Rivera: “Se tiene que hacer un exámen a los candidatos”

José Antonio Rivera Santivañez, exmagistrado del Tribunal Constitucional, habló con EL DEBER sobre la crisis judicial y la nueva elección de autoridades judiciales del 22 de octubre.


_ ¿Qué diagnóstico hace de la justicia boliviana?
La crisis judicial llegó a límites extremos por varias causas. Entre ellas, la baja asignación presupuestaria, del 0,29%, que no es conducente con el volumen de responsabilidad del Órgano Judicial. Otra causa es de orden institucional, por la inadecuada organización judicial en el orden territorial, que no es acorde con el proceso que encara el Estado en orden de control y gestión administrativa, porque el juez es el administrador del despacho y es el juzgador. Hay que liberar al juez de tareas administrativas para que sea el juzgador.


_ ¿Cómo afecta esto en la aplicación de justicia?
Estamos con un sistema legal aislado que cumple formalidades y no imparte justicia como materia. Además, las universidades no se han adecuado a estos tiempos porque seguimos con un diseño curricular para la Bolivia del 52 y no para la del siglo XXI. Es decir, estamos formando abogados intérpretes de la ley, no aplicadores de la ley.


_ Usted cuestionó las detenciones preventivas porque vulneran los derechos humanos, ¿de dónde vienen los abusos?
De diversos factores, una mala formación de jueces, desde el Ministerio Público y la ausencia de independencia judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Estado, nos ha llamado la atención por el uso abusivo de la prisión preventiva y por el no cumplimiento de los estándares mínimos internacionales. Pero nuestros jueces siguen en las mismas, no hacen control de convencionalidad, pese a que están obligados, porque Bolivia es parte de la Comisión Interamericana. Si hicieran ese control reducirían la prisión preventiva.


_ ¿Quiénes fallan?
Lo cometen los jueces a diario y la otra causa para la crisis judicial es la excesiva intromisión de quienes detentan el poder político. Cada vez está más erosionada la independencia judicial como corporación y la independencia de los jueces y magistrados. La excesiva prisión preventiva y abusiva es porque los jueces no gozan de independencia y prefieren no hacer control de convencionalidad, deciden bajo presión de la sociedad, de los medios de comunicación y del ámbito político. Cuando tienen un caso grande prefieren la prisión preventiva y esa no es la idea, porque esa figura se aplica cuando hay riesgo de fuga.


_ ¿Cómo superar esa crisis?
La cumbre judicial debía ser una instancia de diálogo y un compromiso de los actores que manejan la justicia y no de las organizaciones sociales. El Ejecutivo y el Legislativo deben asumir el compromiso de aumentar el presupuesto al 4 o 5% y respetar la independencia judicial. Las universidades deben apuntar a cambiar la formación profesional según los requerimientos. El Legislativo debe priorizar una agenda para cambiar los códigos. Y, el Órgano Judicial debe enfrentar los temas institucionales.


_ ¿Cómo garantizar la independencia política?
El sistema de elección por voto popular para nombrar a las altas autoridades de los máximos tribunales de justicia no es el adecuado, porque son como el poder contra las mayorías. Es decir, detectan las incorrecciones de quienes tienen el poder político, pero ya que está esa modalidad de elección, hay que ponerle remedio. Los postulantes a magistrados deben recibir un expediente y luego redactar una sentencia. Los que pasen la prueba deben ir a una entrevista donde se verifique su idoneidad gerencial, porque tienen que organizar su despacho; su idoneidad sicológica, y su alineación filosófica y los que obtengan 75 sobre 100 entren a la postulación.


_ ¿La prueba de fuego para los nuevos magistrados será los comicios de 2019?
Si nos ceñimos al sistema constitucional no hay forma ni camino para que habiliten al actual presidente de Bolivia ni al vicepresidente para las elecciones de 2019. Cualquier habilitación será infringiendo la Constitución y las normas; es la prueba de fuego de los nuevos magistrados de los principales tribunales del país.