La jueza llegó al Juzgado de Sacaba sin defensa. Su abogada, Rocío Peñaranda, estaba en otra audiencia y había solicitado que se marque otra fecha y hora.
A la audiencia acudió el representante de Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, el director de Régimen Penitenciario Erwin Sandóval, el abogado del Ministerio de Gobierno Rodrigo Alemán y la fiscal Jhossy Arauco. Estos dos últimos pidieron que se declare cuarto intermedio para convocar a un abogado de defensa pública y que la audiencia se lleve a cabo.
La jueza Ramírez habló en la audiencia. Miró a la parte acusatoria y con un dejo de sarcasmo comentó “me place ver a tantos abogados contra una jueza”. Acotó que estaba mal de los nervios y le costaba hablar. Pidió que se suspenda la audiencia porque se estaba jugando su libertad y no tenía abogada. El juez cautelar Pablo Antezana resolvió suspender la misma hasta el próximo martes 9 de diciembre, a las 10:15. Al salir de la sala de reuniones, donde escasamente caben 12 personas, la jueza accedió a hablar con los periodistas y explicó que en su oficina no lo podía hacer porque las entrevistas deben ser canalizadas a través del vocero.
La jueza Yolanda Ramírez se refirió a las acusaciones en su contra y las atribuyó “a reclusos que quieren distraer a la Fiscalía señalando a las autoridades, para que no se concentre la investigación en las muertes”.
Internos del penal de El Abra y varias de sus esposas declararon que la jueza frecuentaba el penal para visitar al exdelegado Ariel Tancara y a un interno colombiano. Los reclusos declararon ante el Defensor del Pueblo, antes de la matanza del 14 de septiembre, que eran torturados por el grupo de El Tancara si no tenían dinero para pagar derechos de piso y de vida que oscilaban entre los 500 y 30 mil dólares y que todas las denuncias escritas que le hicieron llegar a la jueza Ramírez y al exdirector de Régimen, Dennis Mejía, iban a parar de manos de estas autoridades al poder de Tancara. La jueza Ramírez negó estas sindicaciones y acotó que jamás, en su juzgado, le informaron de las torturas y vejámenes que sufrían los reos. Consultada sobre por qué más de 400 reclusos, con los que ella asegura que se llevaba bien, la acusan de formar parte del grupo de extorsión afín a Tancara, respondió: “No sé por qué. Me dicen que es algo político, no sé”.
Ramírez dijo que los reclusos han perdido su derecho a la libertad, pero no a hacer fiestas. “Ahora, si a esta fiesta han entrado bebidas, no porque yo las haya metido, sino porque alguien no cumplió con su trabajo, es una pena porque terminó perjudicándome por la cantidad de declaraciones de internos que solo quieren distraer a la Fiscalía, porque las autoridades hemos aparecido acusadas”.
La jueza sostuvo que no sabía de los negociados con la madera, ni que las autoridades amoblaban sus casas a costa de los reclusos de la carpintería. También se refirió a las denuncias de que ella habría dado libertad a reclusos sin que éstos cumplieran la totalidad de sus sentencias condenatorias.
“Eso es mentira, hay jurisprudencia de una Sala Penal que otorgó el beneficio del extramuro a un interno que tenía 30 años de sentencia, cuando solo había cumplido 18 y yo hice lo mismo con un reo que había pasado 19 años en San Sebastián porque eran reclusos sentenciados antes de que las leyes cambiaran y establecieran que los de 30 años no podían beneficiarse con ningún indulto”, argumentó.
Johnny Rocha, del Consejo de la Magistratura, confirmó que en la vía administrativa se abrió una tercera investigación contra la jueza, al margen de las supuestas faltas cometidas al asistir a una fiesta de internos y mentir en sus informes al respecto. “Se ha solicitado a la Sala de Control y Fiscalización la auditoría jurídica de varios casos en los que los internos habrían sido beneficiados para salir de la cárcel antes de cumplir sus condenas y también se está investigando los casos de permisos irregulares de salida a los reclusos”, informó.
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