La cárcel se ha convertido en un centro de operaciones ilícitas para algunos abogados que contactan a sus eventuales “víctimas” entre los reos y les venden sueños de libertad.
Rhina Gonzales, encargada de las cabinas telefónicas en el penal de San Sebastián Mujeres, es una de las muchas afectadas.
Hace 5 años y 10 meses está recluida y tiene una sentencia de 30 años sin derecho a indulto por el delito de asesinato.
Pese a que insiste en su inocencia, ya no le preocupa su futuro, sino el de sus hijos. Es por esto que contactó a un abogado que según denunció, le dijo que venda la casa que tenía a su nombre para no perderla y que él le ayudaría a conseguir otra.
El profesional interpuso sus buenos oficios e incluso llevó un Notario de Fe Pública hasta el penal para consolidar el acuerdo de transferencia del bien inmueble y “poner los documentos en orden”. La compradora, en primera instancia, resultó ser la madre de este abogado.
MÁS ENGAÑOS La explicación que recibió Gonzales fue que con el dinero de la venta de su casa se había comprado otra, como acordaron y estaba en trámite el cambio de nombre a favor de sus hijos. Una parte del dinero (10 mil dólares) se había descontado el abogado por sus honorarios, ya que fue quien asumió su defensa en el proceso penal por asesinato.
“Desde un principio su intención fue quedarse con la casa y sacar a mis hijos. Me ha convencido de que era por el bien de ellos, pero no fue así, hasta firmé papeles en blanco”, relató.
La querella fue presentada el año pasado ante el Ministerio Público, sin embargo fue rechazada ya que no encontraron indicios de responsabilidad en contra del abogado.
“Ya no sé qué hacer. No me creen pese a que hay pruebas. Soy una reclusa más y no tengo derechos, eso me recordó el abogado cuando le reclamé”, acotó.
Gonzales perdió la casa y teme por sus hijos que ya fueron alertados de que deben desocupar el inmueble y no tienen donde ir.
CONTRADICCIONES La versión del abogado tuvo más credibilidad que la de la reclusa para las autoridades judiciales.
El profesional aseguró que quien tuvo la idea para vender el inmueble fue Gonzales. Asimismo dijo que el dinero (150 mil dólares) lo entregó en su totalidad al tío y la madre de la reclusa y solo se quedó con los 10 mil dólares de sus honorarios. Reconoció la participación de su madre, pero a manera de favor hacia Gonzales, a quien en principio creyó inocente. Aseguró que después la encargada de la venta real del inmueble fue la mamá de la reclusa, la misma que tenía todos los documentos en su poder.
Asimismo explicó que la denuncia en su contra solo buscaba extorsionarlo y sacarle algo de dinero.
“Se equivocó, pero no tiene nada que perder, está en la cárcel. Tengo todo documentado”, dijo, a tiempo de pedir la reserva de su nombre porque el Ministerio Público demostró que es inocente de los delitos de los que se le acusaba.
Sobre otras denuncias en su contra, el abogado aseguró que no tiene ninguna. Sin embargo, en el sistema judicial boliviano, desde el 2001, tiene querellas en su contra por falsedad material, amenazas, extorsión, estafa, lesiones gravísimas y patrocinio infiel.
OTROS CASOS Este es solo uno de muchos casos de privados de libertad que perdieron sus bienes.
Otra de las reclusas contó que su abogada jugó con sus ilusiones de ser nuevamente libre. Estaba acusado por el delito de narcotráfico. La profesional acudió al penal de mujeres y le pidió una suma de dinero para iniciar el trámite de su liberación, pero “se perdió” por varios meses.
A pocos días de que se lleve a cabo su audiencia para recuperar la libertad, volvió la abogada y le pidió más dinero, lo que fue rechazado. En represalia, no asistió a la audiencia para cesar la detención y la reclusa volvió a la cárcel.
Este modus operandi de algunos abogados fue hecho público por los reclusos del penal de máxima seguridad de El Abra hace algunos años. Luego de una investigación se logró atrapar al profesional y enviarlo a la cárcel. Sin embargo, la situación no ha cambiado y otros abogados siguen estafando y vendiendo sueños a las reclusas que poco o nada saben de leyes y conocen la justicia.
Apuntes.
La Constitución
El artículo 115 de la Constitución dice que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
Discriminación
Expertos ven una evidente discriminación en la administración de justicia que afecta de manera más negativa a las personas que no cuentan con dinero para encarar un proceso judicial.
Función social
La Ley de Abogacía establece que el ejercicio de la abogacía es una función social al servicio de la sociedad, del derecho y la justicia.
Deberes
Los abogados deben guardar los bienes o documentos de la persona patrocinada, así como devolverlos cuando lo solicite. No deben disponer los bienes dados en guarda, ni adquirirlos para sí mismos o parientes ni contando con autorización expresa.
Régimen alista denuncias
La dirección de Régimen Penitenciario de Cochabamba alista denuncias en contra de abogados que engañaron a los privados de libertad y les cobraron montos altos por su defensa. Los documentos serán enviados al Colegio de Abogados para que inicien una investigación y posterior sanción a los responsables.
Así lo informó el director de Régimen, Erwin Sandóval, a tiempo de lamentar que la situación de los reos es desesperante porque no pueden hacer nada desde su encierro.
Si bien esta Dirección no tiene atribuciones en estos casos, ya que cada privado de libertad tiene el derecho de elegir a su abogado, busca de alguna manera ayudarles.
“Los abogados les ofrecen el sol, la luna y las estrellas hasta que les sacan dinero y luego desaparecen. Vamos a hacer nuestra representación ante el Colegio de Abogados”, indicó.
Dijo también que ya se descubrió a una de estas profesionales en el penal de San Sebastián mujeres que engañó a tres reclusas y que se mimetiza entre visitas pese a que la ley faculta su ingreso para brindar sus servicios.
Privados de libertad quieren demostrar su inocencia pero se quedan sin recursos
Desde el Servicio Nacional de Defensa Pública (Senadep), en Cochabamba, 20 abogados trabajan para demostrar la inocencia de las personas que se encuentran recluidas en los diferentes penales.
Son más de dos mil presos, de los cuales cerca de la mitad requieren servicios gratuitos porque no tienen recursos o porque los perdieron pagando a abogados particulares para demostrar su inocencia, pero que no lograron la libertad. La mayoría de los reclusos son acusados por narcotráfico y hechos de violación.
Según la directora del Senadep, Mónica Maldonado Torrico, en los procesos penales existen una serie de dificultades que pasan principalmente por la falta de dinero, pero también hay retraso por la sobrecarga procesal. Cada profesional de Defensa Pública defiende a 100 presos.
A estos casos, se suman los que ingresan cada día y que son entre 8 y 10 por cada defensor público para asistir a un usuario en la medida cautelar o la declaración informativa.
Maldonado explicó que muchos de los imputados no tienen dinero ni para las fotocopias y demostrar su inocencia se hace cada vez más difícil, cuando requieren además, por ejemplo, un peritaje.
“Están desorientados, no saben cómo están sus procesos y ya no pueden erogar más gastos”, manifestó.
En algunos casos recurren a la Pastoral Penitenciaria en busca de ayuda económica para los reclusos y poder agilizar sus procesos hasta llegar a una sentencia, que es lo que la mayoría quiere, saber su futuro.
“Muchos casos están dormidos y queremos que se extingan o ver qué hacemos para que se concluyan, ya sea yendo a juicio oral o buscar una salida alternativa”, acotó.
Los abogados del Senadep visitan los penales dos veces por semana, los martes y viernes.
Sancionan a profesionales por falta de ética con la suspensión
El Colegio de Abogados de Cochabamba cuenta con una instancia que se encarga de conciliar, investigar y sancionar a los profesionales que tienen conductas que están fuera de lo legal, cometen arbitrariedades o son corruptos, lo que va contra la ética de cada uno y deriva en la suspensión de su licencia de trabajo, entre otras sanciones.
Las infracciones pueden ser leves, graves y gravísimas y se analizan en las Comisiones de Conciliación. En caso de no existir un resultado positivo, se remite antecedentes al Tribunal de Honor para su procesamiento disciplinario.
Según la presidenta del Tribunal de Honor, María Luisa Amurrio L. de Córdova, de estas actuaciones se obtuvieron resultados positivos, llegando a concluir el litigio en forma amigable en beneficio de ambas partes. En caso de no existir el deseo de conciliar, el Tribunal dicta la correspondiente resolución, conforme a los datos del proceso.
“Puede haber una llamada de atención o suspensión temporal con multa pecuniaria, de acuerdo a la gravedad de los casos”, manifestó.
Dijo también que durante su gestión se conciliaron la mayoría de los casos en beneficio de las partes en conflicto. La disminución de las denuncias, en la actualidad, se debe al curso de ética que imparte el Colegio de Abogados, como requisito indispensable para ser colegiado.
LAS DENUNCIAS Amurrio explicó que la mayoría de los casos están relacionados con malas actuaciones de los profesionales y los cobros indebidos.
“Los problemas de los clientes con el servicio de los abogados son porque no terminan su causa”, indicó. Por otro lado, informó que en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados se tienen 38 procesos en curso desde 2014, en contra de estos profesionales en derecho.
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