En el Tribunal Constitucional Plurinacional aguardan la notificación oficial de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la apertura de un juicio de responsabilidades en contra de las magistradas Soraide Chánez y de Ligia Velásquez para convocar a sus suplentes. La espera se produce en medio de un cruce de acusaciones entre las magistradas, que aseguran que el Gobierno busca los mecanismos para cambiar la Constitución Política del Estado y del Ejecutivo, que insiste en que se equivocó en la elección de jueces.
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, negó ayer que el Gobierno esté involucrado en este caso de los magistrados, pero insistió en que analizan la posibilidad de ir a un referendo revocatorio, porque los magistrados fueron elegidos por el pueblo y será el pueblo quien defina si realmente esas personas tengan que ser revocadas. “No será una situación unilateral, el Gobierno no actuará a dedazo, ni arbitrariamente, será el pueblo quien decida si estas autoridades judiciales se tienen que ir o se quedan”, apuntó Gutiérrez.
Según las suspendidas y los diputados opositores, el Ejecutivo cumplió con la primera tarea, porque todos los partidos prevén remover el Órgano Judicial; el lunes dio el otro paso al suspender a las dos magistradas del Tribunal Constitucional (TC); hasta el fin de semana se aprobará el proyecto de ley que asigna recursos para compras directas al Órgano Electoral para todo tipo de procesos; el cuarto paso está listo porque los vocales dentro el TC ya tienen la mayoría para promover el cambio de presidente y reponer a Ruddy Flores, que renunció a su cargo en febrero de este año pero se arrepintió; finalmente el último punto se cumpliría con la posesión de los dos suplentes, Macario Cortez Chávez, que ejerce la titularidad en vez de Gualberto Cusi, y Zenón Bacarreza Morales, en lugar de Soraida Chánez, que firmaron la sentencia 0003/2013, que viabilizó la relección de Evo Morales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, y la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, desmintieron, por separado, la intención del Gobierno de tomar el control del TC y aseguraron que se actuó de forma legal. Chánez insistió en que el oficialismo busca retomar el control del Tribunal, que perdió tras la renuncia de Ruddy Flores y la asunción de Choque.
“Esta crisis institucional afecta al estado de derecho constitucional y al Estado de derecho de la democracia boliviana”, reflexionó Choque
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