La aprobación en la Cámara de Diputados del primer juicio de responsabilidades, en contra de las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), tiene propósitos enteramente políticos para “descabezar” al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y someterlo al Órgano Ejecutivo para garantizar, de esta forma, la reelección indefinida de Evo Morales, dijo Efrén Choque, presidente del TCP.
Choque expresó su solidaridad con las dos magistradas suspendidas y dijo que este proceso iniciado por la Cámara de Diputados vulnera el Estado de Derecho constitucional.
“Creo que lo único que han hecho las magistradas es cumplir sus tareas jurisdiccionales. Se ha vulnerado el Estado de derecho constitucional, en este caso, del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque hacia adelante sentimos que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica”, afirmó Choque.
Posturas encontradas se suscitaron en esta coyuntura entre los magistrados del Tribunal Constitucional a consecuencia de este fallo de la Cámara de Diputados, por una parte Chánez acusó al magistrado Rudy Flores de haber coordinado esta acusación y proceso con el Gobierno con el fin de volver a la presidencia del TCP.
“Esto ha sido gestado y coordinado dentro el Tribunal Constitucional por el doctor Rudy Flores”, afirmó Chánez.
Por su lado, Rudy Flores afirmó que tales aseveraciones no responden a la realidad, más bien son consecuencia de una situación llevada por las emociones del momento, aspecto que es del todo comprensible.
“Mi persona no tiene nada en contra de la magistrada Chanéz al contrario ha sido una persona que ha trabajado con absoluto respeto”, afirmó.
En tanto el TCP espera una notificación oficial de la suspensión de ambas magistradas para proceder a la habilitación de sus suplentes. En lugar de Ligia Velásquez asumiría Juan Oswaldo Valencia y en el caso de Soraida Chánez, Zenón Bacarreza.
En tanto, el magistrado Gualberto Cusi desde su lecho de recuperación afirmó que con este proceder queda demostrado que el propósito tanto del Legislativo como del Ejecutivo es buscar la elección indefinida del presidente y candidato Evo Morales del Movimiento Al Socialismo.
“De eso no hay duda. Para qué nos harían proceso, para que nos harían juicio de responsabilidades si es que no tienen objetivos políticos. Al Gobierno no le gusta la gente que se oponga, que opine distinto. Si ahora está pasando esto con los miembros del Tribunal Constitucional mañana será con cualquier otra persona”, afirmó.
SUSPENSIÓN
La madrugada de ayer la Cámara de Diputados decidió la suspensión de las magistradas del TCP, Ligia Velásquez y Soraida Chanéz, para posibilitar un juicio de responsabilidades en su contra, por haber paralizado la aplicación de la Ley del Notariado mediante un Auto Constitucional.
Velásquez y Chánez, que fueron electas por voto popular el 16 de octubre de 2011, se constituyen en las primeras autoridades del período del Estado Plurinacional en ser sometidas a un juicio de responsabilidades.
Fueron 55 diputados que votaron en favor de la suspensión y el juicio de responsabilidades contra las magistradas, y 22 legisladores se opusieron. Entre tanto, los miembros de las comisiones de Justicia Plural, Derechos Humanos y Constitución no emitieron su criterio final por ninguna de las dos opciones porque ellos fueron quienes elaboraron la proposición acusatoria.
Hasta el próximo 7 de agosto, la Cámara de Diputados tiene que presentar la acusación y las pruebas al Senado para que en esa instancia legislativa se conforme el Tribunal de Sentencia para juzgar a las dos acusadas.
La denuncia contra las magistradas la pusieron las notarias Stenka Udaeta y Norka Soto, que el pasado 4 de junio formularon su reclamo oficial porque supuestamente incurrieron –al igual que su colega Gualberto Cusi– en los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley y la Constitución.
En octubre de 2011, bajo la nueva CPE, 5.243.375 ciudadanos bolivianos eligieron mediante voto democrático y por primera vez en la historia nacional a autoridades del Órgano Judicial.
Eran 115 postulantes que en una papeleta de cinco columnas candidateaban para asumir cargos en el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
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