Sunday, January 31, 2016

Aval de organizaciones le hizo daño a la justicia

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, afirmó que algunos magistrados efectivamente tuvieron apoyo de las organizaciones sociales en la preselección para las elecciones judiciales, proceso que le hizo daño al sistema judicial. "Yo creo que hubo bastantes organizaciones sociales que estuvieron de alguna manera apoyando a algunos magistrados. Claro que le hizo daño a la justicia, desde luego que sí", declaró Hurtado a los periodistas.

Aunque dijo que en el pasado fueron los partidos políticos que se "cuoteaban" los espacios en las instituciones del Órgano Judicial. Antes, el extinto Congreso Nacional elegía a las máximas autoridades judiciales. La Constitución Política del Estado introdujo la elección por voto popular de una preselección de la Asamblea Legislativa.

Fue en esta fase de la preselección que el MAS definió un modelo de convocatoria en la que la meritocracia no era un elemento fundamental de acuerdo a las diferentes voces del partido gobernante.

Hurtado reconoció que este proceso tuvo deficiencias porque si bien se eligió a autoridades con trayectoria también hubo gente que nunca pasó por un juzgado. / ANF

A nivel nacional en 2015 Mil jueces atendieron medio millón de causas

Un informe del Tribunal Departamental de Justicia, mediante la Revista Jurisprudencial que fue emitida en diciembre de 2015, reveló que mil jueces distribuidos en el país, atienden casi medio millón de causas ingresadas anualmente. Datos que indican que la actividad jurisdiccional representa más del 90 por ciento de total de causas procesales a nivel nacional.

Este documento indica que la jurisdicción ordinaria es la que atiende las competencias en materia civil, comercial, familiar, de la niñez y adolescencia, penal, laboral y seguridad social, coactiva civil y social, a través de la estructura orgánica compuesta por los jueces, los cuales se encuentran en los Tribunales Departamentales de Justicia, como también el Tribunal Supremo de Justicia.

LA JURISDICCIÓN CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIAR

De acuerdo con la Revista Jurisprudencial, la jurisdicción civil, comercial y familiar, históricamente, representa el más alto porcentaje de las causas atendidas por el Órgano Judicial. Por ello, los magistrados están persuadidos de que la vigencia plena del nuevo Código Procesal Civil, a partir del 6 de febrero, permitirá disminuir de manera significativa las cifras que se tienen en esta materia, pues prevalecerá la oralidad y estará vigente, además, el instituto de la conciliación, que permitirá resolver los conflictos por la vía pacífica, este aspecto tiene el objetivo alivianar la carga procesal, porque todo proceso en materia Civil tiene como primera vía de solución la conciliación.

JURISDICCIÓN PENAL

El informe, sin embargo, resalta que la Jurisdicción Penal también representa un alto porcentaje de las causas que ingresan a conocimiento del Órgano Judicial, menor que civil pero significativo al fin. Gran parte de estos casos que estaban en manos de los juzgados cautelares fueron atendidos, a través del Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal, que fue ejecutado en diferentes etapas y en todos los departamentos del país.

Los datos del Plan de Descongestionamiento están expuestos, por departamento, en la publicación que se les hizo entrega y muestran el trabajo efectivo que se cumplió en los penales del país, en coordinación plena con el Ministerio Público y Régimen Penitenciario y otras instituciones que se involucraron con decisión en este inédito trabajo que se cumplió en los penales del país, expone la revista.

JURISDICCIÓN LABORAL

Según el documento, la Jurisdicción Laboral es para todos una asignatura también muy sensible debido a los intereses que están en discusión; es de conocimiento público que el Gobierno está trabajando en la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Laboral, este instrumento tiene una singular importancia en el propósito de otorgarle mayor celeridad a la atención de causas y que una significativa parte de los trabajadores sean cobijados por esta nueva norma.

Detienen a fiscal de El Alto en penal de Patacamaya

El exfiscal de El Alto, René Quispe, quien fue imputado por el delito de cohecho pasivo por exigir dinero a una ciudadana a través de su ayudante, fue detenido preventivamente en el penal de Patacamaya. El ayudante de esta autoridad fue quien pidió a una ciudadana el monto de Bs 3.500 para no ser aprehendida.

El juez primero de Anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, dictó la detención del exfiscal, por los riesgos procesales existentes.

El fiscal del caso, Ángelo Saravia, señaló que hubo contradicción sobre el domicilio del exfiscal y que no se pudo demostrar que no existan riesgos procesales como la posible fuga. La parte acusada apeló la decisión del juez.

La pasada semana, el exfiscal fue destituido porque una de sus víctimas presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del exfiscal y su supuesto ayudante Juan Yapu por haberle cobrado 3.500 bolivianos para no ser aprehendida.

De acuerdo a la información del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, el supuesto ayudante era una persona particular.

DATOS

El fiscal recientemente destituido de este cargo por presunta corrupción, René Quispe Huanca, fue director de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía de El Alto, durante la gestión de Édgar Patana, quien cumple detención preventiva por cargos similares.

“René Quispe Huanca, en marzo de la gestión 2011 fue designado por el entonces alcalde Patana como Director de la Unidad de Transparencia”, afirmó a Erbol Sonia Vallejos, actual directora jurídica del municipio.

Luego, en 2012, Quispe renunció. Vallejos presume que dejó este cargo para asumir como fiscal.

Este último miércoles, la Fiscalía General del Estado destituyó a Quispe por supuestamente haber pedido dinero a una persona para evitar su aprehensión. El Ministerio Público instauró además una denuncia penal contra el exfiscal.

Según documentos a los que tuvo acceso ERBOL, René Quispe, en 2007 también fue asesor jurídico de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, en la gestión de Nazario Ramírez.

La Alcaldía de El Alto, bajo la administración de Soledad Chpaetón, cuestionó el contrato que había suscrito Patana con la empresa de recojo de basura TREBOL, porque generaría pérdidas al municipio.

La Directora Jurídica de la comuna reveló que René Quispe fue el fiscal que investigó el caso que inició la Alcaldía contra la empresa TREBOL, por suspender el recojo de basura a finales del año pasado.

Indicó que ahí encuentra la explicación de la paralización de este caso, puesto que Quispe no realizaba actos investigativos a pesar de la insistencia del Gobierno Municipal.

Saturday, January 30, 2016

Fiscal destituido era Director de Transparencia de Patana

El fiscal recientemente destituido de este cargo por presunta corrupción, René Quispe Huanca, fue Director de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía de El Alto, durante la gestión de Édgar Patana, quien cumple detención preventiva por cargos similares.
“René Quispe Huanca, en marzo de la gestión 2011 fue designado por el entonces alcalde Patana como Director de la Unidad de Transparencia”, afirmó Sonia Vallejos, actual directora jurídica del municipio

Luego, en 2012, Quispe renunció. Vallejos presume que dejó este cargo para asumir como fiscal.
Este último miércoles, la Fiscalía General del Estado destituyó a Quispe por supuestamente haber pedido dinero a una persona para evitar su aprehensión. El Ministerio Público instauró además una denuncia penal contra el exfiscal

Según documentos a los que tuvo acceso ERBOL, René Quispe, en 2007 también fue asesor jurídico de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, en la gestión de Nazario Ramírez

El caso TREBOL
La Alcaldía de El Alto, bajo la administración de Soledad Chpaetón, cuestionó el contrato que había suscrito Patana con la empresa de recojo de basura TREBOL, porque generaría pérdidas al municipio

La Directora Jurídica de la comuna reveló que René Quispe fue el fiscal que investigó el caso que inició la Alcaldía contra la empresa TREBOL, por suspender el recojo de basura a finales del año pasado

Indicó que ahí encuentra la explicación de la paralización de este caso, puesto que Quispe no realizaba actos investigativos a pesar de la insistencia del Gobierno Municipal.

Cinco años de cárcel para un juez de Tarija

El Ministerio Público informó ayer que en audiencia de Juicio Oral y Público, el Tribunal de Sentencia Tercero de la capital dictó condena de cinco años de cárcel para el juez Juan Carlos Acuña Canedo, por la comisión del delito de Prevaricato, previsto y sancionado en el Art. 173 del Código Penal.

"Se trata del Juez de Instrucción Cuarto en lo Civil de la Capital, quien cumplirá su condena en la cárcel de Morros Blancos", informó la directora nacional anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Willma Blazz Ibáñez.

Entretanto, la fiscal Maggi Susana Corrillo manifestó que de acuerdo con la investigación, dentro de un proceso voluntario de declaratoria de herederos, este Juez de Instrucción emitió auto definitivo de fecha 12 de mayo de 2011, totalmente contrario a las leyes, Código Civil y Código de Familia Código de Procedimiento Civil.

Fiscal Departamental de La Paz renunció a su cargo

Marcelo Rollano renunció a su cargo de Fiscal Departamental, luego de ser encontrado en un local clandestino llamado "Café con Piernas", ubicado en la Plaza Isabel la Católica de la zona de Sopocachi, la madrugada de ayer en un operativo llevado adelante por la Intendencia Municipal.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo que la renuncia de Rollano fue aceptada, porque "un fiscal debe ser siempre un ejemplo de la sociedad", también anunció que de manera interina asumió la Fiscalía Departamental, Rosario Venegas, fiscal en suplencia.

El comandante de la Guardia Municipal, mayor Miguel Zambrana, informó ayer lo siguiente: "En la mañana del viernes realizamos un operativo en la zona de Sopocachi, en el local clandestino 'La Diosa' una persona se identificó como fiscal y nos dijo que realizaba una investigación, pero parecía estar en estado de ebriedad, algo que no afirmó", indicó el policía a Radio Fides.

"Después se identificó como el fiscal Marcelo Rollano, después habló con algunos medios de comunicación que nos acompañaban en el operativo y reiteró que estaba en el lugar porque recibió denuncias que no dejaban salir a grupo de personas y llegó allí a investigar", agregó.

Según el funcionario municipal en el local estaban cerca de 47 personas, entre personal y parroquianos consumiendo bebidas alcohólicas.

"Antes de la intervención, el propietario del local nos amenazó con juicios a los funcionarios de la Intendencia, a la Guardia Municipal y a los policías que eran parte del operativo y también menciono varias veces la presencia de un fiscal al interior de prostíbulo", sostuvo el policía.

En la tarde de ayer, Rollano mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, pero no transcendió lo conversado.

JUSTIFICACIÓN

Rollano contó que el encargado del bar y personas de seguridad, que funciona también como lenocinio, pretendían burlar los controles policiales y que por esa razón encerraron a todos los clientes, incluido él, en el tercer piso del ambiente.

Las personas retenidas fueron liberadas por la Policía, previa presentación de su carnet de identidad.

El fiscal explicó que recibió la llamada de un familiar suyo que estaba en el lugar, quien le dijo que los funcionarios del bar querían cobrarles demás y que no los dejaban salir. Ante esa situación, aseguró, acudió al lugar y que entonces fue retenido junto al resto de clientes. Los controles policiales se efectúan debido a que después de las cuatro de la mañana no puede haber locales abiertos.

El funcionario agregó que fueron "amenazados" y que los encargados de seguridad no los dejaban salir. "Ellos decían 'esperemos a que termine todo esto' y eso nos llamó muchísimo la atención hasta que un momento los enfrentamos y pudimos abrir las puertas".

Tanta fue la desesperación que uno de los clientes que saltó por la ventana para salir y fue posteriormente auxiliado por la Policía.

Las autoridades policiales y municipales verificaron que el lugar no cuenta con permisos de funcionamiento y que además las bebidas que vende son adulteradas y de contrabando.

Video podría provocar cambios en el Consejo de la Magistratura

La Sala Plena del Consejo de la Magistratura fue convocada para el lunes con la finalidad de considerar el cambio de su presidente, Freddy Sanabria, quien apareció en un video difundido en las últimas horas bailando en instalaciones públicas junto a otros funcionarios. El magistrado Wilber Choque informó de la decisión y anticipó que también se prohibirá la ch’alla.



“El lunes está convocado una sala plena y se va a considerar el cambio de presidencia. Es momento que se corrijan determinadas acciones y reencaminemos la institución para bien del propio Consejo de la Magistratura, de la Justicia. Creo que hay nuevos elementos”, señaló.

En las últimas horas circuló por las redes sociales un video en el que se ve a Sanabria en una fiesta, cuando baila en sus oficinas junto a funcionarios acompañado por una banda. El material es de una celebración de 2012 durante el Carnaval. Los funcionarios aparecen uniformados con poleras de color rojo y bailan al ritmo de un caporal.

Por su parte, Sanabria quien ayer participó del acto de rendición de cuentas del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sólo dijo que todavía no vio el video pero reconoció que participó de ese festejo.

“Yo todavía no he visto el video pero quiero decir que en Carnaval hace años hemos hecho siempre la q`oa, el tema de la Pachama y lo hacemos en toda institución, pero yo como consejero no permito que estas cosas en ninguna otro tiempo”, señaló.

Choque anunció que entre los interesados en asumir la presidencia están sus colegas Cristina Mamani y Wilma Mamani, además de él.

Dijo que es el momento de pensar en resolver el problema de la justicia y que la cumbre convocada por el Gobierno es el espacio oportuno para hacerlo

Guerrero cambia a fiscal de La Paz tras escándalo

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, destituyó al fiscal de La Paz, Marcelo Rollano, después de conocer que la exautoridad la madrugada de ayer estaba dentro un lenosinio clandestino de esa ciudad cuando la Policía realizaba un operativo.

En su lugar asume el cargo Aly Rosario Venegas en suplencia legal. “Le pedí la renuncia al cargo y él (Rollano) ha presentado su renuncia respectiva e inmediatamente ha sido aceptada”, dijo.

Guerrero señaló que a su llegada de una reunión en México se constituyó en la Fiscalía Departamental de La Paz, pero Marcelo Rollano nunca llegó a su fuente de trabajo, razón por la cual se lo sancionó con tres días de descuento y una severa llamada de atención, además de pedirle su renuncia al cargo.

“Hemos tomado una decisión porque la noticia es de conocimiento general y es lamentable ese ingrato hecho, conversé con él y asume su responsabilidad”, agregó.

Según Anf, Rollano, dice que fue encerrado en el pub Café con Piernas junto a otros clientes del bar el viernes por la madrugada porque los encargados del lugar querían evitar un control policial. La exautoridad contó que el encargado del bar y personas de seguridad, que funciona también como lenocinio, pretendían burlar los controles policiales y que por esa razón encerraron a todos los clientes, incluido él, en el tercer piso del ambiente.

“Como autoridades, como servidores del Ministerio Público nosotros tenemos que ir más allá del tema legal, hay normas y reglas donde un servidor público no puede estar expuesto a este tipo de situaciones, más aún en días laborales y cuando se tiene que cumplir un trabajo, un rol de velar por la seguridad ciudadana y la defensa de la legalidad”, señaló Guerrero.

Agregó que la labor de un fiscal “es de cumplir las normas y no de incumplirlas, hay ciertos temas que pasan por la ética, por el decoro de las personas y cumplir las reglas”.

“En el Ministerio Público somos muy rígidos y estrictos en cuanto al cumplimento de nuestra labor y predicar con el ejemplo las cosas que desarrollamos (…).Este ingrato tema lamentable para la imagen del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, debe ser superado”, concluyó Guerrero.

Friday, January 29, 2016

Carlos Alarcón: “TC viola el derecho de acceso a la información”

El abogado y constitucionalista Carlos Alarcón declaró ayer a EL DIARIO que el Tribunal Constitucional violó el derecho de acceso a la información que tiene la población, al eliminar el artículo 24 del Reglamento de Campaña y Propaganda, y con ello da paso a una mayor propaganda electoral a favor del SÍ.

En su criterio, ese fallo es la prueba más clara y contundente de la total falta de independencia del Tribunal Constitucional con relación al Órgano Ejecutivo, porque lo que debería haberse enfatizado es que el Presidente y Vicepresidente son autoridades del SÍ y del NO; pues son autoridades de todos el país y, por tanto, es inconstitucional que hagan campaña a favor de solo un segmento de la población.

“Con el pretexto de proteger el derecho a la información sobre otras garantías constitucionales validan la violación a la Constitución y permiten que ese derecho a la información se convierta en propaganda política ilícita, porque utilizan recursos de todos los bolivianos”, aseveró.

El TCP solo entregó a ANF tres de las 18 páginas del fallo, pese al insistente pedido de obtenerlo de manera completa. Se obtuvo el fallo íntegro de otra fuente oficial.

El exministro de Justicia mencionó que existe conflicto de intereses, debido a que el Presidente y Vicepresidente representan a la sociedad en su conjunto y, por tanto, no pueden asumir una posición militante a favor de una de las dos opciones del referéndum.

“No se trata de elecciones de candidatos, ese no es el caso del 21 de febrero, y como autoridades máximas representan al conjunto de los bolivianos, independientemente de la decisión que tengan, por tanto, la actividad parcializada del SÍ es una clara violación a la Constitución”, enfatizó.

La sentencia del 26 de enero del TCP señala que el artículo objetado por el Presidente y Vicepresidente corresponde a un reglamento y no a una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, por lo que el TSE ha “invadido” competencias que le corresponden al Órgano Legislativo, que sería la única instancia capaz de aprobar leyes para regular el acceso a la información.

Sin embargo, Alarcón observó que el artículo 24 del Reglamento de Campaña y Propaganda –ahora eliminado– no invadía competencias del Órgano Ejecutivo, porque no prohibía la entrega de obras sino sólo el tiempo de transmisiones de las mismas a 15 minutos cada una ni las del Legislativo, porque el Órgano Electoral tiene potestad para administrar los referéndums y otros procesos electorales.

“Lo que se estaba garantizando con el artículo 24 era el derecho a la información, para que esa transmisión no se convierta en propaganda electoral que supere los 15 minutos”, aseveró.

TSJ: Los jueces resolvieron más de 5 mil casos en todo el país en 2015

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó ayer su rendición pública de cuentas final de 2015 en la que dio a conocer que en el periodo pasado esa instancia emitió 5.955 Autos Supremos, cifra que supera en más del 60 por ciento a la 2.206 causas resueltas en 2011, último año de funcionamiento de la entonces Corte Suprema de Justicia.

“En 2015 se han hecho los mejores esfuerzos para llevar adelante el desahogo del sistema penal y la efectivización de la Ley 586 de 2014, la implementación y aplicación de la nueva normativa en materia civil Niña, Niño, Adolescente, Familia y Contencioso-Administrativo”, indicó el presidente del TSJ, Pastor Mamani Villca.

De acuerdo con el informe, el TSJ en 2015 ejecutó el 96 por ciento del presupuesto asignado, es decir, que de los 37.305.220 millones de bolivianos ejecutó 35.684.900.

En la exposición se destacó que para esta gestión se ha determinado implementar una unidad de transparencia para luchar contra la corrupción y en el caso de la retardación de justicia y excesiva carga procesal plantearon la creación y reorganización de juzgados, el desarrollo de indicadores cuantitativos de gestión, la notificación electrónica, un nuevo proyecto de gestión procesal, entre otros.



Cumbre judicial

Respecto a la crisis que enfrenta la administración de justicia, los tribunos coincidieron en señalar que esta situación no empezó en 2012, sino que es el resultado de un proceso constante de desgate institucional originado desde el propio nacimiento de Bolivia y la creación de sus instituciones.

Sostuvieron que la cumbre judicial debe constituirse en un espacio democrático de debate cuyo resultado contenga tanto la visión del pueblo sobre la justicia que desea, como el aporte de los diversos actores que integran el quehacer judicial.

De acuerdo con las visiones de los tribunos, la solución a la crisis de justicia en Bolivia, el TSJ presentará una propuesta que contemple soluciones técnicas y jurídicas.



Códigos Morales

El miércoles se realizó la Reunión Nacional de Coordinación entre los presidentes de los Tribunales Departamentales, Dirección Administrativa y Financiera que, junto al TSJ, evaluaron las actividades que realizan los equipos técnicos para el seguimiento y control en la ejecución del Plan de Implementación de los códigos Procesal Civil y de Familia.

“Estamos ingresando con los mismos jueces, se ha pedido a la comisión de implementación de la nueva norma, que está a cargo de los presidentes de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como mínimo aumentar 34 jueces a nivel nacional en materia civil y 27 en materia familiar. En este momento se está en tratativas con el Ministerio de Justicia para que se pueda dar el presupuesto correspondiente y así poder implementar este número que sí es necesario”, manifestó.

Wednesday, January 27, 2016

Cumbre de Justicia debe debatir elección meritocrática

Elección de autoridades judiciales, mediante meritocracia e incremento de recursos económicos al Órgano Judicial, son dos de los temas que los abogados colegiados sugieren que se analicen en la Cumbre de Justicia, pautada para el 16 y 17 de abril, en la ciudad de Sucre.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, dijo: “Tanto el Colegio Nacional de Abogados como el Colegio Departamental hicimos llegar todas nuestras sugerencias a la ministra de Justicia (Virginia Velasco) que seguramente en la cumbre se hará conocer”.

Explicó que el problema de la justicia en el país se trata de un conjunto de temas que hay que dilucidar, como el económico.

En materia de recursos, manifestó que la sugerencia establece que del 0,33% de recursos que recibe el Órgano Judicial se suba a 5,5% para atender todas las necesidades que tiene esa instancia, como infraestructura, formación de personal y la incorporación de las nuevas técnicas electrónicas.

Asimismo, dijo que se propuso incorporar la elección de las altas autoridades, mediante la meritocracia, es decir, elegir a los mejores hombres y mujeres profesionales abogados del país para asumir cargos.

Tuesday, January 26, 2016

Pobladores retienen a funcionarios judiciales

Al menos, tres funcionarios de activos fijos del Tribunal Departamental de Justicia fueron retenidos por pobladores de San Pedro de Buena Vista, provincia Charcas del Departamento de Potosí, porque pretendieron trasladar el juzgado de esa región a otro municipio.
De acuerdo con el reporte del comunicador Ariel Lupe, de Radio Municipal, las puertas del juzgado fueron encadenadas para impedir el desmantelamiento de la oficina.
En ese ambiente funcionaban el juzgado agroambiental, de instrucción y partido. Los funcionarios retenidos comunicaron a los pobladores que ellos solo son comisionados para llevar los muebles y no así para dar solución al traslado del juzgado a otro recinto judicial.
“Nosotros somos comisionados para armar muebles para el Juzgado Conciliador que funcionará aquí, para que desde el 6 de febrero empiece a funcionar el Juzgado de conciliación” manifestó Claudio Calisaya, operador de activos fijos del Órgano Judicial de Potosí.
Sin embargo, los dirigentes del Comité Cívico de San Pedro de Buena Vista y vecinos advierten que los funcionarios del Órgano Judicial serán retenidos en ese municipio hasta que las autoridades jerárquicas solucionen el conflicto.
“Creo que la única población olvidada por nuestras autoridades de Potosí es esta, todo el tiempo nos engañan, nos quieren cercenar nuestro Juzgado de Partido con los tres ítems, este juzgado atiende a tres provincias del norte (Alonso de Ibáñez, General Bilbao Rioja y Charcas). Entonces la determinación de esta población y las tres provincias del norte es que cualquier comisión que llegue a San Pedro no va regresar a Potosí”, manifestó el dirigente Serafín Taborga.
Ariel Lupe dijo a el Potosí, en contacto telefónico, que el vienes 22 de enero se realizó una reunión vecinal convocada por el Comité Cívico de San Pedro y se determinó el “no traslado del Juzgado de Partido”, y declararon permanente vigilia.

Cumbre de Justicia Organismos internacionales brindarán asistencia técnica

La anunciada Cumbre de Justicia, a realizarse entre el 16 y 17 de abril próximo, contará con la asistencia técnica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) informó ayer su coordinador en Bolivia, Mauricio Ramírez. De su parte, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó que la Unión Europea (UE) ofreció su colaboración.

“Estaremos muy comprometidos acompañando este proceso y como les mencionaba muy atentos, con mucha voluntad de cooperar a Bolivia para fortalecer el sistema de justicia”, declaró a los medios de comunicación el representante de la ONU, después del saludo del Cuerpo Diplomático acreditado en Bolivia al presidente Evo Morales, en Palacio de Gobierno.

Para Ramírez es importante identificar la causa principal de la crisis de la justicia en Bolivia, porque a su juicio involucra a varias instituciones.

“No tenemos identificada una causa principal con respecto a la situación de la crisis del sector justicia, es un problema, digamos que realmente involucra a varias de las instituciones, es un problema multidimensional e interinstitucional y esto precisamente es lo que nos parece importante poder apoyar y asistir al país”, manifestó.

Destacó, como miembro de la mesa de justicia de la ONU, el interés que tiene el Gobierno nacional en mejorar el sistema judicial boliviano, que dijo se enmarca en la nueva agenda global de desarrollo.

“A partir de este año se inicia en la ONU una nueva agenda global de desarrollo, que son los nuevos objetivos del desarrollo sostenible; en esto tenemos uno en particular, que tiene que ver precisamente con la importancia de que los países fortalezcan su sistema de justicia, para garantizar que un Estado responde a las necesidades de la población”, señaló.

Enumeró que la agenda global de Naciones Unidas se concentrará en mejorar la justicia social, la justicia económica y los derechos humanos.

UNIÓN EUROPEA

La ministra de Justicia ratificó el apoyo que brindaría la ONU, a la que se agregaría la Unión Europea. Indicó que la cartera que dirige tiene prevista una reunión con ambos organismos para escuchar sus propuestas.

“Nos vamos a reunir con la representación de la ONU, también con la que tiene en La Paz la Unión Europea, para tratar el tema de justicia”, aseguró.

Según la autoridad en los próximos días se dará a conocer la realización de estas reuniones.

EJES TEMÁTICOS

Por su parte, el viceministro de Justicia Indígena, René Martínez, anunció ayer que más de seis ejes temáticos serán abordados en la Cumbre de Justicia, en la ciudad de Sucre.

“Varios ejes temáticos discutiremos, no sólo el de corrupción; entre ellos el acceso a la justicia, gratuidad, estructura y organización. En suma, todo el sistema judicial que derivan de varios componentes, desde la formación académica hasta la incorporación de metodologías modernas en infraestructura”, dijo.

COLEGIO DE ABOGADOS

Al respecto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dr. César Cabera, ratificó la propuesta que tiene esta entidad colegiada y que fue presenta a la ministra de Justicia. Espera que, como son actores principales del problema, su propuesta sostiene que la crisis en la Justicia es sistémica, en materia de legislación y de comportamiento profesional.

“Debiéramos ser actores centrales, jueces, fiscales, abogados, facultades de derecho, sin menospreciar lo que son los sectores sociales, tomándoles en consideración en la medida de que corresponda, porque no vaya a ser que los movimientos sociales vayan a convertirse en los actores centrales de un problema en el que, los profesionales y académicos, que sabemos de los males de la justicia, estemos siendo relegados a un segundo plano”, afirmó.

Afirmó que esperan que se considere su propuesta, de no ser así, no avalarán las determinaciones o decisiones que se vayan a tomar en la Cumbre de Justicia, “pues nos retiraremos del ambiente donde se realice la Cumbre”.

Monday, January 25, 2016

La Paz: 90 jueces atienden 97.000 causas penales



Según datos estadísticos, una tercera parte de los casi 300.000 juicios en el departamento de La Paz es de materia penal, atendida por unos 90 jueces. O sea, cada magistrado debe atender 1.200 casos, según el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) paceño.

La cifra da una muestra de la mora procesal que existe en los estrados judiciales de La Paz, hecho que cada año va en crecimiento, por la falta de personal, recursos e infraestructura, afirmó a La Razón el presidente del TDJ, Juan Carlos Berríos.

Agregó que los poco más de 200 jueces que operan en La Paz, El Alto y las 20 provincias del departamento han recibido un total de 299.800 causas, casi 300.000 juicios durante los 12 meses del 2015. Esto significa un incremento de más de 15.000 trámites judiciales en relación al año pasado y 87.000 más que en 2013.

Proceso. “Lo que siempre reclamamos, sobre todo en materia penal, es la falta de personal. Por ejemplo, 97.000 causas deben ser atendidas por solo 90 jueces en las diferentes materias en esa área, y si sumamos, casi 1.200 juicios tiene que conocer cada juez. Eso significa atender a más de dos millones de habitantes en el departamento”, explicó Berríos.

Añadió que en El Alto solo hay siete jueces cautelares para más de un millón personas, cifra que demostraría que es humanamente imposible atender todas las causas. “A mi criterio, lo que se debería hacer por parte de la División de Políticas de Gestión del Consejo de la Magistratura (CM) es trabajar para crear más juzgados en esta materia penal, con el fin de ayudar a terminar con todos los procesos repagados que crecen cada año”, indicó Berríos.

Los delitos más frecuentes y procesados son por lesiones graves y leves; calumnias, difamación e injurias; contra la fe pública (falsedad material e ideológica) y corrupción pública.

Berríos dijo que, en el caso hipotético de que los 90 jueces trabajen las 24 horas de la jornada y resolvieran un caso cada día laboral del año, necesitarían seis años para sanear la carga procesal existente. Por eso, aseguró que las 97.000 causas penales se duplicarán en el futuro, debido a que todos los días se reciben decenas de demandas nuevas.

Detalló que en enero de 2015 se inició la gestión con 137.700 causas pendientes de resolución, es decir, remanentes de 2014 y, en 2016 se empezó con 158.800 juicios pendientes de resolución. Esta tendencia tiene una explicación, según la autoridad del TDJ: el departamento de La Paz no tiene los recursos humanos ni materiales para resolver un mayor porcentaje de procesos judiciales.

“El año pasado, a pesar de las condiciones adversas y la falta de recursos de toda índole, las salas, los juzgados y tribunales de La Paz lograron resolver 140.954 procesos, o sea, un 47% del total. Pero mientras resolvíamos las causas pendientes, de manera paralela, han ingresado otras 165.500 demandas nuevas durante todo el año 2015. Estas cifras muestran que cada uno de los jueces de La Paz tuvo y tiene, en promedio, 1.500 procesos judiciales que atender”, arguyó Berríos. Según la autoridad, toda esta deficiencia provoca la mora procesal e influye en las estadísticas en el ámbito nacional.

Ante el crecimiento de los juicios, hechos de corrupción, dilación de los litigios y la mora procesal, que no es reciente, el presidente Evo Morales convocó a una Cumbre Judicial para el 16 y 17 de abril de este año, en Sucre, para plantear soluciones.

Para el TDJ la sociedad es ‘pleitista’

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Juan Carlos Berríos, sostuvo que una de las causas principales para el crecimiento de procesos judiciales en el departamento es que tenemos una sociedad “pleitista”, que quiere resolver sus problemas en los estrados.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, señaló que el tema de la sociedad pleitista es un problema que afecta a la justicia y para evitar todo eso se debe aplicar el mecanismo de conciliación con el nuevo Código Procesal Civil. “A la gente le encanta y paga para ir al pleito. Otro elemento es quetodo se penalizó”.

La declaración de Berríos está enmarcada en los datos que se registraron en 2015, cuando el TDJ paceño atendió casi 300.000 juicios, que significa un incremento de más de 15.000 trámites judiciales en relación al año pasado y 87.000 más que en 2013.

“El problema es que si resolvemos algunos casos, paralelamente ingresan otras nuevas causas en cantidades impresionantes. Además que todo se penaliza, todo se judicializa y se debe resolver en los tribunales de justicia, por lo que sé que hay una sociedad pleitista que quiere resolver sus conflictos con procesos”, explicó Berríos.

El Presidente del TDJ agregó que los primeros datos de los casi 300.000 juicios muestran un claro incremento sostenido de las causas, lo que representa que en el departamento de La Paz y en todo el país existe un alto índice de conflictividad, por lo que los problemas sociales, antes de convertirse en expedientes judiciales, no son encarados, ni menos resueltos por otras instancias del Estado, ya que las controversias individuales, familiares e institucionales no comienzan en los tribunales de justicia del país.

Caso El Abra: quién es quién en el juicio y de qué se les acusa

Seis acusados, más de 100 testigos, decenas de pruebas y centenas de hojas de expedientes son protagonistas, desde hace dos semanas, del juicio oral en el Tribunal de Justicia de Sacaba por el caso El Abra contra exautoridades involucradas en una presunta red de corrupción en el penal de alta seguridad de Cochabamba.

El Ministerio Público llevó a Yuri Duk, el exgobernador de El Abra; Dennis Mejía, exdirector de Régimen; Yolanda Ramírez, jueza; Richard Gutiérrez, exjefe de Seguridad; Gregorio Condo, Suboficial y a Wendy Tejerina, extrabajadora social, a juicio oral por la comisión de los delitos uso indebido de influencias y asociación delictuosa.

En la primera fase del juicio, los primeros testigos de la acusación, todos ellos internos, ratificaron las denuncias de que en la cárcel hubo un grupo de reos, dirigidos por Édgar Ariel Tancara, quien sembró terror con el objetivo de extorsionar con la complicidad de expersoneros de Régimen Penitenciario, policías y al menos una jueza.

Esa banda extorsionadora cayó después de una fiesta celebrada en el recinto, el 14 de septiembre de 2014, cuando se perpetró una matanza en El Abra en la que murieron Tancara y otros tres reos, presuntamente en un acto de venganza.

Los exfuncionarios, detenidos días después de la tragedia, están sentados en el banquillo y han sido foco de atención en los últimos días. A continuación, un detalle de quiénes son y de qué se les acusa.

Todos se enfrentan a una pena de hasta 10 años de cárcel por los delitos de concusión, uso indebido de influencia, incumplimiento de deberes, beneficios a razón del cargo y asociación delictuosa.

Yuri Duk, el exgobernador de El Abra Una de las piezas claves de la trama, Yuri Duk, dirigía la cárcel en el momento de la matanza. Está acusado de ser cómplice del ingreso de alcohol, drogas, armas y celulares a bordo de vehículos manejados por gente de su confianza.

La Fiscalía cree también que el acusado sabía de las torturas y vejámenes que cometían los delegados, las socapaba y hasta las ordenaba. Los internos también contaron que extorsionaba y a los policías a su cargo les obligaba a relajar la seguridad para que Tancara y su grupo hicieran lo que quisieran.

Duk negó, durante el juicio, que conocía a Tancara y los abusos. Los delitos por los que es enjuiciado son uso indebido de influencias y asociación delictuosa.

Dennis MejÍa, exdirector de RÉgimen El exjefe de Régimen Penitenciario fue detenido después de una inspección realizada por el exministro de Gobierno Jorge Pérez a El Abra, horas después de la matanza del 14 de septiembre de 2014. Allí, un reo contó a Pérez de una presunta extorsión de 30 mil dólares que cobró Tancara en presencia de Mejía.

El exdirector, que también fue acusado de ser cómplice de los abusos, fue detenido inmediatamente después de que el exministro escuchó esa declaración. Los delitos que se le imputan son: incumplimiento de deberes, concusión y asociación delictuosa.

Yolanda RamÍrez, jueza La exjueza de ejecución penal participó en la fiesta del 14 de septiembre de 2014 como invitada y fue desde allí que se empezó a tirar el ovillo sobre su presunta actividad cómplice con el Tancara y su grupo.

Internos del penal de El Abra y varias de sus esposas declararon que la jueza frecuentaba el recinto para visitar a Tancara y a un interno colombiano. La acusaron de conocer las denuncias de tortura contra los internos y no actuar.

Ramírez negó las sindicaciones y acotó que jamás, en su juzgado, le informaron de los vejámenes. Es acusada de incumplimiento de deberes, beneficios en razón del cargo y asociación delictuosa.

Richard GutiÉrrez, exjefe de Seguridad Richard Emerson Gutiérrez, quien estaba a cargo de la seguridad en El Abra también es acusado de saber de las torturas y abusos. Los reos le apuntaron de ser cómplice del Tancara debido a que los presos le contaban del infierno que vivían, pero él miraba los castigos sin hacer nada. También dijeron que participaba en las parrilladas y fiestas organizadas por el peligroso reo.

En el juicio, cuando le preguntaron si conoció a Tancara, respondió:

“Lo veía en las noticias,” y que “en el patrullaje que hacía no lo veía”. Los delitos que la Fiscalía considera que cometió son: incumplimiento de deberes, beneficios en razón del cargo y asociación delictuosa.

Suboficial Gregorio Condo El policía es acusado de participar en la red de corrupción como subalterno de Duk. Condo, instruido por el exgobernador de la cárcel, dejaba pasar los vehículos al penal con mercadería ilegal para el grupo de Tancara. La Fiscalía le imputó por incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.

Wendy Tejerina, extrabajadora social Sobre la exfuncionaria de Régimen Penitenciario pesan los delitos de incumplimiento de deberes, beneficios en razón del cargo y asociación delictuosa.

Según la Fiscalía, al ser estrecha colaboradora de Dennis Mejía sabía de las denuncias de extorsión y golpizas en el penal.

Aprovechando su cargo, Tejerina presuntamente realizaba también cobros irregulares a los reclusos y solicitaba la elaboración de muebles gratis.

Avance del juicio oral

El juicio oral comenzó hace dos semanas en el Tribunal de Justicia de Sacaba con las declaraciones de los imputados. Tres de ellos se abstuvieron.

Los primeros 18 testigos de casi 100 de la Fiscalía ya prestaron declaraciones.

Todos ellos ratificaron los abusos en el penal y la participación de los exfuncionarios juzgados.

Después será el turno de los testigos de la defensa y la exposición de pruebas.

Juristas piden crear comisión de notables

para abril la realización de una cumbre para resolver la crisis de la justicia en el país, los juristas César Cabrera, presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, y José Luis Baptista, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, coincidieron ayer en sugerir la creación de una comisión de notables que se haga cargo de la reforma o que al menos plantee los ejes de acción, en lugar de que esté a cargo del Ejecutivo y del poder judicial a quienes consideran parte del problema.

Mayor asignación de recursos económicos y cómo garantizar la independencia son ejes temáticos sugeridos. A los que el analista Carlos Alarcón y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé añaden, en artículos en Los Tiempos, la necesidad de constitucionalizar y jerarquizar los órganos judiciales y reformar a la Policía.

El pasado viernes 22, el presidente Evo Morales, durante su informe de 10 años de gestión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), anunció que la cumbre de justicia tendrá como sede a Sucre, entre el 16 y 17 de abril.

Baptista plantea para ese evento la configuración de una “comisión que se encargue de una revolución completa del sistema judicial” porque no considera conveniente que precisamente los que están a cargo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Consejo de la Judicatura sean quienes se ocupen del tema “porque están comprometidos con la actual situación de crisis”.

También insiste en que en la comisión no debe tener participación el Ejecutivo ni el Legislativo.

Para Cabrera es una buena idea el conformar una “comisión de notables” que dirija o al menos plantee los ejes para superar la crisis.

Respecto a quiénes deben participar en esa comisión, Baptista opina que deberían estar los representantes de los Colegios de Abogados, docentes de derecho procesal de las universidades y profesionales de otras áreas, como economistas y sociólogos; pero “de ninguna manera” los que están en el poder judicial.

Cabrera coincide con él hasta cierto punto, pues difiere en excluir a jueces y fiscales porque “son los actores reales del problema y conocen lo que está pasando” en el sistema judicial.

Además, sobre la participación, Cabrera lanza una alerta: “Se ha visto que los movimientos sociales son los que van a dirigir y no son los indicados”, afirma, y añade que deben participar “pero en segundo plano”, ya que considera que darles poder de decisión sería “un error”.

Ejes temáticos

Morales manifestó que es preciso poner fin a la mala imagen de la justicia en el país, partiendo de un cambio integral desde la educación y formación, hasta la recuperación de valores.

Adelantó que los ejes del evento serán los servicios de justicia, el procedimiento judicial, recursos humanos, recursos financieros, infraestructura y designación de autoridades, entre otros.

En cuanto a qué se necesita para cambiar estructuralmente la Justicia, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y exmandatario de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, plantea 10 ideas junto a 10 propuestas de aplicación, en un texto publicado en este medio hace algunas semanas, y entre ellas está hacer diagnósticos e invertir el concepto de reformas, haciéndolas de abajo hacia arriba.

Así, propone que “el Estado debe encomendar un diagnóstico independiente y comprensivo del sistema. (...) El análisis y el debate sobre sus resultados y propuestas debe ‘descentrarse’ de la visión del centro político e invertirse para priorizar los requerimientos ciudadanos y luego proyectarse a la conformación de los tribunales jerárquicos”.

El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) presentó, en mayo de 2015, una lista de cinco aspectos básicos y los ejes planteados por Morales coinciden, aunque bajo denominativos diferentes, según Cabrera.

“Hacemos énfasis en el aspecto económico, que es lo que va a permitir mejorar la infraestructura, hacer designación de jueces, abrir más juzgados y evitará incluso que se propague la corrupción porque los sueldos que perciben los jueces son una invitación a corromperse”, afirma.

Pone como ejemplo que el 0,32 por ciento del presupuesto anual del Tesoro General del Estado (TGE) se destina al Órgano Judicial. “¿Cómo se puede esperar una buena justicia?”, cuestiona.

Respecto a la modalidad de elección de magistrados por voto popular, realizada en 2011, Cabrera afirma que el Ejecutivo ya se percató del error; “pero más allá de la forma de elección, las mejoras pasan por un verdadero respeto a la independencia, que no haya intromisión, mandatos o sometimiento”.

Baptista añade que “el punto central es que de ninguna manera continúe la elección de magistrados a cargo del poder político” para que haya “imparcialidad, objetividad e independencia” y que se remedie el error de varios gobiernos al haber restado importancia al aspecto económico en la administración de justicia.

Para Alarcón, la reforma debe ser integral y también debe alcanzar a los jueces arbitrales, al Ministerio Público, Defensa Pública, Instituto de Investigaciones y Prácticas Forenses y Arbitraje y al Sistema Penitenciario. La reforma en la Policía debe centrarse en las técnicas de investigación de delitos.





Convocatoria

El presidente Evo Morales anunció el pasado viernes que convocará a una cumbre nacional de Justicia para los próximos 16 y 17 de abril.



Carrera judicial

El exmagistrado José Luis Baptista afirma que se debe retomar la idea de hacer carrera judicial, un concepto que permitiría que la administración de justicia esté a cargo de personas experimentadas y evite que la aplique “cualquiera que tenga título de abogado”.

“Se debe modificar el sistema para que no cualquiera pueda llegar a esos cargos. Las universidades tienen que crear postgrados de Derecho procesal y jurisdiccional (...)”, afirma. Considera que una de las razones de la crisis judicial es que “se ha estado improvisando”.

Sunday, January 24, 2016

Exdefensor del Pueblo 'La Justicia mejorará cuando no haya injerencia política'

El exdefensor del Pueblo y actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, afirmó que la mejor forma de que mejore el Poder Judicial, es evitar la intromisión del Ejecutivo.

"Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, siguen mostrando dependencia del poder político, con índice elevado de burocracia, retardación de justicia y corrupción", afirmó.

El académico indicó a la red Unitel, que "la justicia mejorará cuando no haya injerencia política".

Declaraciones a raíz del anuncio del presidente Evo Morales, de que se realice una Cumbre de Justicia el 16 y 17 de abril en Sucre.

Abogados plantearon la cumbre hace 4 años. Por su parte, el presidente opositor del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, dijo que hace cuatro años que el ente nacional de los juristas planteó una Cumbre de Justicia en el territorio Nacional. Dijo que este planteamiento de hacer una cumbre, es como un mecanismo para poder analizar y debatir la problemática de la justicia y sugerir soluciones.

Arrázola mencionó que en el último periodo se ha profundizado la crisis judicial, ya que al ser una problemática estructural, de la misma manera se tiene que buscar soluciones. Para ello, ve conveniente la participación de todos los actores, incluyendo el Poder Ejecutivo./MCM

Sistema judicial de Oruro provoca más injusticias

El sistema judicial de Oruro provoca más injusticias a los ciudadanos y “no se da a cada quien lo que es suyo” y ocasiona marchas y manifestaciones en contra de los magistrados y jueces, porque “las sentencias y resoluciones se aplican después de tres, cuatro y hasta diez años”.

“Las autoridades no cumplen su trabajo de garantizar la paz social en Oruro. Queremos un cambio total de la justicia, porque no se aplica la justicia. Los procesos tardan años y años y los que ganan siempre son los que tienen más dinero”, afirmó el presidente de la Asociación de Víctimas de la Injusticia, Richard Mitma.

El dirigente, en forma permanente, recoge las denuncias de parte de los ciudadanos que se encuentran en procesos judiciales, en la misma puerta del Tribunal Superior de Justicia. El libro de denuncias está abierto, dijo.

Afirmó que hay víctimas de avasallamiento de terrenos, en diferentes zonas de la ciudad, existen amenazas de los mismos avasalladores, violaciones, estafas, asesinatos y feminicidios que no reciben sanciones oportunas de parte de las autoridades judiciales ni del Ministerio Público.

Sólo en el caso de Oruro, existen cuatro mil avasallamientos de terrenos y, a nivel nacional, alcanzan a diez mil casos de esa naturaleza.

En el caso de violaciones, se está investigando uno que fue cometido por un funcionario del mismo sistema judicial y que, en cualquier momento se dará a conocer el nombre de esa persona.

Un ciudadano, que se adjudicó en remate una casa, el 2013, hasta la fecha, las autoridades judiciales “no me entregan esa casa, a pesar que me han hecho pagar el costo del remate y otras obligaciones, e incluso me han obligado a inscribir el derecho propietario en el Juzgado de Derechos Reales, pero la casa sigue ocupada”.

Los conflictos del sistema judicial se agudizaron desde el 9 de marzo de 2006, con el avasallamiento de terrenos y los jueces no tienen la suficiente preparación para resolver cada uno de los casos, expresó Mitma.

Saturday, January 23, 2016

Evo traza seis ejes para cumbre judicial en Sucre

Es el tema que recibió críticas de ambos bandos. La crisis judicial se convirtió en el blanco de las riñas. Evo Morales, al respecto, lanzó la fecha de la cumbre judicial, que será el 16 y 17 de abril en Sucre, y propuso seis ejes para el evento.

Otra temática negativa es la corrupción y la instancia con más logros es la Cancillería. La oposición alabó solo dos aspectos de los diez años de gobierno del MAS: la estabilidad económica y la inclusión social.

Fue un discurso cansador y con muchos datos. Morales tardó cinco horas y 47 minutos para explicar en su mayoría los logros de su Gobierno, pero también abordó falencias. Una de ellas es la crisis judicial. El mandatario lanzó la fecha de la cumbre y propuso ejes del evento.

El acceso a la justicia, la retardación de los procesos, la corrupción de los funcionarios judiciales, la formación de abogados y servidores, la elección de altas autoridades y una nueva política criminal, son los ejes que planteó el jefe de Estado para la cumbre, que se desarrollará el 16 y 17 de abril, en Sucre.

“No sé si es error de la nueva Constitución o la forma de elección. Lamentablemente no todos y todas están respondiendo a un gran pensamiento o sentimiento de los bolivianos sobre nuestra justicia”, destacó Morales en su discurso.

Pidió a los sectores colegiados y de oposición presentar propuestas temáticas para desarrollar la cumbre. Una de las debilidades es el sistema de elección de los magistrados, que, según lo establece la Constitución, es por voto popular.

En caso de cambiar esta metodología, se tendría que modificar la Carta Magna para reformar esta postura.
“Es tan importante (aprobar) normas que permitan un cambio integral desde la educación y formación. Recuperar los valores y dar una buena imagen a la abogacía boliviana, ese es el deseo que tenemos”, acotó el jefe de Estado.

Visión opositora
La oposición está de acuerdo con la crítica que lanzó Morales. La diputada Norma Piérola, del PDC, coincidió con el dignatario en realizar la cumbre judicial para “salvar” la imagen de esta institución estatal. “Como partido de oposición analizaremos propuestas para esta cumbre, ojalá que el MAS acepte nuestras sugerencias”, remarcó.

Mientras, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, aseguró a EL DEBER que ya se entregó al Ministerio de Justicia una propuesta para la cumbre judicial. El documento, dijo, establece cuatro ejes: económico, institucional, profesional y legislativo.

“El presupuesto que se asigna al Órgano Judicial alcanza al 0,37% del Presupuesto General de la Nación, lo que es insuficiente, y plateamos que se incremente hasta un 4%, para que esto tenga efectos multiplicadores para crear más juzgados, equipamiento e infraestructura”, detalló Cabrera.

Al respecto, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, propuso la creación de una institución que fiscalice el trabajo del Órgano Judicial. “Quiénes la conformarán y cómo estará organizada son cosas que se debatirán en la cumbre. Si debe haber subdirectores departamentales, por ejemplo”, adelantó la autoridad tras escuchar el discurso de Morales.

Sobre el tema, el magistrado Jorge von Borries se desmarcó de ser responsable de la crisis judicial y culpó al Gobierno por no apoyar la reforma de la institución estatal.

Corrupción, otro problema
Otro punto flaco es la corrupción en el Estado. El mandatario mencionó el caso del Fondo Indígena y señaló que “era una estructura no tan deseable” sobre la forma en la que algunos dirigentes administraron los recursos públicos. Morales garantizó que existe “plena transparencia” y que los responsables deben ser castigados por la justicia.

Este aspecto fue duramente criticado por el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quien detalló que la corrupción creció con el Gobierno del MAS.

“Lo que más me sorprendió del discurso del presidente es cómo se intentó lavar las manos sobre el caso del Fondo Indígena. Eso es lamentable, ya que la corrupción aumentó a comparación de otros gobiernos. El presidente (Morales) nos demostró que el país necesita renovación”, dijo.

Piérola destacó la estabilidad económica y la inclusión social como logros del MAS, por el contrario, apuntó a la corrupción como el trazo negativo en esta década masista.

El presidente del Senado, José Gonzales, también puso a la corrupción como un punto crítico en el trabajo gubernamental. “No podemos ocultarlo, pero se castigará al corrupto, sea o no de nuestro partido”, aseguró.

La Cancillería es la entidad con más logros. El más destacado es el tema marítimo, que está en la Corte Internacional de Justicia. Otro logro es la revalorización de la coca

“La mala imagen del Gobierno” Cumbre de Justicia se realizará en Sucre, del 16 al 17 de abril

El presidente Evo Morales anunció ayer que la "Cumbre de Justicia” se realizará el 16 y 17 de abril próxima, en la ciudad de Sucre, con la finalidad de cambiar la mala imagen de la administración judicial de Bolivia, una de las grandes debilidades que tiene el Gobierno.

“Hemos decidido que la Cumbre de Justicia se va a realizar el 16 y 17 de abril en la ciudad de Sucre”, dijo en su mensaje presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre sus 10 años de gestión gubernamental.

Explicó que los ejes centrales de ese evento se enmarcarán en los servicios de justicia, procedimiento judicial, recursos humanos, recursos financieros, infraestructura, designación de autoridades y contrataciones, entre otros.

“(Debemos) aprovechar esta oportunidad, tenemos esta gran responsabilidad para que tengamos la capacidad de (proponer) cómo poner fin a la mala imagen de la justicia boliviana”, remarcó.

El Jefe de Estado pidió la elaboración de nuevas leyes que permitan un cambio integral de la justicia, desde la educación en las universidades para la formación de abogados comprometidos.

CRISIS DE LA JUSTICIA

En una evaluación al anunció que realizó Morales, el Presidente del colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, señaló que se envió una propuesta de reformulación de la justicia, en la que se han enmarcado puntos específicos para dar solucionar a la crisis de la justicia en la que está inmerso el país.

Según el titular, aún no conocen una respuesta del Presidente a la propuesta de reformulación. Sin embargo, en la Cumbre de Justicia no sólo formarán parte los operadores que la administran, como ser jueces, fiscales, secretarios y oficiales de diligencias, si no también están los asesores legales, además de los litigantes, que serán elementos que deben ser incluidos en el documento.

“La cumbre se sigue postergando, porque se preveía que la cumbre iba a efectuarse en marzo. Sin embargo, los abogados a nivel departamental y nacional tienen toda la intención de aportar con conocimientos sólidos, para que la justicia , por el bien del país", agregó El dirigente.

CORRUPCIÓN

En cuanto a la corrupción, Jiménez lamentó que parte de los abogados incurran en esta falta. Sin embargo, señaló que también deben analizarse la situación de los operadores de justicia y de los ciudadanos, porque estos erran y forman parte de la crisis judicial.

"Queremos que la propuesta de los abogados sea tomada en cuenta, porque se requiere ser implacable cuando se detecte corrupción de todos los miembros de la justicia, además de ser importante las medidas de prevención serias, que se tiene que llevar a cabo en los colegios y universidades, porque muchas veces, en situaciones de poca importancia, las personas se inician en la corrupción", manifestó.

ACREDITACIONES

De acuerdo con la explicación de Jiménez, la preocupación de los abogados está en el doble registro de los juristas, uno en el Ministerio de Justicia y otro en el Colegio de Abogados, aspecto que requiere de una norma específica, para que estos datos sean cruzados entre las dos instituciones por el bien del litigante, al cual se le pedirá que concurra a la Cumbre de Justicia.

DATOS JUSTICIA

- El secretario de Obras Públicas dela Gobernación de Chuquisaca, Carmelo Valda, informó el viernes que el equipamiento y mobiliario del Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC) de Sucre estará implementado antes de la realización de la Cumbre de la Justicia prevista para el 16 y 17 de abril.

- “El CICC tiene un avance físico del 98 por ciento y un avance financiero del 97 por ciento, estamos en la última fase de la implementación del equipamiento y mobiliario, prácticamente está listo para ser utilizado”.

Friday, January 22, 2016

Anuncian que Cumbre de Justicia será el 16 y 17 de abril en Sucre

El presidente, Evo Morales, anunció hoy que la Cumbre de Justicia se realizará el 16 y 17 de abril próximo en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, para cambiar la mala imagen de la administración judicial del país, una de las debilidades de su gobierno.

"Hemos decidido hermanas y hermanos que la Cumbre de Justicia se va a realizar el 16 y 17 de abril en la ciudad de Sucre", confirmó en el informe-mensaje presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre sus 10 años de gestión gubernamental.

Explicó que los ejes centrales de ese evento se enmarcarán en los servicios de justicia, procedimiento judicial, recursos humanos, recursos financieros, infraestructura, designación de autoridades y contrataciones, entre otros.

"(Debemos) aprovechar esta oportunidad, tenemos esta gran responsabilidad para que tengamos la capacidad para (proponer) cómo poner fin a la mala imagen de la justicia boliviana", remarcó.

El Jefe de Estado urgió la elaboración de nuevas leyes que permitan un cambio integral de la justicia, desde la educación en las universidades para la formación de abogados comprometidos con el cambio.

Gobierno dice que en los últimos diez años al menos 4.555 privados de libertad fueron indultados



El presidente Evo Morales informó este viernes, en la ciudad de La Paz, que al menos 4.555 privados de libertad en país se beneficiaron con el Decreto Supremo 2131 de Concesión de indulto por razones humanitarias, en los últimos 10 años.

"Las políticas de indulto o programas de libertad periodo de gestiones pasadas 169 personas indultadas, (...) en nuestra gestión 2006-2015, son 4.555 personas indultadas", explicó Morales en el informe de gestión de 10 años que presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El Mandatario cuestionó que durante los gobiernos neoliberales se haya concedido la reducción de condenas a 10 narcotraficantes.

"En 1999 pueden revisar quienes estaban en función de Gobierno, un narco perdonazo último congreso neoliberal de una sesión casi clandestina", respaldó.

Por otra parte, informó que, entre 1999 y 2005, Migración entregaba en promedio 85.588 pasaportes al año y en un tiempo de 2 días, ahora se entrega 86.464 pasaportes promedio al año, en 25 minutos.

El Jefe de Estado dijo que antes el país solo tenía 12 oficinas para realizar el trámite de emisión de cédula de identidad.

No obstante, aseguró que ahora el Gobierno a través del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) habilitó 50 oficinas en el país, cuatro en el extranjero, tres oficinas itinerantes y 15 brigadas móviles.

"El tiempo de entrega antes era 24 horas y ahora son 11 minutos promedio", apuntó.

Precisó que entre 2011 y 2015 se entregaron más de 10,9 millones de cédulas de identidad y otras 38.837 gratuitas para beneficiar a personas privadas de libertad, pueblos indígenas, entre otros sectores de la sociedad.

YOLANDA RAMÍREZ ACUSADA DE SER PARTE DE UNA RED DE CORRUPCIÓN PUEDE SER JUEZ NUEVAMENTE

El Juzgado Disciplinario Tercero a cargo de Nancy Díaz de Oropeza, junto a dos jueces ciudadanas, absolvió ayer a la exjueza de ejecución penal Yolanda Ramírez, acusada de cometer una falta gravísima por insertar datos falsos en el informe presentado sobre el tiempo de su participación en la fiesta de Urkupiña en la cárcel de El Abra, el 14 de septiembre de 2014, que derivó en una matanza en la que cuatro internos fallecieron.

“Estamos indignados por la decisión de los jueces que están en contra de la lucha para mejorar la justicia cuando la absuelven a la exjueza”, expresó el representante del Consejo de la Magistratura, Jhonny Rocha.

Rocha lamentó que Ramírez al ser absuelta y tras haber renunciado a su cargo antes de ser juzgada, tiene la posibilidad de postular y volver a ser juez en cualquier momento, por lo que aseguró que presentará una apelación a la decisión del Juzgado Disciplinario Tercero.

El Consejo de la Magistratura presentó dos denuncias: una atendida por el Juzgado Disciplinario Primero y en el que la exjueza recibió una amonestación; y la otra por el Tercero, por faltas gravísimas. Este último revocó en dos oportunidades el proceso, pero por la apelación presentada por el Consejo de la Magistratura desde Sucre se dispuso que el caso prosiga.

Según el informe presentado por Ramírez, ella permaneció como invitada y no en calidad de juez por 45 minutos, desde las 16:15 en El Abra el 14 de septiembre durante la fiesta de Urkupiña, organizada por los delegados de los reos que fueron asesinados ese día por otros presos. Tres informes afirman que Ramírez ingresó al penal al mediodía.

Ramírez, junto a otros exfuncionarios, está siendo procesada por ser parte del régimen de corrupción y abusos instaurado en El Abra.

Delegada anuncia proceso contra la Ministra de Justicia

Mónica Limachi, delegada del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, informó que presentará una denuncia por difamación, calumnias e injurias contra la ministra de Justicia, Virginia Velasco, quien instruyó investigarla por un caso de un supuesto despojo de una vivienda.

Esta semana, la ciudadana Soraida Aquino presentó una denuncia en persona ante la ministra Velasco. Afirmó que el cuñado de Limachi, Vladimir Aquino, se apropió de una propiedad de su abuela, Casimira Huertas, de 87 años.

La denunciante sugirió que incluso pudo existir un tráfico de influencias de parte de la Delegada del CM porque un juez dictó detención domiciliaria para el acusado en la misma casa que supuestamente despojó.

La ministra Velasco instruyó investigar este caso y manifestó que "no por el hecho de que sea del Consejo de la Magistratura, la doctora Limachi puede ser que esté haciendo sufrir a gente humilde de la tercera edad”. Limachi aseguró que esa denuncia "es falsa y temeraria”.

"Mi persona está iniciando ya los actos preparativos para instaurar los procesos de difamación, calumnias e injurias contra estas ciudadanas: Soraida Aquino, Claudia Castro (abogada de la anciana), Casimira Huertas y la señora Ministra”, dijo.

La Delegada del CM sostuvo que la Ministra tuvo un "afán de protagonismo político” y "fines egoístas” al instruir esta investigación.

"No es posible que se pueda dar a mansalva cualquier tipo de denuncia y con esa afirmación de que yo estoy haciendo llorar a una señora de la tercera edad, humilde, de 87 años, que nunca la he visto”, agregó.

Limachi indicó que el juez Franz Zabaleta, a quien denunció por amenazas, tuvo algunos actuados en este caso del presunto despojo. "Allí encontramos la conexión”, afirmó.

En octubre del año pasado, la delegada señaló que recibió amenazas de personas que apoyan al juez Franz Zabaleta, quien está acusado de cometer delitos de corrupción y otras irregularidades, debido a que Limachi intentó trasladarlo a provincia desde la ciudad de El Alto.

Exfiscal Quispe enviado a la cárcel de San Roque por doble proceso

El exfiscal de Materia, Humberto Quispe, fue enviado ayer, “por doble partida”, al penal de San Roque, con detención preventiva, informó la directora nacional anticorrupción de la Fiscalía General, Willma Blazz.

Blazz dio a conocer que en un primer caso, el exfiscal fue imputado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y otros.

“Como Ministerio Público hemos fundamentado la imputación, dando lugar a que el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, Roberto Baldivieso, de Sucre, determine la detención preventiva del ciudadano Humberto Quispe”, explicó la directora Blazz.

El Ministerio Público inició el proceso ante la denuncia presentada por el abogado Víctor Vargas Bravo. La audiencia se desarrolló en ambientes de la Felcc en Sucre y se prolongó por más de cinco horas.

SEGUNDO CASO

Sin embargo, a la conclusión de la audiencia, Quispe fue sometido a una segunda audiencia cautelar, por el supuesto delito de Obstrucción a la Justicia, en la querella abierta de oficio por la Fiscalía General.

Según, José Luís Cuenca, una de las varias víctimas del polémico exfiscal, el juez cuarto de instrucción de lo penal, Hugo Michell, determinó la segunda detención preventiva, debido a los riesgos de fuga que se tenía.

De acuerdo con la información oficial, varias fueron las audiencias suspendidas debido a las acciones dilatorias del imputado Quispe.

“Se ha puesto en evidencia la existencia de elementos de convicción y la concurrencia de riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, por los que la autoridad dispuso la detención preventiva”, agregó Blazz.

El exfiscal Humberto Quispe es investigado por varios hechos de corrupción, entre ellos la irregular actuación como Fiscal de Materia de la zona Sur de la ciudad de La Paz donde armó procesos con fines de extorción, realizó allanamientos sin mandamientos judiciales, y una serie de actos anómalos que violentaron los derechos de varios ciudadanos, con víctimas múltiples.

AMENAZAS

Por último, Cuenca, denunció que la esposa y familiares de Quispe, amenazaron de muerte a las víctimas del exfiscal, por lo que se tomaran medidas legales en su contra, ante la inseguridad que sienten.

Entre las denuncias más graves, está la planteada por Carminia Luna, quien develó la red de contactos que Quispe mantiene con jueces, fiscales y policías que encubrieron los delitos cometidos por la exautoridad.

Thursday, January 21, 2016

Envían al penal de San Roque al exfiscal Humberto Quispe

El juez Quinto de Instrucción en lo Penal de Sucre, Roberto Baldivieso, otrogó hoy detención preventiva en el penal de San Roque al exfiscal Humberto Quispe por el caso que se le sigue por obstrucción a la justicia.

El exfiscal fue aprehendido ayer en La Paz y conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para ser trasladado hoy a Sucre donde declaró en un proceso abierto de oficio.

"Se inició un proceso de oficio en contra de Humberto Quispe por obstrucción a la justicia porque ha venido burlándose, usando chicanerías para que no se ejecute sus procesos en La Paz", manifestó la principal acusadora del exfiscal, Carmiña Luna.

Después de más de cinco horas de audiencia, el juez Baldivieso dio su dictamen. La Fiscalía General del Estado sostuvo en todo momento por qué Quispe debe guardar detención preventiva.

La audiencia se desarrolló en las oficinas de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) porque el acusado dijo estar detenido por orden del juez Cuarto de Instrucción en lo Penal y que este no dio autorización para que abandone el recinto policial.

Contra el exfiscal existen al menos 14 denuncias penales por extorsión, enriquecimiento en función al cargo, robo, incumplimiento de deberes y corrupción, entre otros delitos.

El exfiscal Humberto Quispe ya está en Sucre

El exfiscal Humberto Quispe fue trasladado a Sucre ayer, aproximadamente a las 10:00, acompañado por dos custodios policiales, para luego ser llevado a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca para brindar declaraciones informativas.

En Sucre, Quispe tiene dos acusaciones: una por corrupción y extorsión y la otra por obstrucción a la justicia, ambas iniciadas por el ciudadano Víctor Vargas. En las próximas horas, la exautoridad debe asistir a dos audiencias cautelares donde se definirá su situación jurídica.

Quispe señaló que la orden de su aprehensión fue ejecutada por el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, y que todos los procesos en su contra son parte de una persecución indebida.

"Lamentablemente ustedes saben, hay un proceso de una persecución indebida, hay una orden del Fiscal General para mi aprehensión, lo han emitido y yo no necesito procedimiento y voy a someterme a lo que dice el Fiscal General”, indicó.

El martes, Quispe fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz y ayer fue trasladado a la ciudad de Sucre, con dos escoltas policiales, para continuar con los procesos judiciales que pesan en su contra.

En la Fiscalía de Sucre se abrió de oficio un nuevo caso contra el exfuncionario por el delito de obstrucción a la justicia.

"Lo poco que sabemos es que en Sucre se abrió un caso de oficio por obstrucción a la justicia contra mi defendido. Tenían una orden de aprehensión y él voluntariamente salió de su domicilio”, dijo ayer su abogado.

Instruyen a los jueces que resuelvan 354 casos al año

Los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Magistratura (CM) emitieron un instructivo para que todos los jueces en el país resuelvan 354 casos por año. Esta disposición tiene el propósito de reducir la carga procesal.

"Se sacó un instructivo entre ambos presidentes por el cual los jueces a nivel nacional deben emitir 354 resoluciones por año, que cada caso quede culminado. No sólo es emitir resoluciones, sino que los casos tengan la calidad de concluidos”, informó ayer la representante del CM en La Paz, Mónica Limachi.

La disposición, según Limachi, rige para los juzgados en todas las materias (penal, civil, familiar, etcétera).

Además, los vocales de las salas deben emitir 650 resoluciones por año.

El año pasado se evidenció que algunos juzgados cerraban 12 casos, otros 30, pero había otros que superaban las 600. "Vimos que algunos trabajan y otros no y en ese entendido hemos sacado un parámetro”, argumentó Limachi.

El instructivo emitido los primeros días de enero ya está en vigencia y al culminar la gestión se analizará cuáles fueron los resultados del mismo, y si es necesario se aplicará las sanciones como la suspensión o la destitución.

El presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Evert Veizaga, consideró que será complicado implementar la medida en materia penal; sin embargo, dijo que es posible superar ese parámetro en materia civil y familiar.

“Abajo hacia arriba” Juez observa método de investigación de fiscales

El juez sexto cautelar, Fernando Rivadeneira, observó la “organización” de la comisión de fiscales, compuesta por Edwin Blanco y Anghelo Sarabia, que estarían investigando “de abajo hacia arriba” los malos manejos económicos que existieron en el ex Fondo Indígena.

Rivadeneira lamentó que los fiscales estén cautelando a campesinos que no contaban con la formación técnica adecuada para la administración financiera de los proyectos, “y naturalmente, hay una percepción de que no hay una debida organización en la efectivización de estos fondos, por tanto, esto ya es una responsabilidad y esto tendrá que ser averiguado por el representante del Ministerio Público”, afirmó la autoridad judicial.

La observación a los fiscales se la hizo en la audiencia, a raíz de las cartas que presentó como prueba Carlso Callizaya, comunario de Sica Sica investigado por la falta de descargos.

El juez señaló la defensa de Callizaya descartó el peligro de fuga y obstaculización, debido a que las cartas evidencian la mala administración del Fondo Indígena, por parte de sus directivos.

VICEPRESIDENTE

Por otro lado, ayer, la red Erbol, publicó un video en el que el vicepresidente Álvaro García exigió, en noviembre de 2014, al entonces director del ex Fondo, Marco Aramayo, que se sigan aprobando más proyectos. Aramayo se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro por supuesto incumplimiento de deberes.

“Proyectos no te faltan, lo que te falta es capacidad ejecutiva, tienes plata, tienes proyectos, que tus funcionarios actúen rápido, cada día un proyecto, aprobar, aprobar, que te falte plata, si te falta plata pedile al Presidente, pero te está sobrando plata, te está sobrando plata”, señaló García.

Aseveró que el Fondo Indígena no estaba cumpliendo con su inversión y responsabilizó de ello a los funcionarios que trabajan en esa institución, pero reconoció también que no era culpa de Aramayo porque recién asumía el cargo.

Wednesday, January 20, 2016

El exfiscal Humberto Quispe dice que su único delito fue aplicar la ley “¿Qué quieren? Deténganme; nadie puede vivir feliz así”


Hasta la tarde de ayer, Humberto Quispe guardaba detención domiciliaria en un departamento de Miraflores, en La Paz. En la puerta de su domicilio estaba estacionada una camioneta ploma con una sirena azul sobre el techo de la cabina y un hombre de negro tras el volante.

Horas después de esta entrevista, fue aprehendido y conducido a celdas de la FELCC por un nuevo caso abierto en Sucre por obstaculizar la justicia. El exfiscal no asistió a su última audiencia cautelar en la Ciudad Blanca, debido a que se internó en una clínica de la urbe paceña.

Acaba de salir de la clínica, ¿cuál es su situación?
El 13 de enero me descompuse. El 14 me hice unos análisis por orden de mi médico, en los que se ve que algunas cosas no están bien. El doctor me dijo que tengo el hígado inflamado por estrés y nervios. Comencé a vomitar sangre, que tal vez tenía una úlcera o problemas con mi vesícula, pero que debía hacerme primero una ecografía.

Con la ecografía me dijeron que tengo el hígado graso, eso me ocasionó una inflamación gástrica. Esto es por el estrés, porque mi familia no puede vivir en paz.

El 16 de enero ya me internaron de emergencia porque necesitaba tratamiento con suero. Me atendió mi médico porque es el único en quien confío, porque tengo miedo hasta de ir a otra clínica y que esa gente venga y me haga matar con un medicamento. Hasta ese extremo he llegado por esta psicosis.

¿Qué enfermedad le diagnosticaron?
No me acuerdo el nombre de la enfermedad, pero yo vomitaba sangre y necesitaba sueros para poder limpiarme. Me dijeron que mi hígado está graso y que tengo problemas biliares.

¿No es sospechoso que ingrese a la clínica pocos días antes de su audiencia en Sucre y salga después de que se suspendió?
Yo entré el 16 de enero (la audiencia era el 18), pero ya el 14 tenía problemas, antes incluso.

Ya van seis veces que se suspende la audiencia.

Pero no fue mi culpa, no me notificaron como deben, se equivocaron en las fechas, nunca pidieron mi salida judicial, yo qué puedo hacer.

¿Usted no está posponiendo la audiencia?

¿Por qué voy a dilatar? Escúcheme, ojalá usted nunca se enferme. Dios quiera que nunca se enferme. Voy a rezar por usted porque es bien jodido y cuando uno no tiene plata es peor. ¿Usted cree que vivir así es bien? Ojalá usted refleje eso en su medio, cómo yo vivo, cómo me persiguen.

¿No es normal que si usted tiene detención domiciliaria haya custodia de la Fiscalía y de la Policía?
Son de la Fiscalía, yo conozco ese vehículo. Esto es una persecución. Yo ya estoy cansado de esto. Así vienen a molestarme todos los días (se refiere a la camioneta ploma). Son de la Fiscalía, me amedrentan, me dicen que tengo citación y no me notifican. A veces se paran ahí abajo, con esta situación ya hay temor.

¿En qué norma dice que la Fiscalía vigilará? Pueden verificar que me encuentro acá, pero no pueden venir a atemorizar como lo hacen. No son todos los días, a veces se paran en otro lado. Yo tengo miedo, zozobra, nadie vive así feliz. Son cosas que a mí me tienen ya emp... No entiendo qué quieren. Tomé una decisión con mi esposa, voy a viajar a Sucre y a decir: "¡Qué quieren, deténganme y van a la m..., qué quieren por fin! Porque no aplican la ley, esto es un abuso.

¿Qué tiene que decir sobre las denuncias en su contra?
Yo he sido maltratado, me mandaron dos delincuentes. He presentado mi denuncia, pero mis denuncias nunca van a prosperar. Denuncié que he sido golpeado el 14 de diciembre de 2015. Me citaron a declarar y estos dos sujetos me agarraron en la calle y me golpearon. Me dijeron: "¡No lo jodas al doctor, ten cuidado!”.

Me dieron cinco días de impedimento. Denuncié a la Fiscalía, el caso lo tiene el fiscal Horacio Flores. Denuncié al Ministerio de Gobierno, pero nadie hace nada.

Usted dijo en una anterior conversación que yo le pedí 2.000 dólares para darle cobertura, ¿puede aclarar eso?

No le dije eso. "¿Cuánto tengo que pagarle?”, le dije. Sabe de dónde sale eso. Ese Víctor Vargas (un querellante) se da el lujo de decir "yo puedo comprar a los medios, por qué crees que le molestan a Quispe. Le estoy fregando porque los medios están conmigo”. Por eso dije "cuánto hay que pagar entonces para que los medios me escuchen”. Yo puedo pagar 2.000 dólares, pero escúchenme. Sólo dije cuánto tengo que pagarle.

Dicen que tengo 31 procesos en la Fiscalía, pero eso es mentira; la mayoría está con rechazos o fueron desestimados porque hay fiscales que cumplen. Tarde o temprano esto terminará y tendrán que repararme los daños, también los medios. Mi único delito fue hacer que se cumpla la ley.

Quispe ofrece dinero a periodista

En una conversación vía telefónica con este periodista, el exfiscal Humberto Quispe afirmó que se le pidió un monto de dinero a cambio de publicar su posición sobre los procesos penales que enfrenta.
Este periodista restó importancia a esa acusación y le exigió insistentemente una respuesta ante las denuncias en su contra.
Ésta es la transcripción de lo que Quispe manifestó en la conversación por teléfono.


"Eso me molesta, estás sacando cosas que no tienes razón. No sé cuánto de dinero estarás recibiendo para publicar estas cosas, ¿o yo también tengo que pagarte para que publiques? Si es así yo iré donde tu director y voy a cancelar los 2.000 dólares que me estás pidiendo, y voy a ponerlo, porque si no, no me das cobertura.
¿Por qué no vienes y nos entrevistamos personalmente como lo haces con los otros? O sea, ¿cuánto dinero tiene que uno pagar para que le hagan la entrevista?
Yo también le voy a pagar señor, no se preocupe, pero hágame la información también como es. Fija yo le voy a pagar, juro por dios que le voy a pagar. Estoy desde el sábado mal, estoy mal por mi salud, venga, yo le quiero mostrar la documentación”.

Policía aprehende por tercera vez al exfiscal Humberto Quispe

La Policía aprehendió ayer al exfiscal Humberto Quispe por tercera vez. En la Fiscalía de Sucre se abrió de oficio un nuevo caso contra el exfuncionario por el delito de obstrucción a la justicia.

"Lo poco que sabemos es que en Sucre se abrió un caso de oficio por obstrucción a la justicia contra mi defendido. Tenían una orden de aprehensión y él voluntariamente salió de su domicilio”, informó ayer el abogado de Quispe, Marcos Aruquipa.

Carmiña Luna, una abogada que sostiene otro proceso penal contra el imputado, explicó que se dispuso la aprehensión debido a que no se presentaba a sus audiencias cautelares y se excusaba con "chicanerías”. "Acá en La Paz ya son varias veces que se suspende su audiencia y en Sucre ocurrió lo mismo”.

En Sucre, Quispe tiene un proceso iniciado por denuncia de Víctor Vargas. Un fiscal lo imputó por cuatro delitos y el juez de Instrucción Penal y Cautelar Quinto de la Capital, Roberto Valdiviezo, programó la audiencia de medidas cautelares en seis ocasiones, que siempre fueron pospuestas por la inasistencia del procesado.

El exfiscal dijo que ninguna de las suspensiones fue por su culpa, sino que hubo errores en las fechas y en los trámites judiciales para que él deje su detención domiciliaria en La Paz y se presente en Sucre.

La última audiencia debía realizarse el 18 de enero; sin embargo, Quispe presentó un memorial en el que explicó que se encontraba internado desde el 16 de enero. Tras la suspensión de la audiencia, el imputado salió de la clínica y se fue a su domicilio.

Luna dijo que un perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ya certificó que los motivos por los que Quispe se internó no eran válidos.

El padre del procesado, Tomás Quispe, contó que personal policial estuvo toda la mañana y parte de la tarde de ayer en la puerta del domicilio del exfiscal.

Los efectivos tenían una orden de aprehensión y también otra de allanamiento, pero el procesado al ser alertado de la situación decidió salir de su departamento, donde vive con su esposa e hijo, y entregarse voluntariamente.

Fue conducido a celdas de la FELCC de La Paz para después ser enviado a Sucre.

Quispe fue aprehendido por primera vez en agosto del año pasado por el caso iniciado por Luna, quien lo denunció de montarle un proceso para enviarla a la cárcel y quedarse con un garaje.

La segunda fue en diciembre de 2015, en una universidad cerca a Achacachi dentro del caso iniciado por Vargas. Aquella vez se denunció que el exfiscal se resistió a su aprehensión.

Aruquipa lamentó que las autoridades no le hayan informado los detalles de este última acción.

Entre suspensiones
Orden La primera orden de aprehensión contra Humberto Quispe se emitió a principios del año pasado por un fiscal de la zona Sur. Sin embargo, fue anulada porque el procesado se presentó voluntariamente a declarar.
Capital El lunes, ante la inasistencia de Quispe, se suspendió por sexta vez la audiencia de medidas cautelares del exfiscal imputado por cuatro delitos a denuncia de Víctor Vargas.
Respuesta El imputado manifestó en reiteradas oportunidades que su único delito fue cumplir la ley y que los procesos penales en su contra son impulsados por "delincuentes”, como venganza porque él los investigó cuando era fiscal.

Enviarán a Palmasola a exfiscal Litzy Torrico

La exfiscal del Plan 3.000 Litzy Torrico, será enviada a Palmasola, tras audiencia cautelar la juez Iris Justiniano determinó su detención preventiva, por delitos de extorsión e incumplimiento de deberes.

Torrico fue destituída de su cargo el pasado 19 de noviembre de 2015, por acusaciones de extorsión.

Dolly Torrico inicio un proceso en contra de la exfiscal por ordenar que desaloje su lote y por supervisar en persona la descarga de material de construcción en el terreno, avalando a otra persona como propietaria del lugar.

Otro caso por el que fue denunciada es por el cobro a un individuo para no mandarlo a la cárcel por conducir en estado de ebriedad.

Códigos civil y de familia rigen desde el 6 de febrero

a presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que todo está listo para implementar el Código Procesal Civil y el Código de las Familias y el Proceso Familiar desde el próximo 6 de febrero.

“Hace casi tres meses se ha estado trabajando en la comisión de implementación de los códigos y hemos avanzado mucho en el ámbito de capacitación. Se requiere ajustes en el ámbito de infraestructura y en lograr una relación más coordinada entre el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, dijo.

Asimismo, Montaño adelantó que se tiene una propuesta casi finalizada del Código Procesal Penal. “Seguramente la presentaremos formalmente en esta legislatura y esperemos que en el primer semestre pueda ser sancionada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”, adelantó.

En agosto de 2015, los diputados aprobaron el proyecto de ley 232 que modifica las vigencias plenas de la Ley 439 de Código Procesal Civil y la Ley 603 de Código de Familias y del Proceso Familiar.

Desde entonces se conformó la comisión de seguimiento e implementación de los dos códigos, conformada por los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Ministerio de Justicia.

Como primera medida, desde septiembre se capacita, a nivel de diplomado, a los operadores de justicia, fundamentalmente vocales, jueces y secretarios, para uniformizar las visiones en torno a una correcta implementación de ambos códigos en beneficio de la población boliviana.

“Nuestra mayor preocupación es el servicio a la gente; somos servidores que nos debemos al pueblo y nuestra tarea es fiscalizar para que se lleve adelante este proceso durante estos seis meses”, señaló la Presidenta de los diputados cuando anunció el convenio interinstitucional de capacitación.

Velasco pide investigar a representante del CM

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, instruyó una “investigación minuciosa” a la delegada del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Mónica Limachi, cuya familia estaría implicada en un caso de supuesto despojo a una anciana.

De acuerdo a la denuncia planteada por la ciudadana Zoraida Aquino, familiares de Limachi despojaron un terreno de 13 mil metros cuadrados en la provincia Loayza a una anciana que no se puede mover y sólo vive de su Renta Dignidad, llamada Casimira Huertas.

Este hecho derivó en un proceso judicial que continúa hasta hoy. La abogada de Huertas, Claudia Castro, explicó que el esposo de Martha Limachi (hermana de Mónica) allanó y se benefició de la estancia que pertenece a la anciana.

Luego, el cuñado de la delegada del CM fue aprehendido y un juzgado de Sica Sica lo benefició con detención domiciliaria que debe cumplir en la casa que supuestamente despojó.

Enterada sobre este caso, la ministra Velasco ordenó una investigación. “Vamos a ser drásticos en eso de que se haga una investigación minuciosa. Que revisen los abogados bien. La abuelita tiene que estar con sus terrenos, no puede ser que le quiten”, dijo la autoridad. “No vamos a permitir, no por el hecho que sea Consejo de la Magistratura, la doctora Limachi no puede ser que esté haciendo sufrir a gente humilde de la tercera edad”, agregó.

La Ministra de Justicia realiza operativos en juzgados y oficinas del Órgano Judicial para corroborar el trabajo que realizan los funcionarios y el trato que dan a los ciudadanos cuando requieren un tramite o están involucrados en un proceso judicial. También habilitó una línea en WhatsApp para recibir denuncias contra funcionarios.

Tuesday, January 19, 2016

Ponen en vigencia nuevo modelo de gestión

El fiscal General, Ramiro Guerrero, informó que a partir del 25 de enero se pondrá en vigencia el nuevo de modelo de gestión fiscal en el eje troncal del país, con el objetivo es combatir la corrupción y la retardación de justicia. "Se pueden cambiar uno, dos, 10, 20, 100 fiscales. Pero si no cambia el modelo, el paradigma del Ministerio Público, esto no va a cambiar", sostuvo, señalando que el objetivo es implementar nuevos mecanismos para luchar contra la corrupción y la retardación de justicia.

Guerrero comunicó que este viernes y sábado los fiscales de Bolivia se reunirán en Cochabamba, con el objetivo de analizar la situación de la Fiscalía en el país y plantearán nuevas estrategias.

"Cochabamba tiene que convertirse en el centro de formación, capacitación y trabajo del ministerio Público", finalizó. /

Audiencia del exfiscal Quispe se suspende por su baja médica

La audiencia de medidas cautelares de Humberto Quispe en la ciudad de Sucre que debía realizarse ayer fue suspendida porque el exfiscal fue internado en un centro médico de La Paz el sábado, del cual salió ayer para continuar con su detención domiciliaria.

El juez de Instrucción Penal y Cautelar Quinto de la Capital, Roberto Valdiviezo, programó la audiencia para las 9:30 de ayer. Quispe fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y extorsión en un proceso iniciado por Víctor Vargas.

La semana pasada, la jueza Segunda de Instrucción en lo Penal, Lía Cardozo, autorizó que el exfiscal deje su detención domiciliaria para que viajara ayer a Sucre.

Sin embargo, antes de instalarse la mencionada audiencia cautelar, la defensa presentó un memorial en el que se explicó la inasistencia del imputado por problemas de salud, aunque se desconoce el diagnóstico médico.

El juez Valdiviezo ordenó que a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se verifique si correspondía o no que el procesado fuera internado.

"Por el IDIF se debe verificar si ameritaba o no la internación, porque en audiencia nosotros presentamos una médica forense quien certificó que no ameritaba que ingrese a una clínica según el certificado que presentó”, manifestó Vargas.
Si los peritos certifican que la baja médica fue justificada, entonces el juez definirá nueva fecha para la audiencia, caso contrario declarará rebelde al imputado y ordenará su aprehensión, explicó el querellante.

Quispe dijo a Página Siete que tiene todos los documentos para sustentar el motivo de su internación y que, como toda persona, tiene derecho a enfermarse, aunque no precisó el diagnóstico médico.

"Esta tarde (de ayer) me estoy yendo a mi casa ya. Estoy internado en la clínica desde el sábado, pero ahora me voy. Venga aquí, le voy a mostrar los documentos, quiero mostrarle la documentación”, dijo por vía telefónica.

En la justicia
Acusado El proceso en el que el exfiscal fue imputado por tercera vez fue iniciado por Víctor Vargas, quien lo acusó de "fabricar” una denuncia para investigarlo por falsificar documentos.
Suspensión La audiencia de medidas cautelares en este caso que radica en Sucre fue suspendida en varias oportunidades. Incluso se aprehendió a Quispe en La Paz y se lo trasladó a Sucre para que se presente ante el juez.

Normas procesal civil y familiar Falta aún condiciones para aplicar los códigos

La aplicación y puesta en vigencia del Código Procesal Civil y el Código de Familias a partir del mes de febrero, está bajo la mirada de los actores principales.

Consideran que faltan algunos ajustes y verificaciones antes de poner en vigencia las normas procesales, como el Gobierno central lo señala.

Las normas debieron entrar en vigencia en el mes de agosto del 2014. El 6 de agosto del 2015, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dio a conocer que la aplicación de la norma, había sido postergada por segunda vez, para su aplicación en febrero 2016.

Normas. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, aseguró ayer que desde el 6 de febrero entrarán en vigencia plena los Códigos Morales. "Ya estamos casi a la conclusión de la comisión de implementación y seguimiento, entonces el 6 de febrero sí o sí entran en vigencia", manifestó Mamani.

Indicó que ya casi está concluido el trabajo y que todos los operadores de justicia de los nueve distritos "ya tienen conocimiento y están poniendo en práctica, sobre todo el reordenamiento, el mapa judicial y las nuevas competencias de los administradores de justicia".

Tras la implementación de los nuevos códigos, indicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará el tratamiento del Código Procesal Penal.

Observaciones. El vocal Alaín Núñez aseguró que existen todas las condiciones humanas para que ambos códigos entren en vigencia sin ningún problema, pero que en tema logístico aún se atraviesa algunos inconvenientes.

Indicó que desde que se suspendió su aplicación en agosto del año pasado, el TSJ en coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), encaró un trabajo arduo de capacitación, formación y orientación a los actores más directos de la puesta en vigencia de las normas procesales.

Sin embargo, hizo una observación directa al Consejo de la Magistratura, instancia que también forma parte del órgano judicial en el país, sobre la preparación de ambientes y espacios cómodos donde se atenderán estos casos.

"Hubo tiempo necesario y no se lo aprovechó, en ese sentido estamos atrasados. Se están haciendo compras que no solucionan del todo el problema, por ejemplo en vez de comprar celulares donde se puedan enviar fotografías, acelerar el trabajo técnico, se está comprando cámaras fotográficas. Lamentablemente no ha habido la toma de decisiones más acertada, el Consejo debe abrir y preocuparse por atender las necesidades para mejorar la atención", manifestó Núñez.

Coordinación. En tanto, David Rosales, capacitador en Código de Procedimiento Civil en Santa Cruz, a tiempo de coincidir por separado con Núñez, sobre las condiciones actuales sobre la capacidad humana y el retraso logístico y tecnológico, anunció que como órgano departamental están haciendo un control general a la capacidad existente.

Indicó que el pasado viernes se conformó una comisión que verificará estos aspectos para elevar un informe final sobre si Santa Cruz está o no con las condiciones para aplicar las normas procesales.

Hoy se sabrá cuál es la situación cruceña para la implementación del código. Rosales mencionó que en caso de evidenciarse la falta de condiciones, se enviará un informe para hacer conocer a los superiores.

"Vamos a esperar a ver qué dice el informe de la comisión, porque de lo contrario no será una aplicación satisfactoria y al final la gente después se va a quejar y no va ser por irresponsabilidad de los funcionarios judiciales", dijo. El Código de Familias promulgado en 2014 establece procedimientos más ágiles para los divorcios y fija montos para la asistencia familiar.

Monday, January 18, 2016

La plurinacionalidad, otro reto en la Justicia y las autonomías



Así como el mayor cambio estructural de la década de Evo Morales en el poder es el inicio de la transformación del Estado sobre el eje de la plurinacionalidad, el reto es profundizar esta reforma en aspectos fundamentales como la Justicia, la autonomía, la democracia intercultural.

La utopía de la unanimidad es cosa de todos los días entre militantes de un mismo partido, pero que haya consenso entre opositores y oficialistas es algo en verdad extraordinario. Esto último es lo que ha sucedido con el diagnóstico que se hace de la crisis en el Órgano Judicial. Opositores y oficialistas coinciden en que la administración de justicia no puede estar peor.

Justicia. En cuanto a lo plurinacional poco se ha avanzado en la Justicia Comunitaria, aún vista por encima del hombro por la justicia administrada por los “doctores”. El pluralismo jurídico que reivindica la Constitución Política ha quedado como eso: una reivindicación.

La nueva forma de elegir magistrados mediante voto reprodujo y trajo más problemas en un sistema atormentado por la corrupción y la retardación judicial, principalmente. Se habla de forma unánime de la reforma judicial, no obstante no se prioriza una Cumbre Judicial que se anunció hasta el cansancio.

Otro aspecto que si bien de por sí tiene una implementación lenta es la democracia intercultural. Como en el caso de la Justicia Indígena, la democracia comunitaria fue relegada por la democracia representativa.

Donde sí hay disenso entre oposición y oficialismo es en el diagnóstico sobre el avance o retroceso de las autonomías. Las señales del nivel central no son claras. Así lo demuestra la interpretación que hizo el vicepresidente Álvaro García del No a los estatutos que el Movimiento Al Socialismo (MAS) promovió para que sean aprobados en referéndum. La lectura fue que esos departamentos querían centralismo.

Tampoco hubo nitidez en las señales de líderes opositores. Por ejemplo, políticos cruceños, que se pusieron la camiseta de las autonomías, retrasaron por pugnas internas la adecuación de sus estatutos.

La marcha de las autonomías es clave para llegar a un país plurinacional, por lo que su estancamiento o poco avance retrasa la transformación que manda la Constitución, lo que sigue siendo un desafío del gobierno del MAS.

Un aspecto que las regiones piden con insistencia después del último censo es el pacto fiscal. El soporte material (recursos económicos) es clave para avanzar en las autonomías, sostiene el Consejo Autonómico que se aboca a apurar el pacto.

Policías y militares

¿Reforma?

Reformar la Policía y las FFAA ha sido un escollo desde la Asamblea Constituyente, cuando se decidió dejar intactas a estas instituciones. El reto entonces será cambiar sus estructuras.