La justicia, un valor devaluado por el dinero

Cualquier sociedad en su conjunto tiene sus ideales, que se constituyen en sus valores, es decir, todo aquello que dicha colectividad aprecia y valora al punto de elevar como un elemento que inspira alcanzarlo y que a razón de aplicar será mejor la vida diaria de esa sociedad, así se tiene el ideal de libertad, el ideal de justicia; todos ellos esenciales y por ellos apreciados y elevados al grado de valor.

Ahora bien, cuando una sociedad no puede alcanzar en cierta medida estos valores, es muy difícil que dicha colectividad pueda expresar que tiene calidad de vida, y menos si no tiene un mecanismo para resolver sus controversias de sus intereses, es decir, no tiene justicia y, al contrario, este mecanismo solo sirve para ahondar el problema del ciudadano y, peor aún, para extorsionarlo. De tener una justicia así y que flagela a la sociedad, esa institucionalidad estará en los niveles de fracaso y ruptura con su mismo ordenamiento constitucional.

En Bolivia, lamentablemente esa descripción anterior de justicia se la tiene actualmente; esa crisis se veía venir desde antes del actual Gobierno, pero que ahora encontró su punto más bajo a partir de que se evidenció que dentro del mismo Ministerio de Gobierno operaba una supuesta banda de extorsionadores, en coordinación con jueces y fiscales. Es este hecho inmoral que fue el punto de inicio de una tragedia que se visibilizo más y más; de ahí para adelante se dio piedra libre para que la corrupción ande por los pasillos de juzgados a cuerpo suelto y opere a mano libre, sin importar si el litigante tenía recursos económicos o no, ya no se respetó absolutamente ningún valor de administrar justicia y menos condición social alguna, ricos y pobres sometidos a la corrupción.

Ahora bien, ¿cómo se resuelve este problema de Estado y sociedad? Eso no es sencillo, ni se resolverá con una reunión que se llame “cumbre judicial” o pase por instalar cámaras dentro de la oficina del juez y del fiscal; esto pasa por muchos componentes: primero, las condiciones de trabajo de jueces, fiscales y policías es más que deplorable, no existe infraestructura que ayude a la administración de justicia, no se tiene la logística y el equipamiento necesario para que la Fiscalía realmente sea una Fiscalía eficiente; es más, la cantidad de expedientes que se tiene por fiscales rebasa tranquilamente a cada uno con más de 700 casos, eso es humanamente imposible que un solo fiscal investigue tantos casos y, peor aún, el investigador, que es un policía, no tiene en muchos casos los medios materiales y logísticos para llevar adelante una investigación; muchos de éstos no tienen la especialidad en investigación de crímenes.

Segundo, tenemos la triste realidad de que el presupuesto designado para justicia no responde a las necesidades, es decir, tenemos una pobreza franciscana hasta el punto que al litigante se le pide para las fotocopias u hojas de papel para sacar resoluciones o actuados del juez; esta realidad es humillante, pero es la que se vive, y peor aún, no se tiene un sistema de capacitación constante de los operadores de justicia, no existe una escuela de jueces o fiscales o de investigadores que se encargue de forma objetiva y científica en la formación de estos técnicos, lo que significa que actualmente no tenemos operadores de justicia o de carrera que estén siendo formados para los desafíos de reestructurar el sistema.

Tercero, el bajo presupuesto hace que los operadores de justicia tengan modestos salarios y no acordes a la delicada tarea que tienen, lo que permite una puerta abierta a la corrupción, porque no será difícil a un ciudadano investigado por narcotráfico o por un desfalco millonario que pueda ofrecer dinero a cambio de su absolución; pero la solución no solo pasa por un aspecto netamente de recursos o dar dinero para tener una justicia digna; sino porque también se reforme la educación en la formación escolar y se forme a niños y jóvenes en principios y valores morales; además, que se reforme de manera estructural la formación de abogados.

Lamentablemente, en nuestro país cualquier mortal y digno ciudadano, sin mucho esfuerzo intelectual sale abogado; el título de licenciatura en leyes o de abogado está más que devaluado y esto pasa porque las autoridades políticas y académicas permitieron que no se exija al máximo la formación estricta y disciplinada en el estudio de tan delicada carrera. Es decir, que acá hay algo oscuro que no se quiere decir: se permitió que cualquier universidad sin las exigencias del caso esté titulando abogados y muchos de éstos salgan mal formados y se aniden en la mediocridad y facilismo de la corrupción; porque ahora ya no valen los argumentos técnicos jurídicos o los precedentes jurisprudenciales; el mejor abogado no será el eximio y bien formado, sino aquel que tiene el contacto y llegada para obtener un fallo favorable a cambio de alguna dádiva, por lo general económica.

A esas dimensiones tan groseras de corrupción y mediocridad se ha llegado en la administración de justicia y ejercicio de la abogacía que, por cierto, dicha carrera es tan noble y heroica, pero también puede ser un oficio tan cruel y vil, pero eso depende de quién por convicción y valores persiga el valor justicia o perseguirá solo el dinero, sin importarle su juramento, y menos cumplir la ley.

Ahora bien, no solo depende el cambio de buenos ciudadanos, o buenos abogados, esta reforma se iniciará a través de la voluntad política de los líderes políticos, y que éstos se comprometan ante los ciudadanos y ante su conciencia de que las reformas que se lleven a cabo sean de acuerdo con los intereses de la Constitución y en busca del valor justicia, que juren que se respetará la independencia judicial y además que se comprometan a designar en los altos cargos judiciales a gente que tenga la meritocracia académica y profesional para ejercer dichos cargos.

Hoy, el partido oficialista tiene dos tercios de parlamentarios, suficiente fuerza política para reformar la justicia; pero parece que no es de mucho interés esta labor y se está optando solo por parches y maquillajes. Esto deja en claro que todo apunta a que el miedo de reformar la justicia podría tener consecuencias políticas que toquen a sus altos dirigentes y líderes políticos, lo que significa la caída a futuro de su poder político, porque el ciudadano de a pie no olvidará y se las cobrará en las urnas.

La justicia es un valor necesario y es la búsqueda diaria de todos los ciudadanos que peregrinan los pasillos de juzgados y Fiscalía y que son sometidos a una triste realidad: que el valor justicia tiene su valor en dinero.