El proyecto de Ley para el Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal presentado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) propone eliminar tres etapas de los procesos penales. Esta norma pretende agilizar las causas paralizadas en los juzgados del país.
En el documento se toma en cuenta eliminar las audiencias conclusivas, la apelación restringida y el recurso de casación para cortar la retardación de justicia que se observa en los tribunales.
Actualmente, hay más de 180.000 expedientes apilados en los juzgados, sobre todo penales, que no han sido vistos por los jueces y, de ese total, cerca de 900 concluyen anualmente con el fallo.
El abogado Rogelio Mayta Mayta afirmó que si bien es un medida interesante para agilizar los procesos, continuarán los incidentes y las excepciones que los propios litigantes exigen a sus defensores para ganar un proceso penal.
Recordó que existen procesos menores que causan la mora.
"Los jueces y fiscales, inicialmente, deben priorizar las causas. Una vez que se identifiquen los procesos, estos deben ser encarados hasta su conclusión que es la sentencia".
Corrupción. Empero, en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, litigantes y abogados consultados por La Prensa afirmaron que la eliminación de éstas y otras etapas del proceso no ofrecerán soluciones reales a la retardación de justicia, pues la corrupción es la gran culpable.
Uno de los litigantes que se animó a decir sólo su nombre, Ramiro, afirmó que "los fiscales y jueces son quienes dilatan los procesos, porque nos piden dinero para acortar o alargar un juicio".
Sobre este hecho, Mayta Mayta explicó que la Ley 007, que modificó el Código de Procedimiento Penal, no mejoró el sistema judicial en la materia y que, por el contrario, puso más trabas al procedimiento, que también influyen sobre la mora procesal.
Según el abogado Mayta, "el sistema no funciona y está colapsado. Estas modificaciones o eliminaciones deben ser integrales y no superficiales. Debe participar un equipo multidisciplinario integrado por abogados, sociólogos, psicólogos e incluso antropólogos" para resolver estructuralmente los problemas de la justicia penal en el país.
Mayta recordó que una de las etapas, la conclusiva, no fue acordada con los jueces y que se la modificó a dedo y se le atribuyó mayor responsabilidad a los jueces antes de entablarse oficialmente los juicios orales ante los tribunales de Sentencia.
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