El presidente del la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios (Asppa) del sector urbano, Alberto Gómez Clementelli, en su calidad de víctima denunció a Cambio que el juez Primo Flores, responsable del Juzgado 14vo de La Pampa de la Isla dejó en libertad a una persona sin tomar en cuenta las pruebas que se registraron durante su detención.
Lugerminia Muñoz Robles es una de las integrantes de la directiva del Barrio Italia, mismo que está asentado ilegalmente en la propiedad Talla Grande que está conformada por 34,5 hectáreas en la Pampa de la Isla de la familia Gómez Clementelli.
“Esta señora junto a otros avasalladores es la que se apersona a todas las autoridades e instituciones haciendo denuncias falsas, en contra de la mi familia y mía. Nos acusa sin pruebas de ningún tipo por gestar una situación de secuestros, maltrato e inclusive por un supuesto asesinato”, comentó Gómez.
Según la víctima, todas las falsas acusaciones tienen el propósito de desprestigiar a su familia y lograr que el Tribunal Supremo de Justicia de Sucre frene la orden de desapoderamiento que emitió para liberar a Talla Grande de sus invasores.
“Inclusive esta señora llegó al Tribunal Supremo de Sucre logrando implicar al magistrado Gualberto Cusi y la magistrada Lidia Velasquez”, acotó el Gómez.
Además, en el secuestro de las pertenencias que se realizó a Muñoz durante el momento de su detención se encontró una libreta con montos de dinero, fechas de viajes a La Paz a Sucre, con dinero que se les sacan a las personas que están asentadas en el terreno.
“Estas pruebas que fueron registradas en el cuaderno de evidencias. Con ellas, la fiscal Carla Barrón imputó a esta señora por delitos de extorsión e instrumentos falsificados”, sustentó el entrevistado.
Sin embargo, pese a todas esas pruebas el juez del juzgado 14vo de la Pampa de la Isla Primo Flores determinó la pasada semana la libertad irrestricta de Muñoz argumentando que ella tiene toda la libertad de apersonarse a todas las instancias haciendo las denuncias que mejor le parezca.
“Sin tomar en cuenta que las denuncias que se realizaron no se las hacen con pruebas y que se incurre en el delito de falsedad el juez determinó que está en todo su derecho de accionar esos recursos para permanecer en posesión ilegal de mi predio”, lamentó Gómez.
Aunque los avasalladores de Talla Grande decían ser más de mil familias resulta que son 200 familias que están en los terrenos que buscan a toda costa que la familia Gómez Clementelli venda su propiedad a la fuerza.
“Son engordadores de terrenos que buscan lucrar con el delito, prueba de ello es que de las pocas personas que viven en el predio, la mayoría responden ser cuidadores ajenos o inquilinos y otra parte son víctimas de esta mafia organizada”, agregó la víctima.
Este grupo de personas también trata de apoderarse de 22 unidades vecinales de la Pampa de la Isla, sobreponiendo documentación falsa que en su momento el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) certificó la falsedad.
Entretanto, la cabecilla del delito en Talla Grande seguirá en las calles denunciando falsamente como estrategia para apoderarse de los predios de manera ilegal.
Es la segunda vez que esta autoridad judicial pone en libertad a una persona acusada de avasallamiento.
La primera vez, liberó a una persona que fue encontrada en flagrancia en un inmueble al que ingresó violentamente amedrentando a sus propietarios.
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