El decano del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, planteó ayer a los 157 conciliadores designados oficialmente que se busquen otra fuente de trabajo por seis meses hasta que entre en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Civil.
La aplicación de la norma fue postergada por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, debido al desconocimiento de la misma por parte de los operadores de justicia.
“Por el momento, el Consejo de la Magistratura ha suspendido cualquier trabajo, cancelación de sueldo o haberes de los conciliadores y serán ellos mismos los que tomen decisiones porque son seis meses que tendrían que ver otras opciones para poder trabajar”, dijo Choque.
Los profesionales que se presentaron a la convocatoria del Consejo de la Magistratura y después fueron seleccionados para asumir el cargo de conciliadores en el Órgano Judicial renunciaron a sus fuentes de trabajo, porque debían iniciar con sus nuevas labores a partir del 7 de agosto. Sin embargo, una semana antes de cumplirse el plazo la ALP determinó postergar la aplicación de la nueva normativa que incluye el trabajo de los conciliadores.
Según la nueva disposición, la aplicación del Código Procesal Civil entrará en vigencia a partir del 6 de febrero.
“Creo que muchos (conciliadores) ya están tomando otras opciones, más allá de eso el Consejo de la Magistratura ha hecho todo lo posible para ver alguna otra solución, sin embargo como la ley es la que ha postergado, nosotros como consejeros no podemos ir por encima de la norma y por el momento estamos esperando que la comisión tome alguna decisión”, agregó.
Los 157 profesionales que fueron posesionados superaron un concurso de méritos y recibieron capacitación sobre la resolución de conflictos mediante la conciliación.
Choque dijo que esta suspensión no implica un daño económico al Estado, pero reconoció que “los más perjudicados son los conciliadores”. En relación al alquiler de infraestructura para que profesionales inicien su trabajo, dijo que será utilizada para otros fines considerando que los operadores de justicia requieren de más espacio para atender a la población.
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