El juicio de responsabilidades que se sigue contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no es sino una nueva manera de manifestarse la crisis del sistema judicial, que no es solo del Órgano Judicial, es la tesis que se trata de sostener en la presente entrega.
Trillado, “verdad de Perogrullo”, acaso alguien ose (como dirían los antiguos). No le hace. El tema es que, como se trata de demostrar en la crónica de las páginas centrales, la crisis puede tener formas bien concretas, casi emblemáticas, de saltar a la luz: la no aceptación de pruebas, por ejemplo, por el hecho de no haber sido lícitamente obtenidas, aunque a punto seguido, nadie explique en qué consiste esa ilicitud. Testigos de los acusados que los acusadores niegan a citar por una absoluta cuestión de trámite; aunque, del otro lado, hay que decirlo, tampoco se tiene mucho piso racional cuando se presenta nada menos que 300 testigos (o algo más), que solo ocho por día, las ocho horas que se trabaja, podría llevar al menos 38 días...
En fin, como se ve, se siente, en el relato, crisis, crisis, de nuevo crisis.
Y no es que haya que perderse en las palabras. Cuando se habla del actual TCP, como ejemplo nomás, la primera idea que viene a la cabeza es “debilidad”, la crónica de cómo el magistrado más votado por la ciudadanía, el exemblema de lo plurinacional (Gualberto Cusi), es objeto de una verdadera andanada judicial; cómo, según otra magistrada, el juicio pasa en realidad porque cierto expresidente está resentido con ella.
¿Que al suspender la Ley del Notariado, los magistrados acusados casi hacen caer todo, pero todo el sistema de registro legal del país? Es algo que por lo menos hace fruncir el ceño de incredulidad: ¿cuando una ley es suspendida, acaso no se repone la vigencia de la antigua hasta que el Constitucional resuelva el entuerto? Pregunta nomás es.
Síntoma de la crisis, debilidad, dependencia de un poder con respecto a otro; para el debate.
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