El conocido empresario de la ciudad de Cobija Mauro Vásquez Guerra, acusado judicialmente por crímenes de narcotráfico, asesinato, extorsiones, secuestro y prostitución infantil, es otro de los familiares del Fiscal General del Estado que tiene cuentas pendientes con la justicia y que estaría actualmente gozando de libertad pese a que un juez de Pando dispuso su reclusión cautelar en noviembre del año 2012, en aplicación de la Ley 1008 de Sustancias Controladas.
Mauro Vásquez y el fiscal Ramiro Guerrero, ambos con familias asentadas en Pando, tienen un estrecho parentesco que corrillos en la ciudad de Cobija los vinculan como cuñados; aunque nadie se atreve a confirmar ni desmentir el persistente rumor.
En agosto del pasado año Sol de Pando solicitó a la entonces diputada Rebeca Delgado, en su calidad de legisladora, acceder al file personal de Guerrero Peñaranda, consultar archivos del Registro Civil o interrogar al Fiscal en persona para dilucidar la duda, toda vez que nuestra redacción no pudo acceder a esas fuentes oficiales. La diputada Delgado no dio curso a nuestro requerimiento.
Finalmente este medio tomó contacto con la senadora Carmen Eva Gonzales, quien —el pasado 8 de febrero— ya había denunciado públicamente los delitos sexuales del hermano de Guerrero y la frontal acción encubridora de la Fiscalía de Pando en ese específico caso.
Gonzales confirmó el vínculo familiar que existe entre Mauro Vásquez y Ramiro Guerrero; aunque puntualizó que la hermana de Vásquez no estaría casada precisamente con el Fiscal General, sino con otro de los hermanos de Guerrero, un profesional médico que según la Senadora presta servicios en la Universidad Amazónica de Pando.
“La hermana de Mauro es esposa del doctor Guerrero, médico que trabaja en la UAP, quien también es hermano del Fiscal General. Sin embargo este médico es buena gente, tiene una conducta intachable”, aclaró a Sol de Pando la parlamentaria opositora.
La foto que presentó el viceministro Jorge Pérez, el 25 de marzo del 2013, como "prueba" de que Mauro Vásquez "no fugó de Chonchocoro". No se lo mostró físicamente ante la prensa ni se permitió conocer la celda donde estaría recluido. | Foto MinGobierno
La foto que presentó el viceministro Jorge Pérez, el 25 de marzo del 2013, como “prueba” de que Mauro Vásquez “no fugó de Chonchocoro”. No se lo mostró físicamente ante la prensa ni se permitió conocer su celda. | Foto MinGobierno
¿Dónde está “Mauro”?
Independientemente del lazo familiar que vincula al Fiscal General del Estado con el ciudadano imputado por narcotráfico Mauro Vásquez, como cabeza principal del Ministerio Público tiene Ramiro Guerrero la obligación de aclarar ante el país dónde se encuentra actualmente aquel jefe de una banda de sicarios que participaron en la masacre de Porvenir, el 11 de septiembre del 2008, abriendo fuego contra indefensos campesinos que huían cruzando a nado el río Tahuamanu.
Después de cuatro años en los que reactivó sus actividades ilícitas tras salir de Chonchocoro en septiembre del 2008, Mauro Vásquez fue recapturado el 16 de noviembre del 2012 y recluido por órdenes de un juez de Pando en el penal de alta seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Sin embargo son reiteradas las versiones, desde diversas fuentes, en sentido de que el jefe narco-sicario habría sido exonerado de cargos y goza de libertad desde hace dos años. Funcionarios de alto nivel del Viceministerio de Defensa Social que piden no identificarse han confirmando a Sol de Pando que Mauro Vásquez ya no se encuentra en Chonchocoro “desde hace buen tiempo”. Ratifica el dato una fuente confiable —pero no autorizada— de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). “La liberación de Mauro Vásquez fue una decisión política ejecutada por el Ministerio Público, nosotros como policías hemos cumplido con procesar todas las pruebas sobre los crímenes y delitos que este señor cometía en Pando en su afán de abrir una ruta del narcotráfico entre Perú y Brasil a través de Bolivia”, afirma nuestra fuente.
En marzo del 2013, Sol de Pando tomó conocimiento sobre la excarcelación de Mauro Vásquez Guerra. Inmediatamente este medio tomó contacto con los ministros de Gobierno y Comunicación, Carlos Romero y Amanda Dávila, requiriendo una aclaración oficial al respecto. No hubo respuesta. Ante el silencio gubernamental, el jueves 21 de marzo del 2013 la periodista Amalia Pando, desde Radio Erbol, hizo pública la anomalía exigiendo el pronunciamiento de alguna autoridad competente. Silencio otra vez. Sólo recién cuatro días después, y atravesando un fin de semana, el lunes 25 de marzo el viceministro de Gobierno Jorge Pérez convocó a una conferencia de prensa para “desmentir” la fuga de Vásquez Guerra. En medio de insultos intimidantes contra Amalia Pando y descalificaciones amedrentadoras contra el director de Sol de Pando, el viceministro Pérez exhibió una fotografía de Mauro Vásquez sosteniendo el ejemplar de un periódico de la fecha, en las puertas del penal de Chonchocoro, no dentro del recinto. No se lo presentó personalmente ante los periodistas como sucedió el día de su encarcelamiento, con los custodios respectivos, ni se permitió a Sol de Pando constatar que Vásquez se hallaba efectivamente dentro una celda.
Paradógicamente, fue el mismo Pérez quien presentó ante los periodistas a Mauro Vásquez en persona, tras su captura en noviembre del 2012, utilizando en la pantalla LED de su conferencia de prensa imágenes extraídas sin autorización de la edición digital de Sol de Pando.
En el mes de julio del pasado año 2014, Sol de Pando volvió a recibir la información de que Mauro Vásquez fue definitivamente liberado de pena y cargos. Esta vez la información provino de las más altas esferas del Viceministerio de Defensa Social y de la misma Felcn. Corresponde al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, esclarecer esta situación tan poco transparente.
Carta dirigida al Ministro de Gobierno
La Dirección de Sol de Pando ha dirigido en la fecha una carta pública al Ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, pidiendo se aclare el vínculo familiar entre el ciudadano Vásquez y el fiscal Guerrero; además de una información oficial y definitiva sobre la situación legal de “Mauro”.
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En dicha carta se pide nuevamente al Ministerio de Gobierno garantías plenas para el libre desempeño de nuestra labor informativa.
Mauro Vásquez fue encarcelado por primera vez en mayo del 2008, junto a su lugarteniente Hiroshi Agustín Nagashima, acusados ambos de planificar asesinatos y ajustes de cuentas que se producían diariamente en las calles de la ciudad de Cobija, además de organizar una red de prostitución infantil, cometer secuestros, extorsiones y robo de autos. En medio de esa ola delictiva, la banda de “Mauro” abrió una sangrienta ruta de tráfico de cocaína que ingresaba del Perú al Brasil utilizando como puente los municipios de Bolpebra y Cobija. Vásquez y Nagashima fueron liberados en septiembre del 2008, coincidiendo con la masacre de Porvenir.
Incoherencias del Fiscal General del Estado
“Fiscal General dice que no protegerá a sus parientes”, titulaba una nota firmada por el periodista cruceño Ruy D’alencar en El Deber, el 8 de febrero de este año, es decir dos meses atrás. Se trataba de una verdadera primicia: la senadora Carmen Eva Gonzales había denunciado que “un supuesto hermano de la máxima autoridad del Ministerio Público abusó de una menor de edad de una escuela de Pando y que era encubierto por su relación de parentesco”. El Deber dio el derecho a réplica al Fiscal General. “Así fuera un pariente mío, jamás vamos a utilizar esta institución para beneficiar, proteger o para encubrir a nadie… Yo no respondo por mis parientes, yo respondo por mis actos”, dijo entonces Guerrero.
El escándalo pandino se tornó efímero y fue eclipsado por el caso de la Fiscal del Distrito de La Paz, Patricia Santos, acusada de haber evadido el pago por 33 meses del alquiler de un costoso departamento que ocupaba junto a su familia, abusando de su cargo desvergonzadamente. Este tema había acaparado los titulares de la prensa nacional.
Resulta que Guerrero utilizó el caso de su colega Santos para darse ínfulas de moralizador, convirtió en un show mediático la “re-estructuraciòn” de la Fiscalía de La Paz, mientras la Fiscalía de Pando encubría sin tapujos a su hermano sátiro rechazando la imputación por “falta de pruebas” y archivando el caso.
Dos meses después, los padres de una de las 12 niñas acosadas sexualmente por el hermano del Fiscal General tuvieron que realizar el oneroso esfuerzo de llegar hasta La Paz para denunciar el prevaricato de la fiscal Patricia Romero, quien pasó de ser acusadora a defensora a ultranza de Oscar Guerrero, el docente con manifiestas tendencias pedófilas. El impacto que genera el programa Todo a Pulmón de Cadena A, conducido por el periodista John Arandia, reubicó el tema en la escena mediática y entonces apareció el Fiscal General declarando, el 15 de abril, exactamente lo mismo que hace dos meses: “No vamos a influir jamás en las investigaciones, así sean de parientes, de familiares, de cualquier persona involucrada, esa es la conducta ética y moral de este Fiscal General”.
“Guerrero afirma que no protegerá a sus familiares”, titula una crónica publicada este jueves 16 de abril por Página Siete. Lo mismo que tituló El Deber el 8 de febrero.
Si es evidente que el Fiscal General exige que sus subalternos en Pando actúen dentro el riguroso marco de la ley, sin encubrimiento alguno, su discurso tendría que traducirse, en los hechos, sancionando y destituyendo sin más trámite a la fiscal Romero que prevaricó en contra las 12 niñas víctimas del acoso sexual del influyente hermano.
Un sobrino extorsionando en nombre del tío Fiscal General
El 9 de abril surgió la noticia de que un sobrino del mismo Fiscal General, Limbert Inti Guerrero, fue capturado por agentes del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) cometiendo un acto de extorsión in fraganti, con el dinero en la mano. El extorsionador, dice el informe policial, trató de intimidar a los policías manifestando textualmente: “ustedes no saben con quién se han metido”, e indicando que “su tío era el Fiscal General del Estado, doctor Guerrero”.
También en este caso el Fiscal General repitió su discurso de “no entorpecer” ninguna investigación que involucre a su parentela. Pero no se le ocurrió que debe comparecer y brindar una declaración informativa al haber sido aludido por su sobrino en un delito flagrante de extorsión. Un Fiscal probo lo convocaría a declarar.
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