Las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez y Soraida Chanez, que serán procesadas por tres delitos penales por haber dejado en suspenso la Ley del Notariado, podrían recibir una sentencia de hasta de 10 años de privación de libertad, pena máxima que establece el Código Penal para estos casos.
La Cámara de Diputados suspendió y aprobó el lunes un juicio en la Cámara de Senadores contra las dos magistradas por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por emitir una resolución que suspendió la aplicación de la Ley del Notariado.
En ese marco, el vicepresidente Álvaro García Linera exigió ayer al Senado "castigar a base de la ley, a los argumentos, a base de la racionalidad de la manera que corresponda”.
El castigo máximo "para las autoridades que desempeñen funciones análogas de decisión o resolución que incurran en prevaricato” -según el artículo 173 del Código Penal- es de una pena privativa de libertad de tres a ocho años.
Mientras que la condena por emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes –indica el artículo 153– es de cinco a 10 años de privación de libertad, y por incumplimiento de deberes, la sentencia es de uno a cuatro año de cárcel.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas –quien tiene la tarea de sustentar la acusación en la Cámara de Senadores–, no quiso anticipar cuál será la pena máxima que solicitará la comisión al Senado.
"En este momento no puedo decir que pediremos uno, dos, 10 o 15 años de cárcel. Anticipar sería vicio de nulidad de nuestro trabajo”, manifestó Cejas a Página Siete.
Por su parte, el diputado Rodolfo Calle (MAS) señaló que la sanción máxima que pedirán será la "suspensión especial”, que es la pérdida de mandato, que establece la Ley 044 de Juzgamiento de las autoridades judiciales. "Será el Senado –como Tribunal de Sentencia– que aprobará una sentencia de privación de libertad o decidirá otra pena”, dijo.
El Senado debe aprobar la sentencia por al menos dos tercios de votos de los miembros presentes.
Punto de vista
Iver Pereira Constitucionalista
El MAS busca descabezar al TCP
Éste es un juicio político y sin duda que pueden ser sentenciadas y condenadas.
Pero más allá de esto, debo decir que estamos entrando en una figura sui géneris en la historia de Bolivia, puesto que hay una lógica de descabezamiento de la justicia.
Creo que independientemente de que puedan ser o no sentenciadas estas dos magistradas, está claro que el MAS pretende enjuiciarlas y descabezar al Órgano Judicial.
Si la Cámara de Senadores se atreve a condenar a las magistradas con una privación de libertad, sin duda lo que condenarán será el ejercicio de la función pública.
El MAS anticipó que aplicará el Código Penal y en ese sentido la condena máxima sería la privación de libertad. Pero en mi criterio, el MAS no está buscando meterlas a la cárcel, lo que busca es la desestructuración del Tribunal Constitucional, porque las magistradas actuaron según las leyes.
Delgado pide procesar al magistrado Rudy Flores
Página Siete / La Paz
La diputada Rebeca Delgado pidió ayer a la Asamblea Legislativa que se inicie un proceso penal por incumplimiento de deberes al magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Rudy Flores, por rechazar la inconstitucionalidad de la Ley de Juicio de Responsabilidades 044.
Delgado explicó que el 20 de febrero de este año presentó ante el TCP un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 30 de la Ley 044, pero fue rechazada por Flores, entonces presidente del Tribunal Constitucional, a pesar de existir jurisprudencia que declaraba la inconstitucionalidad.
"El texto del Capítulo I del Título IX de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización del 19 de julio de 2010 también establecía suspensión temporal de autoridades sin sentencia ejecutoriada y esto fue declarado por el TCP de inconstitucional”, dijo Delgado, quien calificó de político el juicio contra dos magistradas.
Por su parte, el procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó que las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chanez no podían dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado porque en cualquier sistema de Estado de Derecho las normas jurídicas "se las presume constitucionales”.
"No se puede, en ningún país, en ningún sistema de derecho a base de un libertinaje sin ninguna razón, fundamento o explicación, dejar sin efecto una norma jurídica en su totalidad, y más aun tratándose de una ley tan importante”, dijo Arce.
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