Thursday, November 13, 2014

Por primera vez en 60 años Fiscales de 21 países se reunirán en Bolivia

Con el propósito de fortalecer el trabajo contra el crimen organizado (narcotráfico, terrorismo y trata de personas), el tratamiento de víctimas y testigos, fiscales de 21 país de Iberoamérica, se reunirán en Bolivia el próximo año para debatir y determinar estrategias comunes sobre estos tremas. Así lo comunicó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, a tiempo de anunciar sobre la XXIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) 2015, en un hecho inédito y positivo para el país en los 60 años de existencia de esta institución.

Guerrero informó que el nombramiento se dio mediante una resolución emanada en la XXII Asamblea realizada en Montevideo, Uruguay, la semana anterior y resaltó que el nombramiento se dio gracias al posicionamiento internacional que ha logrado el Ministerio Público boliviano, situación que no ocurría con anterioridad, y que permitió lograr el apoyo de varios países miembros, quienes avalaron la designación.

Entre otras determinaciones, de esta reunión en Uruguay, se decidió conformar un nuevo grupo de trabajo relativo a la Justicia Indígena, Originaria y Campesina de los países Iberoamericanos, cuya conducción también estará a cargo del Ministerio Público de Bolivia.

“Es algo histórico, ya que en 60 años de vida de la Asociación, una de las más antiguas en el ámbito judicial, nunca antes se desarrolló una Asamblea Ordinaria en nuestro país; eso implica que el próximo año tendremos la presencia de 21 Fiscales Generales de Iberoamérica e implica realizar un arduo trabajo de organización en lo logístico y temático”, puntualizó.

Para el efecto, se conformará un Comité de Organización, que se encargará de llevar adelante el desarrollo de este evento internacional, sin obviar ningún detalle.

Este comité tomará la decisión de cuál será la ciudad sede del evento y confirmara las fechas de realización, además de que se debe tomar en cuenta las exigencias hechas por los ministerios públicos de los otros países miembros, para enviar a su representantes, tomando en cuenta las conexión de vuelos y la logística, por las medidas de seguridad que se deben asumir.

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