El 69,5% de los candidatos son servidores públicos

Hay 307 postulantes para ocupar un espacio en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según las listas oficiales de la Comisión Mixta de Constitución, antes de la apertura de sobres de este fin de semana. En el eje central del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) se presentaron 118 ciudadanos, de los cuales el 69,5% son servidores públicos.
De acuerdo al conteo de los postulantes, de los 118 profesionales que presentaron sus documentos a la Asamblea Plurinacional, 82 de ellos figuran en la Contraloría General, como servidores públicos y solo 36 de ellos actualmente no ocupan funciones públicas.


En el TCP existen 49 postulantes, de los cuales 37 son funcionarios públicos y 12 no son servidores, lo que representa un 75,5% en algún cargo estatal, ya sea en municipios, en los órganos judiciales, el Ministerio Público o el Gobierno central. En el TSJ sucede con 45 servidores postulantes (65,2%) de los 69 en total.

Es un peligro
La diputada opositora Norma Piérola calificó de “peligrosa” esta apertura para la inscripción de actuales servidores públicos, violando el artículo 238 de la Constitución, que establece, entre otras cosas, que “no podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas persona que ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a este, al menos tres meses antes al día de la elección…”.
“Lo más increíble es que en el caso del TCP, TSJ y el Tribunal Agroambiental, debería cumplirse mínimamente el requisito establecido en el artículo 178 de la CPE, que establece que “constituyen garantías de la independencia judicial el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial (meritocracia)”, manifestó.


Para el senador de Unidad Demócrata (UD) Oscar Ortiz, este es “un proceso fracasado” porque no despertó el interés en los profesionales más destacados para que puedan postularse debido a la percepción generalizada de que este es un proceso manipulado políticamente por el MAS.
Entretanto, la diputada del MAS Susana Rivero aclaró que el reglamento para la preselección de altas autoridades judiciales no impide que cualquier boliviano o boliviana pueda postularse, salvo que tenga militancia política en los últimos 5 años.