El fiscal general presentó una propuesta para reformar la justicia “Hay un excesivo ritualismo y formalismo en la justicia”

El motivo que lo trajo a La Paz no fue una intervención ni el seguimiento de algún caso. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, llegó con el optimismo a cuestas para presentar su propuesta con la que pretende transformar la justicia.
La autoridad quiere generar debate entre el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, universidades y toda la población paceña para que su plan aporte a que todos tengan un acceso transparente y seguro a la justicia.
¿Desde hace cuánto se trabaja con esta propuesta para transformar la justicia?
Hace dos años y medio que venimos trabajando desde la experiencia que hemos venido generando con nuestros fiscales de materia. El sistema penal, por ejemplo, es uno de los más visibles, porque está en juego la libertad de las personas. A través de algunos encuentros entre fiscales, expertos en el sistema penal, hemos logrado construir 10 propuestas para la reforma de la justicia. No es una verdad absoluta, es un insumo para el debate.
¿En qué consiste este planteamiento?
Esta propuesta contempla cuatro dimensiones: el desarrollo y la materialización de la Constitución Política del Estado en el ámbito de la justicia, es decir, que los códigos que existen se ejecuten; también está el desmontaje de la vieja estructura colonial de la justicia que todavía pervive, hay un excesivo ritualismo y formalismo, aún hay esa estructura vieja en la justicia. Por ejemplo, si alguien no presenta un memorial, una audiencia no puede continuar, o que hagan esperar una semana para la lectura de una sentencia.
La tercera dimensión está concentrada en los mecanismos de autocontrol contra la retardación y la corrupción, porque la justicia tiene esos dos grandes males. Finalmente, la cuarta dimensión se encuentra en el fortalecimiento de las instituciones del Estado que son conexas al funcionamiento de la estructura de la justicia.
¿Cuáles son esas instituciones y cómo se fortalecerán?
Cuando sube el pan o el transporte, por ejemplo, la gente sale y pide que los fiscales vayan a controlar el precio. Eso ocurre porque otros mecanismos no están funcionando; los gobiernos municipales tienen sus intendencias, tienen su policía municipal, la oficina de defensa del consumidor. Hay otras instancias que deberían funcionar y cumplir su rol y no todo debería penalizarse. De un tiempo a esta parte cualquier tema se ha penalizado. El derecho penal es de última instancia, cuando se agotan todas, cuando ya no hay otros mecanismo de solución de conflictos, se acude al derecho penal. Hoy el derecho penal es para pago de alquileres, deudas pequeñas. Las personas no demandan por la civil porque se tarda más, prefieren ir por la vía penal.
Es cierto, sin embargo, que para tener un mejor acceso a la justicia hacen falta fiscales y jueces.
De los 359 municipios que tiene el país, sólo en 144 hay juzgados y en 155 hay fiscales, ¿y el resto? Más de la mitad de los municipios no tiene acceso a la justicia. ¿Por qué una persona que tiene un problema en una comunidad lejana tiene que ir a una población grande o hasta la ciudad para acceder a la justicia? Hace falta generar recursos para que haya más operadores de justicia.
Dentro de estas cuatro dimensiones para reformar la justicia hay puntos importantes que tocar. ¿Cuáles son éstos?
Está la materialización de la justicia, el desarrollo normativo de la Constitución con los códigos morales, penal y laboral, entre otros. Luego está una política criminal y efectiva que contemple la seguridad ciudadana, la lucha contra el delito. Como tercer punto están las medidas de autocontrol para evitar la corrupción y la retardación; está el proceso de designación de autoridades judiciales y servidores de acuerdo con la meritocracia, experiencia y vinculada a la formación en las universidades; la dignificación del régimen penitenciario y la reinserción social, porque las cárceles no están cumpliendo su rol por la excesiva población carcelaria que hay. Todo esto es parte de la propuesta para el debate, que pueda ser tomada en cuenta por autoridades y por la población en general. Debe haber una verdadera revolución de la justicia, la gente espera un cambio total.
¿En qué se avanzó en el Ministerio Público para la reforma de la justicia?
Se avanzó en la creación de la Unidad de Investigación Patrimonial que no es sólo una unidad que verifica las declaraciones juradas, sino va más allá. Verifica el patrimonio de los servidores públicos, si hay relación entre lo que ganan y lo que tienen.
¿La propuesta se la presentará a las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y otras?
Hemos presentado al Presidente y al Vicepresidente, les hicimos llegar. Asimismo, a la ministra de Justicia (Virginia Velasco). Estamos difundiendo la propuesta a la Central Obrera Boliviana (COB) y la vamos a difundir en otros espacios, en otros niveles. Puede ser que de éstas, algunas se tomen en cuenta, algunas no. La hemos hecho en una construcción colectiva.
¿De qué manera se difundirá a los habitantes de La Paz?
Estamos trabajando en una cartilla más didáctica, para que la gente la tenga y entienda, sin términos técnicos. Sacaremos una publicación y empezaremos a difundir a los ministros y asambleístas.
Respecto a la investigación de los patrimonios, hay policías, jueces y fiscales que son investigados. ¿Cuáles son los avances en este caso?

Está en curso la investigación. Luego de una revisión que se hizo de declaraciones juradas se detectó a un grupo de fiscales, policías y jueces que no habían justificado lo ganado con lo que tenían. El Ministerio Público hace un seguimiento y se toma declaraciones de estas denuncias. En algunos casos, algunos están haciendo sus descargos. Son, en su mayoría, jefes policiales y jueces.

"Se quiso mediatizar el caso del bebé Alexander”

¿En qué etapa está el caso Alexander?
Han pasado varios fiscales. Hubo dificultades y algunas cosas que se fueron explicando y otras que no. El Ministerio Público ha trabajo en una teoría del caso, se hicieron varios actos investigativos y periciales. Dada la complejidad, en muchos casos se ha querido mediatizar.
¿En qué forma?
Yo entiendo que los abogados de las partes tienen todo el derecho de poder plantear incidentes y en ese ámbito han actuado. Hay personas que en un primer momento han dado una declaración y luego, para acogerse a un procedimiento abreviado, dijeron que, de manera voluntaria, sin presiones y asistidos de sus abogados, cambiaron su versión. La Fiscalía emitió una serie de requerimientos, en algunos casos de sobreseimiento y en otros de resolución de acusación.
Precisamente, todo lo contrario a su versión denunciaron las partes. Los procesado dicen que fueron presionados por los fiscales y eso hace dudar del trabajo que realiza la comisión.
En un proceso abreviado es voluntad absoluta de la parte, nadie puede intimidarla. Además, esa persona está asistida de su abogado si es que ella no sabe de leyes ni de procedimientos. En última instancia, si esa persona va a un juicio, el juez le pregunta si voluntariamente decidió aceptar ese proceso abreviado, la persona puede decir no, puede decir que fue presionada. Es una decisión de la parte.
La autoridad judicial es la que, valorando las pruebas del Ministerio Público, las de la defensa, emite una sentencia después en el caso. Ha sido un caso muy complejo y delicado, surgió en noviembre (2014), hubo cambios de fiscales, no precisamente por presiones, sino porque ellos renunciaron a la investigación.