El Gobierno anunció que modificará una ley para que el máximo castigo que puede imponer el Senado en juicios políticos a autoridades judiciales sea la destitución, pero no sanciones penales, como ocurría hasta ahora.
Separar acciones. El vicepresidente, Álvaro García Linera, explicó en declaraciones a los periodistas que con esta modificación, "el enjuiciamiento penal correría por cuenta del órgano jurisdiccional correspondiente de la Justicia ordinaria".
García Linera hizo estas declaraciones días después de que la Cámara de Diputados de Bolivia anunciara que pedirá 10 años de prisión para tres magistrados del Tribunal Constitucional, en el juicio político que sigue el Senado a esas autoridades por supuestas resoluciones inconstitucionales, prevaricación e incumplimiento de deberes.
Según el vicepresidente, hasta ahora "el Senado actuaba, destituía y daba un sanción penal", pero con el fin de proteger la Constitución Política del Estado se va a "separar" la acción sancionadora.
Ya podría aplicarse. La norma que se modificará, aprobada en 2010, es la Ley 044 de Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.
"El senado llegaría hasta el ámbito de destitución de autoridades judiciales, ya no regresarían nunca más a su cargo, y de la parte penal, si es que corresponde, se hace cargo ya la justicia ordinaria", subrayó García Linera.
También precisó que la modificación de la ley ya podrá aplicarse en el juicio contra los tres magistrados del Constitucional que serán enjuiciados en diciembre próximo y contra los que pidió una sanción ejemplar.
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