El Gobierno calificó hoy como “negligente” la pesquisa e imputación presentada por la comisión de fiscales en el caso de la violación y posterior muerte del bebé de ocho meses que era acogido en el hogar Virgen de Fátima, por lo que abrió la posibilidad de seguir un proceso en contra de esas autoridades judiciales una vez que se revise su actuación en el proceso. Además, anunció una inspección a todos los centros de acogida de Bolivia.
La posición la hizo conocer la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, quien consideró que todos los acusados debieron ser imputados por delitos que permitan su detención preventiva hasta llegar a establecer con claridad su participación en el caso. Hasta ahora- lamentó- no se conoce dónde ocurrió la violación del menor y “hay mucha susceptibilidad”.
“Esta imputación es una lágrima realmente, es una lágrima”, insistió en la autoridad durante una entrevista con la red Uno. “Son muchas falencias, mucha dejadez en cuanto a la investigación, en cuanto a la imputación presentada, eso es lo que nos llama mucho lo atención”, afirmó.
Lizeth Zarco lidera la comisión de cuatro fiscales encargada de investigar lo sucedido con el bebé Óscar Alexander Choque Villanueva. El jueves 13 de noviembre el menor fue llevado con un cuadro complicado del hogar de acogida Virgen de Fátima al Hospital del Niño, donde fueron, según los galenos, repuestos sus signos vitales y luego trasladado al hospital Juan XXIII por falta de espacio para para atender ese tipo de casos.
Las enfermeras Naty Ch. B. y Martha T. A. son las principales sospechosas del fallecimiento del bebé, según se desprende del requerimiento de imputación formal que elaboró la comisión de cuatro fiscales. El sábado, de diez aprehendidos, siete fueron imputados y la jueza Lía Cardoso dispuso medidas cautelares para ellos. A las dos enfermeras y a la madre sustituta Madeleine Paola P. Ch. se les acusa de infanticidio, aunque con diferente grado de responsabilidad, y la jueza ordenó su detención preventiva.
La enfermera Isabel C. C., la médica Sandra D. M. C., el estudiante Darío R. T. y el médico José L. D. A. son acusadas por encubrimiento y fue ordenada su detención domiciliaria. El hecho conmocionó a la sociedad.
Gutiérrez sostuvo hoy que no es comprensible que hasta el momento no se haya determinado dónde fue cometido el abuso o que el informe médico forense no defina con claridad lo ocurrido. Luego advirtió con un proceso en contra la comisión de fiscales sobre la base de una revisión del cuaderno de investigaciones.
“Aquí ha habido una nefasta investigación”, cuestionó y añadió: “No descartamos absolutamente nada de que podamos nosotros iniciar alguna acciones contra estos fiscales, una vez analizadas todas las actuaciones que han realizado. A simple vista podemos ver que ha habido mucha negligencia de los fiscales”.
La ministra anunció una inspección a los diferentes albergues dependientes de Gobernaciones y Alcaldías de Bolivia.
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