La elección judicial prevista para el 22 de octubre, vía voto popular, en la fase de preselección de candidatos inherente a la tarea de la Asamblea Legislativa Plurinacional(ALP), implica al menos tres etapas: calificación de méritos, evaluación escrita y el examen oral, denominada esta última como entrevista. En cambio, la fase posterior será íntegramente administrado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), con todo lo que conlleva el proceso electoral.
“No todo lo que está escrito está bien dicho”, parece ser la frase que conlleva el reglamento de preselección para postulantes a altos cargos de justicia del país, tanto para el Órgano Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el que no precisa un cronograma a menos de los plazos establecidos para cada fase y etapa.
Previo al proceso de evaluación. Indistintamente los requisitos establecidos para los postulantes a las cuatro instancias judiciales, tanto el reglamento como la convocatoria pública, señala que en un lapso de 25 días, que corren a partir del 2 de mayo, "las y los postulantes podrán presentarse de manera individual y directa o ser propuestos a través de organizaciones de la sociedad civil o de naciones o pueblos indígena originario campesinos, por universidades públicas o privadas, asociaciones profesionales e instituciones civiles debidamente reconocidas”.
El artículo 14, al respecto señala que finalizada la recepción de postulaciones, las Comisiones Mixtas de la ALP se declararán en sesión pública permanente para abrir sobres y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria, dentro de un plazo no mayor a nueve días.
Luego, dichas comisiones pedirán información "a las entidades públicas pertinentes, a fin de que en el plazo de cinco días remitan informe sobre si cada postulante cumple o no los requisitos previstos
Concluida la verificación, las Comisiones Mixtas elaborarán listas de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas para los cargos convocados, con distinción de género y autoidentificación, en orden alfabético y, cuando corresponda, por departamento. "El incumplimiento de cualquiera de los requisitos dará lugar a la inhabilitación de la postulación, mediante Informe de la Comisión con identificación expresa del motivo de inhabilitación", cierra el artículo 14 del reglamento.
Publicación e impugnaciones. Concluida la verificación, la norma prevé que la lista de “postulantes habilitados” para asistir al proceso de evaluación, será publicada por las Comisiones Mixtas en "al menos tres medios de comunicación escritos de alcance nacional y por dos días en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados", señala el artículo 15.
En tanto, el artículo 16 señala que luego de la publicación, aún se tiene otro acápite: el referido a las impugnaciones. Para ello se prevé ocho días de plazo para que cualquier persona individual o colectiva "podrá impugnar a cualquiera de las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba idónea, dentro del plazo establecido", dice la norma.
Superado ese periodo, se abre otros ocho días de plazo en que las Comisiones Mixtas, emitirán las resoluciones en respuestas a cuántas impugnaciones hubieren presentado. "Las Resoluciones de las Comisiones Mixtas son irrevisables y serán publicadas en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados", cita el artículo 14 en su parágrafo II.
Posterior a dicho proceso, finalmente se publicarán las listas de postulantes habilitados e inhabilitados “por una vez en al menos tres medios de comunicación escritos de alcance nacional y en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.
La fase medular del proceso. Independientemente de cuántos fueren los postulantes habilitados se abre el telón del proceso de evaluación, cuyas tres etapas: méritos, examen y entrevista, implicarán 24 días de plazo, tiempo tentativamente establecido para dar cumplimiento con la preselección de postulantes al Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, vía voto popular.
Al respecto el artículo 18, parágrafo II, señala que las evaluaciones se llevarán adelante en sesiones de carácter público, serán ampliamente difundidas y tendrán registro audiovisual. Además, precisa que el proceso de evaluación tendrá un valor de 100 puntos distribuido de la siguiente manera: 40 puntos para la parte curricular, 30 para el examen escrito y los restantes 30 para la evaluación.
El proceso de evaluación se dividirá en dos fases. Las primeras dos etapas, cual es la calificación de méritos y el examen de competencia estarán a cargo de las universidades públicas aglutinadas en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). En tanto la evaluación oral o entrevista será un trabajo netamente inherente a la ALP, cuyo plazo en el que se desenvolverá es de 15 días.
En cambio, se establece un plazo de al menos nueve días, cinco para la calificación de méritos y dos para evaluación escrita. Para el desarrollo de esas dos etapas, las universidades nominarán hasta el 15 de mayo una comisión de ocho “académicos notables”.
"Aún, las 13 universidades de las 15 que somos el Sistema Universitario del país, estamos en ese proceso. Hasta el 11 de mayo cada universidad debe dar a conocer los nombres, para que nosotros podamos elegir a los mejores ocho profesionales y notables académicos", precisó Oswaldo Ulloa, vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM). La citada autoridad forma parte de la comisión transitoria de cuatro miembros para elegir a esos ocho notables.
Elegido los notables. Para las dos etapas, según Sandra Villafane, secretaria nacional de Desarrollo Institucional del CEUB, dicha instancia elaborará el contenido mínimo de los criterios propuestos para los exámenes de cada institución.
En ese contexto, las 60 preguntas que contendrá cada uno de los cuatro tipos de exámenes serán sorteados de un cuestionario 6.630, propuesto por cada uno de las 13, universidades de las 15 que aglutina el sistema universitario. "En total para las cuatro instancias judiciales, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional, cada uno de las 60 preguntas, harán 240, en un ámbito totalmente transparente y abierto", precisó Villafane.
También el reglamento precisa que a cada uno de los postulantes se les asignará un código para resguardar su identidad y precautelar la objetividad al momento de la calificación, "con las medidas de seguridad y transparencia necesarias", señala el reglamento.
Entrevista y preselección. Una vez superada la dos etapas, la entrevista será desarrollada plenamente por las Comisiones Mixtas de la ALP. Para dicho proceso, se establece un plazo de 15 días. "Las Comisiones Mixtas elaborarán baterías de preguntas de criterio por institución sobre: Conocimiento del área, Gestión y Propuestas. Para cada postulante se sortearán 3 preguntas. La exposición de respuestas tendrá
un espacio de 5 minutos.
Concluida la evaluación, dice el artículo 23 del reglamento, las Comisiones Mixtas elaborarán un informe del proceso de preselección, el listado en orden alfabético y por departamento, cuando corresponda, por cada cargo convocado así como la calificación de cada postulante, que no deberá ser inferior a 56 puntos.
Sobre esa base, en pleno de la Asamblea Legislativa, se preseleccionará hasta cuatro postulantes por cada departamento, de los cuales 50% serán mujeres y al menos una persona será de origen indígena originario campesino. En ese contexto, la preselección debe acreditar al menos 96 postulantes para las cuatro instancias que una vez aprobado en la ALP por dos tercios. Esa lista definitiva debe ser enviado al Tribunal Supremo Electoral, para que este órgano pueda llevar adelante el proceso electoral, vía voto popular previsto para el 22 de octubre de esta gestión.
Punto de vista
'En la ALP el Gobierno se reserva el derecho a decidir'
Jorge Lazarte
Doctor en Ciencias Políticas
"Los términos como están establecidos para la elección de nuevos magistrados tiene una alta carga política. El hecho explica la no modificación que bien se pudo haber hecho al reglamento para no repetir el fracaso del 2011.
Digo político, porque el Gobierno ni quiere, ni puede modificar las reglas para dicho proceso porque necesita vitalmente de este poder como parte de la totalidad del poder que detenta el Gobierno.
El control de las instituciones fundamentales del Estado, particularmente del órgano judicial, se han convertido en un escudo de los órganos del poder. Por supuesto que sin ese control, muchos serían pasibles a procesos penales y judiciales, sobre todo por el manejo discrecional de los recursos públicos.
Entonces necesitan, más que nunca del poder, ya no por razones ideológicas sino en defensa de los nuevos intereses que han nacido en estos 11 años de gobierno. En ese ámbito, estas nuevas elecciones de la justicia, tiene ese trasfondo político, además que pretende en el fondo la repostulación de Evo Morales el 2019.
Está claro, que las próximas elecciones van a reproducir lo que pasó el 2011, pero con una sutil diferencia que esta vez participan las universidades, pero solo para hacer más potable dicho proceso. Seguramente las universidades podrán hacer un trabajo serio y confiable, pero al final la Asamblea, cuya mayoría es del gobierno, se reserva el derecho a decidir. Y el voto universal, lamentablemente es un disparate, donde la gente estará obligada a elegir sin saber quiénes son".
"Solo se han cambiado formas y algunos detalles, pero por todas las señales que está dando el MAS, es más de lo mismo, vamos a repetir ese gran error y engaño histórico de la anterior elección judicial”.
Carlos Alarcón
Abogado Constitucionalista
"Es falso lo que dice la oposición que todo se define en la Asamblea. El 70% de la evaluación de postulantes se define en el trabajo de la universidad. La universidad juega un rol protagónico, transparente y objetiva”.
Milton Barón
Senador del MAS
"Espero que tanto oficialismo como oposición hagan un renunciamiento político partidaria. Lo que nosotros no queremos es que se repita lo que sucedió el 2011”.
Waldo Albarracín
Rector de la UMSA
"El hecho de mandar una lista con un puntaje de 56 puntos como mínima, habilita a la Asamblea su potestad para seleccionar pero de manera política, dado que primará seleccionar a aquellos que le son afines”.
Jimena Costa
Politóloga y diputada de UD
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