Un juicio por violación a menores toma en promedio hasta 7 años

Luti, de 8 años y Silvia, de 14, fueron violadas por sus maestros y la primera dio a luz un bebé. Obtener la sentencia ejecutoriada en ambos casos tomó seis años, aunque el promedio es de siete, informó la organización Misión Internacional de Justicia (IJM).

“Lo que ocasiona que la víctima retroceda, desista o abandone es, sobre todo, la falta de recursos económicos, ya que el proceso, hasta contar con una sentencia ejecutoriada, dura en promedio siete años”, explicó a La Razón Alejandra Cámara, directora del Departamento Legal de la IJM.

La organización trabaja desde 2007 en los municipios de La Paz y El Alto, patrocina jurídicamente a niñas, niños y adolescentes en 99 procesos y hasta la fecha logró que se condene a 57 individuos.

Además del apoyo legal, brinda terapias psicológicas a las víctimas. “Trabajamos en la temática de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y demostramos que la justicia es posible para los pobres”, resaltó. Según esta organización, cada día 16 menores de edad son agredidos sexualmente en Bolivia, aunque solo cinco lo denuncian a las autoridades.

Casos. Por años, y desde que era niña, Luti sufrió en silencio. Su profesor de Educación Física en una unidad educativa de El Alto abusó de ella más de una docena de ocasiones y la obligó a guardar silencio mediante amenazas. Cuando la niña cumplió 14 años quedó embarazada como resultado de los abusos sexuales. Fue entonces que decidió hablar con sus padres, quienes denunciaron al sujeto a las autoridades. Corría 2008.

Como no tenían recursos para contratar a un abogado, se les recomendó que buscaran ayuda de la IJM. En la primera entrevista, los padres estaban “temerosos, sin embargo, estaban decididos a buscar justicia para su hija”.

Tras recopilar indicios y pruebas irrefutables, como la de ADN, se probó que el agresor sexual era el profesor de la muchacha. Tras 11 meses de juicio el maestro fue condenado a 12 años de cárcel, empero, presentó un recurso de apelación. En el caso de Silvia, un día uno de sus profesores puso una película y mientras ésta se proyectaba, la llamó, la llevó al lugar más alejado del aula, donde la abusó.

La adolescente contó después lo sucedido a dos de sus amigas, quienes también le dijeron que habían sido abusadas sexualmente por el mismo docente. Al día siguiente le contaron todo a su profesora de confianza. La IJM también las ayudó, pues a los padres de las tres colegialas no les alcanzaba el dinero para contratar a un abogado, mientras que el agresor ya tenía uno.

“Nuestro objetivo es la restauración de las víctimas en derecho, física y psicológicamente. No somos un ente de denuncia”, puntualizó Cámara. La organización sin fines de lucro apoya a padres de escasos recursos, cuyos hijos —hasta los 17 años— hayan sido víctimas de delitos sexuales y que tengan la voluntad de luchar hasta que concluya el proceso.

En sus siete años de trabajo en Bolivia, la IJM logró que se emitieran 51 sentencias condenatorias y cinco absolutorias, aunque en dos de ellas el fallo fue revocado y el juicio comenzará de foja cero.

¿Cuál es el perfil del agresor? “Están dentro del núcleo familiar, el padrastro, el padre y con el encubrimiento de la madre en algunos casos. Hemos llegado a sentencia condenatoria del padre y de la madre por complicidad. También (los agresores fueron) hermanos, hermanastros, tíos o personas cercanas como sus profesores”, sostuvo la profesional.

Las víctimas de los depredadores sexuales tienen en promedio entre 9 y 15 años, aunque hay bebés de meses. “Hemos tenido casos de víctimas que han llegado a fallecer”, agregó. En 2014 los casos de menores de edad de entre 10 y 14 años aumentó de uno a cuatro.

Para Silvia y Luti la justicia tardó años, ya que aunque los dos maestros tienen sentencias condenatorias, ninguno está encarcelado debido a los recursos que dilatan que los fallos se ejecuten. En Bolivia, los sentenciados en primera instancia tienen dos oportunidades para apelar: primero a la Corte Departamental de Justicia y, segundo, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Presentada la apelación, en el primer caso, los vocales tienen 20 días para pronunciarse, sin embargo, debido a la carga procesal pueden demorarse meses.

A finales de 2013 el TSJ confirmó las sentencias condenatorias contra los dos profesores y en febrero de 2014 terminó la impunidad para los agresores sexuales. Mientras duró el proceso, ambos encontraron nuevos trabajos. El profesor de Silvia empezó a enseñar en otra escuela, y el de Luti estaba trabajando con infantes de tres y cuatro años. En 2013, la Policía recibió 726 denuncias de violación a menores de edad en Bolivia.

Qué es la Misión de justicia

Red

Trabaja en 18 países, su sede está en Washington, EEUU, y financia sus actividades con donaciones. Es parte de la Red Departamental de Protección de la Niñez y Adolescencia de La Paz, en la que participan otras organizaciones. La Ley 348 dispone que la pena máxima por la violación a menores de edad es de 25 años, y puede llegar a 30 años.