Eduardo León, abogado del suspendido magistrado Gualberto Cusi, anunció que ampliará la demanda penal ante el Ministerio Público contra los responsables de los programas nacionales de Salud de VIH y de Tuberculosis por "evacuar” el estado de salud de su defendido, al tratarse de una información confidencial.
"Vamos a ampliar la querella contra los responsables de ambos programas (de VIH y Tuberculosis) por los delitos de corrupción, resoluciones contrarias a la Constitución (Política del Estado, CPE), uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes”, afirmó ayer León.
El abogado recordó que la información de la enfermedad incurable de Cusi jamás debió revelarse públicamente, como lo hizo el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, el pasado 22 de diciembre de 2014.
Este medio informó ayer que la autoridad, en una carta enviada el 24 de diciembre a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, indica que los informes de salud de Cusi fueron evacuados por los programas nacionales de VIH y Tuberculosis, ya que no cumplía con los tratamientos y no recogía sus fármacos de forma regular. El magistrado negó la acusación en reiteradas oportunidades.
"Si bien (los datos) hayan sido conseguidos vía una solicitud por parte del ministro, ellos no tenían por qué dar esa información”, remarcó León.
El artículo 34 del Decreto Supremo 451, que reglamenta la Ley 3729, indica que "el carácter confidencial de los resultados de las pruebas de diagnóstico de esa patología tiene las siguientes excepciones: Podrán ser solicitados por el Ministerio Público o Poder Judicial, mediante requerimiento u orden judicial, siempre que las circunstancias lo justifiquen y para fines de investigación delictiva o en procesos en materia familiar”.
Además añade que podrá informarse a otro profesional en salud "cuando sea necesario” para el tratamiento y control de la persona infectada.
"En ningún lugar (de las normas) dice que se informará públicamente, como lo hizo el ministro de Salud”, añadió el presidente de la REDBOL, Nelson Balderrama. Es más, recordó que el artículo noveno de la Ley 3729 afirma que "los pacientes no serán objeto de publicaciones de prensa escrita, ni televisiva sin su conocimiento expreso”.
Ante esa situación, León destacó que tanto los responsables de los programas como "él (Calvimontes) tenían la obligación de resguardar bajo criterios constitucionales y legales esta información y no divulgarla, como lo ha hecho (el ministro) buscando el desprestigio de don Gualberto Cusi”.
Aclaró que aunque Calvimontes busque justificar su acción, será procesado. "Su carta no lo exime de culpa, es más, de acuerdo a la Constitución toda violación de derechos y garantías constitucionales hace responsable a su autor inmediato. Él (el ministro) ha incumplido la responsabilidad constitucional de reserva”, precisó.
Por eso es que se solicitará de forma escrita a la APDHB la carta del titular de Salud para establecer la comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Balderrama reiteró que ahora todos tendrán miedo a que se revele su estado de salud o a que el Gobierno conozca quiénes sufren de alguna patología.
Trabajadoras nocturnas no aceptan disculpas
La Organización de Trabajadoras Nocturnas Bolivia (OTN-B) ratificó que no aceptan las disculpas del magistrado suspendido Gualberto Cusi por informar que en la calle 12 de Octubre de El Alto se transmite la enfermedad. Por eso, presentarán hoy una demanda contra la autoridad judicial.
"Como organización nacional de trabajadoras nocturnas y por ser mujeres merecemos respeto”, afirmó la presidenta de la OTN-B, Lily Cortez, quien aseguró que a nombre de las trabajadoras sexuales "no se acepta las disculpas del señor Cusi”.
El viernes, el abogado del magistrado suspendido, Eduardo León, pidió disculpas a nombre de su defendido, porque éste cometió un "lapsus”.
Cusi declaró que el 30% de los asambleístas nacionales tenían su enfermedad, porque la adquirieron al frecuentar la calle 12 de Octubre, en la ciudad de El Alto, donde realizan su labor las trabajadoras sexuales.
Según Cortez esa declaración provocó un gran daño a su sector. "Si antes las compañeras ganaban entre 80 y 100 bolivianos, ahora ganan 50 bolivianos”, dijo. Por ello, hoy a las 10:00 presentarán la querella por discriminación contra Cusi ante la Fiscalía de la ciudad de El Alto.
Destacó que como apoyo están llegando representantes de cada departamento.
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