificó que los otros 17 tienen declaraciones que fueron presentadas entre 2016 y 2017 en las instituciones mencionadas.

En esta nómina está la candidata mejor calificada, con 88,2 puntos, la abogada Elva Terceros Cuéllar, que presentó su declaración jurada el 18 de noviembre de 2016 como funcionaria del Ministerio de Gobierno.

En cambio, Rufo Vásquez Mercado, que obtuvo la segunda mejor nota, 75,6, no figura en ninguna nómina de institución pública en el portal de la Contraloría. Los otros cinco que no tienen declaraciones son: Miguel Ardaya Anibarro, Gregorio Aro Rasguido, Soledad Quiroz Gonzales, Ángela Sánchez Panozo y el docente Liborio Uño Acebo, según se constató en la revisión.

Tres de ellos, Aro, Uño y Vásquez, se declararon como representantes indígena originarios y están habilitados, aunque no tienen un declaración de funcionarios registrada en la Contraloría.

Consejo de la Magistratura
En esta instancia judicial hay 24 candidatos. De este número solo cuatro no figuran en las listas gubernamentales; los otros 20 tienen declaraciones en varias instituciones, incluso en ministerios; algunas fueron presentadas en junio y están vigentes.

Lorgio Ardaya Velasco, Héctor Colque Cuevas, Carlos Garrón, Noel Humbolt Kovacev y Omar Michel Durán son los precandidatos que no están en las listas de la Contraloría. Los otros 20 tienen o tuvieron vínculos con el Estado. Este grupo tiene figuras más públicas y está el mejor segundo calificado, se trata de Jesús Cuéllar Calderón, no es abogado y logró el puntaje de 80,9, su declaración tiene fecha del 5 de mayo de 2016, como parte de la Alcaldía de Sucre, controlada por el MAS desde hace dos años.

Pero también está el expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Zenón Bacarreza, que logró 57 puntos, uno más del mínimo requerido para ir a la selección en la Asamblea de septiembre. Bacarreza fue posesionado como presidente en 2015 y al ser consultado sobre las críticas a su postulación dijo que no existe norma que le impida ser candidato.

Tres de los postulantes están directamente vinculados con el Órgano Ejecutivo: se trata de Sandra Soto Pareja, abogada del Ministerio de Gobierno, su declaración jurada data del 10 de noviembre de 2016; el segundo es Marvin Molina Casanova, que es parte del Ministerio de Culturas, y su declaración es del 26 de julio de 2016, aunque sus detractores dicen que trabajó en siete ministerios, y la tercera es la abogada Dolka Gómez Espada, aunque su declaración está fechada en febrero de 2014.

Pero hay también profesionales de otras instituciones. Por ejemplo, figura como candidata una funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Se trata de Mónica Céspedes Machicao, que trabajó en el municipio de La Paz hasta 2009 (MSM) y su última declaración procede del 28 de septiembre de 2016, ya como parte de la Defensoría del Pueblo.

El docente Noel Humbolt Kovacev fue el más enfático de los candidatos en la entrevista, porque fue uno de los dos candidatos que dejó una propuesta escrita, dijo que ya se presentó en 2011 y llegó incluso a la Asamblea Legislativa. Él asegura que en esa instancia ya no juega la trayectoria del candidato.

Oficialistas y opositores

Frente a estos números, los parlamentarios opositores y los oficialistas defienden su trabajo; el senador Milton Barón, quien preside la Comisión Mixta, dijo que las evaluaciones de la preselección fueron las más exigentes para los candidatos y que el porcentaje que quedó en el camino, el 74,6% de los aspirantes, así lo demuestra.

Pero los opositores sostienen que es una apreciación de responsabilidad político partidaria masista. El senador Edwin Rodríguez respondió, por ejemplo, que Barón debe justificar el trabajo que le pidieron cuando le dieron los dos cuerpos judiciales, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Ambas partes se acusan, los opositores de fomentar a los candidatos-funcionarios; y los oficialistas de intentar “tumbar” la preselección sin éxito. La comisión pasó el informe a la presidencia de la Asamblea.

De la libreta

Los faltones
El senador Edwin Rodríguez, que es miembro titular de la Comisión Mixta de Justicia Plural, faltó a las sesiones clave de calificación de los aspirantes a magistrados.

3 de 13
Los opositores tienen tres legisladores titulares en esta comisión: Edwin Rodríguez; Édgar Rendón y Margarita Fernández; esta última saludó el proceso de preselección.

Disidente
La diputada Margarita Fernández fue señalada como parte del bloque del MNR y que ya no responde a las decisiones colectivas de UD.

Dos académicos
Liborio Uño Acebo, candidato al Tribunal Agroambiental; y Noel Humbolt Kovacev, son los únicos candidatos académicos de universidades.

Otros académicos
Los otros candidatos que ahora desempeñan cargos como docentes, estuvieron vinculados al Gobierno en años pasados en instituciones públicas.

Abogados
De acuerdo con la lista de los 47 candidatos que irán a la Asamblea, la mayoría son abogados, casi el 90 por ciento tienen esa profesión.

Una decena
Aunque 10 de los candidatos se declararon como indígena originarios, ninguno vino ataviado con su ropa tradicional como ocurrió en 2011.

Improvisados
Los diputados que participaron en la elección de 2011 afirmaron, por separado, que muchos tuvieron que improvisar sus vestimentas.

El porcentaje
Una cuarta parte de los candidatos que se presentaron en marzo llegaron hasta el final, el 25,40 por ciento de los 185 que se presentaron.