Juzgado Agroambiental de Tarija resolvió 117 causas en tres meses

En Tarija, los siete Juzgados Agroambientales desde enero a marzo de la presente gestión han resuelto un total de 117 causas. Pero al mismo tiempo han recibido 94 demandas nuevas y 407 que hasta ese periodo de tiempo se encontraban en trámite.

En su gran mayoría, las demandas están referidas a la obtención del derecho propietario de un bien inmueble del área rural, en caso de que una de las partes no esté conforme con el fallo de la Juez Agroambiental puede apelar ante el Tribual Agroambiental.
La delegada Distrital del Tribunal Agroambiental en Tarija, Blanca Navajas, dio a conocer que de enero a marzo de 2015, en los seis Juzgados Agroambientales se resolvieron un total de 117. En Bermejo, siete; en Entre Ríos, 22; San Lorenzo, 27; Tarija, 42; Yacuiba, 15 y en Villa Montes un total de cinco.
Las demandas primeramente son atendidas en los seis juzgados agroambientales del departamento de Tarija. En caso de que existan apelaciones u otro tipo de recursos, la causa es remitida al Tribunal Agroambiental en la ciudad de Sucre.
“Lógicamente siempre hay una parte ganadora y una parte perdedora –mencionó Navajas–. Pero la labor de los jueces es tratar de propiciar la conciliación”.
Muchos de los procesos se resuelven de manera rápida por los acuerdos mutuos. Pero en los casos que no existe conciliación la situación es mucho más complicada.
Navajas aclaró que los conflictos en las propiedades rurales son de competencia del Tribunal Agroambiental a través de sus diferentes Juzgados, siempre y cuando el área no haya sido objeto de saneamiento por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En el momento que se establece zona de saneamiento por el INRA, automáticamente se suspende la competencia del Juez Agroambiental.
“Una propiedad que está en proceso de saneamiento no puede ser susceptible de ningún tipo de proceso –dijo Navajas–. Porque se limita la competencia de los jueces agroambientales y se abre la competencia del INRA”.
Una vez concluido el proceso y otorgada la resolución final del saneamiento, recién los juzgados pueden retoman sus competencias. En caso de que algunas de las partes no esté conforme con la resolución emitida por el INRA, la demanda de impugnación se la realiza en Sucre.
La juez agroambiental de la provincia Cercado, Maritza Sánchez, indicó que los casos más comunes están referidos a los interdictos para adquirir la posesión de un determinado predio rural.
“En un principio son acuerdos voluntarios, pero si una de las partes se siente agraviada con esta acción puede hacer oposición dentro del interdicto de adquirir la posesión –manifestó Sánchez–. En este caso, la causa se vuelve contenciosa, entonces se dicta una resolución judicial dónde se conmina a la parte actora que adecue su demanda al proceso oral agrario”.
También existen demandas de retener y recobrar la posesión, en este caso se exige el derecho propietario. Hay otras como las acciones de servidumbre, nulidad de contratos, deslinde, entre otras.
“Como no tenemos un procedimiento propio, ya que en la Ley 1715 tenemos unos cuantos artículos que están referidos al procedimiento oral agrario –dijo Sánchez–. Pero en lo demás aplicamos supletoriamente el Código del Procediendo Civil y la Ley de Organización Judicial”.
En caso de procederse a la conciliación, las partes pueden recurrir a la exhibición de documentos, se desarrolla una inspección judicial en el lugar, un reconocimiento de firmas.

En Sucre, en 2014 se atendió 839 demandas

El Tribunal Agroambiental en la gestión 2014 resolvió 432 causas. Según su presidente, Lucio Fuentes, en declaraciones a la Agencia Boliviana de Información (ABI) las tres salas que conforman esta instancia tomaron conocimiento de 839 causas, de las que se resolvieron 432. Fuentes detalló también que de las 839 causas, 320 corresponden a anteriores gestiones y 519 ingresadas el año pasado, quedando pendientes 407 casos por resolver.